El Gobierno activó en Diputados el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una pieza central de su estrategia para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
Tras la media sanción del Senado, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este miércoles a las 10, con el objetivo de avanzar en un dictamen que pueda exhibirse ante inversores internacionales durante la “Argentina Week 2026” en Nueva York.
Impacto en el sector extractivo
La reforma apunta a redefinir el alcance de las zonas protegidas y habilitar actividades económicas en áreas periglaciares que hoy están vedadas. Para las provincias cordilleranas y para las compañías mineras, el cambio representa:
• Mayor superficie disponible para exploración y explotación, especialmente en cobre, litio y oro.
• Reglas más flexibles para proyectos que estaban frenados por la interpretación amplia del ambiente periglacial.
• Un marco jurídico más alineado con el RIGI, que ya acumula solicitudes por miles de millones de dólares.
Para el sector energético, la reforma también abre la puerta a nuevas áreas para infraestructura hidrocarburífera, siempre bajo evaluación ambiental.
Qué se discute en Diputados
El plenario reúne a:
• Recursos Naturales y Ambiente, presidida por José Peluc.
• Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
El oficialismo busca un tratamiento rápido, pero no descarta extender el debate para ordenar apoyos y evitar costos políticos. La Casa Rosada quiere llegar a fin de mes con la ley aprobada.
Los puntos centrales de la reforma
• Elimina la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares.
• Mantiene la protección absoluta de glaciares visibles.
• Distingue entre “formas periglaciares” con función hídrica estratégica y las que no la tienen.
• Devuelve a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger.
• Crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA y coordinado por la Secretaría de Energía.
El cambio más sensible es la posibilidad de habilitar proyectos en zonas que hoy están blindadas, siempre que la evaluación ambiental lo permita.
La tensión ambiental
Organizaciones ambientalistas alertan que la reforma reduce la protección hídrica en ecosistemas clave y abre la puerta a impactos irreversibles en cuencas de alta montaña. Señalan que:
• Las áreas periglaciares funcionan como reservas estratégicas de agua.
• La distinción entre “función hídrica comprobable” y “no comprobable” puede ser usada para flexibilizar controles.
• La transferencia de facultades a provincias podría generar criterios dispares y menor supervisión nacional.
El oficialismo sostiene que la ley vigente es “demasiado rígida” y que frenó inversiones durante más de una década.
El trasfondo político y económico
El Gobierno busca mostrar la media sanción como señal de estabilidad regulatoria ante fondos internacionales. La reforma es parte del paquete que Milei quiere exhibir en Nueva York para atraer capitales hacia minería, cobre, litio e hidrocarburos no convencionales.
El Senado aprobó la iniciativa con 40 votos a favor y 31 en contra, incluyendo rechazos de sectores peronistas de provincias mineras. Diputados podría replicar esa fractura.
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