En agosto de 2024, la Argentina avanzó en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado dos meses antes por el Congreso Nacional. A partir de entonces, se registraron treinta y seis proyectos que, en conjunto, representan compromisos de inversión por US$ 80.000 millones de dólares, con la participación de cuarenta y cuatro empresas provenientes de diez países, de acuerdo con los relevamientos sistematizados por la consultora Globaris.

El régimen se estructuró sobre un esquema de incentivos de amplio alcance —fiscales, aduaneros, cambiarios y jurídicos— garantizados por un horizonte de treinta años, dirigido a sectores considerados estratégicos y con un umbral mínimo de inversión fijado en US$ 200 millones. En ese marco se aprobaron doce iniciativas que totalizaron US$ 18.000 millones, lo que equivale a una quinta parte del universo de proyectos presentados.

Para consolidar su implementación, el Gobierno nacional dispuso extender por un año adicional —hasta agosto de 2027— el plazo de adhesión al régimen, que contempla además exigencias de inversión mínima durante los dos primeros años. En términos de ejecución efectiva, el Banco Central de la República Argentina informó el ingreso de US$ 1.20 millones vinculados a proyectos bajo este esquema, con un saldo neto positivo de US$ 760 millones.

Cabe señalar que entre las iniciativas aún no formalmente aprobadas se encuentra el proyecto de Transportadora de Gas del Sur destinado a ampliar la capacidad del gasoducto Perito Moreno, cuya inversión asciende a US$ 560 millones y cuya aprobación fue recomendada por el comité evaluador.

Desde una perspectiva sectorial, la minería se erigió como el principal receptor de compromisos de capital, con US$ 45.000 millones, seguida de cerca por el segmento de gas y petróleo, que acumuló US$ 37.000 millones. No obstante, las recientes ampliaciones de beneficios orientadas a la exploración y producción hidrocarburífera permiten prever que este último sector podría superar al minero en el corto plazo.

En esa línea, el director ejecutivo de Vista Energy, Miguel Galuccio, anticipó ante inversores la inminente presentación de dos proyectos bajo el régimen, junto con una tercera iniciativa en asociación con YPF. Este último desarrollo, vinculado al proyecto LNG Argentina, podría alcanzar una magnitud cercana a los US$ 20.000 millones, posicionándose como uno de los emprendimientos más relevantes del esquema.

Por su parte, el secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, explicó que el RIGI fue concebido originalmente para impulsar proyectos de gas natural licuado (GNL) y cobre, aunque posteriormente amplió su alcance a otras actividades productivas.

Al desagregar por sectores, el litio emergió como el ámbito con mayor número de iniciativas presentadas —once en total—, de las cuales tres ya fueron aprobadas: dos correspondientes a Rio Tinto y una a Galan Lithium. Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la próxima aprobación de un proyecto impulsado por la surcoreana Posco. En conjunto, estas iniciativas sumaron US$ 13.000 millones, y constituyeron además el único segmento con un proyecto rechazado por el comité evaluador, correspondiente a la firma china Ganfeng Lithium.

En segundo lugar se ubicaron los proyectos petroleros, con diez iniciativas presentadas y dos aprobadas, seguidos por el cobre, que, aunque con menor número de proyectos —cinco—, concentró un volumen de inversión particularmente elevado, estimado en US$ 30.000 millones. Fuera de estos núcleos principales, se registraron también proyectos aislados en los sectores portuario, siderúrgico y ferroviario.

Desde el punto de vista territorial, la provincia de San Juan concentró el mayor volumen de inversiones comprometidas, con cinco proyectos que totalizaron US$ 25.000 millones, de los cuales tres ya fueron aprobados —dos vinculados al oro y uno al cobre—. Le siguió Neuquén, epicentro del desarrollo de Vaca Muerta, con inversiones por US$ 23.000 millones. En un escalón inferior se ubicaron Río Negro, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Jujuy, mientras que Mendoza, La Pampa y Santa Fe registraron montos inferiores a los US$ 1.000 millones.

Las empresas argentinas ocuparon un lugar predominante tanto en cantidad de proyectos como en volumen de inversión comprometido, con veintidós firmas locales involucradas. En varios casos, los emprendimientos presentaron estructuras consorciadas; tal fue el caso del oleoducto VMOS, que reunió a compañías nacionales como YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, junto con actores internacionales como Chevron y Shell. En este entramado, Chevron se destacó como la única compañía estadounidense participante en proyectos bajo el régimen.

La composición internacional se completó con cinco empresas de origen chino —principalmente orientadas al litio—, cinco canadienses, tres británicas, tres suizas, dos australianas, una brasileña —Petrobras, a través del proyecto MEGA— y una firma surcoreana, lo que evidenció el alcance global del interés suscitado por el RIGI.

Preocupación chilena

El desempeño del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina comenzó a generar inquietud en el ámbito minero chileno, donde diversos actores percibieron un desplazamiento progresivo de los flujos de capital hacia el otro lado de la cordillera. En ese contexto, Manuel Viera Flores, al frente de la Cámara Minera de Chile, difundió un documento de tono crítico en el que advirtió que su país cedió terreno frente al renovado atractivo que ofrecieron las políticas impulsadas por Javier Milei.

El eje de su planteo residió en la ausencia de garantías de estabilidad fiscal de largo plazo en Chile, un factor que —según sostuvo— limitó severamente su competitividad frente al esquema argentino. A su juicio, la Argentina logró configurar, en un lapso relativamente breve, uno de los marcos fiscales más favorables de la región, capaz de seducir a grandes inversores internacionales.

Los datos comparativos reforzaron esa percepción: mientras Argentina aprobó en apenas dieciocho meses una docena de proyectos de gran envergadura por un monto cercano a los US$ 26.000 millones, en Chile las iniciativas equivalentes apenas alcanzaron cifras considerablemente menores en el mismo período. Esta divergencia no solo reflejó una diferencia de escala, sino también de ritmo y decisión política.

Viera Flores atribuyó este rezago a una prolongada inercia burocrática, contrastada con una estrategia argentina orientada a garantizar la libre disponibilidad de divisas y a consolidar reglas previsibles en el tiempo. Ese enfoque, señaló, resultó determinante para atraer a actores de peso global como BHP, Rio Tinto y Lundin Mining.

El cambio de tendencia se manifestó con particular nitidez en sectores estratégicos como el cobre y el litio. Proyectos de gran escala, como Vicuña —concebido para posicionarse entre los mayores emprendimientos cupríferos del mundo—, fueron interpretados en Chile como ejemplos de oportunidades que encontraron en Argentina un entorno más propicio para su concreción.

En términos agregados, el RIGI acumuló ya compromisos de inversión superiores a los US$ 33.000 millones, con una marcada concentración en el cobre. Este volumen, difícil de igualar por Chile en la última década, consolidó la percepción de un inminente adelantamiento relativo —un verdadero “sorpasso”— en la competencia regional por capitales.

Frente a este escenario, comenzaron a multiplicarse en Chile los llamados a una reforma estructural del marco regulatorio. El propio Viera Flores planteó la necesidad de diseñar un instrumento análogo al RIGI, sustentado en principios de estabilidad fiscal estricta y simplificación normativa, que garantizara a los inversores condiciones previsibles y duraderas.

En paralelo, el esquema argentino tendió a afirmarse como un nuevo parámetro de referencia en América del Sur, reposicionando al país como un destino central para el desarrollo de recursos estratégicos a escala global.