Con la reciente habilitación de los lineamientos para la contratos mixtos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y actores privados, el sector energético mexicano abre una nueva etapa, ya que la figura busca agilizar la entrada en operación comercial de proyectos estratégicos, a través de un modelo de co-inversión que permita compartir riesgos, inversiones, costos y beneficios.

“Lo novedoso de estos esquemas es que permiten redefinir la relación entre la CFE y los inversionistas privados, pasando de una lógica de competencia a una lógica de colaboración”, señaló Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors en diálogo con Energía Estratégica.

A su juicio, el hecho de compartir la toma de decisiones con un actor clave del sistema eléctrico genera condiciones más favorables para viabilizar proyectos en el corto plazo.

Esta figura toma especial relevancia si se considera que, según la Secretaría de Energía (SENER), la demanda eléctrica en México crecerá entre 3% y 5% anual durante la próxima década, con zonas como el sureste del país proyectando un crecimiento aún mayor. Frente a ese escenario, Carranza subraya que “el gobierno debe de sumar a los privados en el desarrollo y la construcción de infraestructura eléctrica”.

La atracción de capital financiero es otro de los elementos que convierten a los contratos mixtos en una herramienta de alto potencial.

“Actualmente se observa un interés de la banca y de los fondos por los proyectos energéticos en México”, afirmó el consultor.

No obstante, advirtió que la viabilidad financiera dependerá del cumplimiento normativo: “Al momento de materializar este interés, y de aterrizar el financiamiento, los elementos más importantes tienen que ver con los permisos de generación y los contratos de interconexión de los proyectos”.

Desde su visión, el corazón de estos esquemas está en la coordinación: “Si la CFE y los privados pueden asociarse para conseguir el visto bueno alrededor de estos y otros requisitos, los esquemas para el desarrollo mixto serán lo suficientemente bancables”. Esa lógica permitiría alinear intereses para conseguir la aprobación necesaria de las autoridades y garantizar la ejecución de los proyectos.

Cabe recordar que el marco normativo define tres mecanismos de adjudicación para estos proyectos: licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, cada uno con procedimientos técnicos y financieros específicos. En este modelo, los inversionistas privados podrán integrarse en proyectos compartiendo costos, riesgos e inversiones, siempre que se garantice una rentabilidad financiera sostenible y se cumplan criterios de confiabilidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Para cada iniciativa, se establecerá un Grupo de Desarrollo Mixto (GDM), compuesto por representantes de la CFE, la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Hacienda, que evaluará la viabilidad técnica, operativa, financiera y socioambiental de los proyectos.

El documento oficial establece que “los contratos deberán contemplar cláusulas sobre estructura legal, financiamiento, derechos y obligaciones, mecanismos de gobernanza y resolución de controversias”, lo cual busca ofrecer garantías para ambas partes.

El marco normativo de la CFE establece que la licitación pública será el mecanismo general de selección, aunque deja abierta la posibilidad de adjudicaciones directas dependiendo del tipo de proyecto y su urgencia.

“Determinar qué mecanismo de selección de inversionistas se empleará dependerá de los requerimientos de capacidad, los requerimientos tecnológicos y las necesidades de almacenamiento de cada uno de los polos de desarrollo”, apuntó el especialista.

«Se prevé que el éxito de los esquemas para el desarrollo mixto esté relacionado con la confianza que la CFE pueda transmitirles a los interesados. Será muy pertinente que la CFE explique con claridad cuáles son sus expectativas con respecto a la participación de los privados en estos esquemas y qué ofrece como contraparte”, agregó.

En este marco, los contratos mixtos fueron pensados como una respuesta a los desafíos de expansión y modernización del sistema eléctrico nacional, integrando tecnologías tanto convencionales como renovables.

“Todas las tecnologías, ya sean convencionales o renovables, tienen cabida en este esfuerzo en función de los desafíos futuros”, sostuvo el ejecutivo de Akza Advisors, aunque advirtió que para movilizar capital privado significativo hacia renovables no bastan los lineamientos. Se necesita certidumbre regulatoria y coordinación entre instituciones.

“Las autoridades deben de generar las condiciones suficientes para brindar confianza y certeza a los privados que están interesados en invertir en proyectos renovables”, sostuvo. Y aclaró que este trabajo debe involucrar también a la Comisión Nacional de Energía y la Secretaría de Energía.

La magnitud de la oportunidad es clara: “El gobierno ha anunciado que el 54% de los 5.6 billones de dólares que se esperan impulsar en proyectos de infraestructura durante los siguientes años tienen que ver con el sector energético”.

De ahí que la coordinación interinstitucional será clave para que los contratos mixtos no queden solo en papel, sino que se conviertan en motores reales de desarrollo eléctrico y sostenibilidad.

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