La contienda presidencial en Colombia se desarrolla en paralelo a dos decisiones estructurales para el sistema eléctrico colombiano: la subasta de contratos de largo plazo, que incorpora almacenamiento, y la de cargo por confiabilidad, instrumento central para garantizar firmeza y respaldo en la matriz.

Ambos mecanismos definirán el perfil de generación de la próxima década y condicionarán la percepción de riesgo del país. En este contexto, fuentes del sector consultadas por Energía Estratégica coinciden en que el eje del debate no debería ser ideológico sino técnico.

Entre los nombres con mayor visibilidad aparecen Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. También se mencionan Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López, aunque la atención está puesta sobre los primeros tres.

Actualmente, el sector sostiene que ninguno de los principales aspirantes ha presentado una hoja de ruta detallada sobre cómo articular la expansión renovable, el BESS, la remuneración de capacidad y el rol del gas natural en la transición. Las propuestas públicas se concentran en conceptos generales —transición energética, reducción de emisiones o tarifas “justas”— sin profundizar en instrumentos regulatorios, señales económicas o esquemas de mercado.

El próximo gobierno asumirá con un sistema que proyecta posibles tensiones hacia 2027–2028, en un escenario donde la expansión solar avanza más rápido que la incorporación de capacidad firme. Sin almacenamiento masivo ni señales claras de potencia, la seguridad nocturna continuará dependiendo de hidráulicas y térmicas.

En paralelo, el diseño del cargo por confiabilidad será determinante para definir qué tecnologías recibirán señales de largo plazo. La discusión no es menor: allí se juega la remuneración de capacidad, la firmeza reconocida y la sostenibilidad financiera de nuevos proyectos.

Referentes del mercado advierten que el verdadero desafío será equilibrar el trilema energético: sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y asequibilidad tarifaria. Alterar ese balance con decisiones de corto plazo puede afectar la inversión y continuidad del servicio.

Actores consultados remarcan que la independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) será clave para mantener decisiones técnicas alejadas de ciclos electorales. La claridad en reglas de capacidad, expansión de redes y tratamiento tributario impacta directamente en la bancabilidad de proyectos.

Para el capital internacional, la previsibilidad institucional pesa más que la orientación política. La inversión fluye hacia jurisdicciones con reglas consistentes y señales sostenidas en el tiempo.

En un momento en que el país define simultáneamente su marco contractual de largo plazo y su esquema de firmeza, el debate presidencial trasciende la retórica ambiental. El próximo mandatario no solo heredará una agenda de transición, sino también la responsabilidad de garantizar que las señales regulatorias permitan expandir la generación sin comprometer estabilidad ni competitividad.

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