José Pablo Montoya, coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), advierte tres grandes desafíos que los industriales enfrentan para garantizar su suministro eléctrico.
El primero es el alto costo de la electricidad, resultado de un modelo de generación cerrado y limitado, donde Grupo ICE tiene el control casi total, lo que impide que las empresas accedan a energía más competitiva y limita la participación de nuevos actores.
“Este modelo que es de “comprador único”, en el cual solo el ICE puede adquirir energía de privados (que además tienen un tope en generación), impide la libre competencia y genera ineficiencias”, observa José Pablo Montoya.
El segundo problema, considera, es la falta de seguridad energética, evidenciada por la dependencia a la hidroeléctrica que representa alrededor del 68% de la capacidad instalada total del sistema. “Esto nos dejó al borde de los racionamientos en 2024 debido al fenómeno de El Niño”, indica el referente empresario.
De hecho, recuerda que mientras que en 2023 la producción hidroeléctrica representó un 69,7% del total, en el 2024 fue de un 66,9% mientras que, la termoelectricidad representó un 5.1% en 2023 y un 10,6% en el 2024; la producción con este tipo de fuente aumento para el año pasado, en un 118.9%.
De allí que, un tercer gran desafío estaría dado por la ausencia de un marco normativo moderno, que permita una planificación integral, la diversificación de fuentes de generación y la atracción de nuevas inversiones.
“De las 12 leyes vigentes que actualmente regulan al sector eléctrico en el país, no existe una ley general, que de manera integral defina cómo opera el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y ninguna que coloque como eje central al consumidor”, observa.
Desde su óptica como coordinador de la Comisión de Energía de la CICR, considera que aquello limita la capacidad del país para responder al crecimiento de la demanda energética y adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado.
De aprobarse la reforma del modelo eléctrico, ¿esos problemas se resolverían? José Pablo Montoya sostiene que sí.
“La aprobación de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional podría resolver estos problemas. En primer lugar, permitiría una apertura del mercado de generación, atrayendo nuevos actores que competirían en costo – eficiencia, lo que resultaría en tarifas más bajas para todos los consumidores”.
La entrada de nuevos actores privados sería clave para fortalecer la seguridad energética del país. Siguiendo con el análisis del referente consultado, “si se permite que más actores participen en la generación, especialmente con tecnologías como solar, eólica, geotermia y biomasa, se diversifica la matriz y se reduce el riesgo de depender de una sola fuente o de un solo operador”.
Por último, al establecer un marco normativo actualizado y coherente, se garantizaría una planificación integral con un operador del sistema independiente, técnico y neutral, mejorando la competitividad del país y atrayendo nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos como manufactura avanzada, semiconductores e inteligencia artificial.
De esta manera, “el aumento de inversiones privadas en energías renovables es clave para mitigar estos riesgos”, subraya Montoya y detalla:
“En primer lugar, permitiría una mayor oferta de energía a precios competitivos, ya que los generadores privados competirían por ofrecer las mejores tarifas, beneficiando tanto a las industrias como a los consumidores residenciales y comerciales.
En segundo lugar, incrementaría la diversificación de la matriz energética, reduciendo la dependencia absoluta de fuentes como la hidroeléctrica, que son vulnerables al cambio climático.
Finalmente, fortalecería la seguridad energética, asegurando que el país cuente con capacidad suficiente para abastecer el crecimiento de la demanda y atraer nuevas industrias. Esto no solo garantizará energía accesible y estable, sino que también contribuirá a la descarbonización de la economía y a la creación de empleos de calidad”.
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