En un contexto de creciente demanda eléctrica y con la capacidad de generación presionada por la falta de inversión en grandes proyectos, el sector privado y diversos especialistas coinciden en que la reactivación de las subastas a largo plazo es una condición indispensable para garantizar el suministro y la competitividad del mercado.
“Hay una necesidad de impulsar de nuevo las subastas, representaban una certeza para los inversionistas y han vivido mucha incertidumbre los últimos años”, aseguró Sofía Díaz Plascencia, especialista en mercado eléctrico, en diálogo con Energía Estratégica.
La ejecutiva advirtió que, sin este mecanismo, el país difícilmente podrá atraer la inversión necesaria para ampliar la capacidad de generación y cubrir la creciente demanda eléctrica.
Uno de los principales hechos que generó debate sobre el panorama para los inversores fue la salida de Iberdrola del país. La especialista explicó que, más que una reacción al mercado o a la ausencia de subastas, la decisión fue estratégica, ya que “sabemos que parra la compañía su principal ingreso son las redes de distribución y transmisión, y en México no existe ese mercado”.
En su lugar, ingresó la española Cox, con un modelo de negocio distinto. Para Díaz Plascencia, esto refleja que no todas las empresas responden igual a la incertidumbre regulatoria: “Si algo no ha estado funcionando a una empresa, no quiere decir que a otras no les vaya a funcionar. Hay nuevas empresas que están viendo a México como un mercado clave para inversión”.
Cabe recordar que entre 2016 y 2018, las subastas a largo plazo fueron el principal motor de expansión de las energías renovables en México. Estos procesos adjudicaban contratos de entre 15 y 20 años que aseguraban ingresos estables para los desarrolladores. “Si invertías en un proyecto, sabías que durante ese tiempo ibas a tener un ingreso garantizado”, recordó. El esquema ofrecía certidumbre a los inversionistas y permitió la entrada de capital extranjero, aumentando la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Con el cambio de gobierno en 2019, las licitaciones fueron suspendidas. Díaz Plascencia apuntó que la ausencia de subastas ralentizó el desarrollo de proyectos utility scale, mientras que la generación distribuida creció, pero sin la capacidad de sustituir la escala y el impacto de los proyectos licitados.
El nuevo marco legal aprobado este año incorpora la figura de “producción a largo plazo”, que modificará el concepto tradicional de subasta. Según la especialista, “la totalidad de producción de energía y productos asociados es exclusivamente para la empresa pública del Estado”. Esto significa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será el único comprador y representante en el mercado, incluso para proyectos calificados.
La ley también establece que la inversión privada no podrá superar el 46% en este esquema, reservando la mayor parte para CFE. Además, se elimina la figura del autoabasto, que permitía a las empresas asociarse con generadoras para asegurar su suministro. Para Díaz Plascencia, el nuevo esquema reconoce que “CFE no puede dar abasto a toda la demanda del país”, por lo que permite que los privados participen en proyectos de generación. Sin embargo, advierte que concentrar toda la comercialización en un único comprador podría desincentivar a los desarrolladores que buscan diversificar clientes y contratos.
Aunque la nueva ley ya se publicó, la reglamentación secundaria aún no se conoce y se espera que el Gobierno la lance el mes que viene, ya que el 15 de septiembre se cumple la fecha límite de 180 días a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para hacer los cambios necesarios.
Díaz Plascencia concluyó que el éxito del nuevo modelo dependerá de que logre combinar el fortalecimiento de CFE con condiciones atractivas para el capital privado. “Esperemos que las leyes secundarias traigan buenas noticias”, proyectó.
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