La designación de Rodrigo Rodríguez como nuevo secretario de Energía de Panamá fue recibida con optimismo por distintos actores del sector energético, tanto del ámbito técnico como del privado. Su trayectoria en regulación e integración regional genera confianza respecto de la continuidad de las políticas de transición que el país ha venido construyendo en la última década.
Desde el ámbito académico, Carlos Boya, Scientific Researcher en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), expresó que “la Secretaría Nacional de Energía siempre se ha distinguido por contar con profesionales de alto nivel” y aseguró que “no tengo duda de que el nuevo secretario tiene la experiencia y la disposición para seguir fortaleciendo una de las oficinas técnicas más importantes del país”.
Desde el sector privado, Félix Linares, Project Manager en AG Proyectos y Servicios, valoró también la trayectoria de Rodríguez. “El nuevo secretario es una figura con una amplia trayectoria en integración eléctrica regional y regulación”, afirmó, y añadió que su designación sugiere un enfoque orientado a la estabilidad del sector y a la consolidación de la Agenda de Transición Energética.
Ambos especialistas coincidieron en la importancia de mantener el calendario de licitaciones previsto por la Secretaría Nacional de Energía y la empresa estatal ETESA. “Las señales desde el sector apuntan a darle continuidad para mantener la previsibilidad y la confianza de los inversionistas”, sostuvo Boya. En el mismo sentido, Linares afirmó que “es probable que se mantenga el calendario planificado para 2025, ya que es fundamental para asegurar el suministro eléctrico a largo plazo y mantener el impulso de las inversiones en renovables”.
A pesar del contexto favorable para la inversión y del crecimiento sostenido de la capacidad renovable instalada, el sector energético panameño enfrenta desafíos estructurales que requieren modernización normativa. Para Boya, “el principal obstáculo para la expansión de las renovables y el desarrollo de un mercado energético más dinámico y democrático en Panamá es el marco regulatorio”.
Según el investigador, la actual Ley 6 de 1997 limita la incorporación de nuevos actores y tecnologías al sistema. Entre las restricciones identificadas se encuentran la falta de tarifas horarias, la no habilitación de agregadores ni flujos bidireccionales, y las trabas a la participación de prosumidores. “Si no avanzamos hacia una modernización profunda, corremos el riesgo de quedarnos en una industria 3.0, mientras el mundo ya avanza hacia la industria 5.0”, advirtió.
Linares coincidió en la necesidad de actualizar el marco regulatorio, especialmente en lo referido a eficiencia energética y generación distribuida. “Se esperaría que el nuevo secretario pueda resolver los cuellos de botella regulatorios que han afectado a la industria, particularmente en la apertura de la figura del prosumidor y nuevos agentes del mercado”, expresó.
Ambos señalaron que una reforma efectiva requerirá también avanzar en la digitalización de la red, mejorar la gestión de la variabilidad renovable y preparar el sistema para una mayor flexibilidad operativa. Boya advirtió que “la baja digitalización de la red dificulta implementar demanda flexible y gestionar la variabilidad de la solar, lo que aumenta riesgos de curtailment y sobrecargas”.
Las primeras señales institucionales van en línea con esas expectativas. Según Boya, el nuevo secretario ya ha manifestado su compromiso con la inversión, la electrificación de más de 80.000 hogares, la modernización del Plan Energético Nacional y la conexión Panamá–Colombia. “Esto envía una señal clara de continuidad y confianza”, concluyó.
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