FES Iberia 2026 dejó una señal contundente al mercado, ante un auditorio compuesto por ejecutivos C Level, desarrolladores e inversores: con más de 6.000 millones de euros solicitados en ayudas frente a 700 millones convocados, el 2026 se perfila como un año clave para la consolidación del almacenamiento como pilar estratégico del sistema eléctrico español. 

En ese contexto, el almacenamiento fue el segmento con mayor tracción, ya que, según explicó López Ocón, la última convocatoria FEDER, con 700 millones de euros de presupuesto, recibió 1.750 solicitudes y una ayuda solicitada superior a los 6.000 millones, lo que “denotaba clarísimamente el interés que había en el sector”.

En la conversación destacada inicial del evento, Carmen López Ocón, directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y Fátima García Señán, subdirectora General de Almacenamiento y Flexibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), coincidieron en que la flexibilidad y el almacenamiento dejarán de ser tecnologías complementarias para convertirse en infraestructura estructural en un sistema con alta penetración renovable.

Desde el IDAE, López Ocón fue directa al definir el momento sectorial: “Con ese marco regulatorio, yo creo que el 2026 viene a ser un año en el que el papel  del almacenamiento va a ser clave”. 

Con 10 GW adicionales de fotovoltaica instalados en 2025, España alcanzó 103 GW de potencia renovable, equivalente al 70% de la capacidad total del sistema, mientras que la generación renovable representó en torno al 55,5% del mix anual. En ese contexto, el almacenamiento deja de ser complemento y pasa a ser condición de estabilidad.

Desde el Ministerio, García Señán afirmó que la senda de aumentar potencia instalada renovable “tiene que venir acompañada de potencia instalada de almacenamiento y de flexibilidad”. 

Y agregó que el sistema debía “superar ciertos retos, como son volatilidad de precios, seguridad de suministro y la integración de esas renovables para evitar los vertidos”.

El primer movimiento concreto ya se materializó con la publicación del Real Decreto de Suministro y Agregación. 

La funcionaria explicó que la norma “viene a regular la figura del agregador independiente, establece las bases del modelo de agregación y da el mandato a Red Eléctrica para que haga una propuesta de procedimiento de operación”, permitiendo que la respuesta de la demanda pueda participar en el mercado. La señal es clara: la flexibilidad empieza a monetizarse.

En paralelo, el mercado de capacidad se encuentra en las últimas fases de tramitación ante la Comisión Europea. García Señán subrayó que el instrumento permitirá que el almacenamiento obtenga ingresos por dar un servicio al sistema, reforzando la financiación al ofrecer ingresos estables a largo plazo. 

Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno es “dar esa credibilidad a un sistema en el que hay cada vez más potencia instalada renovable, y que es un sistema seguro, y existen los mecanismos para garantizarlo”.

Asimismo, remarcó que uno de los objetivos centrales del Gobierno era dar esa credibilidad a un sistema en el que hay cada vez más potencia instalada renovable, y que es un sistema seguro, y existen los mecanismos para garantizarlo.

A ello se suma la modificación del decreto —que incorporará por primera vez almacenamiento distribuido—, el desarrollo regulatorio en territorios no peninsulares y el avance esperado en el Código de Red de Respuesta de la Demanda, junto con instrumentos como los mercados locales de flexibilidad y el acceso flexible a la red.

Récord de demanda inversora y efecto tractor industrial

Si el marco normativo marca la dirección, las cifras de convocatorias evidencian el apetito inversor. 

La Directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, Carmen López Ocón, recordó que en 2021 “nos aterrizaron 13.000 millones de euros del Plan de Recuperación”, cuando el organismo gestionaba previamente en torno a 200 millones anuales entre fondos FEDER y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

En su dirección se lanzaron 40 convocatorias de ayuda desde finales de 2021 hasta el 2022, con un total de casi 5.000 millones movilizados, abarcando hidrógeno, renovables innovadoras, redes de calor, sustitución de combustibles fósiles en cogeneración, almacenamiento y autoconsumo.

La mayoría de los proyectos correspondieron a hibridaciones con instalaciones renovables existentes, aunque también hubo iniciativas térmicas e hidráulicas de bombeo.

Para 2026, el foco estará en ejecución efectiva. La directiva señaló que esperan que los proyectos que han recibido ayudas en estos últimos años se comiencen a desarrollar, empiecen a llegar, porque ello generaría efecto tractor para las siguientes. 

“El desafío es que las adjudicaciones se traduzcan en activos operativos que consoliden la estabilidad del sistema”, sostuvo.

El horizonte estratégico del PNIEC fija 22,5 GW de almacenamiento a 2030, pero López Ocón aclaró que “ya no estaríamos tanto en el debate del número, sino de la importancia fundamental que supone la necesidad de que ese almacenamiento se desarrolle para la estabilidad y la seguridad de nuestro sistema”.

Además, la transición se concibe como palanca industrial. Una de las convocatorias incorporó un criterio “restrictivo” de cadena de valor que exigía puntuación mínima vinculada a la fabricación nacional europea. 

Según explicó, ello estaría movilizando producción local y reforzando capacidades técnicas. En esa línea, sostuvo que la transición debía avanzar no solo hacia la independencia energética, sino también hacia la independencia de suministro.

Con agregación ya regulada, mercado de capacidad en fase final y una demanda que multiplica casi por nueve los fondos disponibles, 2026 se consolida como el año en que el almacenamiento deja de ser complemento y se convierte en infraestructura estratégica del sistema eléctrico español.

Reviva el evento: https://www.youtube.com/watch?v=_G9kRTY2oU4

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