Guatemala ajusta su política energética con una visión clara: corregir el rumbo del Programa de Expansión de Transmisión 3 (PET-3) e iniciar el despliegue del Programa de Expansión de Generación 5 (PEG-5). Ambos instrumentos se posicionan como claves para una transición energética sólida, centrada en una red eléctrica confiable y una matriz diversificada.

En este contexto, el viceministro de Energía y Minas, Juan Fernando Castro Martínez, afirmó a Energía Estratégica: “Sin transmisión no hay transición, es fundamental”, subrayando que el país debe fortalecer su infraestructura para sostener la política energética y habilitar nueva generación limpia. El funcionario reconoció que la licitación del PET-3 no arrojó los resultados esperados, pero aclaró que se están realizando las enmiendas necesarias.

El PET-3, aunque fallido en su proceso licitatorio, no quedará desechado. Varias de sus obras serán ejecutadas por otras vías. El caso más emblemático es la línea de transmisión hacia Petén, cuya licitación directa por parte del INDE ya está prácticamente lista. Desde el Ministerio aseguran que el proyecto será retomado porque existen mecanismos legales para ello.

El PET-3 fue concebido como un plan integral para ampliar y modernizar el sistema de transmisión eléctrica del país, con obras estratégicas destinadas a fortalecer la conexión entre las regiones norte y centro. Sin embargo, la licitación pública no logró atraer suficiente interés ni ofertas viables, lo que obligó a revisar sus condiciones y dividir su ejecución en etapas más flexibles, recurriendo a mecanismos como la contratación directa, donde la ley lo permite.

Mientras tanto, el PEG-5 ya se encuentra en revisión por parte de los actores del sector. A diferencia de su antecesor, se plantea desde una lógica más pragmática, aprendiendo de los errores pasados. El objetivo es ampliar y fortalecer la infraestructura necesaria para responder a la creciente demanda y habilitar nuevos nodos de generación.

Este nuevo programa se enmarca en el esfuerzo por diversificar las fuentes de generación, integrando proyectos hidroeléctricos, solares y de biomasa, e incorporando criterios técnicos más estrictos desde su diseño. El enfoque preventivo busca evitar fallas como las del PET-3, garantizando desde el inicio la viabilidad financiera y técnica de cada componente.

Desde el Ejecutivo también valoran positivamente el respaldo legislativo. Un grupo de diputados presentó una iniciativa para agilizar la ejecución de proyectos de transmisión. Y, en caso de que no se logre avanzar con licitaciones públicas, se contemplan alternativas previstas por la ley de contrataciones del Estado, como la adquisición directa, siempre bajo procesos transparentes.

De hecho, se espera que proyectos estratégicos como el cierre técnico de los 59 pozos de Campo Chan, así como los trabajos en la fundería, tengan definiciones concretas a inicios del próximo año. Para ello, el Ministerio solicitará un incremento presupuestario, dado que “no hay otro camino”, según expresó el viceministro.

Durante su participación en un foro empresarial, Castro Martínez remarcó que el sector privado será decisivo en este proceso de transformación energética. También hizo referencia al rol histórico del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que ha impulsado durante décadas la diversificación de las matrices en la región. En el caso de Guatemala, destacó iniciativas como la central hidroeléctrica Chabal y la planta de bioeléctrica San Antonio, que funcionan como ejemplos de innovación y sostenibilidad.

La transición energética de Guatemala está en marcha, aunque enfrenta desafíos operativos y regulatorios. El Gobierno apuesta por corregir procesos fallidos, abrir nuevas rutas legales para la ejecución de obras y establecer alianzas con el sector privado. Con decisiones que ya se encaminan para principios del próximo año, la administración busca consolidar una matriz energética moderna, resiliente y limpia.

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