Junio inició con el primer Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Se sometieron a votación 881 cargos judiciales federales, 389 juezas y jueces de distrito, además de ministros y magistraturas.

Pero lejos de fortalecer la institucionalidad, el evento encendió nuevas alarmas entre participantes del sector energético. Carlos Flores, analista del mercado, lo resumió así: “Nada de la elección judicial, nada de la reforma del Poder Judicial, beneficia o motiva a que las inversiones lleguen al país”.

Según los datos preliminares, apenas un 12% del padrón participó, y dentro de ese porcentaje, un 20% anuló su voto como rechazo al proceso. “Estamos hablando que en realidad es algo así como un 7 u 8% del porcentaje de los ciudadanos que realmente participaron en este proceso”, puntualizó Flores.

Para él, estos datos evidencian la desconexión entre el gobierno y su base, en contraste con la narrativa oficial de gozar de una aceptación del 80-85%: “Fue un fracaso para el gobierno federal, fue un fracaso para el partido en el poder, para Morena, por la muy, muy baja participación que tuvo este proceso”.

Más allá de lo electoral, lo que preocupa a los jugadores del sector eléctrico es el impacto que la reforma judicial podría tener sobre la certidumbre jurídica en los negocios. “Lo verdaderamente importante es el efecto que esa reforma al Poder Judicial ha tenido y tendrá en las inversiones en general, afectando por supuesto también a las inversiones en el sector de energía”, advirtió Flores.

En este escenario, incluso en medio del impulso que ofrecía el nearshoring, México no solo no está atrayendo más capital, sino que comienza a perderlo. “Hasta ahora ha habido algunos anuncios de empresas que están retirando sus capitales del país […] no sólo no estamos atrayendo inversiones, sino que además se están yendo del país”, alertó.

A esto se suma el temor creciente de que el Poder Judicial se convierta en una extensión del Ejecutivo, debilitado tanto en independencia como en capacidad técnica. “Un Poder Judicial al servicio del gobierno, un Poder Judicial disminuido en sus capacidades y un Poder Judicial posiblemente, reitero, posiblemente invadido por personas alineadas con el narcotráfico, pues es uno de esos riesgos y tal vez uno de los más grandes”, enfatizó.

Aunque la nueva legislación en materia energética no es tan agresiva como lo fue la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, Flores señala que “todavía falta mucha regulación secundaria”, y que existen deficiencias estructurales que entorpecen la instalación de nuevos proyectos: inseguridad, falta de servicios públicos clave como agua o gas, e incertidumbre en el suministro eléctrico.

El resultado es una caída sostenida en la confianza inversora. “Han sido muy, muy pocas las empresas que han decidido invertir en este país. Y lo que quiero decir es que lo que podemos esperar en adelante es eso mismo”, concluyó el analista.

En cuanto a la resolución de controversias, las vías tradicionales mexicanas como el juicio de amparo ya no generan confianza. “Hubo pocas [empresas] que se fueron a esa segunda instancia [internacional]. Todas resolvieron o intentaron resolver por la vía de juicio de amparo”, dijo Flores en referencia a la búsqueda de resoluciones de problemáticas en el último sexenio. Sin embargo, con la implementación de la reforma judicial “lo que podemos esperar es que un mayor porcentaje de las empresas se vaya directo a litigios internacionales para intentar resolver sus problemáticas en el país”.

Una de las consecuencias más visibles de esta pérdida de confianza es la parálisis en decisiones de inversión, o directamente, la salida del país de algunos actores. “Lo que espero es que por unos meses más, mientras termine de conocerse la regulación […] por ese periodo las empresas continuarán a la expectativa. Después ya tomarán sus decisiones. Habrá algunas que decidan participar, habrá algunas otras que decidan irse, lo cual pues tiene todo el sentido, ¿no?”, argumentó.

La lógica de inversión, explicó Flores, se impone a la narrativa oficial. “Cuando tú tienes un presupuesto, digamos, global para invertir en energía […] si puedes decidir invertir en México o invertir en Alemania, Australia, Japón, Brasil, pues ¿por qué lo harías en México, con todos esos riesgos de los que ya hablábamos?”

No obstante, el panorama no es enteramente desalentador. Existen algunos resquicios regulatorios en los que aún puede haber oportunidades para inversionistas privados. En particular, Flores ve potencial en esquemas de menor escala: “A mí particularmente me gusta el nuevo esquema de autoabasto, que ahora se llama de autoconsumo […] y hay un camino específico para proyectos de menos de 20 megawatts, que puede funcionar”.

También hay dudas sobre la viabilidad del suministro calificado, pero en ese frente, dijo, “no está muy claro qué tanto se va a impedir o facilitar que las empresas se inviertan ahí”.

En contraste, los esquemas de coinversión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) despiertan más cautela que entusiasmo. “Nadie debería querer tener a un socio comercial, mayoritario además, […] con los grandes riesgos de corrupción, con los grandes riesgos de ineficiencia que pudiera tener ese socio”.

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