El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, reconstruyó la estrategia de la defensa en el juicio por la expropiación de YPF que en primera instancia obliga al Estado argentino a desembolsar 16.100 millones de dólares más intereses y la Corte de Apelaciones revocó el viernes pasado.En diálogo con Nicolás Gandini, director de EconoJournal, el funcionario explicó en la última emisión de Dínamo cómo se gestionó el apoyo de actores internacionales clave y la resistencia ante un proceso de discovery que buscó, de forma agresiva, forzar el desacato del Estado. Además, dejó en claro lo que les pidió Javier Milei: «Si la directiva presidencial hubiera sido buscar un acuerdo, habríamos intentando bajar el monto, pero fue que teníamos que ganar», aseguró.

Nicolás Gandini: -Cuando ustedes arrancan o hacen esa especie de introducción o diagnóstico del caso, heredan una sentencia negativa por 16.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los elementos que ven y cómo arman esa estrategia?

Juan Ignacio Stampalija: -Voy a hacer una pequeña aclaración. Nosotros asumimos en febrero del año pasado. En el primer año del gobierno del presidente Milei la defensa estuvo a cargo principalmente de Andrés de la Cruz, siempre liderado por María Ibarzábal y todo el equipo jurídico del gobierno. Cuando asumió el gobierno se acababa de recibir este fallo que básicamente era el peor fallo que podía recibir la República. La jueza había fallado en contra de Argentina en el peor escenario posible. Primero había fallado en contra en lo jurisdiccional, después en el fondo y en los intereses adoptó el peor criterio para la Argentina, en daños había adoptado el peor criterio para la Argentina. era un fallo que había plasmado el peor escenario posible en contra del país.

Nicolás Gandini, director de EconoJournal; junto a Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro de la Nación.

Hay que tener presente que el ratio de revocaciones de la Cámara de Apelación del Segundo Circuito respecto de fallos de primera instancia ya de por sí es bajo, es alrededor de 15%, y en el caso particular de fallos de la jueza Preska es todavía menor, 7 u 8 por ciento. El escenario claramente no era un fácil. Con respecto a lo jurídico, a lo estrictamente jurídico, en el gobierno estábamos convencidos de que ese fallo estaba mal porque era un fallo de derecho argentino y se aplicaba el derecho argentino de una forma que creemos nosotros —y ahora también cree la Cámara de Apelaciones— que era incorrecto de acuerdo al derecho argentino.

Entonces se trabajó partiendo de la idea de que había que revertir ese fallo, pero que no alcanzaba solo con esa cuestión. Entonces ahí se trabajó sobre tres o cuatro ejes. Por eso lo que dijo la doctora Ibarzábal respecto a una estrategia multifocal o multidimensional. Primero nos parecía clave atacar una cuestión que era el daño reputacional que la Argentina tenía ante los tribunales de Estados Unidos. La Argentina ya por casos de holdouts e inclusive anteriores, para que te des una idea, el leading case sobre si las cuestiones de deuda soberana tienen inmunidad o no es un caso argentino de la década del 80 en Nueva York.

Entonces, una cuestión era atacar esa noción, demostrar que la Argentina era un país distinto, que asumía el presidente Milei, que es un país que se quiere integrar al mundo, que juega de acuerdo a las reglas procesales del sistema y de eso se derivaban muchas cosas. Una cuestión que se derivó, sin duda, fue intentar a toda costa que el país no fuera declarado en desacato. Burford inició una campaña de discovery —después si querés podemos verlo más en detalle— muy agresiva, que si vos me preguntás a mí, el único objetivo que tenía era que la Argentina incumpliera para pedir el desacato y generar el daño reputacional. Ellos sabían que no iban a encontrar bienes, nunca buscaron bienes, buscaban el daño reputacional. Entonces, una cuestión fue atacar eso, demostrar que el país iba a cumplir, iba obviamente a cuestionar lo que no estuviera de acuerdo, pero lo iba a cumplir.

NG: -La Argentina tiene antecedentes que lamentablemente no juegan a favor en términos de percepción de la justicia. ¿A ustedes les pidieron hacer todo lo posible para neutralizar esa percepción?

JIS: -Exactamente. Y parte de eso fue evitar el desacato a toda costa. Estar más de 2 años intentando cumplir y cumpliendo con el discovery para evitar esa declaración de desacato. Luego, también relacionado con el tema reputacional, tuvimos que demostrar que los argumentos que teníamos eran serios, eran válidos y no solo porque lo dijera la Argentina, sino también porque otros países apoyaban la posición argentina. Ahí se consiguieron amicus curiae en distintos momentos del juicio. En algunos casos fueron Estados, en otros casos también hubo asociaciones, ayudaron también a mostrar la fortaleza de los argumentos argentinos. La Argentina no estaba sola en lo que estaba argumentando, sino que Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, después el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, un montón de países, y asociaciones como la AmCham, como la American Bankers Association. Hubo distintos actores de distintos tipos diciendo: «Esto que está pasando está mal y la Argentina tiene razón». Eso consolidó nuestra posición. También se presentaban académicos de derecho privado, derecho público, académicos de derecho internacional norteamericanos. Todo eso demostró que los argumentos de la Argentina no tenían sentido solo para la Argentina.

NG: -¿Ustedes pusieron mucha energía para tratar de encontrar a esos actores?

JIS: -Exactamente. Es mucho trabajo hacer contacto, explicarles el caso, convencerlos. Obviamente los amicus lo hacen individualmente, pero había que presentarles el caso, decirles lo que estaba pasando, por qué nos parecía que esto era un problema. Y también, y esto es muy importante, también explicarle al gobierno de Estados Unidos que esto era un mal precedente para Estados Unidos, para la justicia de Estados Unidos, que esto que está pasando podía eventualmente llevar a que jueces de otros países fallen en contra de Estados Unidos.

NG: -¿Eso por qué? Desde afuera uno siempre vio que estaba la figura esta de que la justicia norteamericana se estaba extralimitando en los alcances de lo que estaba regulando. Si Burford compra el derecho a litigar de Petersen Energía una vez que esa sociedad va a la quiebra y lo negocia con el síndico, hubiese venido a litigar a la Argentina y te hace un juicio y te lo gana está en su derecho. En Estados Unidos era más complicado: una empresa española creada por un grupo argentino, muchos elementos muy forzados.

JIS: -Lo que vos decís tiene que ver con lo jurisdiccional. Después acá se hizo una interpretación de que en realidad no había inmunidad porque lo que se discutía no era la expropiación, sino el hecho de no haber hecho la OPA, lo cual es una distinción que es discutible. Después está el hecho de que una jueza norteamericana aplica el derecho argentino sin que exista ningún precedente argentino que le dé la razón y que encima lo haga de la forma en que lo hizo. Después siguió la orden de entrega de las acciones de YPF. Imagínate el mismo caso, pero respecto de otro país, supongamos de Estados Unidos, supongamos que un juez argentino le haga eso al gobierno norteamericano. Lo que nosotros buscamos fue explicar eso, transmitir eso.

Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro de la Nación.

Y por último, como último eje, yo diría, está el tema de la narrativa. Burford había instalado una narrativa muy naíf: son los pobres inversores que fueron perjudicados por la Argentina. Eso estaba muy instalado en la prensa, en Estados Unidos y en la Argentina. Nosotros tuvimos que explicarle al tribunal que esto no tenía nada que ver con la privatización que ocurrió en los 90, que fue cuando la Argentina buscó capitales en la bolsa de Nueva York. Estos son hechos que ocurrieron 15 años después, que no ocurrieron en Estados Unidos, que los grupos involucrados poco tenían que ver con la bolsa de Estados Unidos, que eran argentinos que crearon una empresa, que hicieron un deal totalmente privado, además de muy cuestionado. Había que romper con ese relato de victimización de ellos y eso también nos implicó hablar más del caso.

Nosotros salimos a empezar a comunicar mucho más fuertemente todo lo que estaba pasando porque nos dábamos cuenta que ellos habían copado la narrativa, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. En la Argentina la narrativa podía ser: «Por favor páguenles, arreglen, terminen con este tema». En Estados Unidos era el tema de los inversores neoyorquinos. Toda la estrategia siempre liderada por el presidente, por María Ibarzábal y con todo el gobierno, porque repito, todo el gobierno tenía que trabajar en esto. No es que lo hizo solo la Procuración ni solo Legal y Técnica. Necesitábamos que Cancillería en cada encuentro que hubiera en el mundo explicara lo que estaba pasando, que el Ministerio de Economía también. Y así se fue generando todo esto que me parece que llevó a este resultado positivo.

NG: -No me había detenido en eso, en esta cuestión de pelear la narrativa o el storytelling. A veces como periodista que hace un montón de años cubre este caso, uno se había acostumbrado que la Procuración, en pos de evitar cualquier tipo de filtración, había tomado una posición muy para adentro en otros gobiernos. Entonces, era muy difícil como periodista poder tener una conversación con una fuente en off o en on para informarse. Es verdad que ustedes cambiaron esa posición

JIS: -Yo entiendo lo que hizo la Procuración antes. Es muy difícil. Yo creo que fue una de las partes más difíciles de mi trabajo. Aquí está Beatriz de Morra, que es la responsable de prensa de la Procuración, es con la persona con la que más me peleé en términos de trabajo. Entre todos fuimos encontrando ese dificilísimo camino para comunicar sin perjudicar el caso, sin decir de más. No es fácil, pero creo que lo conseguimos. Y también en Estados Unidos se hizo la comunicación y creo que todo eso contribuyó para que la gente entienda el caso, porque es un caso complejísimo y si no lo que terminaba pasando era que estaban estos algunos tuiteros disfrazados de imparciales que no eran imparciales, que lo que estaban haciendo en el fondo era instalar el relato de Burford. Ellos venían acá, hacían ruedas de prensa con periodistas, tenían su agencia de prensa, tenían su vocero y nosotros estábamos regalándoles ese espacio y me parece que fue importante dar esa lucha y ayudó.

NG: -Es cierto, porque además Burford tenía su propia agencia de comunicación tratando de intervenir sobre la agenda de manera profesional. También es cierto que este caso se politizó tanto que incluso aquellos actores que eran muy críticos del kirchnerismo tomaban este caso para justamente atacar a la gestión kirchnerista, sin atender que de alguna manera que el caso es muy estrambótico, muy forzado. Estos intangibles que acabás de definir, la narrativa, pelear la narrativa, pelear lo reputacional en Estados Unidos, ¿cuánto incidió?

JIS: -Hay que hacer una distinción que es muy importante. Una cosa son los argumentos y otra es la estrategia jurídica. No es lo mismo. Los argumentos son parte de la estrategia. Muchos de los argumentos fueron los mismos a lo largo de la defensa por un motivo muy simple: porque son ciertos, porque son lo que el derecho argentino es sobre determinados puntos. O sea, que alguien piense que se pueden inventar el derecho de la nada me parece que es incorrecto. La mayoría de los abogados argentinos sabía cuáles eran los argumentos principales. Después sí se puede hacer una vuelta de tuerca o un retoque a los argumentos, de hecho se hizo, pero los argumentos fueron los que fueron y fueron los correctos. Ahora, estamos ante un caso ante tribunales norteamericanos. Ese era otro desafío muy importante que era hacer entender el derecho argentino a jueces norteamericanos. Entonces ahí yo sí creo que todas estas cuestiones eran claves porque estaba la tentación de que la Cámara de Apelaciones dijera: «Ya de por sí no solemos revocar fallos de primera instancia, menos de esta jueza». Es lo que dijo el juez que votó en disidencia: «La jueza estudió este tema muchos años, supongo que no se debe haber equivocado y por deferencia la jueza resuelve».

NG: -Se alineó completamente.

JIS: .Se alineó completamente sin un análisis crítico. Para nosotros era importante que los jueces entendieran la importancia del caso, que este no era un caso fácil, que involucraba repercusiones más allá de la decisión concreta como precedente, como daño a la Argentina, como posible potencial daño a otros soberanos. Entonces creíamos que todo esto también iba a despertar interés en los jueces para hacer algo que no suelen hacer, que es estudiar el derecho de otro país. Y los jueces del voto de la mayoría lo hicieron y por eso lo resolvieron así. Entonces yo creo que todo esto fue crucial. Si no, este podría haber sido un caso más en el docket donde se confirma la sentencia, por ser complejo desmenuzar todo esto. Pedirle a un juez norteamericano de apelación que estudie derecho argentino y que resuelva un caso de esta envergadura aplicando el derecho argentino no es fácil.

NG: -Todos los incentivos por ahí los tenés alineados para que no se metan.

JIS: -Inclusive, esto fue algo muy importante de la estrategia cuando estábamos interviniendo nosotros 100%, que fue cuando fue la audiencia de apelación en octubre. Primero se presentan escritos, que se hizo durante la gestión de Andrés de la Cruz, pero después tenés la audiencia y ahí tuvimos bastante suerte porque logramos un acuerdo para tener media hora por parte, pero en general la regla es 10 minutos por parte. Te jugás 16.000 millones de dólares en 10 minutos. Por suerte tuvimos media hora, de los cuales el abogado habla unos minutos y le empiezan a hacer preguntas los jueces. Ahí había que tomar una decisión estratégica muy seria: nosotros teníamos seis o siete argumentos en apelación y estaba clarísimo que no se podían desarrollar todos en la audiencia. Vos tenías argumentos que eran de derecho norteamericano, sobre todo los que tenían que ver con la jurisdicción —esto de que no se tendría que haber tratado en Estados Unidos—, los de cortesía internacional y los que tenían que ver con cómo calcular la conversión entre pesos y dólares. Y después tenías los argumentos de derecho argentino, los que tenían que ver con la responsabilidad.

Era muy tentador ir a los argumentos de derecho norteamericano, a los temas jurisdiccionales y a la judgment day rule, que es esto de la conversión, porque se piensa que es lo único que le va a interesar al tribunal. ¿Cuál era el problema? El problema es que los argumentos jurisdiccionales a 10 años de avanzado el juicio costaba pensar que la Cámara dijera: «Bueno, ahora váyanse a discutir esto a la Argentina». Y la judgment day rule, si bien era un escenario favorable para la Argentina, implicaba una admisión de responsabilidad. Entonces uno también se tenía que preguntar: una Cámara de Apelaciones que está convencida que la Argentina fue responsable y que tiene que pagar, ¿va a ponerse a cambiar el monto?

Entonces se tomó una decisión estratégica fuerte: la Argentina tiene que discutir la responsabilidad y tiene que discutir las cuestiones de derecho argentino. Nuestro abogado lo primero que dijo en la audiencia es: «Vamos a discutir esto». Y eso fue muy importante porque creo que nadie lo esperaba, la otra parte no lo esperó en la audiencia. Yo me fui 10 días antes a Nueva York a trabajar con nuestros abogados derecho argentino, porque ellos son los mejores abogados en derecho norteamericano, pero se tenían que poner con el derecho argentino. Estuvimos estudiando, explicando derecho argentino días y días y así salió el fallo. Esa es la satisfacción de cuando tomás decisiones que son difíciles y después al final del día puede salir mal o pueden salir bien, pero salieron bien y eso es muy gratificante.

NG: -¿Esa decisión se consensuó a nivel presidencial? ¿El presidente estuvo al tanto o es una decisión que tomó la Procuración?

JIS: -El presidente desde el principio bajó una orden: hay que defender esto con uñas y dientes. Esa es la decisión política del presidente. Después los tecnicismos de cómo eso se traduce en el juicio son decisiones que se tomaron junto a María Ibarzábal como cerebro jurídico de la Presidencia, nosotros y también los abogados de Estados Unidos. Sabíamos cuál era la directiva. Si la directiva presidencial hubiera sido buscar un acuerdo, habríamos intentado bajar el monto, pero la directiva fue que teníamos que ganar. Por eso también seguimos ese camino, además de que nos parecía lo jurídicamente correcto. Fue un trabajo en equipo de todos.

NG: -Recién hacía referencia a toda esta defensa mientras al mismo tiempo había que estar gastando energía frente a los ataques de Burford que pedía un discovery. ¿Cómo hicieron ese control de daños? Porque es muy difícil estar definiendo una estrategia para jugar el partido en la Cámara, pero al mismo tiempo estar pendientes de no caer en desacato.

JIS: -Te diría que fue casi de lo más desafiante que nos tocó. Fue muy difícil porque al principio los pedidos pedían bienes argentinos en el extranjero y la verdad es que no hay bienes ejecutables. Empezaron a pedir las cuentas de las embajadas que están protegidas, pero fue muy desafiante. Se involucró a muchísimas personas de todo el gobierno porque pedían información de los ministerios, cuentas de los ministerios y lo que fue realmente el colmo fue que empezaron a pedir información respecto de bienes que había en la Argentina. Después chats y comunicaciones personales de funcionarios. En todos los casos la jueza concedía esas medidas.

Fue muy desafiante porque implicó que los equipos de los ministerios tuvieron que perder horas y horas de su trabajo juntando esta documentación. También fue difícil para mí tener que ir y explicarle a los ministros: «Está pasando esto, estamos intentando cumplir», y que te digan: «Pero esto es una locura». Vos tenés que decirle: «Yo lo sé y lo estamos discutiendo, pero en el mientras tanto es importante no quedar en desacato, no pegarnos este tiro en el pie». Imaginate cuando tuve que tener las conversaciones por los dispositivos y los mails personales. Tuve que hablar con los funcionarios personalmente y pedirles que cumplamos con esa orden. Hubiera sido para mí políticamente lo más fácil decir: «Y bueno, me están pidiendo los celulares, no lo cumplimos». Pero realmente nosotros pensábamos que esto era clave para no llegar a la audiencia de apelación con una decisión en desacato. El gobierno comprendió esto, el presidente comprendió esto y dio la orden de que vamos a cumplir con esto. Hoy visto en retrospectiva, tomamos una decisión buena, pero fue muy desgastante.

NG.: Argentina tiene tantos devenires que uno está atajando lo urgente, y eso es lo que buscaba la otra parte

JIS: Buscaban desgastarnos. Ellos tenían cuatro estudios; tenían un estudio solo para discovery. Ese estudio estuvo machacando todo el tiempo. Nosotros teníamos nuestro estudio y el trabajo de la PTN, pero el objetivo de ellos era sacarnos recursos. Gracias a Dios no les alcanzó, pero era difícil estar lidiando con tantas cuestiones al mismo tiempo. La Argentina produjo más de 115.000 hojas de documentos en discovery. Una de las cosas más lindas que me tocó fue cuando salió el stay de discovery. El stay de discovery era una medida con muy pocos precedentes en Estados Unidos. Muchos nos decían: «Es muy agresivo, por ahí no conviene hacerlo». Tomamos la decisión de decir que hasta acá llegó y salió bien.

NG: -Uno de los ejes fue tratar de revertir la imagen reputacional que tiene la Argentina. En estos días se buscó el título de hasta dónde incidió la relación que tiene Javier Milei con Donald Trump tratando de interpretar bajo ese prisma este fallo. ¿Ese elemento incidió?

JIS: -Primero te voy a decir algo que no es para nada jurídico, pero es lo siguiente. Yo fui a audiencias, estuve en esas audiencias, tuve que enfrentar a la jueza y a los jueces en la Cámara de Apelaciones. A mí me daba cierta tranquilidad ser en ese momento el representante del gobierno argentino, de este gobierno. Me hizo sentir mucho más seguro ser el representante de un gobierno aliado de Estados Unidos y no de un gobierno aliado de Irán y de Venezuela. Eso creo que es muy claro. Ahora, no quiere decir que la haya pasado bien en todas las audiencias por eso, pero para mí es importante por lo reputacional.

Después, como posiblemente vos sepas, hubo varias instancias en las cuales el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó apoyando la postura argentina. Y ahí yo creo que el hecho de que exista una relación cercana fue lo que nos permitió explicar al Departamento de Justicia lo que estaba pasando jurídicamente —porque era una explicación jurídica y diplomática— y que se fueran concretando esos apoyos. Ahora, si nosotros le hubiéramos pedido una locura, si nuestra posición jurídica hubiera sido insostenible, tampoco hubieran ocurrido. Es una mezcla, pero sin dudas que el alineamiento estratégico te abre la puerta, hace que te escuchen, pero después es una decisión técnica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no se presenta para decir cualquier cosa.

Cuando se dio la discusión sobre inmunidad durante el gobierno de Macri y de Trump, el DOJ de ese momento se presenta en contra de la postura argentina diciendo: «Argentina no tiene inmunidad». Y durante el gobierno del presidente Milei se presentaron cinco veces, una incluso durante el gobierno de Biden y las cuatro seguidas durante el gobierno de Trump, en las cuales se apoyó jurídicamente la posición de la Argentina. Entonces, repito, cuando tenés un problema reputacional, que el gobierno de Estados Unidos con argumentos jurídicos serios venga y diga que la Argentina tiene razón y además esto es malo para Estados Unidos, y que hagan lo mismo otros países soberanos y que lo haga la AmCham y la American Bankers Association, te da un respaldo que antes no tenías. Ya no estás solo en la lucha. Yo ya no sentía que esto era un tema solo de la Argentina. Obviamente era lo más importante, pero te da un respaldo, te demuestra seriedad y yo no sé si en otro momento o bajo otro gobierno esto se podría haber logrado. Por eso también siempre digo el agradecimiento a la Cancillería, a la Embajada en Estados Unidos, a todo, porque fue un trabajo de todos de explicar esto.

NG: -¿Podés buscar algún tipo de paralelismo? ¿Es un caso de los cuales hay muchos en el mundo o en la justicia norteamericana?

JIS: -Esta era la condena más grande contra un soberano en la historia de Estados Unidos. Este era el caso, incluyendo soberanos y no soberanos, más grande de la historia del Segundo Circuito, que es el de Wall Street, que no es un lugar que tenga casos particularmente pequeños. Y en todo el mundo es el segundo caso más grande en la historia contra un soberano que tenga una condena. El más grande es uno contra Rusia, un laudo arbitral. Y este es de los cinco más grandes de la historia de Estados Unidos.

Eso es lo que se logró. Eso también te da una medida de lo grave que era la situación que enfrentábamos y por eso tenemos que estar todos los argentinos muy contentos con lo que acaba de pasar, porque se logró un éxito que es histórico, que es realmente histórico y que yo creo que muy pocas personas pensaban que iba a pasar. Hoy la victoria tiene muchos padres, tiene mucha gente que dice: «Yo dije que esto iba a pasar», pero yo no sé si recordás la cobertura de esto hace un año o un año y medio. Por ejemplo, cuando salió el año pasado la orden de entrega de las acciones de YPF, había muchos que decían: «Ahora tenemos que pagar. Si les pagamos 8.000 millones se termina». Había mucha presión sobre el gobierno para decir: «Van a perder y tienen que matar este tema». Y por eso vuelvo sobre la decisión política del presidente con uñas y dientes: tenemos que intentar ganar, tenemos que lograr que el fallo dé cero porque tenemos razón y porque es lo mejor para la Argentina.

NG: -Cuando salió esa orden de entregar las acciones de YPF, nosotros hicimos un capítulo de Dínamo. En ese momento hubo opiniones que decían: «Che, esto ya viene mal. La tendencia indica que va a salir mal, asumámoslo y salgamos a negociar». Quienes proponían eso lo proponían desde un lugar de defensa de los intereses argentinos. Era muy complicado pensar que esto se podía dar vuelta.

JIS: -Había mucha gente que de buena fe pensaba que lo mejor era resolver el tema a través de una negociación que igual hubiera sido muy gravosa para la Argentina, pero que obviamente frente a los 18.000 millones era un mal relativamente menor. Pero bueno, se tomó esta decisión política, jurídica y se llevó adelante y gracias a Dios hoy tenemos este fallo.

NG: -Siempre se sospechó que detrás del reclamo de Burford había algún acuerdo con el Grupo Eskenazi, que era el dueño de Petersen Energía, una especie de acuerdo de earn-out, es decir, me llevo una parte de lo que ganes vos. Incluso se cuantificó ese presunto porcentaje en 30%. ¿Ustedes tienen algún elemento para interpretar esa cuestión de fondo?

JIS: -Lo que se sabe, porque está en el expediente, es que Burford compró el 70% del fallo, es decir, el 30% restante si se cobrara iba a ir a la quiebra de Petersen. Esto no quiere necesariamente decir que iba a ir a las empresas. ¿Por qué? Porque esa quiebra tiene acreedores. Nosotros teníamos perfectamente estudiado que si se hubieran pagado 18.000 millones, alrededor de 3.000 millones iban a ir a los dueños originales de las empresas, al equity de esas empresas, porque se pagan primero los acreedores y lo que sobra va al equity. Entonces eso es lo que se sabe. Después hay un tema que es muy delicado y nunca se logró que la jueza no diga quiénes son los beneficiarios finales del fallo.

Burford, y esto sí es sabido, vendió partes del fallo; no sabemos a quiénes se los vendió. Y esto para mí era un tema muy delicado; es algo en lo que trabajamos mucho, hay muchas cuestiones en las que trabajamos que no tomaron estado público por distintos. Ese es un tema que creo que además es un problema del sistema. Vos no podés tener un fallo y no saber quiénes son los beneficiarios finales. Te pongo un ejemplo del discovery: nos pedían cuestiones sobre las reservas de oro del Banco Central, sobre el swap con China. Entonces vos le decías al tribunal: «¿A quién se la estoy dando?». La jueza dice: «Bueno, si ellos malusan esa información después habrá algún remedy«. Pero el tema es que yo no sé quiénes son ellos; yo sé quiénes son los abogados, yo sé quién es Burford, pero no sé quiénes son los beneficiarios del fallo final.

Entonces si mañana hay una empresa X o un banco X operando en el mercado financiero porque tiene información que es confidencial y que ningún otro operador tiene, no es un tema menor. Pero bueno, esto es un agujero en el sistema, sobre todo en Estados Unidos que se permiten estos acuerdos de financiamiento sin saber quiénes son los beneficiarios reales y últimos del fallo. Esto es sin dudas un problema porque imagínate que hubiera habido que pagar. ¿Cómo no vas a saber a quién le estás pagando? Somos un Estado soberano. Mira si yo le estoy pagando a alguien que se está beneficiando de la corrupción u otro; es realmente un problema muy serio que gracias a cómo salió el caso hoy por ahí no está tan en el tapete, pero nosotros es un tema que trabajamos mucho.

NG: -La Argentina tiene por delante varios proyectos de infraestructura para aumentar la producción de petróleo. Tiene el Vaca Muerta Sur, tiene proyectos de LNG como el de Southern Energy e YPF tiene el proyecto Argentina LNG. Todos esos proyectos van a necesitar financiamiento y uno sabe que este caso de Burford siempre era una especie de fantasma que cuando aparecía todo el mundo se ponía muy tenso y el financiamiento se complicaba. ¿Crees que el fallo despeja esta situación a ese tipo de negociaciones?

JIS: -Yo no soy un abogado transaccional, creo que por ahí esto lo tienen que responder otras personas que están involucrados a esos proyectos, pero bueno, lo dijo el otro día el presidente: se pagó un daño reputacional, riesgo país. Este juicio era parte de eso. Fantasma, nubarrones, estaba ahí y me alegra mucho que hoy por lo menos eso se haya despejado y que la Argentina pueda desarrollar todo el potencial que tiene por el bien de todos los argentinos.

, Redacción EconoJournal