La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen de ayudas estatales español de 440 millones de euros para apoyar la producción de hidrógeno renovable. Esto se hará a través de la herramienta «Subastas como servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno para la subasta que se cerró en febrero de 2026. El régimen contribuirá a los objetivos del Pacto Industrial Limpio de acelerar la descarbonización de la industria de la UE, reforzando al mismo tiempo su competitividad.

España estima que el régimen aprobado apoyará la construcción de hasta 382 MW de capacidad de electrólisis. También debe incentivar la producción de hasta 243 800 toneladas de hidrógeno renovable, con lo que se evitarán hasta 1 790 000 toneladas de CO2.

El régimen ayudará a España a alcanzar su objetivo nacional de instalar 12 GW de capacidad de electrolizadores de aquí a 2030, así como los objetivos para la cuota de combustibles renovables de origen no biológico consumidos en el transporte y en la industria establecidos en la Directiva sobre fuentes de energía renovables.

En virtud del régimen, la ayuda adoptará la forma de una subvención directa por kilogramo de hidrógeno renovable producido. España puede conceder la ayuda en los próximos 12 meses. Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios pueden optar a los pagos durante un período de diez años.

La Comisión evaluó el régimen con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las Directrices de 2022 sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía.  La Comisión consideró que el régimen es necesario y adecuado para facilitar la producción de hidrógeno renovable. Además, la Comisión constató que el régimen tiene un efecto incentivador y un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE.

Por último, la ayuda producirá efectos positivos, especialmente en el medio ambiente, que superarán cualquier posible efecto negativo en términos de falseamiento de la competencia. Sobre esta base, la Comisión aprobó el régimen español con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales.

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