La ilusión de una transición energética acelerada, lineal y prácticamente irreversible hacia un mundo post-fósil se enfrenta, una vez más, con la realidad cruda de la geopolítica.

Los conflictos bélicos en Ucrania y el Golfo —arteria vital del sistema energético global— no ha hecho sino recordar una verdad incómoda: el petróleo, el gas y sus derivados continuarán siendo, en muchos aspectos, insustituibles en el corto y mediano plazo y también -digámoslo de una buena vez- en el largo plazo.

Desde sus orígenes conceptuales, la seguridad energética ha estado íntimamente ligada a los combustibles fósiles. Ya en la crisis de 1973, el eje del problema era garantizar el suministro continuo de petróleo y proteger infraestructuras críticas. Décadas después, la definición de la Agencia Internacional de la Energía mantiene, aunque matizada por preocupaciones ambientales, ese núcleo duro: disponibilidad física, precios asequibles y continuidad del suministro.

Es precisamente esta continuidad la que la guerra vuelve a poner en cuestión. El Golfo Pérsico no es un escenario periférico, sino el corazón de la circulación energética mundial. Cualquier perturbación en sus rutas —en particular en el estrecho de Ormuz— tiene efectos inmediatos sobre precios, expectativas y decisiones estratégicas. En este contexto, la transición energética deja de ser una narrativa tecnológica para convertirse en una variable subordinada a la estabilidad geopolítica.

La razón de fondo es estructural. Las economías contemporáneas no solo consumen energía: están organizadas en torno a sistemas complejos que dependen de infraestructuras fósiles. El transporte marítimo y aéreo, la petroquímica, la producción de fertilizantes, los plásticos, la logística global e incluso buena parte de la generación eléctrica continúan anclados en hidrocarburos. No se trata únicamente de una fuente energética, sino de un insumo civilizatorio.

A esto se suma un hecho frecuentemente soslayado: la transición energética no elimina las dependencias, las transforma. La expansión de las renovables exige cantidades crecientes de materias primas esenciales —litio, cobalto, tierras raras— cuya producción está aún más concentrada geográficamente que la del petróleo. En lugar de disipar la geopolítica, la reconfigura, generando nuevas vulnerabilidades y cuellos de botella.

Más aún, la electrificación masiva implica una creciente dependencia de redes altamente interconectadas —eléctricas y digitales— cuya resiliencia dista de estar garantizada. La proliferación de ciberamenazas sobre infraestructuras energéticas críticas introduce un vector de riesgo adicional que, paradójicamente, refuerza el valor estratégico de sistemas energéticos diversificados, entre ellos los fósiles.

¿Verde?

La arquitectura material de las energías limpias descansa, todavía, sobre cimientos fósiles. Las palas de los aerogeneradores y los marcos de los paneles solares incorporan resinas y polímeros derivados del petróleo; las torres y sus basamentos exigen acero y cemento, cuya producción requiere altas temperaturas hoy provistas, en su mayoría, por carbón o gas natural; y la propia cadena logística —desde la extracción de litio o cobre hasta el transporte global de componentes— depende de combustibles fósiles.

A ello se suma una restricción estructural: la intermitencia. Allí donde el sol declina o el viento cesa, el sistema eléctrico precisa fuentes firmes. En la práctica, las centrales de ciclo combinado a gas suplen esas caídas de generación, mientras que el almacenamiento a gran escala aún no ha alcanzado la madurez técnica y económica necesaria para prescindir de los hidrocarburos como respaldo.

No se vislumbra emancipación energética.  El hidrógeno es sólo un vector que requiere de energía para su producción; la electrificación del transporte demanda más energía firme, gestionable. Las nuevas fuentes energías renovables aún requieren hidrocarburos para nacer y sostenerse. No hay transición salvadora.

El “Peak Oil” cada vez mas lejos

Prospectiva de la IEA

Así, la guerra en el Golfo opera como un revelador. Allí donde el discurso de la transición prometía una progresiva desvinculación de los combustibles fósiles, la realidad muestra que, ante la incertidumbre, los Estados priorizan el aseguramiento inmediato del suministro. Los países consumidores buscan diversificar fuentes y rutas; los productores, garantizar mercados; los Estados de tránsito, maximizar su posición estratégica.

La consecuencia es clara: la transición energética no se detiene, pero tampoco avanza al ritmo proclamado. Se ralentiza, se vuelve errática, condicionada por crisis que reafirman el papel del petróleo y el gas como pilares de estabilidad sistémica. En un mundo atravesado por tensiones geopolíticas crecientes, la energía deja de ser un problema técnico para volver a ser, como en sus orígenes, un problema de poder.

Así, lejos de un reemplazo abrupto, lo que se perfila es una larga coexistencia. Los hidrocarburos no desaparecen: se revalorizan como garantes de seguridad en un entorno incierto. La transición, más que una ruptura, aparece entonces como un proceso lento, fragmentado y profundamente condicionado por la geopolítica. Y en ese proceso, el Golfo —y las crisis que en él se gestan— seguirá siendo un recordatorio persistente de los límites de cualquier promesa de sustitución inmediata.

Alternativas pero reales

En este contexto de un futuro que impide realizar prospectivas realistas, en los ámbitos de planificación comienza a reconsiderarse de la energía nuclear como vector de estabilidad.

Lejos de los debates ideológicos que marcaron décadas anteriores, su carácter de fuente continua, gestionable y de alta intensidad energética, la posiciona como una alternativa atractiva frente a la intermitencia de las renovables y la volatilidad del precio y disponibilidad de los hidrocarburos. A ello se suma su relativa competitividad en costos una vez amortizadas las inversiones iniciales, así como su capacidad para reforzar la autonomía energética de los Estados. No obstante, su desarrollo exige niveles particularmente elevados de formación técnica, marcos regulatorios robustos y una cultura de seguridad rigurosa, lo que la convierte no solo en una opción energética, sino en un verdadero proyecto de política científica e industrial de largo plazo.

En paralelo, la coyuntura también está poniendo sobre la mesa el papel de la energía hidroeléctrica. Dentro de las estrategias de largo plazo se vuelve a pensar en una fuente renovable dotada de una elevada capacidad de gestión y almacenamiento —especialmente en sistemas con embalses— que permite regular la oferta eléctrica y acompañar la demanda con mayor previsibilidad. Su costo operativo relativamente bajo una vez construida, su larga vida útil y su contribución a la estabilidad de los sistemas eléctricos la convierten en un enorme activo estratégico.

Sin embargo, su despliegue no está exento de desafíos: requiere inversiones iniciales significativas, planificación territorial compleja, consensos sociales -gracias a las ONG´s que frenan el desarrollo, -particularmente en los países con menores recursos-  y una ingeniería de alta especialización.

La conclusión que se impone, entonces, es incómoda pero ineludible: la energía ha vuelto a ocupar el centro de la disputa por el poder, y con ella, la política en su sentido más crudo. La retórica de una transición ordenada, guiada exclusivamente por imperativos ambientales, cede frente a la evidencia de que son los Estados —y no los mercados ni las consignas— quienes, en última instancia, definen los ritmos, las prioridades y los límites del cambio energético. En este escenario, la autonomía energética deja de ser un objetivo técnico para convertirse en un atributo esencial de la soberanía.

Aquellos países capaces de articular una matriz diversificada, apoyada en recursos propios, capacidades tecnológicas y decisiones estratégicas firmes, ampliarán sus márgenes de maniobra. Los demás quedarán, una vez más, expuestos a las presiones externas, a la volatilidad de los mercados y a las agendas impuestas. Porque, como vuelve a demostrar la crisis del Golfo, no hay transición posible al margen de los conflictos entre los grandes factores de poder y toda política energética es, en última instancia, subsidiaria de las tensiones geopolíticas.

A.B.A.