La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) elaboró una proyecto de Ley de Transición Energética que busca establecer las bases para la descarbonización de la matriz energética en la Argentina. La iniciativa no es planteada solo como una meta ambiental, sino como una oportunidad de desarrollo económico, que permitiría aprovechar el financiamiento internacional disponible para reducir costos sistémicos millonarios y liberar excedentes de hidrocarburos para la exportación.
La propuesta legislativa integral surge de un proceso de debate que involucró a los principales actores del sector privado, incluyendo a la Unión Industrial Argentina (UIA), instituciones del agro, universidades y organismos técnicos como AGUEERA, ATEERA y Cammesa. El objetivo es dotar al país de un marco regulatorio previsible que permita captar el flujo de capitales globales destinados a la mitigación del cambio climático.
Marcelo Álvarez, presidente de CADER y principal impulsor de la iniciativa, explicó que el enfoque de la norma rompe con la visión tradicional de las metas ambientales como un costo. «Estamos trabajando en un proyecto de Ley de Transición Energética que entusiasma y que se presentará en breve a la clase política. Un marco lo suficientemente ambicioso y flexible para incorporar aquellos recursos, vectores y tecnologías que hoy no se conocen», anunció el directivo en diálogo con EconoJournal.
En los fundamentos de la iniciatia se plantea que la transición energética actuará como un «game changer» que redefinirá la economía mediante impactos directos en sectores como la energía, la minería estratégica y el hidrógeno verde. Sin embargo, su alcance será también indirecto y obligatorio para toda la industria, que deberá internalizar su huella de carbono en la producción y el transporte. En este nuevo escenario, se penalizarán los modelos productivos no sustentables y se premiará a quienes adaptes sus procesos a las exigencias de la descarbonización.
Descarbonización y oportunidad de negocios
Para el sector, el eje central es la competitividad: «Es un proyecto de ley que muestra una oportunidad de negocios. No se parte de una restricción climática, sino de cómo aprovechar el financiamiento verde internacional para la descarbonización», explicó Alvarez. El sustento técnico de la propuesta se apoya en estudios comparativos, como los presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que contrastan el escenario inercial (Business As Usual – BAU) con alternativas de descarbonización.
El escenario BAU para la Argentina proyecta un costo de US$261.000 millones a 2050, con emisiones que duplicarían los niveles de 2019. En contrapartida, un modelo basado intensivamente en el gas natural generaría un ahorro de US$14.000 millones, pero apenas reduciría un 6% las emisiones. Por su parte, la opción centrada en las renovables propone un ahorro sistémico de US$31.000 millones y una mitigación de emisiones del 59% respecto al tendencial.
En términos de empleo, el diferencial es significativo para el mercado laboral local. Mientras que la opción del gas natural generaría unos 13.000 puestos hacia 2030 sin crecimiento posterior, el escenario de renovables es sensiblemente más dinámico. Al respecto, Álvarez detalló: «El escenario de renovables genera 139.000 puestos de trabajo sin cadena de valor local; 145.000 con cadena de valor local parcial». Estas cifras subrayan la capacidad de la transición para actuar como un motor de reactivación industrial, especialmente si se fomentan incentivos para la fabricación nacional de componentes.
El contenido del proyecto
La arquitectura de la ley se divide en siete capítulos diseñados para tener autonomía operativa, lo que facilitaría su tratamiento legislativo. Los apartados cubren áreas críticas como el hidrógeno verde, el uso eficiente de la energía, la continuidad de la Ley 27.191 para renovables, el tratamiento del oil & gas residual, la infraestructura de redes y el financiamiento.
«Tiene siete capítulos este proyecto de ley que son eventualmente capítulos independientes. El único que es transversal es el de financiamiento; todos los demás podrían ser leyes per sé», explicó el referente de CADER, remarcando la flexibilidad del esquema propuesto y que se espera tengs etado parlamentario y aprobación este año.
Uno de los puntos más disruptivos de la iniciativa es su autonomía respecto a los recursos del Tesoro Nacional. En un contexto de restricción fiscal en la Argentina, el sector privado asegura que la clave reside en la seguridad jurídica y no en los subsidios directos.
«La buena noticia es que no necesitamos nada; necesitamos marco regulatorio y hoja de ruta. El financiamiento lo conseguimos desde el exterior; no necesitamos que el tesoro ponga un centavo», afirmó Álvarez. Esto posiciona a la ley como una herramienta de atracción de divisas genuinas sin comprometer las cuentas públicas.
El proyecto también aborda la coexistencia con los recursos fósiles existentes, ineludible en un país que cuenta con los recursos de Vaca Muerta, proponiendo una transición inteligente que maximice los ingresos por exportaciones. La lógica planteada es descarbonizar el consumo interno mediante fuentes limpias de bajo costo para liberar el saldo exportable de hidrocarburos.
«La Argentina puede, entrando ahora con las renovables más baratas, usar el financiamiento internacional para descarbonizar su matriz y exportar todos los excedentes que tiene de fósiles», señaló el directivo, visualizando un modelo de país que combine una «matriz interna muy limpia, muy barata y que genera empleo, y una exportación de fósiles combinados con hidrógeno».
La visión de largo plazo de CADER otorga al hidrógeno verde un rol protagónico como vector energético y facilitador de nuevos mercados de exportación. El proyecto contempla que este recurso demande carbono para la producción de combustibles sintéticos, lo que podría consolidar un nuevo perfil comercial para la Argentina en la próxima década. Esta integración tecnológica permitiría insertarse en las cadenas globales de valor que hoy demandan productos con baja huella de carbono, desde minerales críticos hasta insumos industriales.
En el aspecto institucional, la ley propone la creación de un Instituto Autárquico para el desarrollo del sector energético. Este ente sería el encargado de actuar como autoridad de aplicación y de ajustar las metas legislativas en función de la evolución de las tecnologías y los costos internacionales. La propuesta busca así evitar la obsolescencia de la normativa y garantizar que la transición energética sea un proceso dinámico supervisado por un organismo con capacidad técnica y autonomía política.
Instrumentos de incentivo fiscal
Para fomentar la inversión en infraestructura de gran escala, como gasoductos, líneas de transmisión y plantas de licuefacción, el texto incluye incentivos específicos. Se mencionan herramientas como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada de IVA y la estabilidad fiscal por plazos prolongados.
Estas medidas apuntan a reducir el riesgo país percibido por los inversores y compensar las asimetrías de financiamiento que enfrenta la industria local frente a competidores regionales. Por su contenido tienen un perfil similar al vigente Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó la actual gestión de gobierno y que permitió hasta el momento recibir propuestas de proyectos por unos US$70.000 millones de inversión, en particular en sectores de la energía, la minería e infraestructura.
La cuestión cambiaria no queda fuera del análisis transversal del capítulo de financiamiento. El proyecto sugiere mecanismos de libre disponibilidad de divisas para el repago de deudas contraídas en el exterior y para la repatriación de dividendos, condiciones consideradas esenciales para cualquier proyecto de capital intensivo. La meta es que el marco regulatorio actúe como un garante de la estabilidad macroeconómica, permitiendo que la balanza comercial energética sea superavitaria y ayude a financiar la propia transición.
Respecto al contexto político para el tratamiento de la norma, CADER considera que el año 2026 ofrece una ventana de oportunidad única debido a la ausencia de elecciones nacionales. «Esperamos que tome estado parlamentario y se apruebe eventualmente este año. Es un año ideal porque no hay elecciones; es un año donde se puede escuchar más», sostuvo Álvarez. La estrategia consiste en tener los consensos técnicos cerrados y los proyectos listos para cuando la agenda legislativa permita su abordaje formal.
, Ignacio Ortiz
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