La discusión sobre el futuro minero de Mendoza se juega por encima de los 2.600 metros, en la franja cordillerana donde se concentran los pórfidos de cobre y los sistemas metalíferos de mayor potencial.

En esa altura se cruzan geología, agua, glaciares, logística, clima y gobernanza, y es allí donde se toman las decisiones críticas: accesos, permisos, controles, infraestructura y manejo ambiental. La columna que disparó este análisis plantea que el debate real no está en el llano, sino en la montaña, donde se define la minería que viene.

Los proyectos estratégicos de la provincia se ubican en tres corredores: Uspallata–Paramillos, Malargüe (MDMO I y II) y San Rafael–Cordillera Sur. En esas zonas se encuentran iniciativas como Cobre Mendocino, Cerro Amarillo, Las Choicas, La Adriana, El Burrero y El Perdido, todas condicionadas por la altura, los caminos de cornisa, la disponibilidad de agua y las ventanas climáticas cortas.

Operar en estos ambientes exige marcos regulatorios claros, controles modernos y un Estado con capacidad técnica para auditar procesos complejos.

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El análisis aparece en un momento donde Mendoza aprobó 27 DIAs de exploración en el MDMO II, impulsa Cobre Mendocino como proyecto insignia y discute regalías, fondos ambientales y estándares de sostenibilidad.

La columna funciona como un posicionamiento conceptual: pide que la minería se discuta con criterios técnicos, sin simplificaciones, y que la provincia construya un modelo propio, aprendiendo de experiencias regionales sin replicarlas de manera automática.

Desde la óptica de Runrun, la minería mendocina no se define en el debate urbano, sino en la alta montaña, donde se combinan oportunidades geológicas y desafíos ambientales.

Si la provincia logra articular infraestructura, controles, diálogo territorial y planificación de largo plazo, podrá transformar su potencial metalífero en una política de desarrollo real, con proveedores locales, empleo calificado y una institucionalidad capaz de sostener proyectos de escala.

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