El debate por la adecuación de la Ley de Glaciares llegó a un punto de inflexión: la percepción social sobre la minería mejoró de manera sostenida y la mayoría de los argentinos pide un equilibrio entre protección ambiental e inversiones productivas.

El dato surge de un estudio nacional de Poliarquía que muestra un cambio de clima significativo en torno a una actividad clave para el desarrollo del cobre y el litio.

El informe revela que el apoyo a la minería alcanza el 61%, mientras que la oposición se reduce al 19%. La asociación automática con “contaminación”, que dominó durante años, cayó quince puntos y cedió espacio a conceptos vinculados a producción, desarrollo y empleo.

La transición energética también modificó la agenda pública: el 94% de los encuestados sabe que Argentina produce litio y el 80% reconoce el potencial del cobre, dos minerales centrales para la electrificación global.

La reforma de la Ley de Glaciares, ya aprobada en el Senado y en análisis en Diputados, aparece en ese contexto. Siete de cada diez argentinos escucharon hablar del tema y la mitad declara conocerlo, aunque parte de ese conocimiento es superficial.

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El estudio muestra un dato clave para el sector: el 56% de la sociedad pide equilibrio entre ambiente e inversiones, mientras que solo el 29% prioriza exclusivamente la protección ambiental. La demanda social no es prohibitiva, sino regulatoria.

La confianza también se ordena: el 69% considera que las decisiones sobre glaciares deben estar en manos de científicos y expertos, muy por encima de ambientalistas, gobiernos o legisladores. Para las provincias cordilleranas, que impulsan una delimitación científica que diferencie glaciares de ambiente periglacial, el dato refuerza la necesidad de reglas claras que permitan avanzar con proyectos estratégicos sin perder estándares ambientales.

El sector minero enfrenta, sin embargo, un desafío evidente: la expectativa social crece más rápido que la producción real. Argentina no produce cobre, el litio avanza por debajo de lo proyectado y el oro no muestra expansión. Si la reforma no se traduce en inversiones concretas, el apoyo podría revertirse. Por eso, la discusión legislativa se volvió un punto de partida para ordenar el marco regulatorio y habilitar proyectos capaces de generar empleo, divisas y desarrollo territorial.

La adecuación de la Ley de Glaciares aparece así como una oportunidad para alinear ciencia, ambiente e inversión. El clima social acompaña, la transición energética empuja y las provincias necesitan reglas que permitan competir por capital global. El desafío será convertir este momento en resultados tangibles y sostener un equilibrio que la sociedad ya definió como condición central para avanzar.

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