Con más del 55% de los votos, Laura Fernández se convirtió en la primera mujer en liderar el Poder Ejecutivo de Costa Rica desde 1949. Su llegada a la presidencia abre una etapa que, para el sector energético, combina continuidad con una agenda renovada, orientada a la eficiencia, la modernización del sistema y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Costa Rica cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Más del 99% de su generación eléctrica proviene de fuentes renovables. El reto ya no es producir energía verde, sino gobernar mejor el sistema: hacerlo más competitivo, eficiente y capaz de responder al aumento sostenido de la demanda.

En este contexto, William Villalobos, CEO de Core Alliance, planteó que “la victoria de Laura Fernández abre un escenario de continuidad con ajustes relevantes en la política pública energética”, y añadió que el nuevo gobierno deberá “conducir un sistema más competitivo y preparado para una demanda creciente, sin perder eficiencia ni seguridad jurídica”.

En los últimos años, el país recuperó el dinamismo perdido tras una década de parálisis. El ICE relanzó licitaciones bajo la Ley 7200, cooperativas rurales accedieron a nuevos proyectos de generación y se concretaron inversiones en transmisión, subestaciones y sistemas de medición inteligente, con apoyo de banca multilateral. Este proceso permite a la nueva presidenta asumir con una base sólida, aunque con pendientes urgentes.

Modernización regulatoria, alianzas y nuevas tecnologías

El plan energético de Fernández se apoya en la reorganización del sistema de gobernanza. Propone reforzar el rol rector del MINAE, mejorar la coordinación institucional y elevar la calidad regulatoria. Esto incluye aplicar evaluaciones de impacto regulatorio previas y posteriores, prácticas habituales en otros sectores pero históricamente ausentes en el eléctrico.

La política tarifaria —competencia de la ARESEP— también podría verse influida por una visión más integral del Ejecutivo. Sin interferir en sus funciones, el nuevo gobierno busca impulsar mecanismos de colaboración que contribuyan a la eficiencia del sistema y a una mejor señal de precios.

En paralelo, las alianzas público-público y público-privadas ganarán protagonismo. Fernández ya ha destacado que la colaboración entre instituciones estatales, empresas municipales y actores privados será clave para sostener la competitividad. El modelo no implica reemplazar al Estado, sino permitir que el sector privado funcione como aliado estratégico.

En este esquema, cooperativas de electrificación rural, CNFL e ICE podrán trabajar con generadores independientes bajo contratos de compraventa de energía (PPA), en esquemas que garanticen energía segura, limpia y asequible para el usuario final.

El nuevo ciclo también contempla el impulso de tecnologías complementarias que refuercen la resiliencia del sistema: almacenamiento, biogás, biometano y valorización energética de residuos. Estas fuentes, además de diversificar la matriz, promueven una gestión circular de los recursos.

Reformas clave y clima de inversión

A nivel legislativo, el Ejecutivo espera retomar proyectos estratégicos que quedaron estancados: geotermia de baja y media entalpía, marco normativo para residuos valorizables y participación de cooperativas en el Mercado Eléctrico Regional (MER). También se anticipa una revisión técnica del proyecto de armonización del sector eléctrico, hoy criticado por su fragmentación.

Villalobos advirtió que “el texto actual presenta un exceso de soluciones parciales” y pidió “una discusión más acotada y técnicamente enfocada, que permita evitar distorsiones en el mercado y proteger la estabilidad financiera de las distribuidoras”. Desde su mirada, cualquier reforma debe ser gradual, basada en datos reales y diseñada para mantener la seguridad jurídica del sistema.

El fortalecimiento de la institucionalidad, junto con un clima de negocios en recuperación, proyecta una mayor atracción de capitales para nuevos proyectos. Muchas empresas eléctricas ya tienen identificado un pipeline de iniciativas listas para atender la expansión de la demanda, especialmente desde sectores electrointensivos.

“La búsqueda de mayor eficiencia, junto con un mejor manejo del sistema, permite anticipar un escenario positivo para el sector energético nacional”, concluyó Villalobos.

Con reglas claras, planificación técnica y apertura al diálogo, la nueva administración busca posicionar a Costa Rica no solo como referente en generación limpia, sino como un modelo de eficiencia operativa e innovación energética en la región.

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