La inversión internacional observa con atención el comportamiento regulatorio de los países de Centroamérica y el Caribe de cara a 2026. Y lo que definirá el flujo de capital será la capacidad de cada país de ofrecer marcos normativos claros, licitaciones bien estructuradas y planificación seria en el tiempo.

Ese es el criterio con el que el financiamiento internacional evalúa oportunidades en sectores como energía, infraestructura logística, almacenamiento, digitalización y electrificación del transporte. Y es también el punto de partida para comprender el estado de situación de tres países clave de la región: Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

«2026 no será un año de euforia, pero sí muy interesante y decisivo para la inversión», advirtió William Villalobos, CEO de Core Alliance, en diálogo con este medio.

«El capital estará, pero será más selectivo: buscará países con reglas claras, planificación seria y proyectos bien estructurados, especialmente en energía e infraestructura», afirmó.

Panamá: contratos firmes, pero con pliegos aún en revisión

En un contexto donde la volatilidad del mercado spot eléctrico dejó marcas, Panamá trabaja para reposicionar su matriz energética bajo nuevas reglas. La hoja de ruta oficial incluye licitaciones escalonadas entre 2026 y 2028, con contratos de hasta 20 años para nuevos proyectos eólicos e hidroeléctricos, y otros más breves según tecnología.

Este enfoque busca reducir el riesgo comercial, facilitar el acceso al financiamiento y garantizar estabilidad de precios. Pero los pliegos aún generan ajustes. La postergación de la licitación LPI ETESA 01‑25 fue resultado de la necesidad de equilibrar la competencia entre tecnologías renovables y dar más aire a propuestas con almacenamiento o esquemas híbridos.

“Panamá llega a 2026 con una oportunidad muy clara de consolidarse como hub logístico y energético”, sostuvo Villalobos. “Tiene datos, planificación y una institucionalidad que el mercado conoce. La clave va a estar en transformar esa planificación en señales de mercado concretas: subastas bien diseñadas, reglas claras para potencia firme, almacenamiento y expansión de red.”

Costa Rica: año electoral y expectativas contenidas

Costa Rica enfrenta 2026 con la presión de definir el rumbo de su modelo eléctrico. Las elecciones presidenciales abrirán un nuevo ciclo institucional en un momento en el que se acumulan tensiones en torno a los costos, las tarifas y la modernización del sistema.

Pese a contar con una matriz limpia y alta penetración renovable, el país necesita renovar su marco de concesiones eléctricas y dar espacio a nuevos actores. Las empresas distribuidoras cooperativas y municipales agrupadas en CEDET impulsan proyectos solares, eólicos y de almacenamiento bajo esquemas público‑privados que requieren habilitaciones regulatorias más flexibles.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) trabaja en la actualización del reglamento que rige estas concesiones. Su alcance será determinante para viabilizar inversiones en segmentos clave de la transición energética.

Villalobos explicó que “la inversión va a depender mucho de si el país logra dar certezas regulatorias y habilitar nuevos proyectos sin introducir rigideces innecesarias”. Según remarcó, Costa Rica puede destrabar inversión sin sacrificar su modelo ni su liderazgo regional, si alinea regulación, concesiones y planificación con esa realidad.

República Dominicana: nueva convocatoria ERNC y regulación de baterías

Con casi 3000 MW ofertados en la licitación de 600 MW renovables con almacenamiento, República Dominicana no solo atrae inversión: marca tendencia. La participación masiva de empresas en este proceso es reflejo de un ecosistema donde se conjugan crecimiento de demanda, voluntad política e incentivos normativos.

En paralelo, la Superintendencia de Electricidad avanzó en la publicación de la resolución SIE‑178‑2025‑MEM, que establece las reglas técnicas mínimas para integrar sistemas de baterías. Esto incluye control de rampas, respuesta de frecuencia y garantías de estabilidad operativa, factores esenciales para una red que suma generación variable.

“República Dominicana probablemente será uno de los mercados más dinámicos de la región. Hay crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, turismo e industria, y un regulador que ha venido afinando el marco normativo. El reto no es atraer inversión, sino gestionar bien ese crecimiento para que sea sostenible y eficiente.””, sostuvo Villalobos.

Y en un entorno donde la regulación se vuelve más sofisticada, el financiamiento más exigente y la interacción público‑privada más compleja, no avanzan necesariamente los proyectos más grandes, sino los mejor estructurados.

Así lo planteó Villalobos: “Hoy no alcanza con tener un buen recurso energético o un sponsor sólido; se necesita articular lo legal, lo técnico y lo institucional en una estrategia coherente.”

Los tres países analizados ofrecen oportunidades concretas, pero la ejecución dependerá de variables comunes: contratos que repartan bien los riesgos, normativas técnicas claras, coordinación interinstitucional y reglas que se mantengan estables en el tiempo. Sin esos elementos, la competitividad del sector renovable pierde tracción, incluso si la demanda crece.

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