La negociación de contratos de compraventa de energía a largo plazo en España atraviesa un momento de presión bajista. El mercado se ha acomodado en un rango de entre 25 y 33 €/MWh, en el que resulta difícil cerrar PPAs por encima de los 30 €/MWh, según apuntó Álvaro de Simón, Energy and Cleantech Advisor en ASB Renewables Consulting.
La causa principal es la inestabilidad de los precios del mercado spot. Según el consultor, la demanda actúa con plena conciencia del escenario de precios volátiles, especialmente tras la experiencia de la primavera pasada.
“Tuvimos capture prices en abril, mayo y junio por debajo de los 5 €/MWh”, señaló en diálogo con Energía Estratégica.
Ante este panorama, los compradores rechazan cualquier oferta que supere ciertos umbrales. “Los clientes te dicen ‘no vamos a firmar un precio a 35 o a 40 €/MWh, sino que van en torno a 25, 32 – 33 €/MWh, como mucho’”, explicó De Simón.
La posición dominante del comprador, sustentada en un contexto de alta disponibilidad renovable y precios mayoristas bajos, ha fijado un nuevo piso en el mercado. Este fenómeno, que ya no se percibe como una anomalía sino como una tendencia estructural, condiciona fuertemente las decisiones de compra.
“Esa realidad se va a ir reproduciendo año a año de forma cíclica, pero cada vez de forma más acentuada”, advirtió.
En paralelo, el entorno regulatorio aporta incertidumbre. La demora en la aprobación de medidas clave, como el real decreto previsto para julio, genera desconfianza entre los desarrolladores y ralentiza la toma de decisiones de inversión en proyectos estratégicos.
En algunos casos, esto se traduce en la decisión de frenar tramitaciones para evitar ejecutar avales o en ajustes administrativos que les permitan ganar tiempo.
“Hay poca presión a efectos de tomar decisiones inmediatas por la incertidumbre que hay. Hay una necesidad de demorar y aplazar los procesos”, aseguró.
Sin embargo, en medio de este impasse, el almacenamiento emerge como uno de los pocos factores capaces de desbloquear valor. “Ahora ya no se concibe ningún tipo de proyecto sin su hibridación entre solar y almacenamiento”, destacó De Simón.
Además, aseguró que el apagón del 28 de abril funcionó como una “palanca de aceleración para la inversión en almacenamiento” y el attachment ratio de baterías para comercial e industrial se incrementó más de un 60% en apenas ocho meses, impulsado por la necesidad de capturar ingresos fuera del mercado spot.
El problema, apuntó De Simón, es que el marco normativo no ha evolucionado a la misma velocidad que la tecnología. “Si me planteo un desarrollo, mi sensación es que voy por terreno desconocido y no sé muy bien cómo mi expediente va a ser tratado”, sostuvo.
Por eso, considera urgente establecer reglas claras en tramitaciones, especialmente para proyectos híbridos, y mecanismos que otorguen estabilidad de ingresos en el mediano plazo.
Desde su experiencia reciente trabajando con proyectos on-site en el segmento comercial e industrial, De Simón también observa que los PPAs se firman en torno a los 40-45 40-45 €/MWh, debido a que no tienen peajes, servicios de ajustes ni dependen del acceso a la red.
“No hay un sentido de urgencia a la hora de invertir, aunque sean precios muy buenos desde el punto de vista del consumidor. Los procesos se demoran en el tiempo porque nadie quiere tomar decisiones”, analizó.
De cara a 2026, el especialista proyectó que la reactivación dependerá de tres ejes: certidumbre regulatoria, incentivos fiscales para proyectos híbridos y mayor claridad en la tramitación. Aunque no descartó que pueda haber apoyo directo, considera que otras vías podrían ser más eficaces, como alguna bonificación o mejora en CAPEX.
“Estamos en un momento de cierto impasse dentro de la industria y para que todo se reactive tiene que haber algún tipo de impulso, a nivel de mercado, a nivel regulatorio y a nivel de transmitir los mensajes de forma más clara”, concluyó el especialista.
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