El oficialismo y los bloques opositores se preparan para un debate decisivo en el Senado que busca “ordenar” la aplicación de la Ley 26.639. La reforma apunta a clarificar los alcances de la protección ambiental para reducir la incertidumbre jurídica que hoy frena proyectos de escala global.
Corrección técnica y seguridad jurídica El proyecto oficial no propone una derogación, sino una “adecuación técnica”. El objetivo central es precisar las definiciones de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo que la protección debe basarse en un inventario actualizado y en la verificación técnica de si una geoforma aporta efectivamente agua a la cuenca. Esto permitiría el avance de proyectos industriales en zonas de suelos congelados o permafrost que no tienen valor hídrico estratégico.
Refuerzo del Federalismo Un punto central de la discusión es el rol de las provincias. La reforma busca devolver a las autoridades provinciales la competencia para identificar y autorizar actividades en sus territorios, en línea con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Esta postura cuenta con el respaldo explícito de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, integradas por provincias cordilleranas que exigen reglas claras para desarrollar sus recursos naturales.
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Inversiones en juego y el RIGI Desde el Ejecutivo remarcan que la adecuación no tendrá efectos retroactivos ni afectará Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes. Sin embargo, subrayan que la certidumbre es vital para atraer los u$s 30.000 millones en inversiones mineras proyectadas. La norma busca armonizar la protección del agua con el RIGI, asegurando que los grandes proyectos tengan un marco legal estable que no sea objeto de judicialización constante.
Tensión con el sector ambientalista Organizaciones como Greenpeace y la FARN han iniciado campañas de presión advirtiendo sobre un posible “retroceso ambiental”. El debate gira en torno al principio de no regresión del Acuerdo de Escazú. Mientras el oficialismo asegura que las prohibiciones esenciales de la minería en glaciares se mantienen, la oposición dialoguista busca un documento intermedio que garantice la protección del recurso hídrico sin bloquear el desarrollo productivo.
La Visión de Runrún Energético
La Ley de Glaciares actual, por su ambigüedad, se convirtió en un cepo al desarrollo de las provincias cordilleranas. En Runrún sostenemos que la protección ambiental y la minería no son excluyentes, pero para eso se necesitan mapas, no ideología.
Si un suelo congelado no aporta agua, no debería ser una barrera para una inversión de miles de millones de dólares. El desafío del 10 de febrero es salir del “todo o nada” y darle a la Argentina una legislación de clase mundial que proteja el agua pero que también permita sacar el cobre y el litio que el mundo demanda para la transición energética. Sin seguridad jurídica, no hay futuro minero.
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