El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza formalizó la creación de la Superdirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, una estructura que reemplaza a la antigua Dirección de Protección Ambiental, vigente por más de tres décadas.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 15/2026, en el marco del Decreto 698/2025, que ordenó la modernización del esquema ambiental provincial.
La nueva superdirección incorpora un modelo de gestión actualizado, con un cuerpo de inspectores renovado y herramientas de monitoreo permanente.
Además, integra áreas técnicas que antes funcionaban de manera dispersa, lo que permitirá acelerar procesos de control y mejorar la trazabilidad ambiental en industrias extractivas, residuos y actividades energéticas.
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La estructura se organiza en tres coordinaciones estratégicas. La Coordinación de Industrias Extractivas supervisará minería, hidrocarburos y control de agua y aire. La Coordinación de Residuos y Economía Circular gestionará residuos sólidos urbanos, peligrosos, patogénicos y especiales, además de impulsar políticas de reutilización y reducción.
A la vez, la Coordinación de Vinculación, Innovación y Desarrollo articulará proyectos tecnológicos, educación ambiental y trabajo conjunto con municipios.
Entre las funciones asignadas se destacan la planificación de inspecciones obligatorias, la atención de denuncias ambientales, la emisión de permisos para actividades industriales y energéticas, y la fiscalización continua mediante herramientas digitales.
La superdirección también será autoridad de aplicación en residuos peligrosos, patogénicos y contaminación atmosférica, según la normativa vigente.
Desde la mirada de Runrun Energético, la reforma marca un cambio relevante en la institucionalidad ambiental de Mendoza. Además, alinea la provincia con estándares modernos de fiscalización, en un contexto de crecimiento de la minería, los hidrocarburos y la economía circular.
Si la nueva estructura logra combinar control eficiente con procesos más ágiles, puede convertirse en un factor que mejore la previsibilidad regulatoria y acompañe inversiones productivas en sectores estratégicos.
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