México acelerará la instalación de 1.3 GW en baterías como eje estructural para sostener la confiabilidad del sistema eléctrico frente a un crecimiento esperado de 25 GW en la demanda máxima integrada al 2039.
La expansión, prevista entre 2027 y 2030, forma parte de la nueva planeación energética vinculante impulsada por el Estado.
El incremento proyectado representa ≈43% de crecimiento de la demanda máxima integrada al 2039 en el escenario de planeación, impulsado por empresa mediana, centros de datos y electromovilidad.
Bajo esa premisa, la expansión contempla 574 MW en la primera etapa, donde aproximadamente 30% corresponde a sistemas de almacenamiento integrados a centrales renovables, consolidando el concepto de capacidad limpia firme y 741 MW de baterías con fecha estimada de entrada en operación 2027-2030 .
El plan de expansión incorpora además 2216 MW de baterías asociadas a renovables intermitentes, en paralelo con 4673 MW solares y 2470 MW eólicos, reforzando el equilibrio entre intermitencia y potencia firme .
En paralelo al despliegue de capacidad, el Gobierno lanzó una nueva regulación específica para almacenamiento, que exige Manifestación de Impacto Social obligatoria (MISSE) y criterios técnicos diferenciados según los MWh instalados.
La estrategia se enmarca en la reforma energética de 2025 que “institucionaliza la planeación energética vinculante, con el Estado como rector del sector”, por lo que el rediseño introduce nuevos criterios operativos.
“Se incorporan la confiabilidad y seguridad del SEN como criterios centrales. Además se establece la prevalencia del Estado con ≥54% de la energía inyectada”, subrayaron desde el gobierno en referencia al balance público-privado.
Cabe recordar que, en la primera convocatoria de atención prioritaria fueron autorizados 2565.106 MW solares, 910.5 MW eólicos y 1258.16 MW en baterías; sumado a que el sector aguarda el lanzamiento de la segunda edición de la convocatoria para privados (estaba prevista para enero).
En cuanto a la tramitación de nuevos proyectos, más de 2300 MW ingresaron a evaluación ambiental en apenas dos meses, según un relevamiento realizado por Energía Estratégica.
A ello se debe añadir que el Gobierno habilitó un esquema mixto para desarrollar hasta 7500 MW renovables con participación privada mediante contratos de largo plazo, complementando los 5970 MW de capacidad ofertada a proyectos privados de generación eléctrica.
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