El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar un impacto concreto y positivo en el sector energético argentino, particularmente para el segmento de las renovables, más allá que incluye incentivos en otros rubros e industrias de la economía nacional.
Juan Cruz Azzarri, abogado especializado en derecho energético y partner del estudio legal Martinez de Hoz & Rueda (MHR), analizó la repercusión del régimen y destacó que puede marcar el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo para grandes proyectos a nivel nacional.
“El RIGI ya está generando un impacto muy positivo, dado que baja el impuesto a las ganancias de 35 a 25 puntos, da estabilidad fiscal y regulatoria, brinda libre disponibilidad de divisas y otorga una serie de garantías para incentivar la inversión para todos aquellos proyectos que adhieran”, sostuvo durante el evento Future Energy Summit (FES) Argentina.
Estas condiciones resultan clave para destrabar el financiamiento, especialmente el internacional, y justificar la viabilidad económica de nuevos desarrollos.
“Con todo el pipeline y oportunidades que hay, necesitan de ciertas regulaciones adicionales respecto al mercado para que sea más rápido el desarrollo. Pero todos los proyectos que se hagan en los próximos 2 o 3 años, si el poder ejecutivo extiende el plazo del RIGI, pueden ser de gran envergadura por la viabilidad necesaria para realizarlos”, agregó el especialista.
Un ejemplo tangible es el parque solar El Quemado, de la firma YPF Luz, ubicado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, que se convirtió en el primer proyecto aprobado bajo el RIGI.
La iniciativa contempla una inversión en dos etapas que permitirá alcanzar 305 MW de capacidad instalada, a partir de 500.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, cuya energía será comercializada en el mercado mayorista a través del MATER.
Además, desde el estudio legal MHR ya trabajan en tres nuevos proyectos que están en carpeta y con intenciones firmes de presentarse al régimen, algunos de ellos impulsados por inversores internacionales.
Azzarri aseguró que la herramienta “permite justificar a inversores extranjeros la inversión en Argentina”, y que la adhesión de las principales provincias con potencial renovable ha contribuido a reducir la incertidumbre legal y económica, incluso a nivel municipal.
El especialista también pone el foco en la capacidad de transporte eléctrico, un cuello de botella para el crecimiento del sector. Sin embargo, observa que el RIGI también permite superar este obstáculo, ya sea con proyectos propios de transmisión eléctrica, o bien asociados a parques de generación.
Retos pendientes para consolidar el régimen
Uno de los desafíos clave es contar con un marco regulatorio más claro y competitivo. “Estamos volviendo a un mercado competitivo donde se tiene que dar la discusión para tener mayor certidumbre respecto a cuál va a ser el campo de juego”, afirmó el abogado de MHR.
En ese sentido, considera que las señales y lineamientos de mercado que está emitiendo la Secretaría de Energía de la Nación son un paso en esa dirección, aunque todavía insuficientes para consolidar el nuevo ciclo de expansión.
Asimismo, un aspecto central para el futuro del sector es que las distribuidoras eléctricas se vuelvan sujetos de crédito y también estén obligadas a cumplir objetivos de consumo de energía renovable, tal como sucede con los grandes usuarios.
“Hay que sacar regulaciones para que tengan que cumplir lo mismo, aunque hoy no estén en condiciones económicas de hacerlo, pero con garantías del sistema de CAMMESA o del Estado nacional como escalón inicial y luego se reduzcan esas garantías a medida que las distribuidoras sean sujetos de crédito”, planteó Azzarri.
“También sería interesante la necesidad de que haya algún pago mínimo y algún grado de consideración de la potencia. Reconocer ciertos pagos para la industria renovables, o dar algún ingreso mínimo que permita el financiamiento y el repago del mismo en el mediano y largo plazo para el desarrollo de renovables y que compitan en igualdad”, concluyó.
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