El discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa instaló un nuevo eje de tensión en la agenda productiva nacional. Al afirmar que “la minería se desplegará por toda la Cordillera y generará miles de empleos”, el Presidente dejó en claro que su gobierno buscará acelerar proyectos metalíferos y flexibilizar regulaciones que hoy limitan la actividad.
La frase no fue aislada: forma parte de una estrategia que combina el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma de la Ley de Glaciares y un paquete de desregulaciones orientadas a atraer capitales externos.
La apuesta presidencial se apoya en un diagnóstico: la Cordillera está “subutilizada” y la Argentina no aprovecha su potencial en cobre, litio, oro y plata. Según Milei, la expansión minera podría generar cientos de miles de empleos y replicar modelos de desarrollo como el chileno. Sin embargo, el anuncio reactivó un debate que atraviesa a varias provincias desde hace dos décadas.
Un movimiento que reabre viejas discusiones territoriales
La promesa de un despliegue minero a gran escala vuelve a poner en el centro a provincias con fuerte tradición de resistencia social, como Chubut, Mendoza y La Rioja. En esos territorios, las asambleas ambientales mantienen una presencia activa y han frenado proyectos mediante plebiscitos, movilizaciones y acciones judiciales. La mención presidencial encendió alertas en Esquel, Famatina, Jáchal y otras localidades donde la minería metalífera es un tema sensible.
El Gobierno nacional sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares permitirá “desbloquear inversiones” al dejar en manos de las provincias la definición de áreas protegidas. Para los críticos, ese cambio abre la puerta a proyectos en zonas de alta fragilidad ambiental y pone en riesgo reservas de agua estratégicas para las comunidades cordilleranas.
La estrategia oficial: inversión, empleo y desregulación
Milei ubicó a la minería como uno de los motores de su plan económico junto al agro y la energía. El Presidente aseguró que el país tiene “minerales críticos que necesita Occidente” y que el RIGI ofrece la seguridad jurídica que demandan los grandes fondos internacionales. En su visión, la combinación de incentivos, desregulación y apertura territorial permitirá atraer capitales y acelerar proyectos de cobre y litio en el norte, y de oro y plata en la Patagonia.
El mensaje también incluyó una crítica directa a los movimientos ambientalistas, a quienes responsabilizó por frenar inversiones y limitar la creación de empleo. Según el Presidente, sin esas “trabas”, el país podría generar hasta un millón de puestos de trabajo vinculados a la minería y la energía.
Un escenario político que se recalienta
La expansión minera propuesta por el Gobierno abre un nuevo capítulo en la relación Nación–provincias. Mientras algunas jurisdicciones ven una oportunidad para atraer inversiones, otras anticipan conflictos sociales si se intenta avanzar sobre zonas donde la licencia social es débil o inexistente.
El desafío para la Casa Rosada será sostener su hoja de ruta sin profundizar tensiones territoriales que ya marcaron la política cordillerana en los últimos veinte años. La minería vuelve a estar en el centro del debate, esta vez con un impulso presidencial que promete cambiar el mapa productivo… y también el político.
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