Paraguay tomó una decisión inesperada y estratégica: iniciará minería estatal de Bitcoin utilizando los miles de equipos incautados en operativos contra redes clandestinas. Lo que hasta ahora era un delito que generaba pérdidas millonarias para la red eléctrica se transformará en una actividad formal bajo control del Estado.
El movimiento revela un giro profundo en la política energética y tecnológica del país.
Durante los últimos tres años, la ANDE decomisó un volumen creciente de equipos ASIC utilizados en operaciones ilegales conectadas directamente a la red. La minería clandestina consumía energía subsidiada, saturaba transformadores y generaba daños que el Estado debía absorber.
En lugar de destruir o subastar los equipos, el Gobierno decidió ponerlos a producir en un esquema estatal supervisado por el Ministerio de Industria y Comercio.
La lógica es simple y contundente: Paraguay está monetizando un problema
Tiene excedentes hidroeléctricos, equipos incautados y una infraestructura capaz de sostener operaciones de alta demanda energética. La minería digital aparece como un consumidor flexible que permite capturar valor donde antes había pérdidas y delitos.
El decreto presidencial crea un Centro Estatal de Minería Digital, habilita el uso de bienes decomisados y establece convenios con la ANDE para garantizar energía a tarifas industriales. El Gobierno busca generar ingresos fiscales, reducir el incentivo a la minería ilegal y posicionarse como un actor regional en la economía digital.
El movimiento se inscribe en una tendencia global: países con energía barata o excedente —como El Salvador, Rusia o Kazajistán— están utilizando minería estatal o mixta para diversificar ingresos. En el caso paraguayo, la apuesta tiene un componente adicional: transformar un delito energético en una actividad productiva.
El desafío será garantizar transparencia, evitar impactos no planificados en la red y administrar la volatilidad del Bitcoin. Pero la señal política es clara: Paraguay quiere convertir un problema estructural en una oportunidad económica. Y lo hace en un momento en el que la región discute cómo aprovechar sus recursos energéticos frente a la digitalización acelerada.
La decisión abre un debate más amplio sobre el uso de excedentes eléctricos, la regulación de criptoactivos y el rol de los Estados en actividades que hasta hace poco se movían en la informalidad. Paraguay eligió un camino audaz: si no podés eliminar la minería ilegal, convertí su infraestructura en política pública.
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