Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial en un escenario de alta fragmentación política, si bien aún resta conocerse el resultado definitivo, las tendencias del escrutinio posicionan a Keiko Fujimori como principal candidata a avanzar, mientras Rafael López Aliaga aparece como el competidor mejor ubicado para acompañarla en la segunda vuelta.

Con el 52% de los votos contabilizados, la referente de Fuerza Popular alcanza el 16,95%, mientras Rafael López Aliaga de Renovación Popular (14,8%) y Jorge Nieto de Partido del Buen Gobierno (12,9%) mantienen una diferencia ajustada, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La dispersión del voto, en una contienda con 35 postulantes, confirma un escenario sin mayorías y traslada la definición al 7 de junio. En este contexto, no solo está en juego quién avanzará a la instancia final, sino también qué enfoque económico y energético logrará imponerse en la próxima administración.

Este panorama comienza a poner en primer plano las propuestas estructurales de los principales candidatos, donde la política energética gana relevancia como vector de desarrollo. La transición hacia fuentes limpias aparece en las agendas, aunque con diferencias marcadas en cuanto a alcance, velocidad y rol dentro del sistema eléctrico.

Renovables: expansión, regulación y cartera de proyectos en foco

Keiko Fujimori  tiene objetivos concretos para ampliar la participación de las energías renovables no convencionales. Su plan propone elevar su peso del 6% al 20% en la matriz eléctrica, impulsando el desarrollo de tecnologías solar, eólica, geotérmica y biomasa.

La candidata también reconoce un desafío estructural en la dependencia de combustibles importados. Actualmente, cerca del 75% del diésel consumido en el país proviene del exterior, por lo que su propuesta apunta a reducir esa proporción al 50%, combinando producción local con diversificación energética.

En paralelo, plantea avanzar en una Agenda Nacional del Hidrógeno Verde y acelerar la electrificación rural, especialmente en zonas de la Amazonía y la sierra donde persisten brechas de acceso. Este enfoque vincula la transición energética con objetivos de inclusión y desarrollo territorial.

Sin embargo, la hoja de ruta no excluye el fortalecimiento del sector de hidrocarburos. Entre sus iniciativas se destaca la promoción de nuevos proyectos de exploración y la creación de un Polo Energético del Norte, orientado a consolidar esa región como eje estratégico de generación y distribución.

Rafael López Aliaga también incorpora a las energías renovables dentro de su propuesta, aunque con un enfoque orientado a grandes desarrollos y exportación. Su plan prioriza el impulso de hidroeléctrica, solar y eólica, junto con la creación de polos de hidrógeno verde en el sur del país, particularmente en Arequipa y Moquegua.

Este esquema se complementa con un rol activo del gas natural dentro de la matriz energética. La estrategia plantea una transición progresiva, donde las renovables crecen en paralelo a fuentes de respaldo para garantizar estabilidad en el suministro.

Por su parte, Jorge Nieto introduce una visión centrada en el aprovechamiento del potencial territorial de los recursos renovables. Su enfoque destaca la alta radiación solar en las zonas altoandinas, proponiendo su uso como motor de desarrollo energético y productivo.

La propuesta vincula la generación eléctrica con iniciativas de desarrollo local y gestión de recursos, configurando un modelo descentralizado. En este esquema, las energías limpias cumplen un rol clave no solo en la matriz, sino también en la integración regional.

Más allá de las diferencias programáticas, uno de los puntos críticos para el sector será la reglamentación de la Ley 32249, una norma esperada por la industria para destrabar inversiones y otorgar mayor previsibilidad. Su implementación será determinante para acelerar proyectos y ordenar el marco regulatorio.

En paralelo, Perú cuenta con una cartera relevante de proyectos que reflejan el potencial de crecimiento del sector. Existe el compromiso de incorporar 13 plantas solares por 2.243 MW hacia 2028, mientras que el portafolio total asciende a 105 proyectos aprobados que suman 23.077 MW. Sin embargo, solo 15 cuentan actualmente con Concesión Definitiva de Generación, lo que evidencia los desafíos pendientes en materia de ejecución.

El sistema eléctrico parte de una base en expansión, aunque aún limitada en renovables no convencionales. Actualmente, la capacidad instalada alcanza 1.021,3 MW eólicos y 734,2 MW solares, con proyecciones que anticipan un crecimiento significativo hacia 2030, cuando se espera llegar a 2.861,5 MW fotovoltaicos y 1.641,6 MW eólicos.

Con un escenario electoral aún abierto, la definición del próximo gobierno será clave para transformar ese potencial en capacidad instalada real. La combinación entre señales regulatorias, ejecución de proyectos y condiciones de inversión determinará el posicionamiento de Perú en el mapa energético regional en los próximos años.

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