La modificación de la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) fue uno de los grandes ejes temáticos que monopolizó el intercambio de ideas en el debut de la tercera temporada de Dínamo – Charlas de Energía, bajo la conducción periodística de Nicolás Gandini.
Consultada al respecto, la senadora nacional Flavia Royón explicó por qué resulta tan importante clarificar la normativa sancionada en 2010. “La Ley de Glaciares protege, justamente, los ambientes glaciar y periglaciar. Con los glaciares descubiertos, como el Perito Moreno, no hay discusión alguna: representan reservas hídricas estratégicas que deben cuidarse. En el ámbito periglaciar, en tanto, hay que diferenciar el caso de los llamados ‘glaciares de escombro’, que son rocas con un contenido de agua muy variable, por lo que no siempre está claro que tengan una función hídrica”, distinguió.
En función de lo estipulado en la legislación, indicó, se encaró la realización del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA) a partir de imágenes satelitales. “Sin embargo, para determinar de manera fehaciente la función hídrica de los glaciares de escombro a lo largo de la cordillera, faltaron tomas de muestras y estudios territoriales y de laboratorio que claramente son más onerosos”, advirtió.
En ese sentido, destacó la decisión de San Juan que resolvió evaluar sus propias áreas periglaciares y logró demostrar que no tenían función hídrica. «La controversia pasa por cómo desafectar esas geoformas del inventario y si las provincias que teóricamente manejan los recursos están facultadas para llevar a cabo esa labor», señaló.
Con la adecuación de la Ley de Glaciares, resaltó, se aclarará que todo el ambiente periglaciar se encuentra protegido hasta tanto las provincias demuestren mediante evaluaciones técnico-científicas que las zonas que suscitan dudas carecen de función hídrica. “Así como está hoy, la norma incluso inhabilita hacer estudios de impacto ambiental”, cuestionó la legisladora salteña.
Ley de Glaciares: un Frankenstein legal
A criterio de Juan José Aranguren, no debe perderse de vista que la Ley de Glaciares actual nunca fue reglamentada y que existen contradicciones internas en sus artículos. “La norma es un ‘Frankenstein’. Hay una parte que dice ‘se puede’ y otra que dice ‘se prohíbe’. Además, al ser una Ley de Presupuestos Mínimos, va en contra del artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias son las dueñas originarias de los recursos. Lo que ahora se está modificando -en buena hora- es devolverles a las provincias lo que la Constitución dice”, manifestó el ex ministro de Energía de la Nación.
Obviamente, añadió, todas las decisiones deben tomarse con base en estudios que las avalen. “No creo que ninguna provincia quiera afectar sus recursos hídricos estratégicos en función de una explotación minera. Viene bien una aclaración para las zonas con glaciares de escombro, donde hay muchos emprendimientos de clase mundial cuyo desarrollo se encuentra impedido. Lo que indica la modificación de la ley es que esas zonas deben analizarse y comprobar si está bien explotarlas o no”, argumentó.
Tal como están las cosas, advirtió, la Argentina -pese a contar con abundantes recursos- aún no tiene en marcha ningún proyecto del principal mineral de transición: el cobre. En su opinión, este escenario deriva en gran medida de las restricciones que impone la actual Ley de Glaciares, la cual carece de precedentes en el resto del mundo.
“Así lo evidencia la evolución en los últimos 15 años de la industria de Oil & Gas, que pese al cepo cambiario y los controles de precio se fue desarrollando de la mano de liberaciones parciales, como el Decreto 929 de 2013, la Resolución 46 de 2017, el Plan Gas.Ar, la Ley Bases y ahora el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, comparó.
La antigua Ley de Glaciares y el tiempo perdido
Tal como sostuvo Royón, desde una perspectiva minera Chile posee una fisionomía parecida a la de la Argentina, e inclusive cuenta con más glaciares en su zona cordillerana. “Sin embargo, no tiene Ley de Glaciares. Y sus exportaciones mineras son 10 veces mayores que las nuestras”, remarcó.
En el caso del cobre, en particular, el economista Santiago Bulat le puso cifras concretas a la brecha exportadora entre ambos países limítrofes. “Mientras que Chile exporta el recurso por u$s 55.000 millones anuales, para la Argentina ese valor es actualmente cero”, cuantificó.
Además de no poseer una redacción clara, intervino Royón, la vigente Ley de Glaciares desconoció el marco jurídico previo, como el Código Minero (que dispone de un capítulo ambiental), la Ley General del Ambiente y la Ley de Aguas. “Teniendo en cuenta toda esa legislación preexistente, podría decirse que su sanción fue un exceso”, calificó la ex secretaria de Minería de la Nación.
La normativa fue fruto de una negociación política, señaló Aranguren, más que de una planificación coordinada. “Bajo mi gestión quisimos reglamentarla y aportar claridad, pero ni siquiera la pudimos discutir internamente. Cada parte tenía su propio interés y había artículos que entraban en conflicto con otros”, recordó.
En definitiva, resumió Royón, lo que se procura con la aclaración de la Ley de Glaciares es proteger el agua. “Se trata de instalar que con esta modificación legislativa se está entregando el agua, entre otras barbaridades. Lo que se busca, en verdad, es determinar dónde hay función hídrica para garantizar su protección. No se va a autorizar ninguna actividad minera que ponga en riesgo el recurso”, subrayó.
Este paso que se está dando ahora, completó Aranguren, tiene una trascendencia fundamental. “Con los limitantes de esta ley, perdimos 15 años de desarrollo minero en la Argentina”, sentenció.
, Lorena Alem
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