Puerto Rico enfrenta un punto crítico en su transición energética, y el tiempo juega en su contra. La indefinición del Plan Integrado de Recursos (PIR) y el debate legislativo sobre la Ley 10 de 2024, que extiende la política pública de medición neta, han puesto en pausa decisiones clave para avanzar hacia un sistema energético más limpio, resiliente y descentralizado.
“La ausencia de un PIR actualizado refleja un retraso inaceptable en la planificación energética de la isla”, manifestó Eduardo Bhatia, exsenador de Puerto Rico y profesor visitante especializado en políticas públicas e internacionales en la Universidad de Princeton, en conversación con Energía Estratégica.
Para el académico, no se trata de una omisión técnica, sino de una falla estructural con alto impacto social y económico: “Sin un plan vigente, todas las decisiones se toman a ciegas, creando incertidumbre en el sector y atrasando el cumplimiento de las metas establecidas por ley”.
En este contexto, el desarrollo de subastas de energías renovables como el Tramo 2 y Tramo 3 también se ve afectado. Según Bhatia, la falta de un PIR provoca que las subastas se realicen sin una brújula clara, lo que lleva a repetir errores del pasado, como proyectos energéticos que avanzan «sin coherencia ni coordinación». Por lo que cada retraso en el proceso encarece las inversiones y desincentiva a los actores privados.
“Urge completar el PIR para alinear las subastas con una estrategia integral y no seguir construyendo sobre bases inestables”, planteó el entrevistado.
Uno de los temas más sensibles del momento es la posible revocación o debilitamiento de la Ley 10, que sostiene la política de medición neta (net-metering). Esta normativa ha sido clave para la adopción masiva de sistemas solares residenciales y comerciales en la isla.
“Si se revoca o debilita, se envía el mensaje de que el país castiga a quienes apuestan por la energía limpia”, advirtió Bhatia, con preocupación por el impacto en la confianza pública y el crecimiento del sector.
En su análisis, el académico también observó un giro preocupante en la dinámica institucional. «El regulador pretende dictarle al legislador cuál debe ser la política pública, cuando es el Estado el que tiene la potestad constitucional de trazar ese rumbo. Y si el tribunal no corrige esta distorsión, se pondrá en riesgo la confianza de miles de consumidores y empresas que buscan contribuir a la transición energética”.
La consecuencia inmediata de esta combinación de factores es el freno de la energía solar distribuida, dado que la incertidumbre es el «peor enemigo de la inversión” y el contexto actual ha llevado a muchos prosumidores —hogares y empresas que generan su propia energía— a suspender decisiones.
Frente a este panorama, el exsenador de Puerto Rico remarcó la importancia de que la estrategia debería ser la opuesta, es decir, brindar certeza, fortalecer incentivos y eliminar trabas, con el fin de acelerar el cambio hacia sistemas solares que alivien la red centralizada y reduzcan los apagones.
El llamado del sector es contundente: se necesitan señales firmes del Gobierno y del Poder Judicial, en coherencia con los principios establecidos desde 2019 y encaminadas en una transición energética basada en el sol.
En ese sentido, Bhatia también se refirió al rol de la jueza a cargo del caso de net-metering, cuyas decisiones podrían marcar un antes y un después para la transformación energética de la isla, dando un diagnóstico severo, pero también con espacio para el optimismo.
“La historia demuestra que el progreso siempre enfrenta resistencia de quienes se aferran al pasado. Se requieren eliminar obstáculos e incentivar la energía solar es un imperativo moral, económico y social”, reflexionó Bhatia, recordando los efectos de una década de apagones, altos costos y pérdidas para la población.
Para lo que resta de 2025 y el año entrante, el académico proyecta un horizonte de desarrollo si se toman decisiones correctas, con la construcción de grandes fincas solares y el desarrollo del agro-voltaico, integrando la producción agrícola con generación solar. Y Si se concreta el marco adecuado, 2026 podría marcar el inicio de una nueva etapa para el sistema eléctrico de la isla. «Podría ser el año en que Puerto Rico comience a salir de la oscuridad energética”, concluyó Bhatia.
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