La Ley Marco de Permisos Sectoriales de Chile está lista para su promulgación tras ser aprobada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La normativa permitirá disminuir considerablemente los plazos de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin flexibilizar los estándares regulatorios vigentes.
“La reducción de los tiempos de tramitación de permisos será del 30% a 70%, siendo el 30% en aquellos proyectos más complejos y hasta 70% para las obras más simples”, resaltó Felipe Andrade, sugerente de Regulación, Legal y Gestión Socioambiental de Redinter en Chile, empresa que gestiona en total más de 7.600 kilómetros de líneas de transmisión en Chile, Perú y Brasil.
“Por lo tanto, la nueva normativa impactará directamente en una tramitación más expedita, sin obstáculos, sin detenimientos adicionales, lo que significa incentivo a la inversión en Chile”, agregó en diálogo con Energía Estratégica.
La ley contempla la creación de una ventanilla única digital para monitorear permisos y plazos máximos, junto a la implementación de comités regionales encargados de revisar procedimientos específicos, lo que permitirá destrabar proyectos que hoy están detenidos por cuellos de botella administrativos, como por ejemplo requisitos poco claros o discrecionales.
Desde Redinter subrayaron que la transmisión eléctrica es un eslabón crítico en este proceso, ya que habilita el transporte de la energía renovable desde las zonas de generación hacia los centros urbanos e industriales.
“Nuestras instalaciones están emplazadas en regiones estratégicas para las renovables como Tarapacá, Arica y Parinacota, Tocopilla y Atacama. Por eso esta ley es fundamental para que podamos acompañar el desarrollo del sector”, destacó el subgerente.
El impacto económico de la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales también es significativo, ya que según los cálculos compartidos por la compañía, “podría generar un aumento de 2,4 puntos en el PIB de Chile en un período de 10 años”, gracias al destrabe de inversiones en infraestructura.
“Esto incentiva directamente la inversión y el desarrollo, aportando crecimiento económico y empleo”, enfatizó Andrade, considerando que hasta ahora, los proyectos de transmisión eléctrica han enfrentado múltiples obstáculos regulatorios, incluyendo la falta de criterios uniformes y la duplicidad de procesos generan incertidumbre y retrasos injustificados.
Y uno de los puntos clave de la normativa es que no flexibiliza los controles ambientales ni los procesos de consulta a comunidades, por lo que los proyectos deberán cumplir con las mismas exigencias socio ambientales, pero sin enfrentarse a barreras burocráticas adicionales que no aportan valor al proceso.
“Es muy importante tener en cuenta que esta ley no descuida la administración ambiental ni las obligaciones con las comunidades. Los estándares se mantienen, pero se eliminan las trabas innecesarias”, aclaró el sugerente de Regulación, Legal y Gestión Socioambiental de Redinter en Chile.
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