Perú está a la espera de la definición del nuevo reglamento de generación distribuida que se publicó en 2024. Fidel Antonio Rocha Miranda, socio del estudio Santivañez Abogados, advirtió que este marco normativo podría frenar el desarrollo de nuevos proyectos si no se corrigen aspectos clave como el límite de potencia y el tratamiento tarifario.
“Este reglamento no va a solucionar los problemas del sector y, en algunos casos, introduce más incertidumbre de la que ya existe”, subrayó Rocha Miranda en diálogo con Energía Estratégica.
Uno de los puntos más críticos es el límite de 200 kW de potencia, establecido en el borrador, ya que este umbral excluye a la industria y a cualquier usuario electro-intensivo, limitando el desarrollo a pequeños sistemas residenciales. Además, el borrador no establece reglas claras sobre las tarifas para los excedentes de energía, ni obliga a las distribuidoras a comprarlos en su totalidad.
“La única manera de mitigar el riesgo financiero de estos proyectos es garantizar que toda la producción será adquirida por el distribuidor, y a un precio conocido”, afirmó el entrevistado. Por lo que la incertidumbre en estos dos elementos —precio y cantidad— dificulta cualquier evaluación financiera y, por lo tanto, la posibilidad de inversión.
A esto se suma un nuevo escollo normativo: la eliminación práctica de los contratos bilaterales. Con la ley 32.249 aprobada en 2024, y su respectivo proyecto de reglamento, se restringe la posibilidad de firmar contratos de largo plazo entre generadores distribuidos y empresas distribuidoras. “Los acuerdos fueron la única herramienta que permitió el desarrollo de la generación distribuida hasta ahora”, remarcó Rocha Miranda.
“Se argumenta que los contratos bilaterales no responden a las necesidades de los clientes finales, pero eso es completamente falso. De hecho, han ayudado a mantener los precios de generación por debajo de los de licitaciones, lo que ha evitado aumentos en las tarifas finales”, enfatizó respecto a la limitación que, bajo su visión, va en contra del funcionamiento real del mercado y de los intereses de los usuarios.
Por otra parte, el sistema eléctrico peruano presenta serias restricciones en las redes de transmisión y distribución, particularmente en regiones como Piura, donde la generación distribuida ha aliviado los problemas estructurales de capacidad. Sin embargo, el abogado apunta que la propiedad estatal de 11 de las 14 distribuidoras a nivel nacional retrasa las inversiones necesarias para expandir o reforzar la red.
“Los planes de inversión en distribución y subtransmisión van al ritmo del Estado, y las empresas estatales enfrentan una regulación más rígida y tiempos de ejecución mucho más lentos que las privadas”, señaló Rocha Miranda. Además, manifestó que la negociación con estas empresas es más compleja, dado que los funcionarios son menos propensos a firmar acuerdos privados por temor a consecuencias administrativas o legales.
Este entramado institucional afecta directamente la viabilidad de la generación distribuida. “Los incentivos regulatorios no alcanzan: también se necesita un cambio en el modelo institucional del mercado”, sostuvo el socio de Santiváñez Abogados. Y enfatizó en la necesidad de que haya empresas que puedan ejecutar proyectos de manera ágil.
Pese a este panorama adverso, Rocha Miranda indicó que si el reglamento es corregido y se introducen los cambios necesarios, hay potencial de crecimiento, dado el elevado interés de actores privados por desarrollar generación distribuida: «Si se alinean los incentivos regulatorios, se podrían mitigar riesgos y viabilizar nuevos proyectos”.
No obstante, el proyecto normativo permanece congelado desde su publicación en 2024, y no hay indicios claros de que el Ministerio de Energía y Minas planee avanzar pronto con su aprobación. Aun así, el sector continúa insistiendo y ya le han hecho saber a las autoridades, con datos concretos, el impacto negativo de la eliminación del modelo bilateral. Y desde el sector confían en que se pueda corregir el rumbo.
Finalmente, Rocha Miranda concluyó con una visión estratégica: “No es viable una distribución eléctrica sin generación distribuida. Todos los beneficios están comprobados: menores inversiones en transmisión, mayor calidad y seguridad de suministro, y flexibilidad operativa para las distribuidoras”. Desde su perspectiva, el reto está en transformar esa visión en una regulación concreta, coherente y funcional.
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