La apertura del proceso para convocar la subasta de expansión del cargo por confiabilidad para el periodo 2029-2030 genera expectativa entre los actores del sector energético colombiano. Se esperaba para el mes de junio pero aún no hubo novedades. 

En particular, desde SER Colombia, su presidenta ejecutiva, Alexandra Hernández, destaca el interés del sector por participar, aunque con una condición clave: revisar el marco normativo vigente que penaliza a la generación renovable variable.

«Esa resolución debería derogarse de inmediato. Para nosotros es insalvable», manifiesta en diálogo con Energía Estratégica en referencia a la Resolución CREG 101-066 de 2024, que crea un segundo precio de escasez que perjudica la competitividad de fuentes como la solar y eólica.

Hernández detalla que el precio diferencial definido para la generación variable, que es de 359 COP/kWh frente a los 945 COP/kWh que se aplicaban anteriormente para todas las plantas, «va a ser muy difícil para los proyectos».

Plantea que los riesgos son elevados y los incentivos muy bajos, lo que «encarece la energía renovable en vez de ayudar a abaratarla». Esta situación, advierte, se convierte en «una señal perversa» que desincentiva los contratos de largo plazo. 

La subasta, que según la CREG podría permitir el ingreso de más de 1.000 MW de nueva capacidad firme, es vista como una herramienta clave para el cierre financiero de proyectos renovables.

Por eso, Hernández insiste en que «la norma en su totalidad debería reconsiderarse», al calificar los niveles actuales de precio como «demasiado bajos» para representar una verdadera condición de escasez.

A pesar de las críticas, el gremio valora la apertura a la participación renovable en la subasta. 

El sector lo ve muy positivo porque hay una flexibilidad en la norma, ya que no se requerirá certificado de conexión para postular proyectos, lo cual facilita el acceso de nuevas iniciativas.

Hernández remarca que «Colombia necesita triplicar lo logrado hasta ahora para atender la demanda creciente al 2026-2027». 

Con más de 2.000 MW ya en operación o pruebas, y otros 490 MW en construcción, el sector renovable representa una parte creciente de la matriz eléctrica, aunque aún insuficiente frente a una demanda que crece al doble de la oferta.

En ese sentido, reclama que «los proyectos siguen tardando entre 4 y 6 años en entrar en operación», con el 70% del tiempo dedicado a trámites. 

Llama a que las autoridades cumplan los plazos establecidos, simplifiquen los permisos ambientales y trabajen articuladamente con el sector privado.

Respecto a las subastas de largo plazo, Hernández considera urgente que el gobierno expida el decreto habilitante, actualmente en trámite.

«El primer paso es que debe salir ese decreto», advierte, señalando que ya hubo comentarios técnicos y revisiones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recién con ese marco se podrá contratar un operador y definir los términos.

Asimismo, el gremio propone que se implementen garantías estatales para facilitar la contratación con comercializadores en situaciones financieras críticas, replicando experiencias anteriores.

«Nadie le vende a una empresa que está en dificultades, es muy difícil cerrar negocios sin respaldo», sostiene la dirigente.

Finalmente, concluye con un llamado estructural: «Hoy hace metástasis en las renovables, pero si mañana reactivas cualquier sector, pasará lo mismo».

El problema en Colombia es que hay una alta demanda de proyectos energéticos, pero persisten fuertes resistencias sociales y administrativas cuando se trata de asignar espacios específicos para su ejecución.

El mensaje de SER apunta a la necesidad de equilibrar la participación ciudadana con la urgencia de avanzar en proyectos que beneficien a millones de colombianos.

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