El gobierno decidió a comienzos de marzo que sea una empresa privada la que esté a cargo de comprar los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) necesarios para cubrir el pico de demanda del próximo invierno. El anuncio coincidió con el comienzo de la Guerra en Medio Oriente que disparó el precio del gas. Por lo tanto, no está claro cuál será el resultado de la licitación. No obstante, la secretaría de Energía, María Tettamanti, explicó el martes en Vaca Muerta Insights que van a esperar a comienzos de abril para conocer las ofertas y “si vemos que los valores son razonables vamos a seguir por este camino”.
La principal duda que conlleva ese proceso es quien le va a pagar a ese privado lo que cueste importar el GNL, más el costo de regasificación que habrá que abonar a Enarsa por el acceso y el uso de la terminal, entre otros conceptos. Ese interrogante es clave porque el consumo se va a repartir entre el segmento de generación eléctrica, la industria y la demanda residencial, que tiene una tarifa regulada con valores muy por debajo de los costos que supondrá esa importación. Tettamanti indicó el martes que la Secretaría de Energía está terminando de definir qué segmentos de la demanda pagará el costo pleno de importación del GNL y qué porcentaje del volumen importado se le adjudicará a cada uno.
Cómo ha venido funcionando el sistema
La funcionaria sostuvo que en los años anteriores el gas importado lo estuvieron pagando todos los contribuyentes a través de los impuestos. la empresa estatal Enarsa compraba el GNL a los precios internacionales y luego le vendía el 40% de ese gas a las distribuidoras al precio fijado en el cuadro tarifario, el cual estaba muy por debajo del costo de la importación. Por lo tanto, la diferencia se cubría con subsidios.
Ahora bien, Tettamanti reveló además que como consecuencia de un esquema de incentivos mal alineados el Estado también terminaba subsidiando a muchas industrias de modo indirecto. ¿De qué forma? Las distribuidoras y algunas industrias para las cuales el gas es un insumo crítico tienen contratos en firme con productores o comercializadores por gasoducto –el gas “de base” del sistema contractualizado bajo el paraguas del Plan Gas, que es más barato que el gas “marginal” o de pico que se importa a un costo mucho mayor–.
Los contratos en firme son más caros que los contratos interrumpibles y tienen prioridad sobre ellos, pero si la demanda crece mucho y la oferta no alcanza para abastecer a todos los que tienen contratos en firme, entonces la prioridad sobre el uso de ese gas la tiene la demanda residencial y las industrias con contratos en firme deben detener su producción o salir a buscar gas importado y pagarlo más caro.
El problema, recordó Tettamanti, es que las distribuidoras no tenían ningún incentivo económico para hacer valer esa prioridad ya que cuando el gas de base que les llegaba a través del gasoducto se acababa, se daban vuelta y le pedían gas importado a Enarsa, que se los garantizaba al mismo precio que ya estaba incorporado en los cuadros tarifarios, siendo el Estado el que abonaba el diferencial entre ese precio contemplado en la tarifa y el costo real de la importación. Por lo tanto, lo que terminaba ocurriendo era que la industria que ya tenía contratos nominaba ese gas y la distribuidora no la desplazaba. De ese modo, las industrias se beneficiaban al ser subsidiadas de modo indirecto por el Estado Nacional.
Cuál son los cambios que planea el gobierno
Lo que busca el gobierno al dejar la importación en manos de un privado, es que el Estado deje de subsidiar la importación de GNL. “Nosotros lo que queremos es que pague el GNL el que lo usa”, aseguró Tettamanti.
La funcionaria sostuvo que el año pasado el 60% del gas importado lo consumió la generación y el resto se distribuyó entre la industria y el sector residencial. En la actualidad, las distribuidoras tienen contratos por el Plan Gas y por encima de eso, si consiguen y hay capacidad de transporte, les compran un volumen adicional a los productores para el invierno. Por último, completan con GNL.
Con el nuevo esquema, para la distribuidora ya no va a ser lo mismo consumir gas por gasoducto o GNL. Por lo tanto, se supone que va a hacer valer la prioridad que tiene la demanda residencial sobre la industria y será la propia industria la que deba, ahora sí, ir a pagar el GNL al precio internacional o conseguir algún combustible alternativo (como por ejemplo gasoil).
¿Por qué tendrían ese incentivo las distribuidoras si en última instancia el que paga es el consumidor? Porque tienen que presentar los contratos al Enargas para que ese organismo convalide el traslado a la tarifa. Tettamanti dijo que los precios ya van a estar determinados porque surgen de las distintas compras que realizó cada distribuidora, pero advirtió que el ente regulador va a evaluar que el volumen sea razonable. Por lo tanto, si una distribuidora no optimizó sus compras –utilizando GNL cuando podría haber accedido a gas más barato—el Enargas podría no convalidar todo ese volumen y reconocer solo una parte en el cálculo tarifario. En el nuevo escenario, las distribuidoras enfrentarían un riesgo regulatorio mayor porque Enargas podría no reconocerles compras ineficientes. “Así es como funciona la ley, así es como funcionaba en el pasado”, subrayó Tettamanti el martes.
¿El gobierno avanzará igual pese a la fuerte suba del GNL?
El plan del gobierno destinado a poner en cabeza de una empresa privada el rol de importador y agregador-comercializador de GNL se está ejecutando en una coyuntura compleja por el inicio de la guerra en Medio Oriente. El precio del gas natural se disparó un 11% este jueves, hasta 61 euros el megavatio hora en el mercado europeo de referencia de Países Bajos (unos 19 dólares por MMBTU), y duplicó su valor desde el principio de la guerra. Frente a este escenario, si el gobierno avanza con el nuevo esquema, el mayor costo debería trasladarse directamente a los usuarios, sobre todo a generadoras de energía e industrias porque, según los cálculos oficiales, el GNL representa solo el 5% del costo de abastecimiento que afrontan los hogares.
“Vamos a esperar a ver qué pasa con la licitación y si vemos que los valores son razonables vamos a seguir por este camino”, adelantó Tettamanti. A principios de abril se sabrá cómo sigue la historia.
, Fernando Krakowiak
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