La controversia en torno a la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur adquirió un nuevo relieve tras la denuncia formal presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra Navitas Petroleum Limited Partnership ante la Autoridad de Valores de Israel. En el centro del conflicto se encuentra el proyecto “Sea Lion”, emplazado al norte de las Islas Malvinas, cuya ejecución —según sostiene la presentación— se desarrolla al margen de la autorización de la República Argentina y en una zona cuya disputa de soberanía transcurre favorablemente a la Argentina en el seno de las Naciones Unidas.

El escrito acusa a la compañía de incurrir en posibles violaciones a la normativa del mercado de capitales al proporcionar a sus inversores información incompleta o deliberadamente atenuada respecto de los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos inherentes al emprendimiento. En particular, se señala que directivos de la firma habrían minimizado la posición oficial argentina, pese a que la Cancillería rechazó formalmente la decisión final de inversión anunciada en conjunto con Rockhopper Exploration, calificando dichas actividades como ilegales y recordando que cualquier operación hidrocarburífera sin autorización en el área constituye un acto ilícito conforme al derecho nacional e internacional.

La denuncia solicita a la autoridad regulatoria israelí que investigue si la empresa omitió comunicar hechos sustanciales al mercado, entre ellos el rechazo oficial del Estado argentino, la existencia de sanciones aplicadas y las declaraciones del presidente de la Nación del 2 de abril de 2026, en las que se anunciaron medidas diplomáticas frente a lo que se consideran actividades ilegítimas sobre recursos naturales argentinos.

Desde Tierra del Fuego

Desde el Ejecutivo fueguino se enfatiza que el caso trasciende el plano estrictamente empresarial, al involucrar la defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, todos ellos integrantes del territorio provincial según la legislación vigente. En ese sentido, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary, expresó que la empresa no sólo incurre en una operatoria ilegal, sino que debe rendir cuentas ante sus inversores acerca de si ha informado con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos derivados de avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización.

Asimismo, la presentación subraya que las actividades de Navitas se desarrollan en abierta contradicción con el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, en particular con las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1975 de la Asamblea General, que reconocen la existencia de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y exhortan a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras continúen las negociaciones.

En este marco, las autoridades provinciales reiteraron su determinación de recurrir a todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir la explotación ilegal de recursos naturales en la región. “La ilegalidad —se advierte— no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, sintetizando así una posición que combina defensa soberana con exigencia de transparencia financiera.

Amigos son los amigos

La posición de Israel frente a la cuestión de las Islas Malvinas no se explica por afinidades retóricas, sino por cálculo estratégico: evita contradecir a Estados Unidos, su principal sostén político y militar, cuya postura histórica ha oscilado entre el reconocimiento de la administración británica y una neutralidad funcional que nunca incomoda al Reino Unido.

Al mismo tiempo preserva su relación con Londres, socio relevante en comercio, defensa y tecnología, cuyo costo de fricción superaría cualquier ganancia simbólica de alinearse con Argentina. Del mismo modo, evita convalidar de manera enfática el principio de integridad territorial en disputas coloniales, porque ese mismo argumento podría ser reactivado en su contra en escenarios como Cisjordania, donde su propia posición internacional es objeto de controversia.

Riesgo Navitas

Para Navitas, el riesgo empresario alto, pero está calculado en términos operativos y financieros gracias al paraguas británico y por eso la empresa avanza. Discursivamente, Navitas dice actuar en función de la lógica empresarial y no de alineamientos diplomáticos. No obstante, para Navitas, la contraparte operativa es el Reino Unido, no Argentina.

Vínculos

La relación entre Navitas Petroleum y el Estado de Israel se inscribe en un esquema de fuerte regulación sin propiedad directa: la empresa depende de decisiones estatales para acceder al negocio —licencias de exploración, concesiones offshore y marcos fiscales— y su actividad está condicionada por la política energética nacional, que fija criterios sobre desarrollo de recursos, niveles de exportación y destinos del gas, como ocurrió en el caso del yacimiento Leviatán.

A esto se suma que gran parte de su financiamiento proviene de fondos de pensión y entidades financieras israelíes, cuyo funcionamiento es supervisado por organismos públicos, lo que integra a la compañía en un ecosistema económico regulado por el Estado aunque formalmente privado.

Al mismo tiempo, ese vínculo incorpora una dimensión política y estratégica: sin ser accionista relevante ni intervenir en la gestión cotidiana, el Estado puede incidir mediante señales regulatorias, orientación de política exterior o consideraciones de seguridad nacional que afectan indirectamente las decisiones empresariales, especialmente en contextos sensibles. Esa influencia opera como marco general y podría operar como control operativo. Es decir, a pesar de que Navitas conserva autonomía para definir sus inversiones internacionales —incluidas aquellas en aguas bajo control británico en las Islas Malvinas— el Estado de Israel, podría influir definitivamente en la empresa.

Cabe recordar también que, en foros internacionales, particularmente en la ONU y en relación a Malvinas, Israel junto con un mínimo grupo de países, mantuvo a lo largo de las décadas, una posición alineada con Gran Bretaña, evitando confrontar en el asunto.

Desde esa lógica, la inversión no aparece como “ilegal”, sino como jurídicamente habilitada por quien ejerce el control efectivo del territorio. Para Navitas, la tensión entre soberanía reclamada y soberanía ejercida es poco importante.