Por Redacción Runrún Energético

La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de Tolar Grande ha formalizado un reclamo ante las operadoras que actúan en la Puna salteña para garantizar un cumplimiento efectivo de la Ley de Promoción Minera (Ley 8164). En un contexto de expansión acelerada de proyectos de litio y oro, como Lindero y el desarrollo en el Salar de Arizaro, las micro-Pymes locales buscan trascender los servicios básicos de catering y limpieza para integrarse en la logística crítica, el mantenimiento industrial y la provisión de insumos técnicos.

El foco del conflicto radica en la práctica de “domiciliación ficticia” de empresas de otras jurisdicciones, lo que diluye el impacto económico real en las comunidades que sostienen operativamente la actividad en la alta montaña.

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Desde una perspectiva de arquitectura sistémica, el desarrollo de Tolar Grande es el termómetro del éxito del modelo minero de Salta. Con inversiones proyectadas en el Salar de Arizaro que superan los u$s 1.000 millones para los próximos tres años, la capacidad de absorción de las empresas locales es clave para evitar economías de enclave. Los proveedores exigen que las auditorías de cumplimiento no se limiten a verificar el 80% de mano de obra local, sino que se audite la procedencia del valor agregado en las subcontrataciones.

La integración de estas 30 micro-Pymes en contratos de mayor escala no solo mejora la licencia social de los proyectos, sino que reduce los costos logísticos a largo plazo para las operadoras al contar con una red de servicios de proximidad resiliente y capacitada.

Visión de Runrún Energético

Desde Runrún observamos que la tensión en Tolar Grande no es un obstáculo, sino una señal de madurez del ecosistema minero. Para que la minería sea “bancable” y sostenible en el tiempo, el beneficio debe ser palpable en el territorio. El cumplimiento estricto de la Ley 8164 es la garantía de estabilidad social que necesitan las grandes inversiones internacionales.

No basta con generar divisas para el Banco Central; es imperativo fortalecer la infraestructura empresarial del pueblo más cercano a la mina. El desarrollo de proveedores locales es, en última instancia, la mejor póliza de seguro contra la conflictividad social y el único camino hacia una industria genuinamente federal.

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