Si algunos referentes del sector de la generación distribuida pudieran proponer las principales urgencias al gobierno colombiano, pondrían sobre la mesa tres prioridades ineludibles: aumentar la inversión pública en infraestructura de transmisión y distribución, establecer un sistema nacional de certificación para instaladores y empresas del sector y fortalecer la formación técnica en energías renovables para responder a la demanda creciente de mano de obra calificada.
De esta manera lo señala Diana Marcela Prieto Castañeda, Analista de ingeniería EPC de Erco Energy, quien en diálogo con Energía Estratégica remarcó que aunque el segmento avanzó positivamente, «debería haber una plataforma que certifique a quienes desarrollan estos proyectos».
La informalidad es una de las causas más frecuentes por las que muchos usuarios desisten del autoconsumo. Y los datos recientes respaldan esta proposición, con más de 7.000 usuarios registrados en el sistema al cierre de 2024 y una capacidad instalada de 452 MW, según información del Ministerio de Minas y Energía.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desacelera por demoras en trámites, barreras técnicas en la conexión y ausencia de estándares unificados para instaladores e integradores.
Tal como ejemplificó la especialista, en regiones como el Valle del Cauca, se identifica una proliferación de proyectos deficientes que terminan dañando la reputación del sector: «Firmas outsiders montan su sistema experimentalmente, y como no funciona, ofrecen un mensaje a la comunidad que la energía solar no sirve».
A esto se suma un déficit de más de 15.000 técnicos calificados, mientras la matrícula en programas técnicos vinculados a la energía cayó un 18,6% entre 2020 y 2024, de acuerdo al Observatorio Laboral para la Educación.
Prieto Castañeda cuestiona el desinterés creciente de los jóvenes por las carreras técnicas vinculadas a la energía. «Muchas personas dicen que pueden ganar más como influencer que estudiando una carrera, y eso está vaciando las universidades», sostuvo.
La consecuencia no es menor: menos formación técnica, más informalidad y menor capacidad instalada para sostener el crecimiento solar en el país.
Junto a este control de calidad, considera fundamental una mayor participación estatal en el financiamiento de obras de infraestructura.
Pese a los incentivos fiscales vigentes, como la devolución del IVA o las depreciaciones aceleradas, «los recursos que se destinan a renovables no son suficientes, y están yendo a otros sectores», añadió la ejecutiva.
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