Vaca Muerta impulsada por un giro estructural de la política energética consolida el superávit

Un informe del IERAL elaborado este mes, por la regional Comahue señala que el boom del shale redefine la matriz productiva y empuja un superávit energético, en un contexto de cambio regulatorio y reconfiguración del rol del Estado

El último informe de coyuntura del IERAL, elaborado por su regional Comahue, describe un cambio estructural en el sector hidrocarburífero que no sólo responde a la expansión de Vaca Muerta, sino también a una transformación en las reglas de juego que ordenan la actividad.

El dato más visible es el resultado externo: en 2025, la balanza comercial energética registró un superávit de US$ 7.829 millones, revirtiendo más de una década de déficit. Pero detrás de ese resultado hay algo más profundo: un cambio en la lógica de funcionamiento del sector, donde la producción no convencional gana centralidad y el mercado adquiere un rol creciente en la asignación de recursos.

La matriz energética sigue dominada por los hidrocarburos —gas y petróleo explican cerca del 90% de la oferta—, pero el informe sugiere que esta característica podría convertirse en un activo estratégico. En un contexto global de transición energética, la abundancia de gas natural posiciona al país como un proveedor potencial en una etapa intermedia de descarbonización.

Sin embargo, el corazón del cambio está en la dinámica productiva. El declive del convencional es compensado por el avance del shale, con la cuenca Neuquina como eje del sistema. Este proceso no sólo altera la estructura de la oferta, sino también la orientación de la política energética: del abastecimiento interno hacia la exportación como objetivo estratégico.

En ese marco, el petróleo emerge como el principal vector de crecimiento. La producción alcanzó en 2025 los 800 mil barriles diarios, con un incremento del 13% interanual, impulsado casi exclusivamente por el segmento no convencional. Las proyecciones indican que el país podría acercarse al millón de barriles diarios hacia el final de la década, consolidando un perfil exportador.

Este giro tiene implicancias regulatorias claras. El informe destaca la convergencia de los precios internos con los internacionales, un cambio que implica abandonar esquemas de desacople que históricamente buscaban proteger el mercado doméstico. La contracara es una mayor exposición del sector a la volatilidad global, trasladando riesgos a las empresas y reconfigurando el rol del Estado, que pasa de intervenir en precios a generar condiciones de inversión.

En paralelo, algunas decisiones de política —como la reducción de retenciones al crudo convencional— muestran intentos de equilibrar intereses dentro del federalismo energético, en particular entre Nación y provincias productoras.

El caso del gas natural introduce otra dimensión del debate. Si bien el país cuenta con recursos abundantes y una participación creciente del no convencional —más del 60% de la producción—, el desarrollo del sector está condicionado por restricciones de infraestructura. Esta limitación plantea un desafío central de política pública: la necesidad de coordinar inversiones en transporte para evitar que la abundancia de recursos se traduzca en cuellos de botella productivos.

Más aún, las proyecciones sugieren una posible pérdida de peso relativo del gas frente al petróleo en los próximos años, lo que abre interrogantes sobre la estrategia de largo plazo en materia de transición energética y seguridad de abastecimiento.

El desarrollo de Vaca Muerta, por su parte, evidencia un proceso de maduración industrial, con niveles récord de actividad y creciente eficiencia operativa. Sin embargo, el informe advierte que se trata de un sector intensivo en capital, dependiente de flujos sostenidos de inversión y de condiciones macroeconómicas y regulatorias estables.

En conjunto, el diagnóstico plantea una oportunidad y un dilema. La Argentina emerge como un país relativamente abundante en energía, con capacidad de generar divisas y dinamizar sectores asociados. Pero ese potencial depende de decisiones de política energética clave: cómo equilibrar exportaciones y abastecimiento interno, cómo gestionar la volatilidad de precios y cómo resolver las restricciones de infraestructura.

Para IIERAL, el nuevo ciclo energético ya está en marcha. La cuestión es si la política logrará acompañarlo o si, como en otras etapas, terminará condicionando su desarrollo.