GeoPark anunció este viernes que cerró un acuerdo definitivo con Frontera Energy Corporation para adquirir el 100% de Frontera Petroleum International Holdings B.V., que consiste exclusivamente en activos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. La operación se cerró por US$ 375 millones y un pago adicional de US$ 25 millones contingente al cumplimiento de ciertos hitos de desarrollo.

Con esta transacción GeoPark más que duplica sus reservas consolidadas al sumar 99 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas y 147 millones en reservas probadas más probables.

El portafolio adquirido está compuesto por 17 bloques de exploración y producción en Colombia. Además, se incluye el proyecto integrado de gestión del agua y sostenibilidad ambiental de Frontera Energy, compuesto por la planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa SAARA (anteriormente Agrocascada) y el proyecto de siembra de palma africana ProAgrollanos en Puerto Gaitán, que se beneficia del riego proveniente de SAARA.

No obstante, desde la compañía aclararon que la transacción no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation, una sociedad holding canadiense que cotiza en bolsa, ni de sus activos de infraestructura, ni de sus intereses exploratorios en Guyana.

El mayor operador privado de Colombia

“El anuncio de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de GeoPark. Luego de extensas conversaciones con Frontera Energy durante el último año, nos complace haber alcanzado un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera a nuestro portafolio, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta”, aseguró Felipe Bayon, CEO de GeoPark.  

“Más allá de las métricas financieras y de producción, esta transacción habilita un enfoque de desarrollo integral de campos en activos como Quifa y en el portafolio más amplio de los Llanos, lo que nos permite extender una producción estable, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente. Esto respaldará una producción sostenida, la protección de las reservas y un mayor nivel de inversión que beneficia a las regiones donde operamos a través de empleo, regalías e impuestos”, agregó el ejecutivo.

, Redaccion EconoJournal

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director general de Metrogas, Sebastián Mazzucchelli, suscribieron un acuerdo de cooperación para impulsar la capacitación profesional de personas con conocimientos en la industria del gas que deseen iniciar su actividad laboral como gasistas matriculados.

El convenio habilita el dictado del curso presencial «Instalando calor seguro», una capacitación que la distribuidora desarrolla desde hace 11 años. El programa, que busca fortalecer el empleo calificado y la seguridad en las instalaciones de gas natural, se integra con este acuerdo a la órbita de la articulación público-privada.

La instrucción se desarrolla durante cuatro semanas en febrero, en modalidad presencial en el Centro de Formación Laboral en Oficios. Allí, el Ministerio de Capital Humano reacondicionó lo que fue el Instituto Garrigós, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

El programa académico consta de cinco módulos obligatorios y uno optativo, donde se abordan contenidos técnicos, normativas vigentes del sector y protocolos de seguridad profesional para instalaciones domiciliarias.

La formación de gasistas matriculados

El objetivo central de la cursada consiste en brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para tramitar la matrícula de gasista de segunda o tercera categoría. Al finalizar los talleres, los asistentes cuentan con el conocimiento para gestionar el carnet profesional ante las autoridades correspondientes.

Para obtener el título habilitante definitivo, los egresados deben presentarse posteriormente en los Centros de Formación Profesional de sus respectivos municipios o de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa responde a una necesidad de actualización de las normas de seguridad y el manejo de nuevos materiales que requiere de una formación continua.

A través de este esquema, capacitadores voluntarios de la principal distribuidora de gas del país transfieren su experiencia técnica a ciudadanos que buscan formalizar su oficio. Se garantiza así que las conexiones de red en los hogares cumplan con los estándares de seguridad exigidos por el ente regulador.

Desde su creación, este programa alcanzó a más de 8.400 estudiantes de 264 escuelas técnicas en la Argentina, específicamente en el área de concesión de la compañía, que abarca la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano bonaerense. Durante la vigencia del programa, casi 300 voluntarios técnicos participaron en el dictado de más de 500 talleres especializados.

, Redacción EconoJournal

La minera canadiense Golden Goose Resources (antes llamada SALi Lithium Corp) ingresará como accionista mayoritario en el proyecto de exploración de oro de alta ley Gran Esperanza, ubicado en la provincia de Río Negro. La empresa con sede en Vancouver acordó con la actual operadora Valcheta Exploraciones SAS el ingreso con un 51% de participación al desarrollo aurífero. Este año podrían comenzar con la perforación de pozos exploratorios.

El desembarco de Golden Goose en Río Negro será en etapas y a través de una empresa conjunta con Valcheta. Luego de adquirir la mayoría del proyecto de oro y la operación, la minera canadiense podrá ampliar su participación a un 90% ejerciendo la segunda opción del acuerdo. Como última etapa, Golden Goose podrá adquirir hasta el 100% del proyecto, según informó en un comunicado.

Exploración de oro y litio

Golden Goose amplió su actividad minera en la Argentina, ya que, además de adquirir un proyecto de oro, ya cuenta con El Quemado, un desarrollo de litio en etapa de exploración ubicado en Salta.

La minera completó el año pasado la fase 1 del programa de exploración. El proyecto tiene una dimensión de 50.000 hectáreas. Golden Goose también cuenta con dos activos de oro en Canadá, ambos en etapa de exploración, y cotiza en Canadian Securities Exchange (CSE), una bolsa de valores electrónica alternativa para empresas canadienses emergentes.

El acuerdo definitivo al que llegó Golden Goose “representa un hito corporativo significativo para y refuerza aún más la estrategia de la compañía de asegurar activos de metales preciosos de alto grado a escala de distrito en jurisdicciones mineras probadas y emergentes”.

Proyecto de oro Gran Esperanza en Río Negro

El proyecto que comenzará a operar la minera canadiense tiene 44.400 hectáreas de terreno accesible durante todo el año. Está ubicado en el distrito de Los Menucos, en el Macizo Patagónico Norte, una región conocida por su potencial de metales preciosos de alto grado, resaltó la empresa.

Gran Esperanza está en una zona con actividad minera. Se encuentra rodeada por importantes operadores como Southern Copper y en cercanía al proyecto Calcatreu, que actualmente se encuentra en desarrollo.

Según los trabajos de exploración, “cuenta con 10 kilómetros (km) de exposiciones de vetas de oro epitermales de baja sulfuración mapeadas históricamente, con vetas con un promedio de ~1 a 5 metros de ancho”.

Golden Goose destacó que en el proyecto “se informaron leyes (concentraciones de oro) de muestra de canal de 24,0 gramos por tonelada (g/t Au) en una longitud máxima de dos metros, lo que demuestra un potencial de alta ley desde la superficie”.

, Roberto Bellato

Los principales productos de la minería metalífera a nivel mundial tuvieron una pronunciada suba del precio en el último año. El valor histórico al que llegaron el oro, la plata, el litio y el cobre a nivel mundial podría ser una posibilidad para que la Argentina supere en 2026 los US$ 4.948 millones en exportaciones que tuvo el año pasado la minería metalífera y los US$ 905 millones en litio, según datos de la Secretaría de Minería.

La cotización a nivel internacional del oro aumentó un 90% en el último año y trepó a un precio histórico de US$ 5.300 por onza. La plata subió a US$ 113 por onza y llegó a un 270% interanual. En tanto, el litio recuperó el precio que había perdido en los últimos tres años y trepó en los últimos días a los US$ 20.000 la tonelada de carbonato equivalente (LCE), registrando una suba de un 40% interanual.

Por su parte, el cobre, que la Argentina prácticamente dejó de producir en 2018 (solo produce un volumen muy marginal) tuvo un salto a US$ 5,9 por libra (453 gramos), marcando también una subida de un 40% interanual, según informó Invecq Consultora.

Por qué subieron los precios de los minerales en el mundo

La tendencia al alza se acentuó la última semana con subas de los cuatro minerales que van de 7% a un 10% sólo en la última semana. En Argentina hay 310 proyectos de minería metalífera de los cuales 228 están dedicados a los minerales principales: oro, plata, litio y cobre. Dentro de ese universo, 24 se encuentran en producción y 28 están cerca de comenzarla, explicó en su cuenta de X Santiago Bulat, economista y director de Invecq.

El récord de los precios podría acelerar el desarrollo de proyectos de cobre de gran escala como Los Azules, Josemaría y Filo del Sol (Vicuña), El Pachón, El Altar en San Juan; Taca Taca en Salta; Mara (Minera Agua Rica – Alumbrera) en Catamarca; y San Jorge en Mendoza.

“La demanda global viene traccionada por distintos factores, pero todos exacerbados por el contexto internacional actual. El caso del oro como cobertura frente a devaluación, deuda y riesgo geopolítico; el cobre como columna vertebral de la electrificación global (redes, renovables, EVs); el litio como insumo crítico de las baterías que sostienen la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía; y la plata por su doble rol, industrial y financiero, impulsada por la expansión solar y la inversión”, destacó en su cuenta de X Santiago Bulat.

Exportaciones mineras de la Argentina

Las exportaciones de la minería metalífera, el litio y la no metalífera totalizaron US$ 6.037 millones. Estos niveles son alrededor de un 10% de lo que exportaron en minería Chile y Perú, que vendieron al exterior US$ 63.000 y US$ 59.000 millones, respectivamente.

El oro explicó el 68% (US$ 4.078 millones) de las exportaciones en dólares de la minería metalífera argentina el año pasado. La plata representó el 13% del volumen exportado del país con US$ 777 millones.

Las ventas al exterior de litio (Argentina produce principalmente carbonato de litio) alcanzaron los US$ 905 millones, creciendo un 40,3% interanual y representando el 15% de las exportaciones mineras totales del país. En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado del año exhibieron un incremento del 59,3%.

Oro, plata, litio y cobre

Según el último informe semanal de precios de los principales productos mineros que realiza la Secretaría de Minería, “el cierre al alza del oro fue impulsado por la demanda de activos de refugio por la incertidumbre política y geopolítica vinculada a las tensiones entre Estados Unidos y Europa, un debilitamiento del dólar que volvió más atractivo al oro, y expectativas de recortes de tasas de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) que favorece a los activos que no rinden intereses como el oro”. En lo que va de enero el precio del oro subió un 13%, añade el informe.

En el caso de la plata, la cartera a cargo de Luis Lucero señaló que “el precio se mantuvo subiendo con fuerza por una alta demanda industrial y una oferta estructuralmente ajustada, lo que vino a sumarse a las expectativas de tasas más bajas, y un dólar débil, que activó la demanda de refugio”.

Además, destacó que “el precio del litio subió porque la demanda de baterías empezó a recuperarse, la oferta siguió ajustada tras recortes previos y el mercado percibe que los precios ya tocaron piso, lo que activó compras spot y sostuvo el rally ascendente”.

Sobre el cobre, la Secretaría de Minería sostuvo que “uno de los principales catalizadores fue la desescalada de las tensiones geopolíticas asociadas a Groenlandia, lo que moderó el apetito especulativo en los mercados de metales, favoreciendo una corrección de precios”.

En paralelo, aumentaron los inventarios de cobre y se observaron señales de debilidad de demanda en China. Mientras que en la oferta persisten riesgos puntuales, como huelgas en la mina Mantoverde en Chile (principal productor mundial) y que la mina Grassberg (la tercera mina de cobre en el mundo detrás de las chilenas e Escondida y Collahuasi) en Indonesia informó que estaría operativa al 85%”.

, Roberto Bellato

Una delegación bipartidaria del Congreso de los Estados Unidos pasó este jueves por el complejo nuclear de Atucha, ubicado en la localidad bonaerense de Zárate. La recorrida por el país incluyó también visitas a la provincia de Tierra del Fuego y a Vaca Muerta en Neuquén. La comitiva fue recibida y acompañada en Atucha por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli.

La comitiva estadounidense presente en Atucha, liderada por el congresista republicano Morgan Griffith, estuvo también integrada por los congresistas Nanette Barragan, Randy Weber, Russ Fulcher, Diana Harshbarger y Mike Kennedy, según pudo saber EconoJournal. Kennedy integra el Comité de Recursos Naturales.

«Recibimos en el Complejo Nuclear Atucha a una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Estamos ante una oportunidad histórica: el mundo vuelve a interesarse en nuestro potencial nuclear gracias al Presidente Javier Milei mientras Argentina se inserta nuevamente en el mapa global», destacó Ramos Napoli en su cuenta de X.

En la recorrida también participaron el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, y la titular la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) en Cancillería, Jimena Schiaffino. El presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, no estuvo presente.

Los congresistas también visitaron Tierra del Fuego y Vaca Muerta

Los congresistas que estuvieron en Atucha forman parte de una docena de representantes estadounidenses que llegaron en un avión militar el último domingo a Tierra del Fuego y que el martes viajaron a Neuquén para recorrer Vaca Muerta.

La delegación visitó el bloque Loma Campana, que YPF opera junto con Chevron, según pudo saber este medio. Las visitas a Tierra del Fuego y Neuquén tomaron por sorpresa a las gobernaciones. «No es normal que vengan legisladores norteamericanos todos los días. No estábamos avisados, sí creo que la Argentina se ha abierto al mundo, Neuquén es una de las atracciones hacia el mundo», aseguró el miércoles el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa.

«Nosotros cada vez que nos vienen a ver tratamos de generar la posibilidad de que el ministro de Energía o el de Economía acompañen a quienes nos visitan para que puedan entender cómo es el desarrollo», agregó al responder preguntas de la prensa luego de participar de una entrega de camiones cisterna y motoniveladoras.

La diputada provincial de Neuquén por el Frente de Todos, Lorena Parrilli, informó, por su parte, que realizó un pedido de informes para conocer los motivos de la visita. 

Por otro lado, una segunda comitiva con representantes del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes arribó al país el martes. El canciller Pablo Quirno aportó la única información oficial del gobierno al respecto, confirmando el arribo de esta segunda delegación y sin mencionar a la comitiva que llegó el domingo a Ushuaia.

“Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EE.UU. de visita en la Argentina. Dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EE.UU., celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”, dijo Quirno en su cuenta de X.

Minutos más tarde, el canciller volvió a postear en la red social para asegurar que «las autoridades pertinentes» fueron informadas sobre las visitas de las delegaciones estadounidenses, información que no coincide con lo expresado por el gobernador de Neuquén.

, Nicolás Deza

El Poder Ejecutivo oficializó un nuevo régimen de derechos de exportación destinado exclusivamente al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, a través del decreto 59/2026. La normativa busca dotar de mayor competitividad a un sector que enfrenta un «declino estructural» debido al agotamiento natural de las áreas y al incremento de los costos operativos en la Argentina.

Si bien el nuevo esquema supone en los hechos una baja respecto de los valores vigentes actualmente, no implica la eliminación de retenciones como habían anunciado en noviembre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De hecho, con la cotización de US$ 68 que registró el barril de crudo Brent este jueves la retención no será cero.

Los nuevos valores de los derechos de exportación

Si el precio internacional basado en el promedio del Brent se sitúa por debajo de los US$65, la alícuota de exportación será del 0%. En el extremo opuesto, si el precio iguala o supera los 80 dólares, se aplicará un derecho del 8%. Para valores intermedios, se utilizará una fórmula polinómica de ajuste.

Esta adecuación técnica representa un alivio fiscal en comparación con el régimen anterior, que fijaba 0% si la cotización del barril perforaba los US$45 y saltaba al 8% recién cuando superaba el techo de US$60. Según los considerandos de la norma, este cambio responde a acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Economía, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

Sin embargo, el Gobierno se mantiene en la postura de no reducir las retenciones para las exportaciones del shale oil, es decir proveniente del no convencional neuquino. Así lo había adelantado el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, al participar a comienzos de diciembre en el Energy Day de EconoJournal.

González afirmó que «el Gobierno no va a reducir las retenciones al petróleo no convencional de manera inmediata, más allá de la certeza de que es un mal impuesto«. Esa posibilidad, reseñó el funcionario, está supeditada a que el país crezca y se siga atacando el gasto público para seguir reduciendo gravámenes.

Por el contrario, el objetivo central de la medida de hoy no solo responde al reclamo de los gobernadores por el declino natural, sino también por la caída de los precios internacionales que recorrió todo 2025. De esta manera se busca acompañar los esfuerzos provinciales, que ya incluían reducciones en regalías y cánones para preservar la continuidad de las empresas, las inversiones y el empleo en áreas maduras.

Fórmulas y controles

Para garantizar la transparencia en la aplicación del beneficio, la Secretaría de Energía determinará los volúmenes correspondientes mediante el cálculo del porcentaje de producción convencional sobre el total de cada área de concesión. La normativa entrará en vigencia plena una vez que se dicten las reglamentaciones complementarias, para lo cual la autoridad de aplicación dispone de un plazo máximo de 60 días.

Para la determinación de la alícuota, el decreto prevé tres escenarios posibles basados en el Precio Internacional (PI) que publicará mensualmente la Secretaría de Energía. Se fija una alícuota del 0 % cuando el PI sea igual o inferior al valor base de 65 dólares, y un tope del 8 % cuando el PI alcance o supere los 80 dólares.

En el caso de que el precio se ubique entre ambos valores, se aplicará una fórmula matemática específica que permite una transición proporcional del tributo, evitando saltos bruscos en la carga fiscal durante las fluctuaciones del mercado global.

Este diseño asegura que la carga tributaria escale de forma progresiva a medida que mejora el precio, evitando que un pequeño incremento en la cotización internacional licue la rentabilidad por un salto brusco de impuestos. En el gobierno se planteaba como una herramienta de sintonía fina para proteger el flujo de caja en pozos de baja productividad.

El antecendete del acuerdo

La medida es resultado del acuerdo inicial que firmó el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea.

Con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se evidenció que el acuerdo incluía la necesidad de sumar apoyos en el Congreso para aprobar distintas reformas que impulsa el gobierno.

El gobernador Torres detalló que la medida tendrá un impacto estimado de US$ 370 millones que se reinvertirán en la industria: «Esto significa más actividad, más producción y, sobre todo, más empleo para miles de familias que viven del trabajo energético en nuestra provincia», dijo en aquella oportunidad. 

Chubut, por su parte, se comprometía a trabajar en un esquema de regalías diferenciales para los campos maduros que también colabore con la reactivación de la producción convencional, junto con una reducción de algunos impuestos provinciales, como ingresos brutos. Días después se sumaron al acuerdo las provincias de Santa Cruz y de Neuquén, en similares condiciones.

, Redacción EconoJournal

Vaca Muerta ha demostrado que puede escalar producción de forma consistente y eficiente, lo que confirma la madurez operativa del play. Sin embargo, para dar un salto significativo en producción se requiere un entorno que permita sostener inversiones.

Si bien la rentabilidad del shale argentino sigue siendo interesante por su perfil de calidad de crudo y eficiencia operativa alcanzada (con precios de break-even que se ubican en torno a 45 dólares por barril), los niveles más bajos de precio del crudo comprimen márgenes y, por ende, la generación de flujo de caja que se puede reinvertir.

Además, el costo de financiamiento en Argentina sigue siendo elevado frente a otros plays de shale, aunque con perspectivas de mejora si se materializa una caída del riesgo país.

Hay un factor que es prometedor, pero que aún requiere consolidación, que es la expansión y mejora de la infraestructura. En este rubro, VMOS es un pilar clave y representa una palanca fundamental para Vaca Muerta, al reducir costos de evacuación, facilitar el acceso a mercados internacionales y mejorar su competitividad. Pero es necesario continuar avanzando, por ejemplo, en mejoras viales que contribuyan a la reducción de costos logísticos de operación.

Por último, la eficiencia de capital y los costos de desarrollo de pozos siguen siendo áreas con espacio de mejora. Si bien la industria ha avanzado, los costos locales y la menor escala de actividad comparado con cuencas como el Permian generan desventajas estructurales. Esto implica que la presión por seguir reduciendo costos es constante para sostener un ritmo de expansión atractivo, especialmente en escenarios de mayor exigencia de precios.

Vaca Muerta: el impacto real de Venezuela en el corto y largo plazo

Es importante tomar las proyecciones del precio del petróleo con cautela y observar las señales de mercado (como inventarios, balances de oferta y demanda o movimientos de cargas y diferenciales) que suelen anticipar cómo se ajusta la dinámica real de oferta global.

En cuanto al precio internacional, si bien el Brent ha mostrado cierta resistencia por encima de US$ 60/bbl, los precios más bajos pueden generar menor generación de caja para reinversión, lo que puede llevar a una desaceleración del ritmo de crecimiento de producción.

En cuanto al escenario venezolano, pese a contar con una de las mayores reservas de crudo del mundo, la infraestructura productiva de Venezuela está deteriorada y el crecimiento de producción requiere inversiones significativas y tiempo antes de que volúmenes relevantes puedan fluir al mercado global.

Incluso bajo escenarios de normalización de políticas y entrada de capital externo, los incrementos productivos serán graduales y se extenderán por varios años.

La reapertura de exportaciones hacia refinerías del Golfo de EE. UU. en el corto plazo podría llevar a que se amplíen diferenciales entre crudos pesados y livianos, aunque también podría generar presión bajista sobre los precios de crudos livianos, debido a una mayor exportación del shale estadounidense. De todos modos, el impacto global de Venezuela en términos volumétricos (especialmente en el corto plazo) es limitado lo que modera la posibilidad de impactos abruptos sobre los precios.

En consecuencia, el impacto de Venezuela sobre Vaca Muerta probablemente será modesto, en el corto plazo más asociado a cambios en las dinámicas de diferenciales y decisiones de mezcla de refinerías que a un shock de oferta abrupto. Además, el grueso del desarrollo de Vaca Muerta está impulsado por compañías argentinas, con menor exposición a decisiones estratégicas de reasignación de capital por parte de grandes empresas internacionales.

En este escenario global, Vaca Muerta, apoyándose en el excelente perfil geológico y eficiencias operativas, debe seguir avanzando en la mejora de infraestructura y de la competitividad en el costo de los pozos que le permitan reducir sus puntos de equilibrio y seguir desbloqueando su potencial, incluso en contextos más exigentes.

(*) Por Leonardo De Lella, managing director & partner de BCG

, Leonardo De Lella

Los organismos reguladores de servicios públicos de Salta, Jujuy y Tucumán elevaron una denuncia ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa Transnoa S.A. Las causas de la demanda son una serie de fallas críticas en el sistema de transporte que afectaron a cerca de un millón de usuarios la tercera semana de enero.

La presentación está dirigida al interventor del organismo nacional, Néstor Lamboglia. En la misma se solicita la apertura de un proceso sancionatorio, una auditoría de activos y la exigencia de un plan de contingencia inmediato frente a lo que consideran una vulneración sistemática de los parámetros de calidad del servicio.

Los firmantes del reclamo, al que tuvo acceso EconoJournal, son el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta, Carlos Saravia; y el interventor del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), José Ascarate. También firman el Secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, y el vocal de la Superintendencia de Servicios Públicos de la provincia, Leopoldo Montaño.

«Solicitamos de manera urgente se inicien los procesos sancionatorios y se impongan las penalidades correspondientes (…) por la falta de inversiones y la indisponibilidad de logística de operación y mantenimiento que permita atender las incidencias vinculadas con interrupción del servicio a su cargo en tiempos razonables y expeditivos», se destaca en el escrito.

La denuncia ante el ENRE se fundamenta en tres eventos de gran escala ocurridos entre el 22 y el 24 de enero de 2026 en las provincias del NOA. «Esos incidentes -a criterio de los funcionarios-, expusieron no solo fallas en la infraestructura, sino también una deficiente capacidad de respuesta operativa por parte de la licenciataria».

Los hechos denunciados

En la provincia de Jujuy, el incidente más grave se registró el 22 de enero, afectando a 750.000 usuarios. Según el informe técnico, se produjo una falla estructural en el sistema de alta tensión de 132kv en el tramo San Pedro-Ledesma, provocada por la rotura de aisladores. Las localidades afectadas fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.

En la zona norte de Salta, 90.000 usuarios de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia sufrieron el 23 de enero cortes que se prolongaron por más de cinco horas por una avería en la Estación Transformadora (ET) Libertador. El documento asegura que «la normalización del servicio sufrió demoras injustificadas por problemas de comunicación interna y al tiempo de desplazamiento de sus equipos técnicos».

Por último, en Tucumán, la interrupción del servicio del 23 de enero afectó a 60.000 usuarios en las localidades de Aguilares, Concepción y zonas aledañas. En este caso, la falla fue provocada por la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión, un evento que los reguladores califican como evitable por el incumplimiento de las tareas de mantenimiento.

A partir de los casos recientes, el texto presenta una crítica estructural al modelo de gestión de la transportista. Los denunciantes sostienen que «la situación actual no es una consecuencia de la demanda estacional, sino de una desinversión sostenida en el tiempo«.

Los argumenos de la denuncia

«La situación de desidia y abandono de la empresa Transnoa es tal que hoy pone en riesgo la provisión de agua potable y el funcionamiento de servicios de salud en toda la región«, explicita un fragmento del escrito. Las provincias denuncian que «la transportista opera al límite de la capacidad de sus equipos, muchos de los cuales habrían superado su vida útil técnica».

La presentación conjunta concluye con un petitorio de cinco puntos para la estabilización del nodo NOA. El primero de los reclamos es la realización de una auditoría integral del estado de mantenimiento de todas las líneas de alta tensión y estaciones transformadoras bajo jurisdicción de Transnoa en las tres provincias.

Los denunciantes exigen que el ENRE informe detalladamente las multas aplicadas entre 2019 y 2025. El documento sostiene que «durante la totalidad de los años que abarca este vínculo contractual nunca se le impuso sanción alguna», lo que habría generado un marco de impunidad operativa.

También se solicita la instalación de oficinas comerciales y de atención al público de la transportista en las provincias del NOA y la creación de un link de acceso directo para que los usuarios puedan formular reclamos por deficiencias en el transporte, una herramienta que hoy no existe.

Finalmente, se plantea la necesidad de obligar a la licenciataria a presentar un informe detallado de la infraestructura disponible en las provincias, y un plan de inversiones, con el detalle de un cronograma de renovación de activos y un esquema de contingencia para el resto del periodo estival.

, Ignacio Ortiz

DLS, uno de los principales proveedores de equipos de torre para la industria petrolera, transfirió sus activos en la cuenca del Golfo San Jorge a un consorcio de empresarios encabezado por Pablo Pires, titular de compañías de logístico y otros servicios de transporte como SGA y Vientos del Sur, e integrado también por Diego Trabucco y Javier Basso, ex propietarios de Aconcagua Energía, una petrolera independiente que el año pasado fue adquirida por Tango Energy después de defaultear sus obligaciones financieras en el mercado local.

La venta, que será aprobada formalmente este viernes en Oslo, dado que DLS es controlada por el grupo Archer que está fondeado en Noruega, contempla la cesión de 22 equipos de pulling y workover ubicados en Chubut y Santa Cruz.

El cambio de manos cuenta con el respaldo de Jorge ‘Loma’ Ávila y de sus principales alfiles en la conducción del sindicato de petroleros privados de Chubut. El aval del líder gremial es clave para viabilizar el redimensionamiento (resizing) del personal empleado por DLS, que hoy ronda los 740 operarios.

La metamorfosis del Golfo San Jorge

Es un esquema similar al que se instrumentó cuando Pecom adquirió los yacimientos de YPF El Trébol y Campamento Central a principios de 2025. En ese momento, Pires —junto con Leonardo Pichintiniz, titular de Copesa, otra empresa de servicios— crearon la firma Nacidos con YPF (NCY) para depurar, con el respaldo del sindicato petrolero, el universo de proveedores heredado de la petrolera bajo control estatal en esos bloques.

En los últimos meses, Pires se distanció de Pichintiniz y se retiró de NCY. Ahora vuelve a cobrar protagonismo con esta adquisición de los equipos de pulling y WO en Chubut. Pichintiniz, por su parte, también expande su posicionamiento como empresario petrolero: acaba de firmar con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un acuerdo para operar el área Restinga Alí, un campo que YPF le revirtió la Petrominera, la empresa provincial de energía.

Foco en Vaca Muerta

DLS concentrará su actividad en Neuquén, donde es uno de los principales proveedores de unidades de perforación de 7500 HHP en Vaca Muerta. De hecho, a mediados de este mes DLS firmó con la firma norteamericana Patterson-UTI para sumar dos equipos de drilling de última generación al play no convencional de la cuenca Neuquina.

La venta de los activos del Golfo de DLS es un emergente más de la profunda metamorfosis que atraviesa la cuenca con epicentro en Comodoro Rivadavia —la localidad donde se descubrió petróleo en la Argentina en 1907— en los últimos años. Replica, en los hechos, la decisión que antes tomaron otras empresas de servicios internacionales como Weatherford, Baker Hughes, Halliburton y Schlumberger.

La salida de YPF de Chubut y Santa Cruz catalizó aún más esa tendencia. A principios de enero, la petrolera que conduce Horacio Marín oficializó la venta de Manantiales Behr, el último campo que conservaba en Chubut, a Limay Energía, una firma controlada por Rovella Capital, del empresario de la construcción Mario Rovella.

, Redaccion EconoJournal

La Procuración del Tesoro presentó un escrito ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el que solicitó formalmente la suspensión inmediata del proceso de búsqueda de activos (discovery) y el pedido de desacato hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resuelva sobre el fallo que obliga al Estado Argentino a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF concretada en 2012.

De este modo, busca ponerle freno a la estrategia del fondo Burford que viene presionando por distintas vías y espera que Preska declare al país en desacato en una audiencia prevista para fin de marzo, lo que podría complicar la vuelta a los mercados internacionales de deuda que busca el gobierno de la mano de la baja del riesgo país. El objetivo de fondo de Burford es simple: forzar a la Argentina a negociar.

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, aseguró la Procuración a través de un comunicado.

Como si fuera una simultanea de ajedrez, la disputa con el fondo estadounidense se está llevando adelante en diversos tableros al mismo tiempo.

Tablero principal

Preska dictaminó el 15 de septiembre de 2023 que el Estado argentino le debe pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde un fallo no es ejecutable hasta que la sentencia esté firme, en Estados Unidos una resolución de primera instancia sí puede ser ejecutada inmediatamente, aunque se apele, salvo que el demandado solicite un stay. Normalmente, para ello debe presentar una garantía que asegure que podrá pagar si pierde la apelación.

La Argentina apeló, pero no puso ninguna garantía y en enero de 2024 la magistrada habilitó a Burford a avanzar con la ejecución del fallo. Es decir, permitir la búsqueda de activos (discovery) del Estado argentino que pudieran ser embargables. De este modo, mientras la Cámara analiza el fallo de Preska –en octubre se realizó una audiencia que ilusionó al gobierno con la posibilidad de una resolución favorables—la jueza ha ido tomando distintas acciones para tratar de forzar a Argentina a pagar.  

Tableros paralelos

En enero de 2025, ante la resistencia parcial del país y el tiempo transcurrido sin colaboración, Preska firmó una orden judicial, donde obligó expresamente a Argentina a entregar información detallada sobre reservas de oro del Banco Central, cuentas bancarias diplomáticas, consulares y estatales y otros activos embargables. 

Puso plazo hasta el 28 de febrero de 2025 para entregar la información, bajo apercibimiento de sanciones o medidas más duras. La Argentina no cumplió con ese plazo y en julio del año pasado Preska emitió una orden directa para que el Estado transfiriera el 51% de YPF dentro de 14 días al Bank of New York Mellon, como pago parcial por el fallo de US$ 16.100 millones.

Argentina apeló ese fallo y obtuvo un stay por parte de la cámara, pero el proceso de discovery para demostrar que ciertas compañías son alter ego del Estado argentino siguió su curso. Burford le apunta particularmente al Banco Central, YPF, Enarsa, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.  

Para comprobar ese vínculo, Preska determinó el 29 de julio del año pasado que el país debía entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y la anterior.

Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el canciller Pablo Quirno; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el ex secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

A su vez, Burford viene presionando para que Argentina informe donde están las reservas de oro del Banco Central ya que las considera un activo potencialmente embargable.

La Procuración sostiene en su escrito que “la República ha presentado todo lo que podría razonablemente conducir a la identificación de sus activos ejecutables, con un total de más de 115.000 páginas”, pero argumento que “los demandantes están redoblando sus solicitudes de una realización de pruebas cada vez más intrusiva e irrelevante”.

“Los demandantes ahora buscan información sobre los activos del Banco Central Argentino, que no está sujeto a la jurisdicción de este tribunal, no tiene activos ejecutables y que el Segundo Circuito ya ha declarado que no es un alter ego de la República”, agregó.

Del lado de Burford argumentan que Argentina no cumplió con la presentación de toda la información solicitada y que lo único que busca es demorar el cumplimiento del fallo, lo que justifica sanciones adicionales. Por eso han solicitado que se declare a Argentina en desacato.

Luego de las audiencias probatorias del 23 y 24 de marzo Preska quedará habilitada para resolver sobre ese punto y eso es lo que busca evitar el gobierno argentino, sobre todo por el daño que podría generar en la estrategia destinada a concretar la vuelta a los mercados internacionales de deuda.  

, Fernando Krakowiak

El gobierno lanzará una nueva licitación para instalar almacenamiento de baterías de energía eléctrica en todo el país. Según pudo conocer EconoJournal de distintas fuentes oficiales y privadas, los pliegos de AlmaSADI -tal como se llamará la nueva compulsa- ya están listos y Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), los dará a conocer a mediados de febrero.

El año pasado el gobierno impulsó AlmaGBA, la primera licitación que realizó la Argentina para instalar baterías (BESS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar las áreas de Edenor y Edesur en el AMBA mediante la instalación de unidades de almacenamiento por 713 MW.

AlmaSADI: así será la nueva licitación de almacenamiento de baterías

La nueva compulsa será para instalar unidades de almacenamiento de energía por 700 megawatts (MW), según confirmaron a EconoJournal distintas fuentes. El contrato será por un período de abastecimiento de 15 años, al igual que AlmaGBA. La intención del gobierno es reforzar algunos nodos que están saturados y operan en estado crítico en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En particular, la licitación tiene previsto que la mayoría de las baterías se instale en nodos saturados de las regiones conectadas a líneas de alta tensión de 132 kV, sobre todo para reforzar el NOA, NEA y algunas zonas de la Patagonia. El diseño y los detalles de la licitación están en manos de técnicos y directivos de la Secretaría de Energía y de Cammesa.

Las baterías de almacenamiento ayudan a cubrir los picos de consumo y podrían tener un rol clave en los apagones masivos por fallas en las redes de trasmisión y distribución eléctrica, como las que ocurrieron el 31 de diciembre en el área de Edesur y el del 15 de enero en Edenor, que dejaron a un millón de usuarios sin electricidad en ambas ocasiones.

Quién será el offtaker de AlmaSADI

Una diferencia entre la nueva licitación para instalar baterías y la de 2025 es que AlmaGBA tuvo un mecanismo de contractualización entre las empresas generadoras adjudicatarias las distribuidoras Edenor y Edesur. Cammesa actuó como garante de última instancia.

Es decir, la compañía encargada del despacho eléctrico no es el comprador único de energía de las baterías, como ocurrió en los últimos 20 años con contratos como el RenovAr y de las resoluciones 220/2007, 21/2016, 287/2017. Este rol de Cammesa va en línea con la reforma eléctrica que impulsa el gobierno para que los contratos se firmen entre privados.

Con la nueva licitación AlmaSADI el escenario técnico es más complejo porque no es posible ‘calzar’ los proyectos de almacenamiento en una distribuidora provincial en particular y porque, además, en el interior del país no existe una homogeneidad en el riesgo crediticio que permita la contractualización entre privados. Por eso, se avanza con la idea de que Cammesa pueda oficiar como offtaker (comprador de energía).

Licitación de baterías en la Argentina

Después de AlmaGBA del año pasado, AlmaSADI sería la segunda licitación en la Argentina para instalar unidades de almacenaje de energía eléctrica. En la región, países como Chile y Brasil también están avanzando en el mismo sentido.  

El almacenaje de energía es una tecnología que comenzó a utilizarse recientemente en el mundo y permite la instalación en un período de entre 12 y 18 meses de potencia almacenada en baterías, menos de los dos años que demanda aproximadamente construir una nueva central de generación.

En la licitación AlmaGBA se adjudicaron 12 proyectos por 713 MW exclusivamente en las redes de Edenor y Edesur para reforzar el sistema del AMBA. El precio promedio de adjudicación fue de 11.619 US$/MW por mes.

, Roberto Bellato

“Si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, deben desaparecer o ir a la quiebra”. Esta fue una de varias referencias indirectas a Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, que hizo el presidente Javier Milei el martes en el marco de su presentación en el Derecha Fest de Mar del Plata.

En su discurso, Milei decidió escalar aún más el enfrentamiento abierto en los últimos días entre el gobierno y el Grupo que encabeza Paolo Rocca por la licitación que perdió Tenaris (la siderúrgica del holding que compitió en el proceso) para proveer los caños para la construcción del gasoducto del consorcio Southern Energy (SESA) para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde las costas de Río Negro. El contrato finalmente fue adjudicado a la india Welspun.

En un discurso de 34 minutos, Milei se refirió en varias oportunidades -sin mencionarlo de manera directa- a Paolo Rocca. “Esta frase está inspirara en el empresario más importante en serio de la humanidad que es Elon Musk: ´la única forma de crecer es resolviéndole problemas al prójimo por los cuales el prójimo estaría dispuesto a retribuirnos con su dinero´, no usar los favores del Estado para cobrar precios más altos”, gritó Milei.

Inmediatamente después, el presidente también hizo un juego de palabras: “ustedes saben que el camino no siempre es uniforme y siempre se encuentran una piedra… una piedra (en alusión al apellido Rocca)”.

Tensión entre Techint y el Gobierno

El primer funcionario en criticar al Grupo Techint fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado quien se refirió al tema a través de su cuenta de X. Si bien el arco político alzó su voz para expresarse sobre el cruce, hasta el momento, en el Ministerio de Economía se mantuvieron en silencio, aunque sí explicaron que intentaron acercar a las partes, tal como publicó EconoJournal.

De hecho, el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, no se expresó públicamente sobre el tema. Tampoco se expresó públicamente la senadora Patricia Bulrrich, que en diciembre pasado había participado junto de un extenso panel junto a Paolo Rocca en el seminario Propymes de Techint, donde habló sobre la reforma laboral. En aquella oportunidad, Rocca había pedido una “apertura inteligente de la economía”.

Finalmente, fue el propio Milei quien se puso al frente de la postura pública del gobierno en torno al pliego que perdió Techint. En efecto, el presidente se refirió al tema el mismo día en que el holding anunció que evalúa la presentación de una denuncia por dumping contra la india Welspun para intentar frenar la asignación del contrato para el proyecto de GNL.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, rápidamente dejaron trascender que ese proceso demoraría varios meses y que el proyecto de GNL de SESA iba a avanzar de todos modos.

El discurso de Milei se centró prácticamente en un único argumento, que fue la defensa del capitalismo, similar al que dio en Davos (Suiza) la semana pasada. Sin embargo, cuando dejaba de leer su discurso escrito e improvisaba, Milei continuó lanzando críticas indirectas al grupo Techint. Algo similar se replicaba en simultáneo en las redes sociales vinculadas al oficialismo.

“En la vereda de los zurdos y empresarios prebendarios está el robo, la envidia, está la pereza y el facilismo. Está el ventajismo y el resentimiento. Los valores sobre los que se sustenta la idea de pretender ser el dueño de lo ajeno para utilizarlo según nuestra propia voluntad”, disparó Milei.

Por último, el presidente explicó desde su visión “el principio de no agresión, bajo el cual la ética prohíbe la iniciación de fuerza o amenaza contra personas o propiedades de otro y, por ende, todo intercambio debe ser voluntario, debe ser voluntario (repitió). No tratar de utilizar puentes extraños para lograr lo que no se logró por mercado”.

, Roberto Bellato

El desarrollo de las formaciones shale como Permian, Eagle Ford, Bakken o Marcellus le permitió a EE.UU. pasar de ser uno de los mayores importadores de energía a ser uno de los mayores exportadores de hidrocarburos en un lapso de 15 años. Durante ese tiempo, las diferentes administraciones norteamericanas se posicionaron de distintas maneras respecto a las importaciones de insumos clave para los proyectos energéticos.

La derrota de la compañía Tenaris del Grupo Techint en la licitación para proveer de los tubos para el gasoducto en el proyecto para exportar GNL de Southern Energy y el rol de la india Welspun, ganadora de ese proceso, remonta a una situación similar que también tuvo como protagonista a la misma empresa asiática.

Fue durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021) cuando una fuerte política arancelaria «antidumping» intentó evitar la competencia desleal para con los proveedores de acero de Estados Unidos. En este caso quedó envuelta la india Welspun a la que se le aplicaron aranceles del 50,55%, junto a otros productores y exportadores de acero.

La campaña por el acero

Para el momento en el que Trump asumió su primera presidencia los números de las importaciones siderúrgicas para la industria petrolera encendían las alarmas. En 2017 un 77% de los ductos estadounidenses eran hechos con acero extranjero. Según una hoja informativa del Departamento de Comercio, los tubos soldados de gran diámetro procedentes de China habían representado para el país un monto de US$ 29,2 millones. Las importaciones de la India de ese mismo material eran 10 veces mayores llegando a los US$ 294,7 millones.

Si bien la cifra no resultaba tan grande teniendo en cuenta que en ese entonces el país importaba US$ 29.000 millones en acero, la India era el mayor exportador de tubos soldados de gran diámetro en 2017, y esas importaciones habían crecido un 209% en un solo año. Para contrarrestar esta situación, ese año el gobierno aplicó sanciones de antidumping por el acero a 34 países siendo China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y la India los más perjudicados.

Cómo se llegó a esa decisión

La medida causó un fuerte revuelo en ese entonces. La industria del shale se enfrentaba a un cuello de botella por la fuerte necesidad de ampliar sus redes de transporte. En paralelo, en 2016 Trump había prometido en su campaña electoral iniciar una revisión de la industria siderúrgica e imponer aranceles a productos importados si estos implicaban un riesgo a la seguridad nacional.

La revolución del shale que impulsaba la gestión Trump promovía la desrregulación del sector energético eliminando restricciones a las inversiones, pero a su vez, se apalancaba en que los productores locales tenían que competir en igualdad de condiciones.

Bajo la premisa de que el comercio internacional debía ser justo, la Asociación de Productores de Tubos (The American Line Pipe Producers Association o ALPPA), promovió una denuncia en contra de varios importadores de tuberías procedentes de Canadá, China, Grecia, India, Japón, Corea y Turquía.

En 2018, el Departamento de Comercio tomó su primera decisión en las investigaciones sobre derechos antidumping y derechos compensatorios de las importaciones de tubos soldados de gran diámetro procedentes de China e India tras una demanda firmada por seis compañías dedicadas a la provisión de tubos para la industria petrolera.

El fallo aseguró que esas tuberías se vendían a un valor menor al justo (dumping). Al mismo tiempo, la Comisión de Comercio Internacional (ITC) concluyó que esto causaba un daño material a la industria estadounidense. Como consecuencia, Welspun Trading Limited y Bhushan Steel -otra firma india- fueron obligadas a pagar una tasa de dumping del 50,55% y una de antisubsidio de 541%.

Las medidas no solo intentaban impedir el avance de la presencia del acero extranjero sino también que empresas como Welspun -que ya tenía su propia planta en Arkansas– dejaran de utilizar acero asiático para reemplazarlo por el norteamericano.

Petroleras y la pelea por los costos

“En el comercio internacional si tirás de una cuerda se desenredará de maneras imprevistas”, decía en ese entonces la congresista de Dakota del Norte, Heidi Heitkamp, al afirmar que los mayores costos por las tarifas impuestas por Trump podrían aumentar el precio del petróleo estadounidense.

Tras los fallos de 2018 y 2019, petroleras como Shell, Chevron, Exxon, ConocoPhillips y otras compañías de midstream presentaron 21.000 solicitudes de exclusión de esas tasas al Departamento de Comercio de EE.UU, de las cuales 500 eran para tuberías. La tensión escaló entre los operadores de ductos y petroleras sobre cómo volcar esas diferencias de costos, mientras el gobierno rechazaba esos pedidos.

Si bien el debate no dejó de tener múltiples aristas en base a cómo mejorar la eficiencia o traducir esos costos, Estados Unidos se consolidó en ese entonces como el mayor productor mundial de petróleo alcanzando un récord histórico de 10,96 millones de barriles diarios.

En Argentina, en cambio, la discusión tomó otra forma con la postura del gobierno a favor de la apertura comercial. Ahora, la firma de Paolo Rocca buscará jugar una última carta en la Secretaría de Comercio con una denuncia antidumping para frenar el avance de su competidora india, aunque fuentes del gobierno indicaron que las chances reales de que ese planteo avance son bajas y en cualquier caso, demandarán un tiempo considerable.

, Laura Hevia

Más de 10 empresas se disputan la construcción del gasoducto de Southern Energy (SESA), el consorcio liderado por Pan American Energy (PAE) e integrado por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar que está construyendo el primer proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de la Argentina. Se trata del tendido del ducto de 480 kilómetros entre Neuquén y las costas de Río Negro. El proyecto contempla también la instalación de una planta compresora.

El objetivo se SESA es adjudicar la construcción de la obra a más tardar a principios de abril. La provisión de los caños estará a cargo de la empresa india Welspun, que se impuso por sobre la oferta de Tenaris, el único fabricante local de ese tipo de insumos que posee la Argentina.

El gasoducto extenderá desde la planta de Tratayén, en Neuquén, hasta la costa del Golfo San Matías en la provincia de Río Negro y se estructuró técnicamente en cuatro unidades independientes. Tres de los renglones de la licitación que lanzó Southern están destinados a los diferentes tramos de la traza del ducto y un cuarto renglón para la instalación de una planta compresora con una potencia de 45.000 HP.

Quiénes se disputan la construcción del gasoducto

Según indicaron fuentes privadas a EconoJournal, entre los principales candidatos a quedarse con la obra figuran Techint Ingeniería y Construcción y Sacde, las dos mayores constructoras del país que se presentaron como UTE al igual que en antecedentes recientes en grandes obras de transporte como el oleoducto del VMOS, la reversión del Gasoducto del Norte y el Gasoducto Perito Moreno (ex GNK). El consorcio presentó una oferta integral para adjudicarse la obra completa.

Otro de los jugadores de peso que están participando del concurso es el consorcio formado por Contreras Hermanos – Pumpco (EE.UU.) – Bonatti (Italia). Se trata de un consorcio formado por un socio local (Contreras Hermanos) con el respaldo internacional de Pumpco, la empresa de los hermanos Jorge y José Más -dueños del club Inter Miami, donde juega Lionel Messi- y la italiana Bonatti con fuerte experiencia en Chile con la construcción de plantas desalinizadoras de agua para desarrollos mineros.

Otro de los consorcios que están en carrera está integrado por Víctor Contreras y Sichim (Italia). Sería la primera vez que la empresa italiana operaría en Argentina en caso de imponerse en la licitación.

Plazos

También presentó una oferta integral por toda la obra BTU, una constructora local controlada por la familia Mundin, hoy a cargo de Carlos Damián Mundin, de activa participación en las licitaciones de infraestructura energética nacional de los últimos años.

También presentaron ofertas OPS, una compañía neuquina propiedad de Carlos ‘Charly’ Perez, uno de los principales empresarios de Neuquén en los últimos tiempos diversificó su portafolio de activos con participaciones en medios de comunicación y crecimiento en el sector frutihortícola; Pecom, la constructora del grupo Perez Companc; las empresas brasileñas Conducto y Bueno Engenharia e IEB Construcciones, que adquirió la constructora Dycasa.

Por el momento se abrieron sólo los sobres técnicos de los participantes. La apertura de ofertas económicas está prevista para mediados de febrero, con vistas a adjudicar a los ganadores a fines de marzo o principios de abril.

La adjudicación de los tubos

La definición de los constructores del ducto ocurre semanas después de la adjudicación de la provisión de tubos fabricados por un consorcio de la India, con chapas producidas en China. Esta decisión marcó un cambio de tendencia en las contrataciones de suministros, que habitualmente se resolvían con proveedores locales.

El Grupo Techint, tras haber perdido la licitación para la provisión de caños, evalúa presentar una denuncia por dumping contra la firma india que resultó adjudicataria. Pero los plazos para resolver un planteo como este se extenderían por varios meses, por lo que en la práctica es poco factible poder frenar el avance del proyecto de SESA.

El grupo de la India fundado por Balkrishan Goenka, es un gigante que se posiciona en 50 países con el desarrollo de oleoductos, gasoductos, cañerías de agua, la construcción de autopistas y la exploración de hidrocarburos offshore y onshore.

La irrupción del holding asiático en el mercado local generó un fuerte impacto en la cadena de valor de la energía en la Argentina. Esta apertura a proveedores internacionales responde a una estrategia de optimización de costos que busca acelerar los plazos de ejecución de la obra, un factor crítico para el cumplimiento de los contratos de exportación de crudo que sustentan la viabilidad financiera del emprendimiento.

, Redacción EconoJournal

La novedad de que la compañía Welspun será la proveedora de los caños de acero para el proyecto de Southern Energy S.A (SESA) sacudió el tablero de Vaca Muerta. Por primera vez en 70 años una empresa extranjera dejó fuera de una licitación en Argentina al Grupo Techint de Paolo Rocca sacando a la luz una serie de debates acerca de las ventajas competitivas de las proveedoras asiáticas y el alcance los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa india logró la victoria en la licitación para la provisión de 500 kilómetros de cañerías para transportar el gas de Vaca Muerta hacia las costas de Río Negro tras hacer una oferta de US$ 200 millones. Pero, ¿quién es el gigante indio que derrotó a Paolo Rocca?

De comerciante a multimillonario

Welspun Group es un conglomerado industrial de la India diversificado en diferentes rubros industriales. Fue fundado por Balkrishan Goenka, un comerciante indio nacido en el seno de una familia que vendía legumbres y que en 1985 con 19 años decidió fundar su propia empresa textil proveedora de artículos para el hogar como ropa de cama y toallones. Actualmente, factura unos US$ 5000 millones y emplea a unas 35.000 personas.

Tras su creación, 10 años más tarde la compañía decidió diversificar su producción para comenzar con la fabricación de caños para la industria del oil&gas, fundando así su primera planta de tuberías en 1998. Este negocio le permitió a Welspun expandirse fuertemente en el mundo y dar un salto internacional al convertirse en un proveedor global con fuerte presencia en proyectos para Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita.

De esta forma logró tender una red global de plantas estratégicamente ubicadas en la India, Estados Unidos y Arabia Saudita para abastecer proyectos energéticos en todo el mundo. En su país, Balkrishan Goenka tiene su principal base con cuatro instalaciones, una de las cuales Anjar es reconocida como una de las más grandes del mundo.

Luego de incursionar en la industria petrolera con la provisión de caños, la empresa fundó la rama Welspun Enterprise para la construcción de infraestructura y proyectos energéticos que incluye tendido de rutas, ingeniería y diseño de plantas y la exploración de hidrocarburos offshore y onshore.

Tras obtener la victoria en la licitación argentina, ahora el centro de la polémica se centra en que los tubos indios serían fabricados con chapas provenientes de China, país que suele recibir múltiples denuncias por comercializar productos por debajo de sus costos para ganar mercados, lo que le habría dado a Wespun la ventaja competitiva en el proceso. Sin embargo, la información oficial obtenida por este medio da cuenta que la firma adquiere el acero de empresas como ArcelorMittal, que controla a Acindar, y de TataSteel, otra empresa de la India.

La cercanía con los proyectos de GNL

La provisión de caños de acero se convirtió en una de las principales estrategias corporativas del Grupo Welspun que le permitió posicionarse en 50 países y acercarse a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) como el de Southern Energy.

Según detalla en su sitio web, en 2007 la firma participó en la provisión de caños para el proyecto Keystone Pipeline de Canadá, una red de 3450 kilómetros de oleoductos que une ese país con Estados Unidos y que le dió la llave para ingresar al negocio norteamericano.

La compañía también fue la proveedora de 118 kilómetros de caños para el proyecto Perú LNG que permitió que ese país cuente con una terminal de exportación de gas licuado desde el año 2010. Paradójicamente, fue la empresa Techint la que realizó el tendido de ese ducto que cuenta con el Récord Guinnes por ser el gasoducto más alto del mundo por llegar hasta los 4.900 metros sobre el nivel del mar.

El año pasado, la empresa india firmó dos megacontratos por u$s715 millones para el suministro de tuberías revestidas para proyectos de infraestructura de gas natural y Líquidos de Gas Natural (NGLs) en Estados Unidos que se ejecutarán entre finales de este año y el 2027.

Recientemente, Wilspun logró hacerse con la compulsa para proveer con 500 kilómetros de cañerías para el proyecto de Southern Energy que permitirá exportar GNL desde finales de 2027 a través de la puesta en marcha del primer barco licuefactor que llegará a las costas del Golfo San Matías, en Río Negro. El proyecto logró recientemente un acuerdo para proveer de dos toneladas de gas licuado por año a Alemania durante 8 años.

, Laura Hevia

La Agencia Nacional de Petróleo del Brasil (ANP) aprobó este lunes el plan de desarrollo de Petrobras para Sergipe Aguas Profundas (SEAP), uno de los mayores proyectos de gas natural en Brasil. SEAP tendrá un gasoducto con capacidad para transportar a la costa hasta 18 millones de metros cúbicos por día de gas.

La petrolera estatal brasileña tomó en diciembre una decisión final de inversión (FID) que aún faltaba para avanzar con el proyecto offshore completo, que en lo productivo consistirá de dos plataformas FPSO, cada una con una capacidad para producir 120.000 barriles por día de petróleo y 12 MMm3/d de gas natural.

La primera fase o plataforma del proyecto, denominada SEAP 2, y el gasoducto tienen previsto un inicio de operaciones para 2030. No está claro cuándo ingresará en operación la segunda fase, SEAP 1.

La fase SEAP 2 engloba yacimientos con petróleo liviano, entre 38 y 41 grados API, pertenecientes a los campos de Budião, Budião Noroeste y Budião Sudeste, ubicados aproximadamente a 80 km de la costa.

Sergipe Aguas Profundas: 25 años de producción de hidrocarburos aprobados

La ANP aprobó el plan de desarrollo del proyecto Sergipe Aguas Profundas presentado por Petrobras, en donde espera producir hidrocarburos durante 25 años como mínimo.

El plan abarca siete campos distintos, aunque el organismo regulador objetó el tratamiento por separado de dos campos y exigió fusionarlos. Petrobras tendrá 60 días para presentar los planos con la nueva demarcación.

El dato llamativo es que la ANP también prorrogó los contratos de concesión de las áreas antes del inicio de la producción, una decisión sin precedentes que sin embargo, busca dar garantías al proyecto.

De esta forma, la concesión para operar SEAP 2 será hasta fines de 2055. La concesión para SEAP 1 será hasta diciembre de 2027.

La ANP estimó que con esta prórroga el Estado federal sumará US$ 1400 millones adicionales en la recaudación por regalías e impuestos. También habrá un aumento del 14,5% en la recuperación de petróleo y gas.

«Es una oferta muy significativa, crucial dada la caída que se viene observando desde Bolivia en nuestro suministro de gas«, dijeron en la ANP.

La importancia de SEAP para Petrobras y Brasil

En Petrobras consideran el proyecto Sergipe Aguas Profundas como uno de los más importantes en su cartera en los próximo años, desde el punto de vista del volumen de producción y suministro de gas.

«Nuestra actividad en la Cuenca Sergipe-Alagoas es consistente con nuestra estrategia de enfocarnos en activos de alto valor en aguas profundas, incluso en escenarios de bajos precios de petróleo y gas«, informó la petrolera.

El proyecto SEAP está ubicado en la cuenca Sergipe-Alagoas, en el noreste de Brasil, entre los estados de Sergipe y Alagoas. Sergipe está conectada a la red troncal nacional en la sección operada por TAG.

TAG opera 4500 kilómetros de gasoductos a lo largo de parte de la costa Sudeste y Nordeste del país. En Sergipe hay una terminal de importación de GNL que de 2024 está conectada a la red de TAG.

Las moléculas provenientes desde SEAP permitirían reducir las importaciones de GNL en el noreste del país. También existen algunos proyectos para poder llevar más gas del sureste al noreste.

Petrobras: avance de la perforación en el Margem Equatorial

Petrobras avanza cada vez más hacia las aguas en el noreste y norte del país en búsqueda de nuevos reservorios que permitan evitar el declino de producción de petróleo esperado para después de 2030.

La petrolera comenzó la perforación a finales de 2025 de su primer pozo exploratorio de petróleo en el Margem Equatorial, la nueva frontera petrolera offshore estratégica que el gobierno de Lula da Silva busca desarrollar en el norte del Brasil. Sin embargo, detuvo temporalmente la perforación este mes al detectar un derrame de fluido de exploración.

La ANP estima que el volumen de recursos de petróleo y gas natural en la zona ronda los 30.000 millones de barriles de petróleo equivalente.

, Nicolás Deza

El Gobierno nacional publicó una normativa que apunta a implementar un nuevo esquema por el cual la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) pasarán a manos del sector privado, desplazando de ese rol a la estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) de su rol histórico como comprador e intermediario en el mercado energético, empresa que atraviesa un complejo proceso de privatización. Desde lo político, el gobierno de Javier Milei apunta a desplazar al Estado de una actividad que durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner estuvo investigada por corrupción. Incluso en 2008, Enarsa llegó a pagar un adelanto a una empresa española por un cargamento de GNL que nunca arribó al país. El caso se conoció Perla Negra, en referencia al buque homónimo de la proyecto cinematográfico Piratas del Caribe.

Para viabilizar este proceso de traspaso operativo, el Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, que prorroga en su artículo 1 la Emergencia del Sector Energético hasta el 31 de diciembre de 2027 en los segmentos de transporte y distribución de gas. En junio último se había decidido una prórroga para todo el sistema que vence el 9 de julio de 2026.

A través de un mecanismo de competencia, las empresas privadas asumirán la responsabilidad de asegurar el abastecimiento durante los meses de mayor demanda invernal, período en el año en que las compras de GNL son justificadas por la falta de capacidad suficiente en los gasoductos para traer el fluido de la Cuenca Neuquina hacia el Area Metropolitana Buenos Aires y el Litoral.

Bajo este nuevo marco, la Secretaría de Energía licitará el acceso a la capacidad de regasificación de la terminal de Escobar. El adjudicado deberá gestionar la compra de los cargamentos de GNL, coordinar la logística de los buques metaneros e inyectar el gas al sistema para abastecer a las distribuidoras y centrales térmicas.

Tal como había adelantado EconoJournal en diciembre, esa operatoria quedará en manos de un único operador privado que, como comercializador, deberá navegar la volatilidad de los precios del GNL, influenciados por las tendencias globales y la demanda estacional. Históricamente, la Argentina accede a este mercado con contratos spot a comienzos de cada temporada para cubrir los picos invernales, en al menos dos o tres tandas de licitación.

Ahora, mientras la operatoria comercial quedará limitada a la relación entre privados, el importador y su offtaker, el precio a negociar será el de mercado, por lo cual sin subsidio directo. Sin embargo, el gobierno aún no aclaró si se va a cubrir esa diferencia entre el valor del combustible importado y el precio local que las distribuidoras pagan por el Plan Gas, o ese costo se trasladará pleno a la demanda.

Operador privado y precio máximo

La Secretaría de Energía explicó que esta nueva dinámica responde a «la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de Enarsa y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento».

En línea con ese objetivo, Enarsa deja de importar y comercializar GNL, abandonando el esquema de subsidios donde compraba el insumo a precios internacionales para venderlo a valores del Plan Gas. Ahora, el proceso pasa a estará a cargo de operadores privados, bajo un mecanismo competitivo.

Es que hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores de US$ 11 a US$ 13 por MMBTU y luego lo vendía localmente a alrededor de US$ 2,70 por MMBTU, cubriendo esa diferencia con subsidios. «El nuevo esquema elimina esa intermediación estatal y traslada la responsabilidad comercial y operativa al sector privado, con reglas claras», sentenció la cartera energética.

Como la terminal de Escobar es el único punto de inyección operativa para GNL importado, el Gobierno decidió -en el artículo 2 del Decreto de hoy- «establecer un precio máximo transitorio para la venta en el mercado interno del gas natural resultante de la regasificación del GNL que se importe para el abastecimiento de los dos próximos períodos invernales».

«Dicho precio no podrá ser superior al marcador internacional que la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía considere, más un valor en dólares necesario para cubrir todos los costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto del GNL regasificado hasta el punto de entrega ubicado en la localidad de Los Cardales», en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El comercializador será seleccionado mediante un procedimiento competitivo donde la eficiencia en estos costos logísticos será el factor determinante. El punto de entrega en Los Cardales es fundamental para la arquitectura del sistema, ya que permite la vinculación técnica con los gasoductos de TGN que alimentan la zona de mayor consumo del país.

El rol de contralor

El DNU 49/2026 mantiene un rol para la empresa estatal de seguridad en el proceso de comercialización de GNL, ya que si la licitación para el privado no llegara a buen puerto o se viera durante el avance del año que las compras resultan insuficientes, Enarsa conservará la potestad de intervenir de forma transitoria para evitar faltantes de suministro.

Para el Gobierno, la operación eficiente de la comercialización del GNL, tanto la importación desde el mercado mundial, como la venta en el sistema argentino en forma competitiva entre los distintos actores de distribución, generación e industria, requiere concentrar la comercialización en un único operador privado.

En términos técnicos, el acceso unificado y coordinado a las instalaciones de la Terminal permitirá evitar conflictos en la programación logística y asignación de ventanas de arribo (“slots”) para los buques metaneros, y dificultades en la gestión coordinada del inventario de GNL en los tanques de la FSRU, contribuyendo a la optimización del proceso de regasificación.

Además, se considera que permite controlar de mejor manera las complejidades en la coordinación de las maniobras de amarre, conexión y desconexión de los brazos de transferencia criogénicos y operaciones de trasvase de GNL de buque a buque, disminuyendo el riesgo de incidentes y demoras en la respuesta ante emergencias.

Toda esta operatoria requiere una coordinación que ahora quedará bajo responsabilidad de un trader privado, bajo la supervisión de la Secretaría de Energía y el Enargas, hasta tanto se formalice el nuevo ente unificado de control eléctrico y gasífero.

, Ignacio Ortiz

FIX SCR, la agencia calificadora de riesgo, resolvió elevar la nota crediticia de las empresas MSU Energy y MSU Green Energy, una decisión que se alinea con la expansión estratégica del Grupo MSU en el mercado energético de la Argentina. El movimiento técnico ocurre tras la reciente incorporación de la Hidroeléctrica El Chocón al portafolio del holding, fortaleciendo su escala en el sector.

Las dos empresas energéticas forman parte del Grupo MSU, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, quien realizó la oferta ganadora en la licitación por la represa de El Chocón a través de BML inversora, por un monto de US$ 235.671.294.

De esta manera, a partir de la firma de contratos realizada a fines de diciembre, MSU se quedó con esta central ubicada sobre el Río Limay que posee una capacidad instalada de 1418 MW. Hasta ahora El Chocón venía siendo operada por la italiana ENEL que presentó una oferta por US$ 172,2 millones.

Asi, en el caso de MSU Energy, de acuerdo a lo informado este lunes al mercado, la calificación ascendió a AA-(arg) con perspectiva estable. Los analistas de FIX fundamentaron este incremento en la solidez del negocio consolidado y en la previsibilidad de sus flujos de fondos.

Según el reporte de la calificadora, la compañía posee una estructura financiera robusta que se beneficia de un entorno macroeconómico y regulatorio en proceso de normalización, factor que reduce riesgos estructurales y dinamiza las inversiones.

El crecimiento sostenido del grupo, impulsado tanto por la gestión de la central El Chocón como por nuevos proyectos estratégicos, permite proyectar una visión de largo plazo orientada a la creación de valor y una mayor capacidad operativa.

El desempeño de las renovables

Por su parte, MSU Green Energy alcanzó la calificación A+(arg) con perspectiva estable. Esta mejora se sustenta en un modelo de negocio con alta previsibilidad, ya que cuenta con su capacidad de generación contratada en su totalidad mediante acuerdos de largo plazo.

En ese sentido, se resaltaron aspectos vinculados a que la firma destaca por una cartera diversificada de clientes industriales de primera línea y una capacidad de ejecución técnica en la puesta en marcha de sus parques solares.

Santos Uribelarrea, CEO del Grupo MSU, vinculó esta mejora en el perfil financiero con la estrategia de expansión de la corporación. El directivo señaló que «la nueva calificación refuerza la solidez financiera, amplía el acceso a financiamiento competitivo«.

«Invertimos en infraestructura energética confiable para el desarrollo productivo del país, integrando generación térmica, renovable e hidroeléctrica», afirmó Santos Uribelarrea, al definir que «la mejora crediticia es un compromiso para ampliar el alcance de la energía limpia y proveer soluciones sustentables a industrias y comunidades«.

MSU Green Energy cuenta con 8 parques solares con 335 MW de potencia instalada para generar energía limpia, además de tener dos plantas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías -BESS- con una capacidad de 180 Mw, y contar con dos proyectos de parques solares en construcción de energía renovable MATER que agregarán 155 MW,

, Ignacio Ortiz

Luego de haber perdido la licitación para la provisión de caños destinados al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado de Southern Energy (SESA), el Grupo Techint evalúa presentar una denuncia por dumping contra la firma india Welspun que resultó adjudicataria, según indicaron a EconoJournal fuentes vinculadas al holding que encabeza Paolo Rocca. Desde el gobierno aclararon, sin embargo, que los plazos para resolver un planteo como este —si es que se materializara— se extenderían por varios meses, por lo que en la práctica es poco factible poder frenar el avance del proyecto de SESA. 

Allegados a Techint sostienen que los tubos indios son fabricados con chapas provenientes de China, país que suele recibir múltiples denuncias por comercializar productos por debajo de sus costos para ganar mercados. Por ese motivo, afirman, la oferta inicial de Welspun terminó siendo la más competitiva.

Pese a ello, la firma liderada por Rocca aseguró, tal como informó este lunes EconoJournal, que una vez que se conocieron las ofertas ofreció, en una carta enviada al directorio de SESA, “igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa» con el objetivo de «preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular, el cual representa más del 60% del mercado argentino de tubería…». Sin embargo, SESA rechazó el pedido por interpretar que se oficializó cuando la adjudicación a Welspun ya era un hecho y los plazos legales estaban expirados.

Tenaris, la siderúrgica de Techint que compitió en la licitación, emplea a 420 personas y, por cada empleado de la compañía, se estima que hay otros 4 empleos asociados en su cadena de valor. Por lo tanto, la perdida de este contrato impactará de lleno sobre esos empleados y la red de proveedores locales.

Sturzenegger respaldó la decisión de Southern Energy

En caso de que se concrete, la denuncia por supuesto dumping deberá ser evaluada por el gobierno, aunque desde el Ejecutivo ya salieron a respaldar el resultado de la licitación. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el lunes la decisión del consorcio de otorgarle el contrato a la india Welspun y no darle a Techint la posibilidad de igualar la oferta.

“Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos”, aseguró el ministro que se mantuvo ajeno a todo el proceso licitatorio.

Desde el Ministerio de Economía, en cambio, monitorearon casi en tiempo real los acontecimientos del concurso realizado por SESA. En la cartera que dirige Luis ‘Toto’ Caputo evitaron intervenir formalmente en el proceso por entender que se trataba de una negociación entre privados, pero sí intentaron extraoficialmente que las partes encuentren una solución ‘sistémica’; algo que al final del día no ocurrió.  

Cerca de Techint recogieron el guante y cuestionaron al gobierno. “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China. Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque (nacional), ingresos brutos (provinciales) y tasas municipales (locales) que penalizan la agregación de valor”, remarcaron.

Luego fueron más allá y subrayaron que “el RIGI en sus considerandos establece entre sus objetivos principales ‘fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión’. Sin embargo, con este proyecto va a ocurrir todo lo contrario, aún en un contexto en el que todos los países y regiones como los Estados Unidos y la Unión Europea se defienden de la competencia desleal asiática”.

“El debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria. Desarrollados adecuadamente en un ‘proyecto país’, los recursos naturales pueden ser una palanca poderosa para generar divisas, crear empleo de calidad, desarrollos tecnológicos y activos de largo impacto que apuntalen el crecimiento futuro de la Argentina. Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”, concluyeron desde la T.

La respuesta de Southern Energy

Cerca del consorcio que impulsa la exportación de GNL también fijaron posición y relativizaron los argumentos de Techint. “La chapa para el gasoducto no se produce en Argentina y debe ser importada. La chapa que compra Tenaris en Argentina es importada 100% de Brasil, no es ‘compre argentino’. En Argentina, solo plega la chapa y hace la costura a los caños”, remarcaron.

Además, negaron que la oferta de la empresa india se sostenga en una maniobra de dumping y remarcaron que Techint también suele ser un comprador habitual de chapa china. “Welspun producirá los caños en India y ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto. No es un caso de dumping. En sus operaciones en Medio Oriente Tenaris compra la chapa en China”, respondieron.

“Casi todos los productos que ingresan a la Argentina tienen una parte de componente chino, incluso aquellos que se fabrican en el país. Con ese criterio, debería haber cientos de casos de dumping (autos chinos, por ejemplo) pero lo cierto es que no hay ninguno”, insistieron.

“Tenaris compra la chapa en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), empresa en la que Ternium, la siderúrgica de Techint, ejerce el control, por lo que en los hechos ‘se compra la chapa a sí misma’. Techint aun siendo el dueño de la fábrica de la chapa y de todo el proceso de fabricación no llega a ser competitiva”, concluyeron.

, Redaccion EconoJournal

La empresa de servicios integrales en logística Andreani inauguró una nueva planta en la ciudad de Neuquén como parte de su plan de inversión en infraestructura para acompañar el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y la creciente demanda logística de la industria de oil & gas.

La nueva planta de Andreani está ubicada sobre la Ruta de Circunvalación Neuquén–Plottier, en el kilómetros 1.458 y cuenta con 3.000 metros cuadrados (m²) cubiertos. Fue diseñada específicamente para el movimiento de grandes volúmenes, triplicando la capacidad de almacenamiento previa de la compañía en la región.

En paralelo, Andreani continuará operando el depósito que posee sobre la misma traza, a 700 metros de distancia, fortaleciendo así la cadena de valor logística con una mirada sostenible y de largo plazo, según precisó la compañía.

Infraestructura

La nueva infraestructura permite potenciar una oferta de servicios clave para las operaciones en Vaca Muerta, entre los que se destacan:

● Almacén de última milla (WH), orientado al almacenamiento, preparación y entrega de productos en modalidad same day y next day para operaciones en la cuenca.

● Hub de recepción de proveedores, que permite recibir mercadería de la industria, consolidar cargas y distribuirlas de manera eficiente hacia yacimientos y operaciones.

● Servicios on call y de última milla en yacimiento, destinados al movimiento de equipos, insumos y componentes críticos dentro de las áreas operativas.

● Servicio de paquetería, enfocado en el envío de materiales no estratégicos hacia las operaciones de Vaca Muerta.

Gonzalo Cicilio, gerente de Energía y Minería de Andreani, afirmó que “en operaciones como Vaca Muerta, la eficiencia no se logra solo moviendo materiales, sino gestionándolos con inteligencia. La trazabilidad en tiempo real, apoyada en tecnología y procesos integrados, nos permite optimizar inventarios, reducir tiempos muertos y generar ahorros concretos para la industria”.

Y añadió que “nuestro rol como operador logístico es administrar flujos de punta a punta: desde el origen del material hasta su entrega en el pozo, eliminando intermediaciones innecesarias y garantizando control, velocidad y previsibilidad en cada etapa”.

Andreani incorporó unidades específicas para la industria, como chasis y semirremolques diseñados para la cuenca, además de servicios especializados para el traslado de componentes sobredimensionados, válvulas de gran porte y equipos de pulling, garantizando que la maquinaria llegue al pozo en el momento exacto.

La compañía también destacó “el impacto positivo que este tipo de soluciones tiene sobre las pymes proveedoras de servicios, que muchas veces no cuentan con la escala necesaria para montar su propia estructura logística en la región. A través de depósitos estratégicos y una red de distribución compartida, pueden acceder a estándares de alta eficiencia y competir en igualdad de condiciones”.

“Pensada con una mirada de largo plazo, esta inversión busca sentar las bases de una logística preparada para el próximo salto productivo de Vaca Muerta, donde la anticipación, la integración de procesos y la eficiencia serán claves para sostener el crecimiento”, enfatizaron desde Andreani.

, Redaccion EconoJournal

Southern Energy (SESA), el consorcio liderado por Pan American Energy (PAE) e integrado también por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, decidió adjudicar la provisión de caños para su proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) frente a las costas de Río Negro a la empresa india Welspun, uno de los principales jugadores del mercado siderúrgico global, tal como adelantó La Nación este domingo.

EconoJournal consultó a más de cinco fuentes privadas para poder reconstruir temporalmente el curso de acontecimientos que propiciaron una decisión que no tiene antecedentes en el plano local. La compañía asiática presentó el precio más bajo — US$ 203 millones— para suministrar los tubos con costura que permitirán construir un gasoducto dedicado a la exportación de GNL en el Golfo San Matías. Se impuso a otras cinco ofertas: cuatro de compañías chinas y a una de Tenaris, empresa siderúrgica del Grupo Techint y única fabricante local de los tubos para la industria de Oil&Gas.

La medida se tomó el 23 de diciembre. Ese mismo día, uno de los socios de SESA planteó de manera verbal en el Directorio la moción de otorgarle a Tenaris la posibilidad de igualar la oferta recibida por la compañía india; es decir, ofrecerle una especie de ‘right to match’ (derecho de igualación) para desempatar a su favor la compulsa.

A la hora de votar, YPF, que posee un 25% del capital accionario de SESA, y Pampa Energía, que explica otro 20%, estuvieron a favor de hacer lugar al planteo de la compañía de Techint.   

Pero los otros tres socios, PAE, Harbour Energy y Golar, que en conjunto agrupan un 55% del paquete accionario y lograron la mayoría, le cerraron la puerta a esa posibilidad. Ni bien se descartó esa moción, se procedió a aceptar la propuesta de Welspun. En esa instancia, los cinco socios de Southern Energy avalaron por unanimidad esa determinación. Y ese mismo día se notificó oficialmente a Wespun y se firmó el contrato comercial correspondiente.

Tiempo extra

Cuando parecía que el proceso ya estaba finalizado, Tenaris intentó dos jugadas en tiempo de descuento para no perder la provisión de caños; algo que no tiene antecedentes en los más de 70 años de Techint en el país. De las seis ofertas que recibió SESA, la empresa del holding que encabeza Paolo Rocca había quedado en último lugar, por detrás de Welspun y de las cuatro compañías chinas.

La diferencia de precios entre los oferentes fue significativa. En la ronda final de propuestas (existieron dos llamados, uno inicial y un segundo de mejora de oferta), Tenaris cotizó los caños a un precio cercano a los US$ 280 millones; casi un 40% más caro que la de Welspun. El 24 de diciembre, un día después de que se firmara el contrato con la empresa india, la empresa presentó a Southern Energy una propuesta comercial más competitiva, con una reducción de cerca de US$ 30 millones de su oferta inicial.

Si se aplicaran aranceles del 12,5% a la importación de los caños desde Asia —algo que en el fino no está precisado porque el RIGI abre la puerta a recibir exenciones impositivas por la importación de bienes de capital para proyectos como el de SESA que están aprobados bajo el paraguas del nuevo régimen de incentivos— , la brecha entre los oferentes se reduciría al 20-25%, una distancia todavía considerable. Por eso, el 30 de diciembre, SESA le informó a Tenaris que su oferta, aún con la mejora, no resultaba ser la más competitiva.

Aunque los plazos formales del proceso estaban agotados, Tenaris realizó un intento más y el 6 de enero —dos semanas después de la adjudicación de la licitación—decidió presentar oficialmente el pedido de ‘right to match’ en el directorio de SESA, ya no a través de un socio del consorcio, sino en forma directa con una propuesta por escrito.

Pero un día más tarde, el 7 de enero, el Directorio de Southern Energy volvió a cerrarle la puerta y le comunicó que su presentación era incompatible con la integridad de un proceso licitatorio que “debe garantizar igualdad de posibilidades para todos sus participantes”.

Un intento más

Esa alternativa implicaba —según plantearon allegados a SESA— jugar al límite legal dado que Welspun ya había sido notificado oficialmente de su victoria y podía alegar derechos adquiridos si le retiraban el contrato. Otras fuentes consultadas indicaron, en cambio, que este tipo de negociaciones de último minuto son relativamente normales en procesos licitatorios como este, a fin de conseguir los mejores precios para quien contrata.   

De poco importa porque la historia ya está escrita, pero es probable que si la presentación de Tenaris hubiese llegado antes de tiempo, cuando el directorio de Southern Energy aún no había validado la propuesta de Welspun, el desenlace habría sido diferente. “Cuando la adjudicación ya estaba definida, Tenaris propuso primero bajar el precio de los caños a unos US$ 250 millones y después, al final, directamente planteó que estaba dispuesta a igualar la oferta de los indios (sic) con tal de no perder el contrato. Pero algunos socios consideraron que era muy riesgoso en términos legales cambiar de proveedor por fuera de los plazos establecidos, por lo que votaron en contra”, reconstruyó bajo pedido de reserva de nombre un alto directivo de la industria de hidrocarburos.

Lo que sigue para el proyecto de GNL de Southern Energy es la contratación de la empresa que estará a cargo de la construcción del gasoducto desde Vaca Muerta hasta las costas de Río Negro. La licitación ya está en la calle y se espera que el ganador se conozca antes de abril.

, Nicolas Gandini

La gerencia encargada de ejecutar la extensión de vida de Atucha I, una de las tres centrales nucleares que tiene el país, notificó este mes que los cambios en la política de compras están retrasando la ejecución de la obra, que debería estar lista en marzo de 2027. Las modificaciones habían sido promovidas por dos gerentes que respondían al presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, y que el miércoles pasado fueron desplazados por una denuncia por presuntos sobreprecios.

Los cambios en la política de compras los impulsó la gerencia de Coordinación Administrativa, comandada por Hernán Pantuso, y la gerencia general, a cargo de Marcelo Famá, quienes ingresaron en la empresa con el recambio de directorio de abril que marcó el desembarco de Reidel como presidente de Nucleoeléctrica.

Pantuso y Famá buscó centralizar las compras para las centrales nucleares a través de la gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, de forma tal de realizar agrupamientos de compras de insumos, buscando una mayor eficiencia y mejores precios en las licitaciones.

Sin embargo, los resultados inmediatos de quitarle a las centrales nucleares la gestión de sus compras no fueron positivos. Concretamente, la cantidad de comprobantes (obligaciones) sin pagar por insumos y servicios contratados a proveedores nacionales se disparó a partir de junio pasado, evidenciando crecientes demoras tanto en los pagos como en la recepción de los bienes y servicios, según pudo saber EconoJournal.

En octubre de 2024 no se registraron comprobantes sin pagar, mientras que un año más tarde, en octubre de 2025, se contabilizaron 205 comprobantes sin pagar. El pico máximo de 2025 se registró en julio con 420 comprobantes sin pagar.

Distinto es el caso de las obligaciones con proveedores extranjeros, que mostraron una evolución favorable, con apenas 39 contratos pendientes de pago contabilizados en octubre pasado.

En la empresa se reconoce que muchos componentes y servicios que se deben importar para la extensión de vida recién se pudieron destrabar con la flexibilización de los controles de cambio en los últimos dos años. “La gestión de compras externas era difícil con el gobierno anterior y el torniquete”, explicó una fuente.

Atucha I: la advertencia sobre la política de compras

La evolución en los comprobantes sin pagar vista por este medio explica la preocupación que comenzó a correr dentro de las gerencias de Operaciones y de Proyectos y que finalmente devino en una interna feroz con la línea política de la empresa.

Fuentes dentro de la compañía comentaron a EconoJournal la existencia de una nota que la gerencia del proyecto de extensión de vida de Atucha I remitió en enero de este año a las gerencias de Proyectos y de Operaciones.

La notificación señala que cambios puntuales en los procesos de compra introducidos en 2025 impactaron de forma negativa en la ejecución del proyecto, al forzar al personal técnico avocado al mismo a dedicar más tiempo en nuevas gestiones relacionadas con las compras.

Según una de las fuentes, en uno de los pasajes de la nota se hace saber que los cambios en los procesos de compras “incidieron en los plazos, la coordinación y comunicación inter-áreas y la eficiencia general de la gestión, recargando a los equipos técnicos, limitados en recursos de personal, quienes deben dedicar más tiempo en estas gestiones”.

Por otro lado, en la empresa también se comentan posibles dificultades para cumplir con la parada programada de Atucha II, que comienza el día 14 de marzo y debería durar 63 días.

“Hay contratos de servicios de mantenimiento a empresas extranjeras y componentes específicos nucleares que revisten demoras, dado que la gestión de compra en el último tiempo priorizaba las cosas triviales, como limpieza, parquizado y transporte”, relató una fuente.

La revisión corporativa que agudizó la tensión

Durante varios meses las diferencias entre la línea política y la línea profesional en torno a la política de compras no pasaron de ser discusiones internas. Sin embargo, la interna detonó en diciembre con la revisión independiente que se realiza todos los años en Nucleoeléctrica.

El subgerente de producción en Atucha I y II, Martín Reina, y el jefe del Departamento de Asistencia de Producción, Gabriel Blejer, asistieron a pedido del Área de Supervisión Independiente de la empresa en la realización de la revisión corporativa del 2025.

La revisión corporativa es un procedimiento anual en el que personal del Área de Supervisión Independiente evalúa los procesos y actividades de planta, corporativos y de soporte, y el comportamiento del personal, de forma tal de identificar problemáticas y corregirlas. Se trata de un procedimiento que está en línea con las mejores prácticas promovidas por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

El procedimiento consiste de entrevistas a personal de la empresa para consultar sobre temas de interés previamente definidos entre la Gerencia Planeamiento Estratégico y dicha área. El contenido de las entrevistas luego queda plasmado en un informe final.

La política de compras formaba parte de los temas relevados en las entrevistas. Reina y Blejer colaboraron con el área de Revisión Independiente en la confección y realización de las mismas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, un reporte preliminar con respuestas de empleados de la empresa habría molestado a Pantuso, quien a comienzos de diciembre ordenó los despidos de Reina y Blejer y la apertura de un sumario contra los dos.

Sin embargo, la reacción negativa dentro de la compañía los llevó a frenar los despidos. El gerente de Sitio de Atucha I y II, Diego Garde, puso su renuncia a disposición, en abierto rechazo a la decisión tomada por Pantuso y validada por Famá. De todas formas, el sumario contra Blejer y Reina continúa abierto. Por otro lado, el informe final de la revisión independiente anual quedó en un limbo.

El episodio tensionó como nunca antes la convivencia interna en la empresa. “Nunca pasó algo así. Esto quiebra la cultura organizacional de la empresa, que se funda en la transparencia y confianza”, explicó una fuente.

La remoción de los gerentes en Nucleoelećtrica

Finalmente, la interna y un presunto caso de sobreprecios terminó detonando la salida de Famá y Pantuso de sus cargos. El directorio de la empresa resolvió la semana pasada por tres votos contra dos removerlos de sus cargos debido a una denuncia interna promovida desde el Comité de Integridad de la compañía que los vincula en un presunto caso de direccionamiento a favor de una empresa en una licitación de limpieza.

El presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, votó en contra de la remoción de los gerentes, y Diego Chaher, integrante del directorio, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, lo hizo a favor. Además de su remoción se les abrió un sumario para investigar la denuncia interna.

La propuesta de tratar en reunión de directorio la remoción o continuidad de los gerentes fue realizada por el vicepresidente de la empresa, Germán Guido Lavalle, quien continúa en el directorio en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “(Guido Lavalle) el 9 de enero mandó un mail solicitando reunión para el 14, como Reidel estaba de vacaciones se fijó para el 21”, contó una fuente.

Famá y Pantuso ingresaron en la empresa cuando Reidel asumió la presidencia en abril de 2025. El primero es un doctor en física con pasos previos por INVAP, Grupo Techint, Arsat y la CNEA, mientras que el segundo es un licenciado en periodismo que tuvo un paso por la política bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli.

En la reunión de directorio también se resolvió designar como gerente general interino a Fernando Monserrat, un histórico de la empresa que ya ofició en ese cargo.

Atucha I: un liderazgo político experimentado para un proyecto complejo

El retorno de Monserrat a la gerencia general fue bien recibido dentro de la empresa. Las prioridades máximas para la línea profesional son la culminación de la extensión de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), dos proyectos que implican una inversión global de US$ 700 millones.

El primer proyecto, formalmente denominado como Parada Prolongada de Reacondicionamiento de Atucha I, busca extender la vida operativa de la central nuclear por al menos 20 años calendarios más, mientras que el almacenamiento en seco es clave para la continuidad operativa de Atucha II.

Atucha I salió de servicio en septiembre de 2024 y está programado que vuelva a operación en marzo de 2027, mientras que el ASECQ II debe entrar en funcionamiento durante 2027 para que Atucha II pueda seguir generando.

En la empresa confían en cumplir con los plazos establecidos en forma razonable, aunque también se reconoce que la extensión de Atucha I es un proyecto con desafíos técnicos únicos que complican el cumplimiento del plazo original.

Los diseños de Atucha I y II son únicos en el mundo. No existen otros reactores comerciales con la configuración de recipiente de presión, uranio natural y agua pesada, por lo que no hay antecedentes para un proyecto de este tipo.

Nucleoeléctrica tiene experiencia probaba con la extensión de vida de Embalse ejecutada durante la presidencia de Mauricio Macri y la culminación y puesta en marcha de Atucha II en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La empresa lleva casi dos décadas planificando la extensión de vida de Atucha I. Para la ejecución del proyecto se conformó una gerencia específica que está ejecutando un plan con cinco líneas de trabajo que implican ejecutar 41 subproyectos indispensables, además de un total de 251 subproyectos no obligatorios para hacer más eficiente a la central.

Las fuentes consultadas no dudan sobre la capacidad técnica de concretar el proyecto en un plazo razonable, pero subrayan cierto desgaste por salida de personal de la empresa y pérdidas salariales. Un desgaste que se magnificó en el último año tras la designación del tercer directorio en la empresa en lo que va de la presidencia Milei.

“Estamos acostumbrados a los cambios de directorio y presidentes, pero el desgaste existe”, sintetizó una fuente.

, Nicolás Deza

La Secretaría de Energía formalizó el nombramiento del Marcelo Alejandro Nachón al frente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La medida se oficializa luego de la salida de Carlos Casares, cuya renuncia se hizo efectiva el pasado 22 de enero.

Nachón es uno de los tres vocales que conforman la propuesta que el Gobierno nacional elevó al Senado para designar a las nuevas autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo unificado con el cual la actual gestión dará por finalizado el proceso de normalización de los entes de contralor y regulación del sector energético.

La llegada de Nachón ocurre en ese contexto de transición, mientras avanza el proceso de conformación del nuevo Ente creado bajo la Ley de Bases. Según la normativa vigente, el mandato en el Enargas se extenderá hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se constituya formalmente el directorio del nuevo organismo unificado.

Los antecedentes de Marcelo Nachón

Nachón es licenciado en Economía, posee experiencia en el sector hidrocarburífero y de regulación energética. Previo a este nombramiento, se desempeñó desde julio de 2024 como integrante del Consejo Asesor del Enargas. En ese rol, participó en la elaboración de marcos normativos y en procesos estratégicos como la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y la revisión tarifaria quinquenal.

Su carrera incluye más de 16 años en la compañía Wintershall Dea Argentina, donde ejerció funciones de responsabilidad en temas regulatorios y contractuales, representando a la firma en negociaciones tanto en la Argentina como a nivel regional.

Asimismo, Nachón cuenta con antecedentes en la gestión pública: entre 2004 y 2007 ocupó el cargo de director nacional de Economía de los Hidrocarburos dentro de la Secretaría de Energía.

Desde el Gobierno nacional señalaron que su designación busca garantizar la continuidad institucional y el funcionamiento operativo del sistema gasífero durante esta etapa. El economista ya fue evaluado y avalado por el comité de selección para integrar el futuro directorio unificado, proceso que se encuentra en su etapa final de conclusión.

Con este cambio de autoridades, Nachón asumirá las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley 24.076, en un período marcado por la prórroga de la emergencia energética y la reconfiguración del sistema de transporte de gas en el país.

, Redacción EconoJournal

El Gobierno aprobó este lunes la puesta en marcha de un Precio Anual Uniforme del servicio de gas natural con el objetivo de suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios durante los meses de mayor consumo.

El precio del gas que se trasladada a la tarifa ha tenido históricamente un componente estacional. Por lo tanto, es más caro en los períodos de temperaturas frías, lo cual sumado al mayor consumo que se registra en esos meses del invierno, deriva en aumentos significativos.

El cambio que introdujo ahora el gobierno, a través del decreto 26/2026, prevé que el valor del metro cúbico será constante a lo largo del año.

Se aplana el precio del gas

Al «aplanar» la curva de precios, los usuarios tendrán facturas más parejas, facilitando la planificación de los gastos familiares y evitando sobresaltos financieros en invierno.

La Secretaría de Energía aclaró que esto no implica una modificación de los contratos ni del Plan Gas, se preserva la cadena de pagos del sector y se mantiene la señal de precio del gas.

El Estado actuará como un «amortiguador» financiero: seguirá pagando a las productoras el precio estacional correspondiente (más alto en invierno), pero cobrará a los usuarios un precio promedio anualizado. Las diferencias que surjan entre el precio real de mercado y el precio uniforme que paga el usuario serán compensadas por el Estado Nacional, asegurando que no se corte la cadena de pagos del sector.

“El diferencial que surja entre el Precio Anual Uniforme definido por la Autoridad de Aplicación en el marco del Plan Gas Ar y el Precio de Mercado resultante de la Subasta, ajustado por el factor del Período Estacional, cualquiera sea su signo, positivo o negativo, estará a cargo del Estado Nacional, o se deducirá del monto a su cargo, según corresponda”, aclara el decreto en su artículo 1 que sustituye el punto 13 del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028 aprobado por el artículo 2 del decreto 892 de noviembre de 2020.

La Secretaría de Energía deberá publicar en los próximos días los cuadros con los nuevos valores anualizados que regirán para este ciclo 2026.

, Redaccion EconoJournal

Entre el 26 y el 30 de diciembre del año pasado y desde la Posta de Inflamables N°3 de Puerto Galván, el buque tanque VS Pride cargó aproximadamente 71.000 metros cúbicos de crudo con destino a Estados Unidos haciendo uso del sistema logístico de la Refinería Bahía Blanca y el Oleoducto Derivación, recientemente incorporado al esquema de transporte de la región.

La operación tuvo como eje central la utilización de este nuevo ducto, desarrollado por Trafigura junto con la operadora del sistema troncal Oldelval. La infraestructura permite la conexión directa entre el sistema de transporte principal y la posta de carga en Puerto Galván, lo que reduce restricciones operativas y amplía la capacidad disponible para las exportaciones.

Oleoducto Derivación y el fortalecimiento del perfil exportador de Vaca Muerta 

De acuerdo con la información difundida por los operadores, la conexión directa con el oleoducto troncal facilitó una carga más ágil del VS Pride, un buque de 228 metros de eslora. La coordinación entre la Refinería Bahía Blanca y el consorcio de Puerto Rosales permitió integrar la producción proveniente de la Cuenca Neuquina con el circuito portuario de salida al mercado internacional.

El Oleoducto Derivación fue inaugurado a comienzos de noviembre de 2025 y se presenta como una vía complementaria dentro del sistema nacional de transporte de crudo. Su incorporación apunta a mejorar la flexibilidad operativa y a acompañar el incremento del perfil exportador de la producción de Vaca Muerta.

La nueva infraestructura cuenta con un diámetro de 14 pulgadas y una extensión aproximada de 11 kilómetros. Conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la Refinería Bahía Blanca. La inversión informada para su ejecución superó los 30 millones de dólares y, según los responsables del proyecto, se llevó adelante bajo estándares técnicos, de seguridad y ambientales alineados con las prácticas del sector.

La reciente exportación se enmarca en un contexto de ampliación de la capacidad logística para el transporte y la salida de crudo desde la Cuenca Neuquina, en un momento en el que los operadores buscan optimizar los cuellos de botella en la infraestructura y sostener el crecimiento de los volúmenes destinados a los mercados externos.

, Redaccion EconoJournal