¿Está Guatemala lista para abrir su mercado energético? El sector analiza los desafíos regulatorios

Guatemala se encuentra en una etapa crítica para definir el futuro de su matriz energética: mientras avanza la licitación PEG‑5, orientada a sumar nueva generación, surgen interrogantes sobre si el país cuenta con un marco regulatorio capaz de atraer a nuevos competidores y fomentar la incorporación de tecnologías emergentes como el gas natural licuado (GNL) o las renovables a gran escala.

El principal desafío que identifican los actores del ecosistema energético es la transferencia de riesgos que impone la licitación a los oferentes. Este esquema, aunque busca eficiencia y compromiso, eleva las barreras de entrada, particularmente para nuevos jugadores que no cuentan con respaldo operativo local.

Una fuente cercana a Energía Estratégica analizó el actual esquema regulatorio y destacó que, si bien los oferentes deben asumir riesgos significativos, existen mecanismos normativos, financieros y técnicos que podrían funcionar como amortiguadores y equilibrar las condiciones de competencia.

En respuesta a las preocupaciones del sector, el Ministerio de Energía y Minas publicó recientemente la cuarta adenda a las bases de licitación tanto para PEG‑5 como para PET‑3, el proceso paralelo para ampliar el sistema de transmisión eléctrica nacional. Las modificaciones contemplan ajustes en los requisitos de experiencia técnica, capacidad económica mínima y mecanismos de verificación, buscando flexibilizar ciertas condiciones sin afectar los estándares de seguridad y desempeño.

Un aspecto central es la interdependencia entre generación y transmisión. Según las bases, más de 440 km de líneas eléctricas y 14 nuevas subestaciones deberán ejecutarse en un plazo de cinco años. Su puesta en marcha es imprescindible para que los proyectos de generación puedan evacuar energía eficientemente. No obstante, factores como permisos locales, servidumbres y coordinación con gobiernos municipales representan cuellos de botella potenciales para cumplir los cronogramas establecidos.

El especialista consultado valoró que el marco regulatorio vigente contemple el traslado de ciertos costos al Mercado Mayorista bajo supervisión de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), lo cual puede funcionar como red de seguridad para proteger las inversiones ante cambios contractuales o normativos.

También destacó que el andamiaje legal actual ofrece reglas claras y predecibles, lo cual genera confianza en inversores institucionales. Sin embargo, advirtió que será clave avanzar en una actualización normativa que dé cabida a modelos de negocio más flexibles y a tecnologías emergentes como el GNL y los sistemas de almacenamiento.

Desde el plano técnico, remarcó que los proyectos vinculados al GNL deben cumplir exigencias internacionales como la norma NFPA 59A, además de incorporar análisis de riesgos y revisiones de seguridad. Si bien esto incrementa los costos iniciales, también reduce la probabilidad de pérdidas operativas y fortalece la seguridad del sistema eléctrico.

En paralelo, el gobierno ha dejado en claro su intención de adaptar los procesos licitatorios a la realidad del sector, manteniendo como fecha límite el 24 de septiembre para introducir nuevas modificaciones. Esto sugiere una postura receptiva a las necesidades del mercado, pero también una urgencia por dar certezas y avanzar en plazos.

Guatemala se juega más que megavatios: está definiendo el tipo de competencia e inversión que quiere atraer. En ese sentido, el equilibrio entre incentivos regulatorios, viabilidad financiera y control técnico será determinante para que las licitaciones no queden en manos de unos pocos actores tradicionales, sino que funcionen como verdaderos motores de modernización y apertura del sistema eléctrico nacional.

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