La nueva subasta de largo plazo en Colombia se lanza en un escenario muy distinto al de sus antecesoras. Mientras en 2019 el mercado carecía de contratos suficientes para respaldar financiamiento estructurado, hoy los desarrolladores negocian PPAs de hasta 15 años con condiciones que permiten cerrar Project Finance sin acudir necesariamente al mecanismo estatal.

El cambio de contexto responde a una señal clara: la posible estrechez del sistema hacia 2027–2028, en un entorno marcado por retrasos en expansión de red y limitaciones en asignación de puntos de conexión. Ante ese panorama, comercializadores y grandes consumidores comenzaron a asegurar suministro con mayor anticipación, dinamizando el mercado bilateral.

“Esas subastas se hicieron en un contexto en el cual no había muchos PPAs bilaterales de largo plazo en el mercado”, explicó Manuel Gómez Fajardo, experto en energía y regulación. La diferencia estructural entre aquel momento y el actual redefine el rol que debe cumplir el nuevo proceso.

Hoy el interrogante no es si la subasta es necesaria, sino cómo se adapta a un ecosistema más sofisticado. “Hoy existen PPAs de entre 12 y 15 años que antes no se estaban ofreciendo”, afirmó Gómez Fajardo, quien participó en la negociación de más de una decena de contratos recientes desde ambos lados de la mesa.

Este avance no debilita el mecanismo. Eleva el estándar. Si el mercado ya ofrece estabilidad contractual y plazos suficientes para estructurar deuda, la subasta deberá aportar un diferencial tangible en materia de garantías, perfil de riesgo o previsibilidad regulatoria.

El carácter voluntario del esquema introduce una lógica competitiva inevitable. Generadores y demanda evaluarán si el proceso ofrece mejores condiciones que las que pueden conseguir de manera bilateral.

“Si esta subasta está compitiendo con un producto que ya existe en el mercado, tiene que aportar algo demasiado atractivo para que realmente sea exitosa”, advirtió el especialista. El éxito dependerá de que el diseño contractual resulte más eficiente o seguro que las alternativas disponibles.

Para la banca, el análisis continúa centrado en la estabilidad del ingreso y la calidad del offtaker. La duración del contrato, la solvencia de la contraparte y la consistencia institucional pesan más que el canal de adjudicación. En un entorno donde algunos comercializadores enfrentan tensiones financieras, la estructura de garantías adquiere especial relevancia para el capital internacional.

En este punto, la subasta puede jugar un rol estratégico: estandarizar contratos, transparentar condiciones y ampliar el acceso a la demanda con respaldo sólido. No como sustituto del mercado bilateral, sino como complemento que fortalezca la disciplina financiera.

Además, el proceso se desarrolla en un año preelectoral —con elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026—, lo que introduce una variable institucional adicional. La previsibilidad regulatoria y la independencia del regulador serán factores determinantes para mantener confianza inversora.

Además, Gómez Fajardo sostuvo que la discusión sobre la pertinencia del mecanismo no es el eje central. El debate real es si el diseño logra responder a la nueva realidad del mercado.

Con una transición energética en marcha y señales de estrechez en el horizonte, Colombia enfrenta una etapa distinta. La subasta ya no opera como motor inicial de expansión renovable, sino como herramienta de ajuste fino en un mercado que maduró rápidamente y que hoy exige sofisticación contractual y financiera.

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