La preexistente tensión entre Techint y el Gobierno nacional se agudizó a partir de la licitación para la provisión de tubos de acero destinados al gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro, donde se proyecta una planta de producción de GNL para exportación: el concurso por los caños del proyecto Argentina FLNG de Southern Energy abrió una grieta que desbordó lo estrictamente empresarial y pasó a inscribirse en el terreno de la disputa política y estratégica.
La oferta ganadora de la licitación fue de la firma india Welspun, por 203 millones de dólares, que fue impugnada por Tenaris bajo el argumento de dumping: tubos fabricados en India con chapa china, a precios artificialmente deprimidos.
En ese proceso, el Ejecutivo avanzó con pliegos que no contemplan mecanismos de preferencia para proveedores locales ni criterios de integración nacional, habilitando la importación de tubos fabricados en el exterior, principalmente desde Asia.
Según fuentes de la compañía, lejos de existir una brecha del 40 %, su propuesta era competitiva en términos internacionales y, frente a una práctica considerada desleal, llegó incluso a ofrecer igualar las condiciones comerciales de la oferta ganadora para preservar una operación que concentra más del 60 % del mercado argentino de tuberías, aun a costa de resignar rentabilidad en ese contrato específico.
La paradoja es que el propio régimen de incentivos del RIGI, concebido para fomentar encadenamientos productivos locales, terminaría financiando empleo y valor agregado en China o India con recursos fiscales argentinos. Pero el dilema no es meramente contable sino estratégico: la siderúrgica del Grupo Techint con plantas en 17 países y más de 26.000 empleados y Tenaris-Siat emplea hoy a 420 trabajadores directos y, por cada uno de ellos, se estiman cuatro más en su cadena de valor, en un entorno ya penalizado por impuestos distorsivos como el cheque, ingresos brutos y tasas municipales.
Techint, a través de su controlada Tenaris, venía siendo el proveedor histórico de este tipo de caños para gasoductos de alta presión, producidos en su planta de Campana, con estándares técnicos homologados por el propio sistema regulatorio argentino.
La empresa sostiene que la decisión de importar, ignora deliberadamente las distorsiones y asimetrías estructurales del comercio internacional del acero —subsidios estatales, dumping y financiamiento dirigido— y pone en riesgo la continuidad de una cadena industrial estratégica. Para Techint, la exclusión de criterios de desarrollo industrial en una obra financiada directa o indirectamente por el Estado no es un problema comercial puntual, sino una definición política que impacta sobre el empleo calificado, la balanza comercial y la capacidad futura del país para ejecutar infraestructura energética crítica.
La controversia escaló al plano político cuando el presidente Javier Milei con su habitual estilo ramplón calificó a Paolo Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, mientras su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostenía que insumos más baratos implican mayor rentabilidad, inversión y exportaciones.
Mar de fondo
Queda de manifiesto que el conflicto entre Milei y Techint no es coyuntural ni personal, es estructural. Expresa la colisión entre dos modelos de capitalismo. No porque el mundo se agote en esa dicotomía, sino porque la reducción deliberada del debate a términos barriales ha sido la técnica que permitió al Gobierno nacional avanzar con su programa de ajuste.
Techint encarna una forma de capitalismo industrial integrado, propia de empresas complejas cuya proyección en los mercados globales exige la presencia de un Estado fuerte y articulador, como ocurre con la mayoría de los grandes conglomerados europeos, norteamericanos o chinos.
Un país que produce acero dispone de una base industrial estratégica que le permite sostener sectores clave como la construcción, la energía, el transporte y la defensa, reduce su dependencia externa en insumos críticos y tiene mayor capacidad de capturar valor agregado, generar empleo calificado y desarrollo tecnológico.
En cambio, un país que no produce acero queda estructuralmente dependiente de importaciones para obras e industrias fundamentales, es más vulnerable a shocks externos de precios y suministro, y ve limitada su autonomía económica y estratégica, ya que el acero es un insumo transversal que condiciona tanto el desarrollo productivo como la capacidad de decisión soberana.
Desatender esta dimensión supone desconocer el lugar estratégico que ocupa la producción de acero en la economía de cualquier estado que aspire a un horizonte sostenido de progreso a ser un país importante.
La experiencia histórica de la propia Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, Corea, China, Brasil y más recientemente la India, constituye una demostración elocuente de que la siderurgia es un pilar insoslayablemente básico de toda economía que pretenda desarrollo.
Haz lo que digo
El discurso de Milei no se corresponde plenamente con sus actos. Con Milei el Estado no desaparece ni reduce sustantivamente su presencia: redefine sus funciones. Abandona la planificación para intervenir de otro modo, orientado a reordenar, disciplinar y garantizar el funcionamiento de los mercados. Se trata de una intervención en otras áreas, pero no por ello menos significativas sino todo los contrario.
En ese marco, el acero deja de ser concebido como una industria estratégica y pasa a ser tratado como un bien indiferenciado, sometido sin matices a las reglas del mercado mundial, despojado de toda consideración relativa a su gravitación económica, su aporte al empleo calificado, al desarrollo tecnológico y a su arraigo productivo nacional. Todo ello ocurre, además, en un contexto internacional marcado por el fin de la globalización y por el giro proteccionista de los Estados Unidos, que cierran su economía frente a la producción foránea, mientras la Argentina, en una nueva paradoja, abre su mercado a China, principal enemigo económico del nuevo socio estratégico del Gobierno.
Milei propone un modelo de capitalismo financiero desregulado -harto conocido en este país- en el que el Estado no debe planificar ni proteger, sino limitarse a garantizar un conjunto de reglas abstractas.
Mientras tanto, interviene de manera permanente en el tipo de cambio (cepo, desregulación, crawling, shock), en las tarifas (sinceramiento, quita de subsidios, aumento de los planes sociales), en los contratos (renegociaciones, marcos regulatorios) y en los precios relativos (energía, transporte, combustibles). Además pisa ingresos y salarios no homologando acuerdos paritarios.
Es decir: interviene en el Estado pero no para planificar el desarrollo industrial y las cadenas de valor, sino en una obsesiva intervención sobre la moneda, el déficit, el balance fiscal y los ingresos populares.
Su obsesión pasa por alto que los países que pone de ejemplo, durante 2025 tuvieron fuertes déficits fiscales: Estados Unidos: 7,4%, Israel (6,4%), Bélgica (5,5%), Francia (5,4%), Finlandia (4,6%), Inglaterra (4,3%), Nueva Zelandia (4,1%), Austria (4,3%), Italia (3,3%), El Salvador (2,8%), España (2,7%), Australia (2,7%), Perú (2,4%), Canadá (2,2%), los Países Bajos (2,1%), Corea (1,5%) y Japón (1,2%).
Por otra parte, en estos dos años de gobierno, la inversión se desplomó un 12% respecto a la última etapa de la administración del golpeador Alberto Fernández: hay 584.686 personas menos con empleo registrado, según la Secretaría de Trabajo, cuando por año ingresan al mercado no menos de 150.000 trabajadores.
El consumo masivo derrapó en 2025 un 11,9% respecto a 2023, según la medición de la consultora Scentia que pondera los gastos en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, almacenes y kioscos y mayoristas, los niveles de morosidad en el pago de las tarjetas de crédito son récord y la actividad productiva, no vinculada a la energía, al agro y a la minería, está en un pozo de profundidad nunca visto salvo en la pandemia.
Esos datos se explican en parte por la caída de los salarios formales y las jubilaciones que perdieron sistemáticamente frente a la inflación.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los dos primeros años del gobierno de Milei, convirtiéndose en el ancla social del ajuste.
A diciembre de 2025, la AUH alcanzó a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad— y la Tarjeta Alimentar llegaba a 2.546.130 familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños: más de seis millones de prestaciones en total. Lejos del relato del “fin de los planes”, la ayuda directa a los sectores más pobres no solo no se redujo, sino que se expandió, al tiempo que el salario mínimo y las jubilaciones se deterioraban.
Este esquema —transferencias monetarias masivas, directas y sin intermediación— ayuda a explicar la ausencia de estallidos sociales pese a la magnitud del ajuste: el Gobierno desplazó a las organizaciones sociales, pero reforzó el flujo de recursos hacia los hogares más vulnerables, reconfigurando, y no eliminando, el Estado social.
“Nos van a salir dólares por las orejas”
En materia hidrocarburífera, una lectura preliminar de los lineamientos políticos de Javier Milei sugiere que el presidente parece inclinarse más hacia el paradigma nigeriano que hacia el noruego. Noruega hizo de sus recursos naturales una auténtica política de Estado: convirtió sus hidrocarburos en una palanca de desarrollo mediante empresas públicas robustas, una densa red de proveedores locales, capacidades tecnológicas propias y un fondo soberano que hoy resguarda más de un billón de dólares para las generaciones futuras.
Nigeria, en cambio, quedó atrapada en un esquema primario-exportador, casi colonial, estructurado en torno a enclaves de multinacionales, con escasa integración industrial y una apropiación de la renta que ha nutrido la corrupción, la desigualdad y la debilidad institucional. En un caso, el petróleo fue una escuela de capitalismo productivo; en el otro, un atajo hacia la dependencia y la desarticulación económica.
¿Y las inversiones?
La ausencia de inversión externa -a pesar del RIGI- no es un accidente ni una casualidad de mercado: es la consecuencia directa de un régimen diseñado para seducir capitales especulativos a costa de penalizar al propio empresariado nacional.
Con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios pensados para grandes jugadores globales—, el esquema deja fuera de juego a las empresas locales, asfixiadas por una estructura tributaria distorsiva y sin acceso al mismo tratamiento preferencial. El resultado es un modelo de enclave: proyectos que extraen recursos en suelo argentino, gozan de rentas extraordinarias garantizadas por el Estado y reinvierten poco o nada en el tejido productivo doméstico. El RIGI no está atrayendo inversión productiva al país; está organizando, con reglas de Estado, una nueva forma de extranjerización del desarrollo.
El episodio de los caños de Welspun es apenas la expresión más visible de un desplazamiento más profundo: por primera vez en décadas, un gobierno argentino deja de asumir, como principio, que una obra energética estratégica deba contar con un proveedor industrial nacional.
Para Techint, no se trata simplemente de un contrato perdido, sino de la ruptura de un pacto histórico —nunca formalizado, pero largamente vigente— entre el gran capital industrial y el Estado argentino.
Durante años, ese equilibrio estructuró el modelo de desarrollo: el Estado planificaba, financiaba y demandaba; los grupos locales invertían, generaban empleo y exportaban; y los grandes medios contribuían a legitimar ese esquema bajo la narrativa del “desarrollo nacional”. La administración de Milei quiebra ese acuerdo implícito.
En un mundo de bloques, multipolar, quien controla el acero controla la capacidad de existir como actor y no como mercado. Por eso la verdadera discusión no es si Techint gana demasiado o paga poco, sino si la Argentina seguirá teniendo una columna vertebral industrial o aceptará, una vez más, que otros construyan su futuro con el hierro que ella misma extrae.
Por eso el conflicto no es meramente ideológico, sino existencial. Para Milei, Techint encarna una distorsión del funcionamiento del mercado; para Techint, Milei representa una anomalía dentro del sistema político argentino. La disputa excede los intereses sectoriales y pone en juego dos concepciones irreconciliables sobre el papel del Estado, el capital y el desarrollo.
Milei no confronta solo con Techint, sino con la noción de burguesía nacional como sujeto económico-político y cabeza del desarrollo. Al llevar la obra pública a cero, ese andamiaje es desmantelado de raíz.
La ruptura no solo inquieta a los industriales, sino también a los grandes conglomerados mediáticos (Léase Clarín), a los que se les arrebata su lugar histórico como interlocutores naturales del poder.
Daniel Ridelener (
Electricidad: +3.59 % de aumento promedio en el AMBA (para Edenor y Edesur). En el resto del país depende de cada jurisdicción provincial.
