La comparación con Chile volvió a instalarse en la agenda productiva.

No como un reproche, sino como una referencia útil para entender por qué un país vecino convirtió a la minería en su principal motor exportador y cómo Argentina puede aprovechar ese aprendizaje para escalar su propio potencial. La diferencia no está en la geología: está en la forma en que cada territorio organiza su actividad.

En los últimos meses, el país introdujo cambios que empiezan a ordenar el tablero. El Decreto 449/25 simplificó la Ley de Inversiones Mineras, redujo trámites y trasladó el Banco de Información Geológica a SEGEMAR, un paso que profesionaliza la gestión de datos y mejora la trazabilidad técnica. A esto se suma la estabilidad fiscal del RIGI, que ofrece un horizonte más claro para proyectos de cobre y litio que requieren inversiones de largo aliento.

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Las provincias mineras tomaron nota. Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy avanzan en mesas de coordinación para unificar criterios, acortar tiempos administrativos y fortalecer estándares ambientales. El objetivo es construir un ecosistema más previsible, donde los permisos, la información geológica y la infraestructura acompañen el ritmo de los proyectos. La experiencia chilena muestra que la consistencia territorial es tan determinante como la normativa nacional.

El desafío central está en la infraestructura. Los proyectos de cobre y litio necesitan energía firme, agua industrial, rutas confiables y pasos fronterizos eficientes. Varias jurisdicciones trabajan en corredores mineros que integran transporte, energía y conectividad digital. Son obras que no solo reducen costos operativos, sino que amplían el impacto económico en cada región, generando empleo, proveedores y servicios asociados.

La oportunidad es evidente. Argentina ya inició un giro regulatorio que mejora su posición relativa. Si las provincias consolidan ventanillas únicas, fortalecen a SEGEMAR y coordinan infraestructura con Nación, el país puede multiplicar sus exportaciones mineras en la próxima década. No se trata de replicar el modelo chileno, sino de construir un camino propio: competitivo, sostenible y capaz de transformar recursos en desarrollo territorial.

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