En estos días que se habla tanto de la Generación Distribuida para la producción de energía eléctrica, considero apropiado en primera instancia hacer un recuento histórico, sobre esta modalidad de atender la demanda eléctrica de las poblaciones.
La Generación Distribuida o Localizada, fue la forma original en que comenzaron a evolucionar los Sistemas Eléctricos de Potencia a principios del siglo pasado, las comunidades, pueblos o ciudades más desarrolladas, construían en sus territorios, las fuentes de energía eléctrica para uso local, las cuales en poco tiempo agotaban su capacidad, por lo que la energía eléctrica quedaba res1ervada a aquellos ciudadanos que podían costearla.
Entendidos todos los beneficios que la energía eléctrica podía aportar al desarrollo económico y social de las naciones, los centros aislados o distribuidos se fueron integrando, para conformar grandes sistemas eléctricos interconectados, donde los desarrollos tecnológicos jugaban un papel muy importante, pues facilitan hacer grandes avances en las áreas de producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica.
Esto permitió la construcción de plantas eléctricas de gran capacidad, las cuales pueden ubicarse en los sitios apropiados (en razón de sus fuentes), normalmente lejos de las ciudades, pero su energía se podía transportar a los centros de consumo, gracias a las líneas de transmisión de alta tensión.
El diseño, construcción, operación y mantenimiento de estos grandes sistemas eléctricos, conlleva inversiones y gastos de gestión muy importantes y en el caso costarricense con un enfoque en la “solidaridad, universalidad, calidad y servicio al costo”.
Es de esta manera como Costa Rica a principios de los años 50, contaba con una electrificación estimada en 14 %, mientras que actualmente alcanza el 99,4 %, pasando de una capacidad de generación instalada en aquella época de 37 MW a los 3 566 MW en 2019, esto gracias a la destacada participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las Cooperativas de Electrificación Rural y las Empresas Municipales, en el mercado eléctrico costarricense.
Un hecho extraordinariamente relevante fue la visión de los tomadores de decisión, en el sentido de que la “matriz de producción” fuera con base en fuentes amigables con el ambiente, es así como en los últimos 5 años, más del 98 % de la energía utilizada en el país, proviene de este tipo de fuentes, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, bagazo y solar, ordenadas estas, en razón de su magnitud de aporte.
Es importante destacar que, a nivel mundial según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción de energía eléctrica con fuentes amigables con el ambiente apenas alcanza el 25 %, diferencia abismal con el caso costarricense.
Me permito hacer esa acotación, en razón de que una de las justificantes en el discurso de los promotores de la Generación Distribuida, es el apoyo a las iniciativas de los objetivos del cambio climático y acuerdos como los de París (COP21), que según los expertos para mantener el incremento en la temperatura por debajo de los 2 o C, para el año 2040, la producción de energía eléctrica con fuentes amigables con el ambiente debe alcanzar el 66 %.
Costa Rica ya alcanzó con creces ese objetivo, lo cual no es gratis y la inversión requerida y los costos asociados a su gestión, los estamos atendiendo todos los ciudadanos a través de las tarifas por servicio eléctrico.
En Costa Rica el concepto moderno de Generación Distribuida, en donde los centros de producción de energía eléctrica se ubican más cerca de los puntos de uso, tampoco es nuevo y se ha desarrollado amparado a dos leyes, la 7200 Capítulo I, “Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela” (año 1990), esto, porque al ser plantas de generación con capacidad máxima de 20 MW, su conexión al sistema eléctrico era muy factible de realizarse en media tensión (34 500 V o menos), directamente a las redes del Sistema de Distribución Eléctrica.
Y la otra ley es la 8345 “Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el desarrollo nacional” (año 2003), que, de acuerdo con su artículo primero, permite el desarrollo de producción de energía eléctrica, a las asociaciones cooperativas de electrificación rural, a consorcios formados por estas y a empresas de servicios públicos municipales.
Estas dos iniciativas y su desarrollo, fueron arrojando en su implementación y operación, evidencia y experiencia para la adecuada gestión operativa de estas fuentes de generación, pero no debe olvidarse que la energía eléctrica responde a leyes físicas y por lo tanto aplica aquel precepto legal que dice “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica…” y digo esto por el siempre controversial artículo 44 del Decreto Ejecutivo N° 39220-MINAE del “Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla”, donde se establece que “La capacidad máxima de todos los sistemas de generación conectados en un mismo circuito, incluyendo el sistema propuesto, no deberá exceder el quince por ciento (15%) de la demanda máxima anual del circuito.”, los promotores de la Generación Distribuida, sostienen que esta es una medida innecesaria y abusiva; permítanme comentarles que hay razones técnicas que limitan esta capacidad, que el valor del 15 % puede ser discutido e inclusive modificado, pero nunca eliminado y responde a las disposiciones de carácter operativo del Sistema Eléctrico de Potencia para atender los criterios de “Seguridad, Calidad y Desempeño” a los que normativamente está obligado cumplir.
Si bien para la Generación Distribuida se tiene a disposición el uso de tecnologías amigables con el ambiente, el uso de la energía solar mediante los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) es lo que viene a impulsar a la Generación Distribuida a nivel de “usuario final”, esto por varias razones, es una tecnología probada, de fácil instalación, de poco mantenimiento y lo más importante, con una extraordinaria tendencia hacia la disminución de costos en su principal componente, como son los “paneles solares”, tanto es así, que en esta década han disminuidos sus costos en un 80 %, por lo que actualmente se pueden obtener SFV con inversiones equivalentes entre 1,5 – 3,0 $/W instalado. Esto queda claramente demostrado con las estadísticas de la Dirección de Energía del MINAE, que, de acuerdo con los datos más recientes, el 91,3 % de la capacidad instalada bajo la modalidad de Generación Distribuida es con base en energía solar.
Entonces, un desarrollo tecnológico reconocido y con precios de adquisición muy competitivos, como muy bien se indica en uno de los considerandos del Decreto Ejecutivo N° 39220, “Que la actividad de generación distribuida para autoconsumo, en Costa Rica, es una alternativa para que los abonados generen electricidad mediante fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades…”, convirtiéndose de esta manera la Generación Distribuida, en competencia directa de las Empresas Eléctricas, pero con un agravante, ya que se podría dar un perjuicio económico para aquellos usuarios que no dispongan de medios para adquirir SFV, cada vez que las Empresas Eléctrica disminuyan sus ventas y por ende aumente el costo unitario del kWh que comercializan, al verse forzados a asumir los costos que implicaría garantizar el suministro eléctrico a todos los usuarios en los momentos en que no estén en capacidad de atender sus necesidades.
Bueno, ese es el entorno que plantean los desarrollos tecnológicos cuando son accesibles a la gran mayoría, pueden tener la capacidad de modificar las maneras como se gestionan desde procesos hasta mercados.
Recientemente don Salvador López Alfaro, Director del CENCE, dependencia que tiene entre otras la responsabilidad de Administrar el Mercado Eléctrico, indica en un artículo en el diario La Nación, “que la generación distribuida pone en riesgo las empresas eléctricas” y expone una serie de condiciones de carácter técnico y de gestión, que deberían ser escuchadas, valoradas y atendidas.
El mecanismo para que el “usuario final” pueda generar su propia energía eléctrica está disponible y aparentemente de una manera rentable mediante el uso de los SFV, convirtiéndose claramente en una competencia directa a toda la cadena de abastecimiento del mercado eléctrico costarricense y como competencia, los contendores deben desarrollar sus mejores estrategias sobre “canchas niveladas”.
El actual proyecto de ley “Para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables”, aboga por una normativa menos limitante y más inclusiva, teniendo como objetivo “…promover y regular bajo un régimen especial la integración, el acceso, instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).” Inmediatamente salta la pregunta de la razón para promover esta actividad, ¿cuál es el bienestar público que atiende esta actividad?, la posible producción de energía a bajo costo?, sí eso es así, no requerirá promoverla, los beneficios económicos harán ese trabajo, lo que es fundamental y necesario es su regulación desde el fundamento de lo técnico y las consideraciones de política pública aplicables.
La Generación Distribuida como actividad económica, porque eso es, no debe tener beneficios más allá de los que la actividad con la que compite tenga y más aún, cuando la actividad con la que compite es un servicio público, que puede encarecerse por una inadecuada “promoción” de una actividad que debería estar soportada sobre los beneficios de sus propias condiciones. A manera de ejemplo, cual es la razón, criterio o fundamento para que una empresa distribuidora deba recibir los excedentes de un “abonado-productor”, convirtiéndose la red de la Distribuidora en la batería de almacenamiento que no tuvo que adquirir el usuario, para luego devolverle la energía, recibiendo la Distribuidora un pago simbólico bajo el concepto de “Tarifa de acceso”, que no contempla todos los costos asociados a la actividad. ¿Será esta una de las formas con que se hace rentable la Generación Distribuida y por eso la califican de “menor costo?”.
Es fundamental para el desarrollo de un marco regulatorio justo y equilibrado, la definición y aplicación de costos, que, para la producción de energía eléctrica, aún no están establecidos en la normativa costarricense como son los “servicios auxiliares” tales como: reserva de potencia activa, suministro de potencia reactiva y arranque negro entre otros.
Hay que poner los bueyes adelante de la carreta y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene un papel preponderante en la definición del marco regulatorio correspondiente, iniciativa que debe contar con la participación de la Academia y los diferentes actores del Mercado Eléctrico.
La historia ha demostrado que, iniciativas sin el análisis profundo de todas sus implicaciones y principalmente sus efectos a largo plazo, han provocado serias distorsiones en el mercado eléctrico, tal es el caso del efecto financiero que produjo la estructura tarifaria original de la Generación Privada o Paralela.
Lo que nunca se debe perder de vista, es quien es el beneficiario de la política pública y en un tema tan estratégico como es el acceso y uso de la energía eléctrica, el cuidado sobre lo que lo norme y lo regule debe ser extremo.
La innovación en la actualidad es una acción continua y permanente, aplicable a productos, sistemas y procesos. La Generación Distribuida, básicamente mediante la modalidad de SFV, es una clara demostración de ello, que más que poner en peligro a las Empresas Eléctricas, las obliga a alcanzar niveles superiores de eficiencia, porque al final deben competir con la Generación Distribuida, en el sentido de ofrecer el mejor costo por kWh al cliente.
Por esta razón el marco regulatorio se establece como el elemento fundamental para dictar las normas y procedimientos apropiados, que permitan la adecuada inserción de desarrollos tecnológicos en las diferentes etapas de la producción y comercialización de la energía eléctrica en el país, teniendo como objetivo la optimización del beneficio social y económico de la población.
