Yearly: 2022

El gobierno intenta corregir sobre la marcha problemas de diseño del esquema original de segmentación de tarifas y severas inconsistencias informáticas que están trabando la quita de subsidios. El principal obstáculo a resolver en lo inmediato es que hay provincias donde el universo de hogares Nivel 1 -es decir, aquellos a los que se les retirará completamente los subsidios- supera el 50% del total, un porcentaje que se ubica muy por encima de lo planteado originalmente por el Frente de Todos. Eso es porque están quedando afuera no solo los hogares de mayor poder adquisitivo sino muchísimos otros que, por diferentes motivos, nunca se anotaron en el registro. A su vez, hay inconvenientes para identificar fehacientemente a quienes sí se anotaron por errores que surgen de los formularios.

La distorsión estadística —que, en gran parte, se explica por la decisión inicial de quitarle la subvención a todos aquellos usuarios que no se anotaron— generó un conflicto político con varios gobernadores de provincias del norte del país que se quejaron por el nocivo efecto electoral que tendrá la aplicación de la medida. Ese impacto buscó reducirse al incluir en el registro a todos aquellos hogares que venían recibiendo tarifa social o donde hay beneficiarios de planes sociales, pero el porcentaje de excluidos continúa siendo alto.

Fuentes de la Secretaría de Energía reconocieron que están trabajando contrarreloj en el pulido de los padrones para evitar que el retiro de los subsidios afecte a un porcentaje tan alto de las provincias en cuestión. Hasta ahora no fue una tarea sencilla. Falencias en el diseño del formulario digital del RASE y de los sistemas de procesamiento de datos que se están utilizando atentan contra la eficiencia en el cruce de información. En ese plano, la responsabilidad primaria recae sobre funcionarios que respondían al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que fueron los encargados de poner en funcionamiento esa herramienta. Esa tarea dependía políticamente del ex subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, que puertas adentro siempre reconoció los inconvenientes para poder gestionar adecuadamente por la falta de colaboración del ex secretario de Energía, Darío Martínez, que por instrucción del cristinismo se desentendió (y ralentizó) la puesta en marcha de la segmentación.

Cuando la nueva subsecretaria de Planeamiento, Cecilia Garibotti, que es cercana a Malena Galmarini y llegó al cargo por impulso del ministro Sergio Massa, quiso cruzar la información recabada en el RASE con las bases del Syntis, el área del Estado que se encarga de gestionar datos sociales y tributarios de las personas, los problemas no tardaron en aparecer.

Sin match

Hasta mediados de agosto se habían inscripto en el registro para mantener los subsidios  8.890.000 millones de usuarios de electricidad, un 69% del universo total de hogares con servicio eléctrico, y 5.790.000 usuarios de gas natural, un 66% del total, según figura en un informe de la consultora Economía y Energía elaborado en base a estadísticas difundidas por el gobierno. El Decreto 332/22 firmado por el presidente Alberto Fernández autoriza a la Secretaría de Energía a cruzar esos datos con otros bases del Estado para chequear la veracidad de la información suministrada por las personas. En esa etapa, era clave la articulación con técnicos del Syntis que trabajaron bajo la supervisión de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores del presidente Fernández y actual vicejefe de Gabinete de Ministros por debajo de Juan Manzur. Sin embargo, el proceso falló.

“Del cruce de las dos bases surgieron inconsistencias graves. En algunos casos, se señalaron usuarios con más de 1600 propiedades o con más de seis autos a su nombre, datos a todas luces falsos. Por eso, decidimos dejar de lado por el momento la instancia de cruce de datos con el Syntis hasta que se corrija el funcionamiento del sistema”, admitieron en un despacho oficial. A raíz de esa falencia operativa, se tomará como cierta la identificación provisoria que otorgó el RASE pese a que la sospecha de varios funcionarios del área Energética es que muchos hogares sub-informaron su nivel de ingresos, por lo que fueron inscriptos indebidamente en una categoría inferior.  

“De ese primer cruce surgió que hubo un match inicial (es decir, una concidencia) de sólo el 27% de los datos informados por el RASE con otros bases elaboradas por el Syntis”, indicó una fuente que participó de esas gestiones.

Nuevo equipo

Para intentar salvar la situación, Garibotti impulsó la creación de un nuevo equipo de programadores informáticos directamente bajo la órbita del Ministerio de Economía. Los técnicos fueron modificando los criterios de interpretación de las declaraciones juradas completadas en el RASE. “Es cierto que hubo algunos problemas con el formulario. Por ejemplo, mucha gente se confundió el número de cliente con el de medidor. Por eso, en un principio la información no matcheaba. Lo que hicieron los programadores fue invertir esos datos o tomar una sola de las variables”, reconocieron allegados a la Secretaría de Energía. De esa manera, se logró elevar el porcentaje de coincidencia.

En el caso del sector eléctrico, se logró verificar correctamente al 85% de los hogares cargados en el RASE. En tanto que en cuanto a los usuarios de gas natural, ese porcentaje asciende al 91 por ciento.

A fines de la semana pasada la Subsecretaría de Planeamiento Energético giró a la mayoría de los entes reguladores provinciales los padrones para identificar a los hogares de altos ingresos, aunque esos documentos están sujetos a revisión por parte de las gobernaciones. “Aún no se procedió a facturar porque lo que queremos es terminar de ajustar los padrones para que haya la menor cantidad posible de errores en materia de inclusión o exclusión indebida de hogares dentro del Nivel 1”, indicó otra de las fuentes consultadas. “Esperamos terminar de subsanar estos problemas en los próximos días”, concluyeron.

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El jueves 15 de julio del año pasado el gobierno tenía previsto presentar el proyecto de ley de hidrocarburos en Calafate en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner. El evento se suspendió a último momento y desde el oficialismo se dejó trascender que fue por unos cambios que se estaban negociando con las empresas. Sin embargo, la decisión fue de la vicepresidenta quien decidió tomar distancia de la iniciativa, entre otros motivos, luego de leer un informe crítico que le acercó el entonces interventor de Enargas, Federico Bernal, por intermediación de Oscar Parrilli. EconoJournal accedió a ese documento, chequeado con dos fuentes, que ahora cobra relevancia porque Bernal es el nuevo secretario de Hidrocarburos encargado de promover la inversión en el sector.

Contra todos

Bernal cuestiona en el documento no solo aquel proyecto de ley de Hidrocarburos que Alberto Fernández terminó presentando en septiembre del año pasado, pero que nunca fue tratado en el Congreso, sino también el Plan Gas y el proyecto de YPF para construir una Planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, como el que acaba de anunciar la semana pasada la petrolera bajo control estatal en asociación con la compañía malaya Petronas. Su principal crítica es que se otorgan subsidios a las petroleras sin conocer cuáles son sus costos de producción y de ese modo el Estado les termina convalidando ganancias extraordinarias.  

Entre los responsables de ese supuesto despilfarro de fondos públicos identifica a Matías Kulfas, quien por entonces era ministro de Desarrollo Productivo; a Maggie Videla, que se desempeñaba como secretaria de Hidrocarburos; a Ariel Kogan, mano derecha de Darío Martínez; a Santiago “Patucho” Álvarez, vicepresidente de Asuntos Públicos, Relaciones Institucionales y Comunicación de YPF y hombre de La Cámpora; a los ex funcionarios Esteban Kiper y Juan José Carbajales, a una larga lista de ejecutivos de YPF e incluso a Sergio Massa, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados.

En el documento comienza reproduciendo información que obtuvo luego de dialogar con Demian Panigo, asesor de Martín Guzmán, director de YPF y uno de los que tuvo a su cargo la redacción del proyecto de ley de Hidrocarburos. Lo identifica como un “compañero” al que “respeto muchísimo, pero que lo que sabe de hidrocarburos y energía lo aprendió en los últimos cinco meses”. Bernal dice que ese desconocimiento llevó a Panigo, como él mismo le habría reconocido, a recostarse los aportes Kiper, Kogan y Maggie Videla. 

Luego agrega: “Como el propio Demian también reconoció, el proyecto recoge varias ideas y propuestas del ´proyecto de Nielsen´ (sic), proyecto que en realidad viene impulsando la línea de YPF más retrógrada (básicamente los mismos que nos impusieron el Plan Gas vigente): Marcos Browne (ex vicepresidente de Gas), Santiago Martínez Tanoira (actual vicepresidente de Gas), Marcelo Nuñez (un impresentable, ex CEO de Metrogas y mano derecha de Tanoira en la división de gas de YPF) y Daniel González (reemplazado por Sergio Affronti)”.

Los costos

Luego de denostar prácticamente a todos los que tuvieron algún tipo de participación en el proyecto de ley de Hidrocarburos y en el Plan Gas.Ar, Bernal se explaya en la crítica: “Se mantiene el status (sic) quo de absoluto desconocimiento de los costos de producción, operación y mantenimiento para gas y petróleo. Cuando consulté a Demian si él había podido trabajarlos y confirmarlos con YPF, su respuesta fue (y cito textual): ´Lo único que tengo es la mentira de YPF´, reafirmando que ´la estructura de costos no la conozco´”.

A continuación, Bernal crítica a YPF y se burla de Panigo en el texto que redacta para la vicepresidenta: “Nuevamente todo el país -usuarios, consumidores y contribuyentes en general- embarcado en darle plata a YPF en función de los números que ellos nos arman, con sus escenarios de catástrofe si no hacemos lo que YPF nos dice (lo que en realidad nos dice lo peor de la empresa y que el propio Demian reconoce son imposibles de confiar). Le pregunto entonces y ya medio irónicamente: ´¿No deberíamos hacer al revés? Primero hacernos de los costos y los números reales -incluso de producción- para luego en función de ello armar los regímenes de promoción para YPF y para toda la industria´. Su respuesta fue: ´Ahora metamos esto y yo me comprometo, como mi aporte al proyecto nacional, a tener la estructura de costos antes de irme de YPF´. No dije nada más». «Demian, como pasó con Patucho, carcomido por lo peor de YPF, más la influencia del equipo de ´conocidos´ y ´amigos´ mencionados que juegan para esos mismos intereses”, critica duramente el actual subsecretario de Hidrocarburos. Antes la consulta de este medio, allegados a Santiago Álvarez evitaron realizaron comentarios al respecto. 

Los proyectos de YPF

Bernal le apunta luego a una serie de proyectos que impulsa YPF entre los que sobresale la planta de GNL para exportar gas: “¿Son estos proyectos prioritarios? ¿Son realmente los que necesita el país y la industria? De ninguna manera, mucho menos una planta de GNL para exportar gas natural de acá a 6/8 años, sobre un mercado mundial cuya volatilidad es la regla (no la excepción), mercado al que además se llega muy tarde. Cabe recordar que la propuesta de construcción de la planta de GNL fue impulsada con vehemencia por Iguacel, luego Lopetegui y, por último, Nielsen”.

Si bien las críticas de Bernal fueron realizadas antes de la invasión rusa sobre Ucrania, que disparó los precios del gas a nivel global y viabilizó proyectos de exportación de GNL como el que ahora YPF impulsa junto con Petronas, en ese entonces la petrolera controlada por el gobierno ya venía trabajando desde hace más de un año en la gestación de la iniciativa junto con directivos de la petrolera asiática, tal como señaló esta semana Pablo González, presidente de YPF, en una entrevista con Infobae.

Al criticar la construcción de la planta de GNL, Bernal también le dedica un párrafo al ministro de Economía, Sergio Massa, que lo designó como subsecretario, a quien lo acusa de defender los intereses de Marcelo Mindlin: “Por otra parte, acá subyace además un negocio para las transportistas (especialmente para TGS, Mindlin), porque en el gasoducto Tratayén-Saliquelló que es el que alimentaría la planta de GNL en Bahía Blanca, pretenden tarifa desregulada en dólares, que no pase por ENARGAS (por eso quieren modificar la 24.076, cosa a rechacé rotundamente). Esta modificación, inaceptable, estaba en los proyectos de Nielsen y de Massa de 2019 (analizados por mí oportunamente en sendos informes).”

Críticas al Plan Gas

Al criticar el proyecto de ley de Hidrocarburos, Bernal le apunta una y otra vez al Plan Gas.Ar: “Ante mi crítica de que el capítulo sobre gas implica oficializar el Plan Gas.Ar que nos dejó 4 años de precios caros sin competencia, todo para hacer a YPF más competitivo en gas, Demian dijo que sacaba el Plan Gas de la ley. O sea, muy bien, pero muy extraño el cambio al ceder de golpe en algo tan importante (el Plan Gas determinaba el capítulo del gas en este proyecto). ¿El resto está justificado o agarrado de la misma manera?”.

Bernal está convencido de que los precios que se le otorgaron a YPF y al resto de las petroleras en el Plan Gas son excesivos y lo trata de demostrar con un ejemplo: «Me confirmaron hoy que Pluspetrol, socia de YPF en un yacimiento gasífero descomunal en Vaca Muerta, denominado La Calera, vendió gas a Cargill a 2,8 US$/MMBTU. La industria en general, por el Plan Gas, está recibiendo el gas de YPF a 4,5 US$/MMBTU o más, el precio que las PyMEs hubieran pagado de no haberlas salvado cuando detectamos los brutales incrementos. ¿Y todo para qué? Para que YPF sea competitiva en gas. Un absurdo descomunal”. El ex interventor del Enargas parece pasar por alto que La Calera, el área que opera Pluspetrol en Vaca Muerta, es el principal desarrollo de petróleo con gas asociado de la formación no convencional. Como la rentabilidad del proyecto se explica por la extracción de shale oil, los costos de producción de gas se ubican entre los más competitivos de la industria.

En la última parte del informe Bernal incluye un apartado denominado “conclusiones preliminares, recomendaciones y propuestas”. Allí sostiene que antes que nada es necesario suspender la presentación de la ley de Hidrocarburos prevista para el 15 de julio de 2021 en Calafate. “En paralelo, paralizar este proyecto de ley y enviar esa señal contundente a YPF y a la Secretaría de Energía”, agrega.

En otra de las recomendaciones propone “cortar de una buena vez con los técnicos que dentro de YPF siguen imponiéndonos programas de salvataje (a través de leyes como esta -el Plan Gas ya lo metieron-) a costa de energía más cara para los argentinos y las argentinas, con planes de negocios desconocidos, basados en costos desconocidos, desvirtuando al sector o imponiendo condiciones totalmente anticompetitivas (como hicieron con el gas natural en el Plan Gas), orientándolo todo a la exportación”.

Sus propuestas

Por último, Bernal detalla su propuesta: “Anunciar una ley o un paquete de iniciativas que comience por volver a aplicar la reglamentación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, derogada por el macrismo. Además: creación de un régimen de promoción con eje en el shale oil, que es desde donde debemos traccionar Vaca Muerta e incluso la recuperación de YPF (YPF en shale oil sí es competitiva); creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos (para hacernos de los datos claves para realmente regular el sector, que tome a su cargo la fiscalización de inversiones y la planificación nacional en hidrocarburos también para certificar reservas y poner en valor Vaca Muerta sin tener que depender del Departamento de Geología de EE.UU.); proyectos de infraestructura para “gasificar” a los más de 4 millones de hogares sin gas (recordemos también que la mitad del país se sigue abasteciendo de gas importado de Bolivia y de GNL); construcción masiva de centrales térmicas; construcción masiva de plantas petroquímicas”.

“Y, por último, pero estratégico: el Proyecto de Gasoducto a Brasil que revolucionará Vaca Muerta y ancla parte de esa revolución no al mercado internacional del gas licuado con toda su problemática y volatilidad, sino a la gasificación del sur de Brasil, hecho absolutamente conseguible”, agrega. 

Si Bernal se guiara por los mismos conceptos que transmitió a mediados del año pasado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ahora que comanda la subsecretaria de Hidrocarburos no sería coherente que impulse una nueva ronda del Plan Gas.Ar para las petroleras con precios que considera que están sustancialmente por encima de los costos. De hacerlo, borraría con el codo lo que escribió con la mano, aunque en su afán de poder quizás ese evidente dilema ético no sea un problema. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, porque el ministro Massa quiere anunciar cuanto antes una nueva subasta con productores para conseguir el gas que se necesita para llenar el gasoducto Néstor Kirchner.

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Bajo el lema “Crecer Responsablemente”, Livent presentó su Informe de Sostenibilidad en donde detalló que tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio para fines de 2030 en Argentina. Además, la compañía planea duplicar su capacidad de producción de hidróxido de litio para llegar a las 55.000 toneladas y potencialmente a las 90.000 para fines de 2025 a través de la adquisición de la totalidad de Nemaska Lithium Inc.

Desde la empresa plantearon que para lograr estos objetivos será necesario asegurar el éxito en sus proyectos de expansión. Por esto, en mayo de 2021 reanudaron la iniciativa destinada a ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio en su planta de extracción y fabricación ubicada en Fénix, la cual sumará 20.000 toneladas a la capacidad actual, y se realizará en dos fases iguales que añadirán 10.000 toneladas cada una.

A su vez, a principios de 2022 también anunciaron el comienzo de la ingeniería para una segunda expansión con el objetivo de seguir ampliando la producción, lo que permitirá aumentar la capacidad en otras 30.000 toneladas para finales de 2025. Frente a esto, prevén que una tercera expansión, en el Salar del Hombre Muerto, sumaría otras 30.000 toneladas.

Asimismo, en el informe presentado la compañía dio a conocer los resultados obtenidos en cuanto a los objetivos que se habían fijado para 2021 que se vinculan a las metas para 2030 y 2040 relacionadas al medioambiente, a la transparencia y a la responsabilidad social.

Metas de sostenibilidad

La empresa se había fijado como objetivo una reducción significativa de las intensidades en sus operaciones, la transición hacia un mix energético con 30% de energías renovables y el logro de la neutralidad global del carbono para 2040 (Alcance 1, 2 y 3). Es por esto que desde Livent exhibieron cuál es el impacto real que tienen sus productos como soluciones contra el cambio climático e indicaron que estos “son indispensables en múltiples aplicaciones e industrias, particularmente en las que están haciendo posible el desarrollo de soluciones a gran escala para combatir el cambio climático y promover la descarbonización global”.

En este sentido, dieron a conocer que el hidróxido de litio, el carbonato de litio, el litio metálico y el butilitio resultan fundamentales para la producción de baterías de larga duración que se utilizan en los autos eléctricos, para la fabricación de aleaciones que permiten mejorar la eficiencia en el uso de combustible de las aplicaciones aeroespaciales. También para la creación de cadenas de polímeros y como insumo para los neumáticos de caucho “verdes”, que mejoran la eficiencia en el uso de combustible y/o de las baterías

Ante este panorama, el presidente y director ejecutivo de Livent, Paul Graves, explicó “creemos que el litio seguirá desempeñando un papel importante en la descarbonización y el cambio hacia la electrificación. Con la urgencia de encontrar soluciones al cambio climático, nuestro Informe de Sostenibilidad 2021 subraya la necesidad crítica de que la industria del litio satisfaga responsablemente la creciente demanda de litio”.

Frente a esto, desde Livent emprendieron distintas acciones ligadas al medioambiente que tienen como meta reducir 30% la intensidad de los gases de efecto invernadero (GEI). Por eso desarrollaron un marco operativo que incluyó datos clave y un plan de operaciones de alto nivel a fin de reducir las intensidades.

Asimismo, comenzaron a trabajar en el inventario global de GEI de Alcance 3 con la intención de publicar su huella global de GEI en futuros informes. También, iniciaron los trabajos para participar en la iniciativa “Race to Zero” (Carrera hacia cero), la Ambición Empresarial por 1,5 °C y la “Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia” (SBTi).

Junto a una empresa de geología y el gobierno de Catamarca se encuentran aplicando un enfoque integral para monitorear y modelar distintos parámetros con el objetivo de garantizar un uso sostenible del agua en el Salar del Hombre Muerto.

Como parte de sus proyectos de expansión en Argentina empezaron con los trabajos de ingeniería para la aplicación de nuevas tecnologías que permiten optimizar el reciclaje y la reutilización del agua, eliminando la necesidad de utilizar agua dulce adicional para la segunda expansión en el país.

Graves se refirió al trabajo que realizó la empresa durante estos meses y sostuvo “la sostenibilidad es y seguirá siendo una prioridad absoluta para Livent a medida que nos acercamos a los hitos clave de implementación en nuestros proyectos actuales de expansión de la capacidad y avanzamos en nuestras expansiones recientemente anunciadas”.

También sumó “paralelamente al impulso de nuestras iniciativas de crecimiento, nuestros equipos están trabajando intensamente para dar los pasos necesarios para alcanzar nuestros objetivos ESG para 2030 y 2040. Este doble enfoque refleja nuestra convicción de que es imperativo -y alcanzable- ampliar la producción de litio de forma sostenible”.

Proyecto de expansión

Frente a la necesidad de llevar adelante los proyectos de expansión a fin de aumentar la capacidad de producción y cumplir con los objetivos propuestos a largo plazo, desde la empresa informaron que mejoraron los procesos actuales de extracción directa de litio (DLE) y de fabricación mediante la aplicación de nuevas tecnologías que permiten optimizar el reciclaje y la reutilización del agua, sin necesidad de utilizar agua dulce adicional.

Esto se liga con otro de los propósitos que tienen desde Livent que se trata de reducir la intensidad del agua entre 10% y 30% en todas sus operaciones para 2030 y continuar liderando esfuerzos colectivos que promuevan el uso sostenible del agua, las operaciones responsables y la biodiversidad en el Salar del Hombre Muerto y las zonas aledañas.

Responsabilidad social empresarial

Como parte de su Programa de Relaciones Comunitarias en Argentina, la compañía llevó a cabo varias actividades e iniciativas para promover el desarrollo de las comunidades que habitan en las zonas cercanas a sus plantas de producción.

Esto incluyó el financiamiento de varios proyectos a través del Fideicomiso de Infraestructura de Argentina. Para esto destinaron USD 429.000 al Programa de Relaciones Comunitarias (RC) en Catamarca a fin de brindar apoyo en las áreas de salud, nutrición, educación, capacitación, calidad de vida, acción por el clima, desarrollo local y empleo.

También USD 103,8 millones para gastos de capital en Argentina para impulsar la economía local y nacional y USD 2,8 millones para Fideicomiso de Infraestructura de Argentina destinados a proyectos en beneficio de la comunidad.

De igual forma, asistieron a las comunidades locales a través de donaciones para mejorar el transporte local y el acceso a los insumos y la atención médica. Y llevaron a cabo programas de voluntariado y de mentorías junto a sus empleados e invirtieron cerca de USD 53.000 dólares en becas estudiantiles.

Desde Livent crearon 162 puestos de trabajo alineados con su nueva Política de Empleo Local, que prioriza la generación de empleo en la región al momento de contratar proveedores.

Por esto, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Globales de Livent, Juan Carlos Cruz, aseveró “creemos que para que nos vaya bien a nosotros, también le debe ir bien a nuestras comunidades. Nuestro propósito es defender, proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo y tener un impacto positivo en las comunidades donde operamos”.

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El Gobierno aún no publicó la resolución que establece cómo funcionará el esquema de topes a los subsidios de electricidad a nivel nacional. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hace algunas semanas que se otorgaría una cobertura mensual por un bloque subsidiado de 400 kilowatt por hora (KWh) para todos los hogares del país. Sin embargo, la resolución que ordene la instrumentación de esa medida todavía no se publicó en el Boletín Oficial.

Una de las razones de esa demora está ligada al planteo realizado la semana pasada por gobernadores de ocho provincias del norte del país que le solicitaron a la secretaria de Energía, Flavia Royón, una ampliación de la cobertura que da el Estado sobre el costo de la electricidad que se traslada a las facturas.

Concretamente los mandatarios firmantes, entre los que se destacan los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de Misiones, Oscar Ahuad; y de Salta, Gustavo Sáenz, solicitaron un nuevo diagrama que asigne un bloque subsidiado de 750 KWh mensuales para toda la zona en el verano -durante los meses de noviembre y marzo- y 550 KWh para la región del Noreste en invierno.

Además, exigieron que se destinen 550 KWh para Noroeste a todos los consumidores que no cuentan con acceso a la red de gas y 400 KWh para aquellos que sí poseen gas natural.

Asimismo, los gobernadores pidieron que se tenga en cuenta, para la definición de las tarifas, el consumo de la energía urbana y rural, y también de la energía residencial y no residencial.

En esa misma línea, remarcaron que “el consumo actual del Área Metropolitana de Buenos Aires concentra el 40% del consumo total, mientras que el Norte Grande consume sólo el 18 por ciento”. Por lo que destacaron que “hay que corregir las asimetrías”.

Facsímil de la misiva enviada por los gobernadores del norte a la secretaria de Energía, Flavia Royón.

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Damián Vilella es, desde el 1 de julio, el nuevo director de la unidad Buses de Volvo Trucks & Buses Argentina. Es ingeniero industrial, egresado de la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Vilella se incorporó a la filial argentina de la marca de camiones sueca luego de casi una década de carrera ascendente en el área de camiones de Mercedez Benz, adonde ingresó con apenas 24 años mientras aún cursaba sus últimas materias en la facultad y luego de vivir seis meses en Alemania, estadía durante la cual completó una beca de estudios.

Luego de dos años, se incorporó al área comercial, como jefe de producto. «Siempre tuve un perfil técnico y en cierto momento sentí la necesidad de profundizar en todo lo referente al mercado, el negocio. Nosotros diseñamos el producto y a mí me faltaba entender qué es lo que hace que el producto se venda», recuerda.

En la compañía alemana Vilella trabajó en distintos y variados proyectos, uno de los cuales fue el ingreso de euro 5 a la Argentina, una normativa ambiental de origen europeo que busca reducir la emisión de contaminantes en los vehículos Diesel. El ejecutivo lo recuerda muy especialmente por el «inmenso avance que esa transformación hizo en materia de emisiones y su impacto ambiental, fue muy importante».

Como parte de su evolución profesional, dejó la posición de jefe de Producto para incorporarse al management de Mercedes, como gerente de Producto y Marketing. En ese puesto, a poco de asumir, enfrentó el desafío del coronavirus, con las contingencias derivadas de tener que desenvolver todas las tareas bajo el régimen del home office, las restricciones y la observancia de estrictos protocolos, pese a todo lo cual logró liderar el «primer lanzamiento de un producto en pandemia».

Luego de esos dos años y medio de desafíos y logros, fue fichado por Volvo. «Como le digo a mis compañeros del management: me siento honrado de que me hayan elegido para encarar este desafío en Volvo», dice Vilella.

«Estoy muy contento, interiorizándome sobre los valores de la marca, los cuáles comparto y estoy orgulloso de pertenecer a una organización que defiende valores como la seguridad, la calidad y el cuidado del medio ambiente».

La industria en general, atraviesa restricciones en la cadena de suministro derivada de la pos pandemia y la guerra en el corazón de Europa. Vilella considera que en Volvo su desafío a más corto plazo es seguir satisfaciendo a los clientes con los productos y servicios que ellos demandan.

El foco de Volvo Buses hoy está en lograr una recomposición de la oferta con foco en los servicios de posventa. «Nuestros clientes hoy están priorizando una forma de inversión en la que buscan que las unidades tengan todo lo necesario para garantizar la disponibilidad. El transporte de pasajeros es un servicio fundamental y trabajamos para mantenerlo en el más alto nivel.».

Volvo Argentina cuenta con un gran equipo de trabajo y una red comercial presente en todo el país, junto con un crecimiento sostenido de los puntos de atención y servicio. “Continuar desarrollando la marca Volvo en el mercado de buses es mi principal objetivo», finaliza Vilella.

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El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, quien viajó a Houston la semana pasada para acompañar al ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón, analizó en diálogo con EconoJournal los principales desafíos que tiene por delante la provincia en materia energética y remarcó que la prioridad oficial es ampliar la capacidad de transporte. “Si no ampliamos los sistemas de transporte estamos en el techo de Vaca Muerta”, aseguró.

“La disminución de costos en la producción de Vaca Muerta ha hecho que los precios sean muy competitivos, con lo cual, en un contexto de precios altos como el actual, o no tan altos, Vaca Muerta sigue siendo rentable. Entonces, para que ese recurso se pueda transformar en riqueza y que de trabajo, es necesario la evacuación, y que se generen los mercados”, explicó.

Según el plan desarrollado por la provincia al 2027, “tanto la duplicación de la capacidad de transporte de Oldelval como la del gasoducto Néstor Kirchner se llenarán, y hay que pensar otro oleoducto y otro gasoducto. En un escenario moderado, en el 2027, se producirán 700 mil barriles y 130 millones de m3 y se necesitarán nuevos oleoductos y gasoductos”.

Alejandro Monteiro a la derecha de la secretaria de Energía, Flavia Royón, en Houston.

Por otro lado, Monteiro recalcó que la Licencia Social (el grado en que una organización y sus actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos grupos que la componen), siempre es fundamental en este tipo de industrias: “En cualquier tema, por ejemplo el protocolo de relevamiento de comunidades, o lo que ocurra con las localidades cercanas donde se llevan a cabo las operaciones, con la sociedad en general y con cómo se comunican los beneficios y riesgos de la actividad, es fundamental”.

En el marco de mantener esta Licencia Social mencionada, desde el gobierno provincial, informaron que se trabaja en que el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI), tenga en cuenta que las comunidades relevadas tengan personería jurídica, y que estén asentadas sobre tierras legalmente reconocidas.

“Sin reconocimiento legal ni tierras con título o reserva, para la provincia no corresponde la consulta previa. Eso está concatenado con el relevamiento que se está realizando. Y, por otro lado, es necesario establecer el carácter vinculante o no de la misma”, aclaró.

Entre otros temas, uno de los más recientes que están abordando desde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, como parte de un programa de políticas de cambio climático, es empezar a relevar, por primera vez en la provincia y en la industria local, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que se busca es tener una línea base del nivel de emisiones y conocer las estrategias que tienen las compañías respecto de su carbono neutralidad.

Monteiro explicó además que se necesita tener un espacio de mejora constante y darle continuidad a todo espacio de capacitación: “Todo el tiempo es necesario recalcar los riesgos que tiene su trabajo, sin que existan relajamientos o excesos de confianza. Cómo lidiar con esos riesgos es fundamental”. A su vez, remarcó que “el control es fundamental y es necesario que sea preventivo, y cuando se detecte alguna situación anormal, que existan sanciones”.

Vaca Muerta en números

La producción de gas en la provincia de Neuquén llegó a un nuevo récord histórico durante julio pasado al alcanzar los 91,15 millones de metros cúbicos por día, superando el anterior récord que se había producido en junio, con 90 millones de metros cúbicos por día.

De acuerdo a las cifras oficiales, estos guarismos representan una suba del 1,08 por ciento con respecto a junio y del 16,62% en comparación con julio de 2021. La suba acumulada en los primeros siete meses del año es del 24,9%.

El aumento de julio se debe principalmente a los incrementos de producción de gas en las áreas El Orejano, Aguada Pichana Oeste, Aguada Pichana Este y Aguada de la Arena.

En cuanto a la producción de petróleo, en julio último se alcanzaron en la provincia los 275.238 barriles por día, el mayor volumen de los últimos 21 años. Esto representa un aumento del 2,8 por ciento con respecto a junio y del 36,08% en comparación con igual mes del año pasado. La diferencia acumulada positiva en lo que va de 2022 es de 40,79%.

El crecimiento petrolero de julio se explica, principalmente, por los aumentos de producción en las áreas Loma Campana, Aguada Federal, Mata Mora Norte, Sierras Blancas y Bandurria Sur.

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La empresa Enarsa (ex IEASA) lanzó la licitación número 10 (GPNK 10/2022) del proceso que lleva adelante para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que conectará Vaca Muerta con los grandes centros de consumo de gas del país. Se trata de la adquisición de “tramos de medición y cromatógrafos” para el ducto troncal y para las obras complementarias como el gasoducto Mercedes – Cardales.

Al mismo tiempo, Enarsa dio a conocer la licitación número 11 de “contratación de los trabajos inherentes a la elaboración de la ingeniería básica extendida para la construcción del segundo tramo” del gasoducto. La presentación de ofertas será hasta el 13 de octubre.

El gobierno tiene una carrera contra el tiempo para llegar al próximo invierno con el gasoducto operativo. Hace un mes, el presidente Alberto Fernández oficializó desde la localidad de bonaerense de Salliqueló la firma de los contratos de construcción del gasoducto troncal. En abril, Enarsa había lanzado la licitación para adquirir insumos estratégicos y en mayo impulsó otras adquisiciones de distintas válvulas de 20, 24, 30 y 36 pulgadas para el ducto troncal, mantas termocontraíbles y electrodos. Luego, en junio, Enarsa y Tenaris firmaron el contrato para la provisión de cañerías del gasoducto.

Nueva adquisición

La compulsa del GPNK/10 para adquirir tramos de medición y cromatógrafos salió publicada el lunes 5 de septiembre en el Boletín Oficial mediante la Licitación Pública GPNK 10/2022. La adquisición del pliego de bases y condiciones está disponible hasta el 14 de septiembre. Ese mismo día, luego del cierre, se hará la apertura de ofertas. Enarsa aclaró que la garantía de mantenimiento de ofertas es de 1% del presupuesto oficial.

Luego, Enarsa publicó una serie de circulares modificatorias ante las consultas realizadas por los interesados, donde se aclara que se podrá realizar consultas respecto a la contratación hasta tres días hábiles antes del cierre.

Además, Enarsa también especifica que “teniendo en cuenta el carácter de urgencia otorgado a la construcción del Proyecto Néstor Kirchner y que su construcción y puesta en operación resulta imprescindible e impostergable para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado por el Poder Ejecutivo, informamos que lamentablemente no resulta posible otorgar una prórroga”. Enarsa abonará un anticipo financiero de hasta el 50% del valor de contrato “pagadero dentro de los 30 días de la fecha de la firma del anticipo”.

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Daniel González, ex CEO de YPF y actual director ejecutivo de IDEA; Nicolás Arceo, titular de la consultora Economía y Energía; y Guido Zack, director del área económica de Fundar, dieron a conocer en diálogo con EconoJournal los principales lineamientos del trabajo que realizaron en conjunto para exponer el potencial exportador que tiene Argentina en cuanto al gas natural licuado (GNL) teniendo en cuenta las reservas que posee Vaca Muerta y la necesidad de políticas de Estado que apunten a desarrollar estos recursos.

En una entrevista en profundidad para conocer los pormenores del proyecto, los especialistas consideraron que las políticas de Estado para explotar todo el potencial gasífero deben estar plasmadas en una ley. González remarcó que la norma «debe ser ampliamente votada, en donde todo el arco político debería poder consensuar porque sin esto no habría confiabilidad por parte de los inversores”.

Asimismo, remarcaron que los resultados -en caso de que Argentina se convierta en un país exportador de GNL- recién comenzarían a visualizarse cinco años después de las primeras inversiones. Por lo cual, González adelantó que «las ventajas no se van a ver ni en este gobierno, ni en el que viene, con lo cual nadie tiene demasiado incentivo porque los beneficios se verían a partir de lo que sería el gobierno de 2028». De esto se desprende la necesidad de que la política persiga un objetivo común.

En ese sentido, Arceo cuantificó que el volumen de los recursos gasíferos de Vaca Muerta garantizaría el abastecimiento pleno de la demanda local, además de permitir exportaciones que rondarían los USD 27.000 millones anuales.

–¿Cuáles serían las cuestiones sobre las que se debería avanzar para que la Argentina se convierta en un país que exporte GNL?

Daniel González: -Nosotros coincidimos en que hoy el GNL es una oportunidad gigantesca, pero no sabemos si en cinco años esto va a seguir así. Seguro que dentro de 10 o 20 no. A su vez, esta oportunidad presenta un desafío en cuanto al nivel de inversión que hay que realizar, que es algo que Argentina nunca vio. Pero dada la historia del país, es decir, el prontuario que tiene que es la falta de cumplimiento y reglas de juego cambiantes, hacen que todo esto sea un reto enorme. Y la única manera de poder vencer (esa inercia) es generar una política de Estado detrás de la cual se alinee toda la política.

Como es un proyecto a largo plazo, dado que su concreción va a tomar entre cinco y siete años, se trata de algo de lo que no se va a beneficiar este gobierno ni el que viene. Con lo cual, esto incrementa las chances de que la política persiga un objetivo común que a la vez va a contribuir positivamente al país.

Nosotros creemos que esa política de Estado tiene que estar plasmada en una Ley, la cual sea ampliamente votada, en donde todo el arco político debería poder consensuar. Porque sin ese tipo de consenso imaginamos que no habrá confiabilidad por parte de los inversores. Esa es la manera de que esto tenga posibilidades de ser duradero.

–¿Qué aspectos debería considerar esa ley?

González: -En primer lugar, creemos que esa ley tiene que asegurar estabilidad fiscal. Los impuestos son los que rigen hoy. No pedimos que se saque el Impuesto a las Ganancias, ni que bajen las regalías en el caso de los impuestos provinciales, ni que haya una alícuota diferencial del IVA. Pero lo que planteamos es que no se agreguen impuestos nuevos ni se cambien los existentes.

El segundo punto es la estabilidad regulatoria porque nos referimos a un proyecto en donde prevemos que se licúen 120 millones de metros cúbicos (MMm3) y para eso se precisa infraestructura, gasoductos y plantas. Frente a esto hay que discutir cómo va a ser el aprovisionamiento del gas para el mercado local a fin de asegurar que haya suficiente gas, a un precio accesible, para la industria argentina y para el consumidor local. Esto tiene que ser en simultáneo, porque de otra forma no hay proyecto de exportación posible. Creemos que una vez discutido eso, no puede haber cambios en la regulación que terminen obligando a redireccionar el gas que se iba a licuar para exportación porque eso mataría el proyecto, lo mismo que si se diera una situación que impidiese licuar durante los 12 meses del año.

El tercer punto que creemos que tiene que contener la ley es una protección del medioambiente. Cuando nos referimos a esto, es sobre toda la cadena de valor, desde el Upstream hasta el buque metanero con el objetivo de que se cumpla con los estándares de emisión de CO2 y con la existencia de medición de metano que es para donde está yendo el mundo.

Por último, como un proyecto de este tipo necesita financiamiento externo y tecnologías que están afuera, sumado a que es una iniciativa que va a estar destinada la exportación, consideramos que tiene que haber mecanismos de libre disponibilidad de divisas. Es decir, un porcentaje tal que permita poder ser libre de deuda, pagar importaciones, servicios de afuera y la remisión de dividendos razonables a los accionistas. Además, sería necesario, durante el proceso de construcción del proyecto, un mecanismo de acceso preferencial al mercado de cambios local para la etapa de inversión, que permita la importación de equipos e insumos para las obras.

No entramos en el detalle de ponerle números a ninguna de estos aspectos, pero sí pensamos que es importante discutir los conceptos. Esta industria es suficientemente eficiente y productiva tal que no necesita excepciones impositivas. 

Nicolás Arceo: -Lo importante es el potencial estabilizador que tiene el sector para la macroeconomía argentina, que puede verse como un generador de divisas. Los números que hicimos arrojan US$ 27.000 millones por treinta años, en comparativa con las magnitudes de todo el complejo oleaginoso a precios de 2021. Es un 30% de las exportaciones totales de Argentina, en proyecto de bienes y servicios.

Seguramente las empresas van a invertir US$ 15.000 millones en un primer momento y van a exigir cierta estabilidad macroeconómica que Argentina no la tiene, pero con este sector podría tener la posibilidad de generarla.

La idea del proyecto de Ley es dar primero esta estabilidad macroeconómica, política, regulatoria, es decir, hacer todo para que luego esto colabore en la estabilidad de la macroeconomía del país.

–En un contexto como el actual con una politización muy elevada y con una agenda que por momentos parece disociada de las prioridades productivas del país, ¿cuán grande es la ventana de oportunidad real que existe para poder discutir esto en los próximos 12 o 18 meses?

González: -Creo que tiene más chances esta discusión partiendo de organizaciones como las nuestras y trabajando juntos, que partiendo de una compañía o de uno de los dos lados de la grieta. Me parece que nosotros en ese sentido podemos ayudar a construir consensos. No tenemos todas las respuestas, estamos lejísimos de eso, pero podemos contribuir. A mí me daría miedo esperar mucho a tener esta discusión porque me imagino que de acá a ocho meses va a estar toda la cuestión electoral, y no se va a poder debatir nada en ese momento.

Yo creo que hay una ventana de oportunidad y de encontrar los interruptores correctos. Nosotros lo vamos a hacer pase lo que pase porque es la visión que tenemos como organizaciones civiles de ir y aportar un granito de arena y sentarnos con todos. Si no podemos hacer que esto genere tracción en los próximos doce meses, ahí tendríamos problemas graves. 

Guido Zack: -Es un arma de doble filo porque las ventajas no se van a ver ni en este gobierno, ni en el que viene, con lo cual nadie tiene demasiado incentivo en poner todas las fichas en esto, porque los beneficios se verían a partir de lo que sería el gobierno de 2028 en adelante.

-¿El instrumento para neutralizar el riesgo que tiene la macroeconomía argentina es una ley? ¿Alcanza?

Arceo: La ley es condición necesaria, probablemente no suficiente. Tiene que ser una ley, no un DNU. Está clarísimo que, si no es algo ampliamente consensuado entre los diferentes sectores, no hay forma de avanzar. Quizás haya que hacer más cosas además de la Ley, pero es necesaria. El sector privado está muy alineado con esto, por el hecho de manifestar que quieren participar de un proyecto de esta envergadura e invertir. Es necesario que esté la Ley para que esa intención se traduzca en inversiones concretas.

–¿Es posible que se permita la exportación por 12 meses y que el Estado, al mismo tiempo, fomente que haya producción suficiente para abastecer el mercado local?

Arceo: -Creemos que de la mano del proyecto de GNL lo que tiene que venir es la definición de una estrategia de largo plazo de abastecimiento del mercado local en donde la contractualización de la demanda a largo plazo. Si no se tiene garantizado el abastecimiento del mercado local, el proyecto de licuefacción no va a funcionar.

Lo que se necesita es avanzar por dos vías: la puesta en marcha del proyecto de GNL y determinar un nuevo marco regulatorio para el mercado local que permita la contractualización de la demanda a largo plazo, como mencionamos antes. Esto implica que Argentina va a tener volúmenes de gas base para consumir todo el año, pero va a necesitar producción de gas de pico, una problemática que tiene más allá del GNL, porque va a estar con la ampliación de la capacidad de transporte con el gasoducto Néstor Kirchner. Es probable que el país exporte a lo largo de todo el año un ladrillo y que durante parte del invierno realice importaciones. Esto no es contradictorio. No hay un proyecto de exportación viable, si no está garantizado el abastecimiento del mercado local. No sucedió en ningún lugar del mundo.

-González: Eso debería tener un efecto de apalancamiento sobre la posibilidad de proveer el mercado local de gas barato y en cantidad. Realmente si de 130 MMm3/día que se producen en Argentina, se sube a 300 millones en 10 años, tiene que existir ese gas barato. El licuar no resulta excluyente con que parte de ese gas licuado pueda consumirse en los picos de invierno en el país.

–Afirman que hay que contractualizar la demanda local a largo plazo para asegurar la cobertura del mercado interno. ¿Esa discusión tiene que venir a la par del proyecto de GNL?

González: -Sí, porque si no, ¿cómo le explicás a la sociedad que Vaca Muerta es para exportar y se van a beneficiar las compañías que producen y los que compran, pero a la sociedad le va a faltar gas? Es imposible. Para mí tiene que ser una discusión en simultáneo. Posiblemente el Estado tenga un rol en cuanto a fomentar la exportación, forjar acuerdos bilaterales y todo lo que sea necesario. Pero creo que el concepto de entrar en el mercado lo solucionan las compañías privadas extranjeras que participen ya que estas empresas lo que quieren es tener la mayor cantidad de orígenes distintos y diversos en cuanto a geografía y temas políticos de GNL para los próximos 20 años.

–¿Creen que, pese a la realidad de Argentina, si este proyecto avanza existirán actores dispuestos a financiar e involucrarse en alguno de los segmentos que prevé la iniciativa?

González: -En todos los segmentos. Va a haber productores de sobra, algunos van a quedar afuera. Se va a poder armar un consorcio para todas las partes del upstream. Hoy en Argentina hay participantes en el midstream que eventualmente podrían ser los que expandan sus actividades actuales para pasar a ocupar un rol más activo, pero hay actores en todos lados.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó los nuevos cuadros tarifarios que deberán pagar los clientes de Edesur y Edenor que dejarán de percibir subsidios de manera gradual en un plazo de 6 meses. Pese a que las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial este viernes 9 de septiembre, en el artículo 9 de ambas normas se afirma que “la presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de septiembre de 2022”. De este modo, el ENRE busca aplicar de manera retroactiva los aumentos. La otra novedad es que aún no se oficializó el tope de 400 kwh mensual a los consumos subsidiados que había anunciado el ministro de Economía Sergio Massa.

Las resoluciones 313/22 y 314/22, firmadas por el nuevo interventor Walter Martello, aclaran que para los usuarios del Nivel 1, listado que incluye a los hogares de mayores recursos y a aquellos que no se inscribieron en el registro de subsidios por el motivo que fuese, la reducción de subsidios será del 20% en una primera etapa que va del 1 de septiembre al 31 de octubre. El ajuste se aplica al precio estacional establecido en la resolución 605 del 28 de julio de este año. Entre los que no se anotaron en el registro de subsidios, los únicos exceptuados son los beneficiarios de tarifa social y de planes sociales, quienes fueron explícitamente excluidos de este aumento por la Secretaría de Energía.

Ese mismo porcentaje de quita regirá para los usuarios de demanda general no residencial (demandas Menores a 300 kW).

La asociación de consumidores DEUCO estimó que con los nuevos valores en esta primera etapa la suba de tarifas para un usuario R1 que consume hasta 150 kwh por mes el aumento será de 46,28%. Para los usuarios de las categorías de mayor consumo la suba es un poco menor. Por ejemplo, un R7 que consume entre 601 y 700 kwh por mes pagará un aumento de 31,5%.

La decisión de aplicar estos incrementos de modo retroactivo podría llegar a ser frenada si alguien decide impugnarla judicialmente, pues diversas fuentes públicas y privadas aseguraron a EconoJournal que los cuadros tarifarios recién entran en vigencia luego de su publicación en el Boletín Oficial y no antes. Fuentes oficiales de la Secretaría de Energía consultadas este viernes aseguraron que el aumento se regirá desde la publicación de las resoluciones, pero no es lo que dicen las normas.

Topes al consumo subsidiado

El gobierno también había anunciado que avanzaría con la aplicación de topes al consumo subsidiado de los sectores medios, pero las resoluciones que fijan las nuevas tarifas de Edesur y Edenor aclarar expresamente en su artículo 2 “que para los usuarios residenciales de los Niveles 2 y 3 continúa vigente el cuadro tarifario dispuesto en la Resolución ENRE N° 222/2022”. Es decir, por ahora no habrá cambios.

Al igual que ocurre en el caso del gas, las distribuidoras eléctricas no han recibido ninguna directiva sobre este punto y las fuentes oficiales consultadas por EconoJournal se negaron a dar cualquier tipo de precisión sobre el tema.

Una fuente conocedora del marco regulatoria, aseguró a este portal que, si el gobierno finalmente decide avanzar con la fijación de topes al consumo subsidiado de los sectores de ingresos medios, deberá ser la Secretaría de Energía, y no el ente regulador, la encargada de dictar una resolución al respecto, del mismo modo que ocurrió con la tarifa social. A su vez, será necesario modificar el decreto 332/22 ya que esa norma fija un tope de aumento para los sectores medios equivalente al 80% de la variación registrada por el Coeficiente de Variación Salarial en 2021 y ese tope ya se alcanzó con los aumentos de junio. Por lo tanto, cualquier otro ajuste violaría ese decreto si antes no se lo modifica.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió el miércoles en Washington con directivos de las empresas que integran la Cámara de Comercio de Estados Unidos y dejó un mensaje específicamente dirigido a las petroleras de origen norteamericano que están presenten en Vaca Muerta, como Chevron y ExxonMobil. En la reunión, el titular del Palacio de Hacienda señaló el gobierno reactivará la operatoria del esquema de beneficios económicos, impositivos y cambiarios establecido por el Decreto 929/2013 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, según indicaron a EconoJournal dos fuentes privadas que participaron de la convocatoria.

El derrotero oblicuo de esa normativa se convirtió en un problema para el Estado. El Decreto 929, la primera regulación que incentivó el desarrollo de Vaca Muerta, fue la herramienta que creó la administración de CFK para traccionar la inversión conjunta de Chevron con YPF en Loma Campana, el yacimiento insignia de shale oil en el país.

En términos generales, la norma otorgó a las petroleras una serie de beneficios después del quinto año de iniciada a la inversión en un campo no convencional. El problema fue que, al llegar ese momento (en el caso de Chevron, a mediados de 2018), el Estado argentino incumplió lo escrito y no autorizó que ninguna empresa acceda a los incentivos prometidos. Este medio enumeró los detalles de esa situación irregular en una nota publicada en enero de 2020.

Massa piensa que es inverosímil que la industria petrolera recupere la confianza en el gobierno y acelere inversiones en Vaca Muerta y en infraestructura de transporte y evacuación de hidrocarburos si primero no soluciona el pasivo regulatorio generado por el incumplimiento del Decreto 929, que a su vez es la piedra basal que luego dio origen a la Ley 27.007 (sancionada en 2014).

¿Cuáles son los beneficios en cuestión?

La norma habilita a exportar el 20% de su producción de crudo y gas sin retenciones y disponer libremente de las divisas generadas por esas ventas. 

Massa durante la presentación con empresas de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Washington.

Chevron es la principal perjudicada por la inaplicación de la normativa. La petrolera norteamericana —que además de ser accionista de un 50% de Loma Campana está llevando adelante un incipiente desarrollo en Vaca Muerta en el área El Trapial, un viejo campo convencional que ahora será reexplotado en forma de shale— está en condiciones de recibir los beneficios previstos por la norma desde más de cuatro años. Por eso, si bien hasta ahora trató de resolver el diferendo en el terreno administrativo y no llevó el reclamo a la Justicia, las acreencias a su favor son millonarias.

Las esquirlas de la implementación fallida del Decreto 929 involucran también a otro actor de peso a nivel internacional que en los últimos días ganó protagonismo. Se trata de Petronas, la petrolera malaya que la semana pasada firmó un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con YPF para evaluar la factibilidad técnico-económica de construir una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (LNG) en un puerto argentino sobre el Atlántico.

Condición necesaria

Si bien la carta de intención con YPF supone un entendimiento germinal que, pese al despliegue con el que el gobierno anunció el acuerdo, recién está dando sus primeros pasos y se requerirá de al menos un año para definir si se avanza o no con la inversión, resulta impensable que Petronas decida financiar un proyecto millonario de LNG si primero el Estado no da respuesta al reclamo por la imposibilidad de acceder a los incentivos establecidos por el Decreto 929.

Al igual que Chevron, la petrolera malaya se asoció con YPF en 2014 para explotar de manera conjunta un bloque en Vaca Muerta. Desde entonces, la compañía asiática lleva invertidos más de US$ 1000 millones en el desarrollo de La Amarga Chica, un área contigua a Loma Campana, el campo de Chevron. Ambos bloques —junto con Bandurria Sur— conforman la zona core de shale oil operada por YPF en Vaca Muerta.

En esa clave, no es extraño que este jueves el propio Pablo González, presidente de la petrolera controlada por el Estado, haya decidido visibilizar sin que nadie le haya preguntado la situación irresuelta del Decreto.

“La Ley 27.007 fue una buena Ley. Todo el régimen del no convencional que nacen a partir de esa norma. Quedan algunas cuestiones por resolver. Nosotros estamos mañana (por hoy viernes) en Houston y tendremos algunas reuniones con las compañías petroleras con el ministro de Economía y seguramente se va a hablar del Decreto 929. Tenemos que tener seguridad jurídica y aprender que las inversiones van a venir de la mano de ese cumplimiento”, expresó el directivo en un seminario organizado por la Universidad Austral.

Línea de acción

Las fuentes privadas consultadas por este medio negaron conocer qué solución podría encontrar Economía para subsanar una deuda que involucra montos millonarios que hoy el Estado no posee.

Una de las opciones, analizó el directivo de una empresa, podría ser dictar una nueva resolución reglamentaria del Decreto 277/2022, una norma similar al Decreto 929 diseñada por Demian Pañigo, un asesor del ex ministro Martín Guzmán que continúa en el Directorio de YPF, que establezca una especie de borrón y cuenta nueva y autorice a partir de ahora a las petroleras beneficiadas por el primer decreto a concretar un porcentaje de sus exportaciones (podría ser un 20% como fijó el Decreto 929) sin retenciones e incluso a liquidar las divisas obtenidas por esa venta fuera del país.

Massa podría dar mayores detalles de ese esquema esta mañana cuando participe de un desayuno de trabajo con representantes de la industria de Oil&Gas en el Baker Institute de Houston, un centro de estudios que nuclea a empresas de energía y servicios con base en Texas.

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La petrolera uruguaya estatal Ancap importará por primera vez un cargamento de petróleo de Vaca Muerta. La operación marca el regreso del crudo Medanito al Uruguay, luego de mucho tiempo.

Ancap adjudicó el miércoles a Trafigura un cargamento de crudo Medanito en su tender periódico de importación. El cargamento es de 450.000 barriles.

Fuentes al tanto de la operación remarcaron que se trata de un cargamento que Trafigura venía intentando colocar en Europa pero no tuvo éxito. Finalmente Ancap se hizo con el cargamento y obtuvo un importante descuento. “Fue a un descuento importante por lo que Ancap está más que feliz”, remarcó una de las fuentes.

Los crudos sudamericanos están siendo vendidos con descuentos en el mercado internacional. El crudo Medanito es el que mayores descuentos está sufriendo.

Regreso del Medanito

La operación de Ancap tiene un significado adicional: es la primera importación en Uruguay de crudo de Vaca Muerta desde que la formación de shale oil se transformó en la principal fuente de producción de petróleo en la cuenca neuquina.

La petrolera uruguaya importaba y procesaba crudo Medanito en la década de 1990 en la refinería de La Teja, la única que existe en el país. Ahora será la primera vez que va a correr medanito desde Vaca Muerta, desde que este crudo cambió un poco su calidad.

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La refinería pampeana RefiPampa llevó a cabo el izamiento de una columna fraccionadora CD-1101 gracias a la cual podrá cuadruplicar su cantidad de procesamiento de combustible. Con esto, la empresa continua con el cronograma previsto de avance firme de la nueva unidad de procesos que se está construyendo en su predio.

La columna -que mide 30 metros de alto, tiene un diámetro de 2,7 metros y pesa 72 toneladas- es un elemento fundamental que se utiliza para la destilación de mezclas líquidas ya que separa sus componentes en función de las diferencias en las volatilidades. César Castillo, presidente de la compañía, acompañado por Bernabé Mayor, gerente de Planificación Comercial y Gabriel Faroppa, gerente de Ingeniería fueron quienes participaron del izamiento.

Por su parte, la nueva unidad de procesos lleva cerca de un 70% de avance. Además, ya tiene instalado el último nivel de la estructura principal y los intercambiadores, los recipientes a presión y las torres auxiliares.

Frente a esto, desde la refinería aseguraron “estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro desempeño energético y cada vez estamos más cerca de alcanzar la meta que nos propusimos a principios de este año”. 

A su vez, se encuentran trabajando un construcción del horno de procesos, al cual se le están instalando los quemadores. El próximo paso a seguir será la interconexión de los equipos con el piping, por esto están prefabricando spools. Además, se adjudicó la antorcha que está en plena construcción y será el último de los equipos principales que se instalará.

Se prevé que esta obra finalice durante los últimos meses de 2022, la cual resulta clave puesto que proporcionará mayor disponibilidad de gasoil de grado 2, nafta virgen y combustibles pesados. Y al mismo tiempo ofrecerá la posibilidad de contar con gas licuado de petróleo (GLP), que anteriormente no se producía.

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El gobierno postergó la suba de los impuestos a los combustibles siete veces seguidas (cuatro veces en 2021 y tres en 2022) fundamentalmente por una decisión política, a fin de evitar el año pasado un impacto en el precio de las naftas y el gasoil en plena campaña electoral. La prórroga este año se explica por la necesidad de hacerle espacio en el precio al aumento de la materia prima (el petróleo crudo, que registra una fuerte suba) y al mismo tiempo, obedece también a evitar que la suba de los precios en surtidores que presione aún más a la inflación, que en 2021 fue de 50,9% y este año podría superar el 90 por ciento.

La decisión del gobierno de Alberto Fernández no fue gratuita para las arcas del Estado. Al contrario. Por las sucesivas postergaciones, el Estado dejará de recaudar US$ 1.770 millones en 2022, un monto cercano al ahorro fiscal que espera lograr el gobierno con la quita de subsidios energéticos a las tarifas de gas y electricidad a partir del esquema de segmentación que se está implementando con demoras.

Los datos surgen de un informe de la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo, que señala que la postergación de los incrementos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto a Dióxido de Carbono (IDC) “significó una importante ampliación de la brecha entre el valor real del impuesto y lo que correspondería según normativa”.

Fuente: Economía y Energía

Según los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, el ahorro fiscal de la segmentación tarifaria será de $ 455.000 millones para todo 2023. Según el tipo de cambio oficial que se proyecta para el año que viene, que se ubica en torno a los 230 pesos según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la quita de subsidios representaría unos US$ 1.978 millones para el próximo año. En números redondos, y teniendo en cuenta los US$ 1.770 millones que el Estado no recaudó por las impuestos a los combustibles, la quita de subsidios de la segmentación tarifaria para la electricidad y gas sería sólo de US$ 200 millones más de lo que el Estado pudo percibir si se actualizaban el ICL y el IDC.

El objetivo del gobierno de no subir estos impuestos para evitar el impacto en el precio de los combustibles y que esto genere más inflación puede terminar con un efecto inverso, ya que el Estado se perdió de recaudar una suma considerable. Todo el esfuerzo que le está llevando al gobierno la implementación de la segmentación tarifaria podría tener finalmente un impacto muy bajo en el ahorro fiscal del próximo año por las sucesivas postergaciones de la suba de los impuestos a los combustibles.

Impuestos a los combustibles  

Estos impuestos se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Se encuentran pendientes las actualizaciones de los impuestos correspondientes a todo 2021 y del primer semestre de 2022, pero en diciembre se sumará la actualización del último trimestre de este año.

La última postergación concluyó el 1° de septiembre, día donde se debía incrementar el ICL e IDC, pero el gobierno definió patear para adelante la actualización una vez más. Lo hizo a través del Decreto 561 publicado en el Boletín Oficial el miércoles 31 de agosto. El decreto estableció que las actualizaciones del primer y segundo trimestre de 2021 se aplicarán a partir del 1° de octubre. Las actualizaciones de los impuestos a los combustibles del segundo semestre de 2021 y de los tres trimestres de 2022 se implementarán el 1° de enero de 2023.

Fuente: Economía y Energía

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La secretaría de Energía, Flavia Royón, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y, en representación del sector privado, Ignacio Celorrio, presidente de la compañía canadiense Latam Lithium Americas, coincidieron en que en dos años la Argentina puede convertirse en el primer exportador del mundo de carbonato de litio grado batería del mundo. Hoy la Argentina ocupa el cuarto lugar exportando alrededor de 37.000 toneladas desde sólo dos desarrollos, pero podría incrementar esas exportaciones con los próximos proyectos que se sumarán a la fase de producción desde Catamarca, Salta y Jujuy, las únicas provincias del país donde hay exploraciones avanzadas de este mineral.

Los tres participaron de un panel de las IV Jornadas de Políticas Públicas, un evento organizado por la Universidad Austral. La secretaria de Energía participó desde Estados Unidos ya que forma parte de la comitiva oficial que acompaña al ministro de Economía, Sergio Massa, en su viaje a ese país hasta el próximo lunes.

Incremento de toneladas

Morales señaló que Jujuy exporta anualmente 17.500 toneladas de litio “y el año que viene vamos a estar exportando sólo desde la provincia alrededor de US$ 3.000 millones en litio. En 2024, Jujuy exportará US$ 4.000 millones produciendo y exportando 82.500 toneladas de litio”.

Además, el gobernador destacó que el impacto económico de las ventas al exterior del litio es más significativo porque “hace dos años la tonelada se vendía a US$ 9.000 y ahora se está vendiendo a US$ 70.000. El promedio del precio del litio en 2022 será de alrededor de US$ 50.000 por tonelada”.

Por su parte, Royón sostuvo que “en la actualidad las inversiones extranjeras directas en la Argentina muestran mucho dinamismo por las inversiones en litio”. Y agregó que “el litio puede ser un vector de desarrollo por el impacto que produce en las comunidades. Los salarios mineros son superiores al salario promedio y es un sector de muy baja informalidad”.

La secretaria de Energía, que antes de asumir también fue titular de Minería y Energía de Salta, indicó que “el contexto mundial cambió y hay una oportunidad muy grande para la Argentina en la transición energética”, y que “las exportaciones mineras son parte de la solución de los problemas macroeconómicos de la Argentina, porque tienen una balanza positiva porque son sectores netamente exportadores y es una de las agendas que trajimos con Massa a Estados Unidos”.

Escenario

Ignacio Celorrio de Latam Lithium Americas, una compañía minera de capitales canadienses que desarrolla los proyectos de litio Cauchari – Olaroz y Pastos Grandes, intervino sobre el escenario actual de la minería y cuáles son los objetivos para el sector. “Se dio una combinación de los recursos geológicos, la legislación sobre el sector y la experiencia y potencial que tienen Salta, Catamarca y Jujuy para que hoy, si bien el país es el cuarto exportador, el mundo nos vea con la posibilidad real de ser el primer exportador en carbonato de litio en poco tiempo”, describió.

Y explicó que este escenario tiene que ver con una cuestión histórica: “hubo mucha exploración en los últimos 10 años. Hay muchos yacimientos que tienen cifras (inversión y recursos) realmente muy importantes y llevan muchos años de exploración y esto nos pone en una posición de ventaja sobre otros países que recién ahora está analizando la posibilidad de exploración y, como sabemos, esto lleva muchos años”.

Celorrio afirmó: “si tenemos la infraestructura, los recursos humanos y la política correcta para llevar esto adelante, es solo una cuestión de años nada más, casi un corto plazo para tomar una posición predominante. La Argentina podría ser el número uno en producción de carbonato de litio grado batería en un mundo que definió ir a la electromovilidad”.

Por último, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales describió tres desafíos que tiene el país: “primero, el master plan energético tiene que aprovechar Vaca Muerta y la planta de GNL para revertir el déficit en el ingreso de dólares. Segundo, potenciar a las energías renovables como la solar, eólica y el hidrógeno verde. Tercero, el master plan tiene que contar con el desarrollo de los minerales críticos como el litio, zinc, cobre y cobalto. Todo esto nos puede convertir en cinco o diez años en un país diferente”.

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La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) organizó una nueva edición del Foro de Energía, bajo el lema “Argentina, la oportunidad energética”, para promover el intercambio entre los sectores público y privado sobre las posibilidades que presenta el sector energético para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, contó con más de 334 asistentes y 18 expositores y moderadores, quienes abordaron temáticas como la política energética argentina de cara al futuro; el potencial de la minería y las energías renovables para el desarrollo de las economías regionales; la explotación y exploración del recurso como visión estratégica: una mirada bilateral; Los hidrocarburos como motor del crecimiento: presente y futuro; y Offshore, hacia un nuevo perfil energético de Argentina, como algunos de los ejes nodales del encuentro.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, pudo compartir su mensaje a la audiencia del foro de manera virtual, y manifestó que “Argentina tiene una realidad energética privilegiada y nuestro rol es generar las condiciones y las políticas públicas adecuadas para convertir los recursos en riquezas”.

Asimismo, sostuvo “anhelamos un sector energético que se desarrolle en su conjunto, incluyendo también energías renovables de manera de garantizar a todos los argentinos y argentinas, así como nuestras futuras generaciones, el acceso y la disponibilidad energética eficiente».

En tanto, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, afirmó “hemos creado la región del litio, la primera desde la reforma de 1994. Es un aspecto importante, porque estamos estableciendo normas para el desarrollo y para brindar seguridad jurídica. En todos los proyectos, la provincia participa con el 3% de regalías. Este año vamos a comenzar con 2.000 toneladas de producción y el año que viene se esperan más de 30 mil toneladas de exportación”.

Bajo esa misma línea, agregó “hoy el 80% de los trabajadores son jujeños y el restante son de la región del litio. Estamos todos con la misma consigna en relación con el desarrollo de proveedores locales y trabajo local. Se genera una sinergia cuando hay decisión de inversión, reglas claras y licencia social”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, consideró que “la dirigencia y los acuerdos y consensos entre sindicatos, comunidades y gobierno han logrado asumir con Vaca Muerta un compromiso que la posicionó como una industria. En ese sentido, el desarrollo del mercado externo apalanca al mercado interno”. “La productividad de los pozos de gas y petróleo se ha triplicado en un año y en el último, se ha cuatriplicado. Hoy a partir del desarrollo de Vaca Muerta, exportamos recursos y talentos, ciencia, tecnología y economía del conocimiento. Es tiempo de que Vaca Muerta brille”.

A su vez, Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro, enunció “tenemos un plan estratégico desde Río Negro que nos posiciona en el escenario energético global en los próximos años en un lugar muy interesante, porque estamos trabajando para exportar petróleo y gas. Creemos que podemos tener un rápido desarrollo y crecimiento en materia de producción de hidrógeno verde y hay una gran potencialidad que esperamos que se convierta en desarrollo”. Y sumó “es interesante ver cómo logramos poner los acuerdos necesarios, cómo logramos convencer a los inversores de que queremos -tanto como ellos- lograr estos escenarios de producción sostenibles”.

El subsecretario de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía de la Nación, Santiago Yanotti, también estuvo presente en el encuentro y manifestó “desde el Gobierno estamos trabajando con universidades nacionales y con organismos internacionales para proponer y diseñar políticas de eficiencia energética, por su impacto ambiental positivo, porque abarata los costos del sistema, genera empleo y oportunidades de inversión. La utilización eficiente de la energía no implica una pérdida de confort, la eficiencia no es privarse de la energía que uno necesita para vivir y para producir, sino evitar los consumos innecesarios”.

Además, indicó “tenemos agua, uno de los mejores vientos y de los mejores soles del mundo, tenemos todo eso para generar energía hidroeléctrica, eólica y solar y derivados como el hidrógeno. Una regulación adecuada y una planificación de mediano plazo nos permitirá contar con un sistema eléctrico más amplio y confiable”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham, quien concluyó que “Argentina tiene en sí misma una oportunidad única que debemos aprovechar y potenciar. Y para esto es fundamental y prioritario hacer todos los esfuerzos posibles como país y sociedad, buscando acuerdos de largo plazo y poniendo en valor la posibilidad concreta de convertirnos en una potencia mundial exportadora de energía”.

Y agregó, “establecer las condiciones de incentivo a la inversión, y la instalación de la infraestructura necesaria son fundamentales ya que permiten que Argentina pueda convertirse en un país referente para la región. Estamos convencidos que es clave continuar trabajando de manera mancomunada para que el sector energético siga profesionalizándose y desarrollándose en nuestra nación”.

Entre las figuras que participaron como oradores y moderadores se destacaron: Flavia Royón, secretaria de Energía del Ministerio de Economía de la Nación; Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy; Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía de la Nación; Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro; Abigail L. Dressel, encargada de Negocios a.i de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires; Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén; Fernanda Raggio, gerenta Ejecutiva de Exploración de YPF.

También Gabriela Aguilar, gerenta General en Argentina y vicepresidenta para Sudamérica de Excelerate Energy; Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy; Ricardo Ferreiro, director General Desarrollo de Negocios, Gas & Power y Comercial de Tecpetrol; Paula Altavilla, CEO de Schneider Electric; Daniel de Nigris, CEO de ExxonMobil; Bernardo Andrews, CEO de Genneia; Martín Genesio, CEO de AES; Daniel Gerold, presidente de G&G Energy Consultants; Matías Campodónico, CEO de Dow; Mónica Navarro, CEO de Servicios Marítimos S. A.; y Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy; Andrea Peña Niño, Country Sales Manager de United Airlines; Gonzalo Ketelhohn, Sales & Marketing Director de WTW; J. Ignacio Costa, Vicepresidente y Director de Asuntos Públicos y Legales de Livent Argentina; y Sabrina Pont y Cledis Candelaresi, periodistas.

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Las «transiciones energéticas» no son un fenómeno nuevo. De hecho, el mundo ha sido testigo de múltiples transiciones en el último siglo. Pero la que estamos viviendo actualmente es diferente. Esta no está impulsada por cambios en la oferta, sino por una nueva dinámica de la demanda que está preparando el terreno para un sistema energético más diverso, localizado y multicombustible. Ese es el planteamiento que entrega un nuevo estudio de Accenture, según el cual, en la situación actual del mercado, la demanda mundial de energía crecerá 16% durante los próximos 15 años.  El informe muestra que la demanda de generación de electricidad crecerá 55%; la residencial, 8%; la de vehículos livianos, un 2%; la comercial, 5%, entre otros sectores medidos.

El estudio plantea también que el sistema energético homogéneo al que nos hemos acostumbrado se está volviendo mucho más heterogéneo. El nuevo sistema permitirá a los consumidores aprovechar diferentes fuentes de energía para satisfacer las necesidades de las diferentes industrias y geografías. Diferentes políticas determinarán la viabilidad económica de las acciones las empresas de energía en diversas partes del mundo. Y diferentes tecnologías darán lugar a nuevas oportunidades para para alcanzar los objetivos de equidad, disponibilidad y sostenibilidad de la energía.

Cinco factores clave

Para enfrentar este escenario de forma efectiva y avanzar hacia la transición energética, Accenture plantea cinco factores clave. Primero, la industria energética debe dejar de centrarse en la escasez inmediata de suministros y empezar a construir la demanda en los sectores finales y en los de alto crecimiento. A pesar de las crecientes mejoras de la eficiencia energética en calefacción, iluminación y procesos industriales, la demanda de gas natural está preparada para crecer al menos 14% para 2035. Esto se debe en gran medida a las conversiones de carbón a gas en los sectores industriales (sobre todo en el de la energía) y a la creciente puesta en marcha de nuevas de plantas de GNL/gas natural en Asia.

El director ejecutivo de Accenture, Claudio Goldman, explicó que “hasta 2025, el gas natural será una importante fuente de energía a medida que las economías se recuperen de la pandemia y se reevalúe la dependencia del gas ruso”. “A partir de entonces, existe la oportunidad de impulsar la demanda de gas en los mercados emergentes, creando la infraestructura necesaria (por ejemplo, instalaciones de regasificación, gasoductos, etc.) que las economías en desarrollo necesitan para impulsar su transición”, precisó.

En segundo lugar, la industria debe dejar de centrarse en el superciclo del petróleo. En este sentido, Goldman destacó que “el sector debe empezar a centrarse en el petróleo para todos los ciclos, construyendo el suministro de petróleo de menor costo y de menor carbono”. Y agregó “Accenture proyecta que la demanda de petróleo alcance su punto máximo a finales de la década de 2020 y vuelva a descender a los niveles de 2021 en 2035. De cara al futuro, los operadores deberían seguir centrándose en los costos para financiar el aumento de la producción necesaria para satisfacer la demanda de petróleo”.

El tercer factor clave son las nuevas tecnologías. Tres tipos de tecnologías sustentan la transformación del mercado energético: soluciones de captura de carbono, soluciones de eficiencia industrial y soluciones de cambio de combustible. El análisis de Accenture estima que para llegar a un mundo con cero emisiones netas en 2050 se necesitarán entre tres y 10.000 millones de toneladas de capacidad de captura y almacenamiento de carbono (CAC) al año, hasta 200 veces la capacidad actual. Para 2035, esa cifra será de 70 a 90 veces la capacidad actual. El informe también predice que la demanda de eficiencia industrial y de tecnologías de gestión del carbono de extremo a extremo aumentará.

El cuarto factor clave son el hidrógeno verde y el azul. En base a esto, Goldman recalcó que “aunque hay muchas opciones de hidrógeno limpio, el hidrógeno azul y el verde tienen grandes ventajas, como su disponibilidad y competitividad a largo plazo en un entorno de altos impuestos sobre el carbono. La elección entre hidrógeno azul o verde depende principalmente de los precios del carbono y del gas natural, y del costo de generación de cada tipo de hidrógeno”.

El quinto factor clave es son los biocombustibles. La mayor parte del debate sobre el sector del transporte se centra en la electricidad y la creciente popularidad de los vehículos eléctricos (VE). Sin embargo, nuestro análisis muestra que, a medio plazo (2025-2035), los biocombustibles serán los verdaderos ganadores en lo que respecta a la demanda de combustibles descarbonizados. El consumo de biocombustibles (especialmente de etanol) seguirá creciendo a una tasa anual del 7% hasta 2035 y sólo será superado por la electricidad en términos de julios totales consumidos en 2035.

En los sectores de los vehículos pesados, la aviación y la marina, los biocombustibles son la principal opción viable para los combustibles descarbonizados. En concreto, en el sector de los vehículos pesados nuestro análisis muestra que la demanda de diésel renovable y biodiésel convencional se duplicará, como mínimo, de aquí a 2035.

Por último, Goldman concluyó que “la industria de energía se encuentra en un momento crucial. La transición energética está obligando al sector a reevaluar cómo van a competir y el papel que desempeñará en el nuevo sistema energético. Con estos cinco factores clave, la industria de energía puede avanzar de forma más rápida y efectiva hacia un sistema energético inteligente, que responda a la demanda, al mismo tiempo que protege el medioambiente”.

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