El paquete de reformas constitucionales en México continúa dando qué hablar. La Ley del Sector Eléctrico (LESE), que llegó para desplazar a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), es una de las propuestas de leyes secundarias en materia energética que más repercusiones directas traería al ámbito de las energías renovables.
Esteban Torres Gutiérrez, director de LT Consultores —firma especializada en consultoría legal y gestión de actividades previas a la construcción de infraestructura eléctrica—, consideró en una entrevista con Energía Estratégica que la transformación legislativa ha sido profunda y que esperan a la reglamentación para terminar por comprender cómo aterrizarán las nuevas medidas en la actividad diaria.
“Apenas en el sector nos estábamos acomodando a la ley de la industria eléctrica y viene un cambio de régimen en México muy importante. Salvo por el punto de la estatización, en otros aspectos pareciera que viene más noble todo lo que es el cuerpo de la ley. Pero hasta que no tengamos los reglamentos que se emiten hasta dentro de 180 días promulgada la LESE, pues aún seguirá en vigor la LIE”, puntualizó.
En la LESE se anticipan nuevos conceptos que podrían cambiar las reglas del juego para proyectos privados en distintos aspectos. Entre ellos, el director de LT Consultores explicó a este medio de noticias que aparecen cambios vinculados a estudios o tramitología previa, como una nueva «Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE)», cambios al capítulo «Del Uso y Ocupación Superficial», cumplimientos de «avalúos», entre otros.
Vinculados a aquellos, un punto crítico que se desprende de las modificaciones al artículo 2 constitucional sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas pareciera haber pasado desapercibido por algunos actores que podrían recibir impactos directos en los costos y plazos de los estudios requeridos para infraestructura eléctrica de transmisión y generación.
“El nuevo artículo 2 constitucional implicará un cambio grandísimo en las leyes mexicanas que van a repercutir en todo el cuerpo jurídico de México”, advirtió Esteban Torres Gutiérrez.
El sector eléctrico no sería la excepción. “Si tú quieres construir un nuevo proyecto energético, un campo solar, un parque eólico, una línea de transmisión, subestación eléctrica, y tu proyecto en México llega a impactar a una comunidad indígena, aunque no tengan regularizada su tierra, tendrás que contemplarlo en tus estudios y gastos, no sólo para mitigación”, remarcó el consultor.
Según el especialista de profesión sociólogo, la implementación del MISSE traerá consigo una nueva exigencia: realizar estudios de impacto social mucho más serios, rigurosos y científicos que los elaborados bajo el esquema anterior de Evaluación de Impacto Social (EVIS).
Torres describió que los procedimientos del EVIS se podrían considerar mucho más simples que la metodología que deberá empezar a implementarse con las MISSE: “En México, hacías la evaluación de impacto social en dos o tres meses, inmediatamente era entregarla a la Secretaría de Energía, y si ya cumplías con eso, te la sellaban, o no pasaba más que te hicieran unas pequeñas observaciones, las atendías, la volvías a regresar y ya te daban el resultado positivo”.
Con la MISSE, en cambio, el panorama cambiaría drásticamente: “Con la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético ya tendrías que hacer evaluaciones que has de cuenta que serían similares a lo que es una evaluación de impacto ambiental”.
Torres adelantó que el Estado tendría la facultad de rechazar un proyecto basándose en el contenido de la evaluación social: “Ahora sí el Estado te va a decir ‘¿sabes qué? En base a tu evaluación de impacto social, no te doy el permiso’. Antes con la EVIS no pasaba eso, pero hoy se va a poner más duro el gobierno en la revisión de ese tipo de evaluaciones de impacto social, y ahora sí te va a ordenar mitigación a los impactos sociales que hagas”.
De allí, los desarrolladores, inversionistas y promotores de proyectos tendrán que considerar desde el principio los recursos para atender los aspectos sociales de los proyectos, es decir que no sólo será un costo vinculado al estudio sino que ahora también deberían compartir recursos de sus proyectos a las comunidades. Aspecto que mueve mucho el tapete al sector.
“Ahora los lugares sagrados, los terrenos, las propiedades de las comunidades, toman otra perspectiva muy diferente de la que se tenía antes, y todo esto pues el gobierno mexicano lo hace para cumplir con los ordenamientos que en su momento se comprometió con organismos internacionales, como la OIT”, explicó el director de LT Consultores.
Respecto de las recomendaciones a los nuevos reguladores y a quienes formulen la política pública, Esteban Torres Gutiérrez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la metodología y la caracterización social en las disposiciones que se emitan sobre las MISSE. Desde su perspectiva, esta sería una oportunidad de alinear las instancias de aprobaciones de proyectos a los criterios de “justicia energética” y profesionalizar los estudios que requerirán de equipos multidisciplinarios, metodologías científicas y un contacto mucho más estrecho con las comunidades involucradas.
Dicho todo lo anterior, con la creación de la Manifestación de Impacto Social y Socioeconómico (MISSE), los tiempos de tramitación podrían extenderse considerablemente en comparación con la anterior Evaluación de Impacto Social (EVIS). Torres advirtió que mientras que una EVIS tardaba en promedio entre seis a ocho meses para su elaboración y aprobación, con la nueva MISSE los procesos podrían fácilmente alargarse a entre doce y hasta dieciocho meses, considerando los mayores requisitos de documentación, participación comunitaria y los mecanismos de seguimiento que ahora se exigen.
Ahora bien, cada cambio en la Ley del Sector Eléctrico (LESE) no implica ampliación de los tiempos o elevación de los costos para los proyectos. En cuanto a ajustes que se dieron en el capítulo «Del Uso y Ocupación Superficial», Torres resaltó que uno de los mayores avances es que ahora se permite una mayor flexibilidad para realizar asambleas de manera más ágil.
“En la anterior ley te pedían que hagas una asamblea dura, que le llamamos acá en el argot de los ejidos, una asamblea donde deberían de estar todos los ejidatarios legalmente constituidos como tales. Pero hoy lo dejan más abierto”, destacó. A diferencia de antes, donde solo los titulares podían votar, ahora los ejidatarios podrán otorgar poderes simples para ser representados, facilitando así el quórum necesario. Aunque Torres enfatizó que los proyectos deberán asegurarse de llevar a cabo procesos de consulta y socialización adecuados para evitar conflictos futuros.
Sobre el tema de los avalúos, el referente de LT Consultores enfatizó que la eliminación de la necesidad de validación por parte de la Secretaría de Energía cambiará la dinámica. “En la anterior ley, los avalúos estaban, hasta cierto punto, controlados; o se tenía que quedar el visto bueno por la secretaría”, explicó. Con la nueva ley, los valores deberán determinarse conforme a procedimientos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en pos de lograr mayor agilidad al darle un precio a los predios que se piensan ocupar, o a las servidumbres de paso de líneas.
El profesional advirtió que persisten diferencias que podrían generar tensiones, especialmente entre proyectos privados y los desarrollados por la CFE. Mientras que los privados están limitados a contratos de servidumbre de 30 años, prorrogables, la empresa estatal puede pactar servidumbres a perpetuidad. “Hay una desigualdad que puede afectar la competitividad”, comentó.
De acuerdo con Esteban Torres Gutiérrez, director de LT Consultores, será importante que los privados planteen estos tema en cabildeos, a través del diálogo con las autoridades, y consultas públicas de las nuevas reglamentaciones, en los espacios de consulta que se abran, para lograr condiciones más agiles y equitativas.
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