*Por Pablo Givogri.
Hoy los desafíos del país en materia energética son enormes, pero abordados convenientemente por los hacedores de política pueden ser un motor más y muy relevante para el desarrollo del país en las próximas décadas. Nuestro país puede aprovechar la abundancia en sus recursos energéticos en un mundo con complicaciones en materia de energía donde, por un lado, la seguridad de abastecimiento energético se encuentra convulsionada por los conflictos geopolíticos y por otro lado, con las distintas economías mundiales transitando los objetivos de descarbonización por el calentamiento global, con las dificultades de implementación que implica incorporar las energías verdes en sus matrices energéticas (costos y su financiamiento, intermitencias/disponibilidad de este tipo de energías, entre los principales).
En el frente nacional, la buena noticia es que cualquiera sea el color político de la próxima administración del Poder Ejecutivo Nacional, todo hace traslucir que existe algún consenso de que no es posible desaprovechar la explotación de los abundantes recursos energéticos con los que cuenta el país; tanto en fuentes no renovables (petróleo y gas) como renovables (eólica y solar, entre los principales). El tema central por definir, es el cómo aprovechar convenientemente la riqueza que pueden generan nuestros recursos y como la gestión pública, a través de una política de estado en energía, debería marcar una hoja de ruta referencial para todos los actores intervinientes de la sociedad.
Sabemos que el país ha sido beneficiado con esos vastos recursos energéticos; sólo tenemos que saber aprovecharlos en el tiempo de una manera racional y pragmática en función a los intereses del país, lo que generará la riqueza a la sociedad presente y futura.
Se entiende también que existe una ventana de oportunidad en particular para la explotación de los recursos fósiles no convencionales de Vaca Muerta (formación de shale de petróleo y gas), cuyo límite temporal es cuan rápido se desarrollen los procesos de descarbonización a nivel de cada país para lograr el objetivo mundial de descarbonización, bajo la consigna Net Zero en 2050.
Adicionalmente hay bastante consenso de expertos en la materia de que el gas puede ser el recurso utilizado en el proceso mundial de la transición energética, siendo éste un complemento ideal -por ser menos contaminante que los fósiles tradicionales: carbón, petróleo- de las energías renovables, pero valga nuevamente afirmar que no hay muchos años por delante para la necesidad de la utilización del gas en ese proceso de transición hacia el uso de energías verdes.
Recursos
Respecto al aprovechamiento de sus recursos renovables el país ya ha iniciado desde hace tiempo un proceso de incorporación paulatina y en ascenso de las energías verdes en línea con los objetivos mundiales. En ese sentido, resulta positivo que el Gobierno Nacional a través de la Resolución SE 518/2023 haya aprobado recientemente un instrumento de planificación energética para la transición energética del país denominado “Lineamientos y Escenarios para la Transición Energética a 2050”.
Ahora bien, no obstante, los mencionados consensos, vale tener presente algunas condiciones necesarias que resultan relevantes se presenten para el desarrollo del sector energético. En primer lugar, se requieren de condiciones macroeconómicas estables que blinden el desarrollo sustentable del sector. Esto es, al tratarse de una industria capital intensiva, con necesidad de recupero de inversiones a largo plazo, tener un valor de costo de capital accesible y acceso a moneda dura como el dólar para los inversores, son elementos claves para la implementación exitosa de este tipo de proyectos para que sean competitivos en precios y puedan competir en los mercados globales.
Sumado a las condiciones macroeconómicas y complementariamente, es necesario establecer los lineamientos básicos en materia institucional y regulatoria del sector energético para que el país desarrolle sus recursos energéticos. En ese sentido, el respeto a las instituciones y normas regulatorias en el sector es lo que ha faltado observando nuestro pasado más reciente. Solo basta mencionar el caso particular del sector gasífero, en donde desde la reestructuración de esta industria hacia fines de 1992, la Ley Nro. 24.076 solo se aplicó en 10 de los 30 años transcurridos al presente, producto de que las Leyes de Emergencia (promulgadas en 2002 y en 2019) no fueron la excepción en ese período.
Con este panorama, es claro concluir que el próximo gobierno nacional tendrá como materia esencial refundar las instituciones en el sector aplicando las leyes y evaluar las adecuaciones que fueran necesarias establecer dado que la Ley de 1992 quedó desactualizada conforme la evolución regulatoria en otras experiencias.
También existe un diagnóstico común de los expertos que el sector energético puede ayudar al desarrollo del país vía generación de inversión y divisas posicionando a este sector como algo comparable con lo que genera para el país el complejo sojero por ejemplo (se estima una balanza comercial energética de 24.000 MM USD para 2030 cuando se implementen los principales proyectos energéticos).
Inversiones
Las inversiones necesarias para lograr ese objetivo son relevantes. Sólo en el upstream en el orden de US$ 5.000 millones por año, más un elevado requerimiento de potenciación y/o construcción de gasoductos domésticos (US$ 3.250 millones) /poliductos (US$ 1.750 millones), e instalaciones de infraestructura necesarias para un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de escala mundial 25 millones TPA (US$ 50.000 millones en la planta, en los ductos dedicados y en el uptream).
Para viabilizar esas inversiones se requieren de políticas regulatorias en el sector que promuevan reglas estables y perdurables que permitan la recuperación de las inversiones a largo plazo con la adecuada y razonable rentabilidad. La estabilidad institucional-regulatoria es clave, de lo contario se perderá la oportunidad de que el país aproveche las riquezas que pueda generar el sector. Un punto no menos importante es que las decisiones de inversión se realicen siguiendo parámetros de productividad de capital. Esto es que las inversiones deberían ser eficientes y asignadas a cada proyecto energético con racionalidad económica. Para esto, se requieren reglas regulatorias que busquen ese objetivo al momento de la toma de decisiones de los inversores (sean actores públicos o privados).
Tarifas
El sistema de precios y tarifas en el sector energético es clave para cumplir con este objetivo. Llevamos décadas de políticas inadecuadas en ese sentido, con una visión errónea del Estado Nacional, del papel que deben jugar los precios y tarifas en la asignación de recursos en la economía y más particularmente en el sector. Acá los desafíos regulatorios que se enfrentan son enormes porque se requerirá modificar, con señales regulatorias adecuadas, las fuertes distorsiones que presentan en la actualidad los precios y tarifas en el sector energético. Sólo para mencionar un dato sobre las consecuencias no beneficiosas para el país que implicó aplicar precios y tarifas alejadas de sus costos económicos: el país asignó y gastó en subsidios en el período 2007-2023 un total de US$ 144.000 millones, y este valor es casi tres veces lo que se estima en la inversión del proyecto de escala mundial de GNL mencionado anteriormente.
El aprovechamiento de los vastos recursos energéticos supone también cambiar el paradigma de vivir con lo nuestro, y pasar a una visión de integración al mundo, para alcanzar otros mercados energéticos mundiales: regionales (por ductos/poliductos) y extra-regionales (GNL). Eso permitirá, por economías de escala, desarrollar el recurso energético a precios más competitivos beneficiando no solo al consumidor nacional sino también al regional en países vecinos.
En ese sentido, será necesario una readecuación del régimen legal aplicado a las exportaciones energéticas para que éste no sea considerado el mercado residual (como opera hoy en la práctica), sino posibilitando el abastecimiento de los mercados externos con contratos plurianuales en firme.
Bajo un concepto de desarrollo amplio del recurso energético superando los límites nacionales se logrará indirectamente el concepto del pleno abastecimiento del mercado local. En otras palabras, la seguridad del abastecimiento del mercado local será una consecuencia del desarrollo del sector para todo el mercado, sea doméstico o para abastecer al mundo.
También el sector consumidor doméstico enfrentará los beneficios de un precio competitivo del energético basado en un desarrollo de escala con mercados amplios. En ese escenario, es que las generaciones presentes y futuras deberían ser beneficiadas por el desarrollo sustentable del sector energético, con seguridad de abastecimiento, precios competitivos, y accesibilidad a los consumidores. Además de los efectos positivos sobre los indicadores de la macroeconomía: empleo, inversiones, generación de divisas para el país, entre los relevantes.
La abundancia de un recurso como el shale también plantea un desafío a abordar en materia de política de Estado por los desequilibrios sociales que se pueden generar. Hay ejemplos mundiales que pueden ser estudiados al respecto (Noruega, África, entre otros). Un ejemplo de esos desequilibrios se da en los mercados laborales donde el crecimiento de la explotación del recurso abundante (en nuestro caso el no convencional) puede llevar a tener sueldos más elevados en el sector energético generando falta de oferta laboral en otros sectores de la economía. Se puede recurrir a la creación legal de fondos anticíclicos en los que aportan los actores inversores del sector para cubrir esos desequilibrios y que la riqueza generada por el sector energético -volcada en esos fondos- pueda utilizarse con alguna regla en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente puede concluirse que, todos los aspectos señalados en esta nota deberían formar parte de la Política Energética enmarcada en una Política de Estado estable, que trascienda los períodos de los gobiernos futuros.
*Experto Regulatorio en Energía.
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