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Pacífico Mexinol se convertirá en la planta de metanol ultra bajo en carbono y se radicará en Topolobampo, el estado de Sinaloa, México. El proyecto, que demandará una inversión de 3.300 millones de dólares y producirá más de 6.000 toneladas métricas por día de metanol verde, comenzará a operar en 2029.

El proyecto pertenece a la firma norteamericana Transition Industries con financiamiento de la CFI (Confederación Financiera Internacional) y estará asociada a Samsung E&A de Corea del Sur, Techint de México y el Grupo Maire de Italia

Pacífico Mexinol producirá anualmente 350.000 toneladas métricas de metanol verde y 1,8 millones de toneladas de metanol azul, consolidándose como la mayor planta de su tipo en el mundo y un modelo de referencia para la descarbonización de la industria química global.

Mientras la producción hidrocarburífera crece al ritmo de Vaca Muerta y consolida el protagonismo de la Cuenca Neuquina, el consumo de combustibles comienza a recuperarse levemente tras una larga recesión, la demanda eléctrica se contrae con fuerza y los subsidios energéticos siguen presionando las cuentas fiscales. Un panorama mixto para el sector energético argentino en mayo de 2025, donde las señales de dinamismo conviven con desafíos estructurales y tensiones distributivas.

El más reciente Informe Estadístico Oil & Gas – Argentina – Mayo 2025 ofrece una visión detallada de la dinámica actual del sector energético argentino, marcando tanto las continuidades estructurales como las inflexiones recientes que delinean el rumbo de la producción de hidrocarburos en el país.

En mayo de 2025, la producción nacional de crudo alcanzó los 747.000 bpd, mientras que la de gas trepó a 147,577 MM/m3d. Estas cifras confirman la consolidación de una tendencia ascendente en el sector, particularmente estimulada por el notable desempeño de la producción no convencional (NOC), cuya expansión ha sido determinante para sostener la oferta energética en un contexto regional e internacional de marcada incertidumbre.

L
a Cuenca Neuquina, verdadero corazón energético del país, se erige una vez más como la principal fuente de hidrocarburos: concentró el 71,3% del petróleo y el 72,4% del gas producido a nivel nacional. Esta cuenca no solo lidera en volumen absoluto, sino que también exhibe una performance destacada en materia de eficiencia y crecimiento: en mayo, la producción neuquina de petróleo se incrementó un 1% respecto al mes anterior, mientras que la de gas creció un impresionante 11,5%, superando los 106 MM/m3d.

En cuanto al segmento no convencional, los registros son igualmente elocuentes. El petróleo NOC alcanzó los 456.000 bpd, y el gas NOC llegó a los 95.107 MM/m³d, representando un aporte sustancial al total nacional. Empresas como YPF, Tecpetrol, Pampa Energía y Pluspetrol encabezan el ranking de producción en este segmento, con desempeños sólidos tanto en áreas maduras como en desarrollos recientes como Fortín de Piedra, Aguada Pichana y La Calera.

El informe también permite observar la situación de otras cuencas con menor peso relativo, como la del Golfo San Jorge, Austral, Cuyana y Noroeste. Aunque su participación en el total nacional es más acotada, mantienen una producción constante que resulta estratégica para el abastecimiento local y la diversificación territorial de la matriz productiva. No obstante, se evidencian signos de estancamiento o declive, particularmente en las cuencas Cuyana y del Noroeste, donde la actividad de pozos terminados ha sido nula en lo que va del año.

El ritmo de perforación también ofrece indicios valiosos: durante mayo se terminaron 38 pozos en todo el país, de los cuales el 62,8% corresponde a la Cuenca Neuquina, seguida por el Golfo San Jorge con un 37,2%. Las demás cuencas no registraron nuevos pozos durante ese mes, lo que refleja tanto una concentración de inversiones como un posible desafío en términos de desarrollo federal del sector.

Por último, el informe presenta un claro liderazgo de YPF, no solo como principal productora de petróleo y gas en general, sino también como el actor dominante en el segmento no convencional. Le siguen, con cifras relevantes, compañías como Tecpetrol, Pan American Energy, Vista Energy y Total Austral, que juntas conforman el núcleo duro de la producción energética argentina.

El panorama energético argentino al mes de mayo de 2025 muestra una estructura consolidada en torno al desarrollo no convencional de la Cuenca Neuquina, con un mercado altamente concentrado en pocos actores, y una tendencia expansiva que, sin embargo, convive con desequilibrios regionales y cierta fragilidad en las cuencas tradicionales. El desafío, de cara al futuro inmediato, será sostener el dinamismo productivo sin desatender la necesidad de una planificación integral, sustentable y territorialmente equilibrada.

Contraste

Los informes estadísticos de la mismo consultora, correspondientes a junio de 2024 y mayo de 2025, permiten trazar una línea de continuidad —no exenta de contrastes— en la evolución de la producción de hidrocarburos en la Argentina. Si el primero reflejaba las tensiones internas de una cuenca tradicional en franco retroceso, el segundo confirma un escenario de estancamiento que obliga a repensar su lugar dentro del mapa energético nacional.

En junio de 2024, la producción total de petróleo en Argentina fue de 660.400 bpd, con la Cuenca del Golfo San Jorge aportando 167.0006 bpd, es decir, el 25% del total nacional. Para el gas, su participación fue más modesta: 10.513 Mm³/d, apenas un 7% del volumen nacional. Un año después, en mayo de 2025, la producción nacional de petróleo ascendió a 747.000 bpd —un aumento del 13%—, mientras que el gas se mantuvo virtualmente estable en 147.577 Mm³/d. Sin embargo, la CGSJ retrocedió en ambas métricas: produjo 176.200 bpd de petróleo (ligeramente por debajo del promedio anual previo) y 9.979 Mm³/d de gas, lo que representa una caída del 5% en comparación con el año anterior.

Este retroceso se acentúa si se considera que en junio de 2024 la cuenca había registrado una fuerte baja mensual del 14,7% en petróleo, como resultado de conflictos gremiales y una drástica reducción en la perforación de pozos provocada por la caída del precio internacional del crudo (WTI). A pesar de que los datos de mayo de 2025 muestran una leve recuperación intermensual (-0,5% en petróleo y -1,9% en gas), la región aún no logra retornar a los niveles de producción sostenida que supo exhibir años atrás.

El deterioro productivo encuentra una de sus raíces en la menguante actividad de terminación de pozos. En mayo de 2025 se registraron apenas 11 pozos terminados en la CGSJ, sin ningún nuevo pozo productivo de gas. La baja inversión y la limitada incorporación de tecnologías de recuperación mejorada (EOR) siguen condicionando la productividad en esta cuenca madura.

En contraposición, la Cuenca Neuquina reafirma su primacía con un crecimiento robusto: entre junio de 2024 y mayo de 2025 incrementó su producción de petróleo de 464.300 bpd a 532.360 bpd (+14,6%) y la de gas de 109.516 Mm³/d a 106.906 Mm³/d (una leve baja interanual, pero con una fuerte recuperación en el último mes del período). La expansión del no convencional explica esta dinámica virtuosa, con Vaca Muerta como eje estructurante de la nueva geografía energética del país.

Combustibles

En mayo de 2025, el consumo de combustibles en Argentina registró una leve pero significativa recuperación interanual, marcando el tercer mes consecutivo de crecimiento luego de una prolongada fase de 15 meses en baja. El total comercializado alcanzó los 1.407.240 metros cúbicos, apenas por encima de los 1.406.758 registrados en mayo del año anterior, con una variación interanual del 0,03%. Si bien la comparación mensual muestra una caída del 0,29% respecto a abril —mes que además contó con un día menos—, se destaca la reactivación del consumo como un indicio de estabilización de la demanda interna, especialmente impulsada por los combustibles Premium.

El desglose por tipo de combustible revela dinámicas divergentes que reflejan tanto cambios en los hábitos de consumo como en las condiciones económicas. Mientras que las ventas de nafta Premium crecieron un notable 18,92% y el gasoil Grado 3 subió un 11,52%, la nafta súper permaneció prácticamente estable, con un alza marginal del 0,08%. En cambio, el gasoil Grado 2 sufrió una caída pronunciada del 12,47%, lo que determinó una retracción general del 4,92% en el consumo de gasoil. Esta contracción podría explicarse por una combinación de factores: menor actividad en el transporte de cargas, eficiencia en flotas empresariales y un posible desplazamiento hacia opciones de mayor calidad por parte de ciertos segmentos.

En el plano territorial, 12 de las 24 jurisdicciones del país mostraron mejoras interanuales en las ventas de combustibles, destacándose Misiones (+9,21%), San Juan (+8,89%) y Río Negro (+8,87%). Por el contrario, Tucumán encabezó el descenso con una fuerte baja del 15,75%, seguida por CABA (-11,18%) y Santa Fe (-5,76%). En términos de volumen absoluto, la provincia de Buenos Aires lideró con 493.240 m³ vendidos, seguida por Córdoba (156.631 m³) y Santa Fe. Por empresa, YPF mantuvo su dominio con una participación de mercado del 54,6% y un crecimiento del 2,99% interanual, mientras que DAPSA lideró el crecimiento porcentual con una suba del 15,66%, consolidando la tendencia a una mayor diversificación competitiva en el sector.

Demanda eléctrica

En mayo de 2025, la demanda eléctrica en Argentina cayó un 10,4% interanual, marcando la tercera baja consecutiva y la más pronunciada desde marzo de 2024. El consumo nacional alcanzó los 10.945,4 GWh, frente a los 12.209,5 GWh del mismo mes del año anterior, en un contexto climático con temperaturas más altas. El retroceso afectó a todos los segmentos: la demanda residencial, que representa el 45% del total, cayó un 8,6%; la comercial (28%) se redujo un 3,3%; y la industrial (27%) descendió cerca del 1%. Las distribuidoras del AMBA registraron una fuerte baja conjunta del 14,2%, con caídas similares tanto en Edenor como en Edesur. A nivel territorial, 23 provincias o distribuidoras mostraron descensos, entre ellas EDELAP (-17%), San Juan (-16%) y Jujuy (-15%). Solo Neuquén (+2%) y Santa Cruz (+11%) escaparon a esta tendencia negativa.

En términos de generación, la matriz energética se mantuvo liderada por las fuentes térmicas, que cubrieron el 52,16% de la demanda. La generación hidráulica, pese a ubicarse en segundo lugar con un 20,73%, sufrió una caída del 29% interanual y fue desplazada del podio por las fuentes alternativas (solar y eólica), que aportaron el 18,64%. Las centrales nucleares representaron el 8,21% restante. La potencia instalada total del sistema alcanzó los 43.613 MW, compuesta en un 58% por generación térmica y en un 38% por fuentes renovables (hidráulicas y alternativas). El desempeño del parque generador confirma el predominio térmico, aunque revela un retroceso hidroeléctrico que podría impactar en los costos y sostenibilidad del sistema eléctrico en los meses venideros.

Precios, tarifas y subsidios

Durante el primer semestre de 2025, la política tarifaria de los servicios públicos de gas natural y electricidad en Argentina estuvo marcada por un intento de reordenamiento gradual, en medio de un complejo escenario macroeconómico y social. Según el Informe Tarifas y Subsidios – Junio 2025 que elabora IIEP-UBA, confirma que, pese a los aumentos implementados, los precios finales que pagan los usuarios residenciales aún permanecen significativamente por debajo del costo real de abastecimiento, lo que se traduce en un elevado peso de los subsidios estatales.

En el caso de la electricidad, la estructura tarifaria continúa dividida por segmentos según niveles de ingresos, bajo el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos (Nivel 1) afrontan el precio pleno del costo mayorista de la energía, mientras que los de ingresos bajos (Nivel 2) reciben un subsidio que cubre aproximadamente el 69% del costo de abastecimiento, y los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) abonan tarifas con un tope subsidiado hasta los 400 kWh mensuales. No obstante, incluso los usuarios sin subsidio (Nivel 1) pagan una tarifa final que en promedio equivale al 60% del costo total si se consideran impuestos y cargos ajenos al costo mayorista. En este contexto, el Estado continúa absorbiendo buena parte del costo de generación y transporte, especialmente en el AMBA y otras áreas urbanas con fuerte concentración de consumo residencial.

En cuanto al gas natural, el panorama es similar: el precio promedio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) sigue estando parcialmente subsidiado para buena parte de los usuarios. Al igual que en electricidad, el régimen de segmentación mantiene tres niveles. En junio de 2025, los usuarios de Nivel 1 pagaban la tarifa plena del gas en el PIST, mientras que los niveles 2 y 3 accedían a subsidios que cubrían el 65% y 45% del costo, respectivamente. A esto se suman los cargos por transporte y distribución, que también permanecen desfasados respecto al costo técnico real. El informe advierte que, pese a las correcciones realizadas a comienzos de año, los precios finales para los usuarios de menores ingresos continúan muy por debajo del umbral de sostenibilidad del sistema.

En términos fiscales, el peso de los subsidios energéticos continúa siendo considerable. En el acumulado del año hasta mayo de 2025, las transferencias del Tesoro Nacional al sector energético superaron los 2,7 billones de pesos, concentrándose principalmente en CAMMESA (administradora del mercado eléctrico mayorista) y en el financiamiento del Plan Gas.Ar. Este esfuerzo implica una tensión estructural para las cuentas públicas, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. El informe señala que, si bien la política oficial apunta a una convergencia progresiva hacia precios más realistas, la velocidad de esa convergencia está condicionada por la sensibilidad social de los ajustes y por la volatilidad política de su implementación.

El litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un giro inédito: la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino transferir el 51% de sus acciones en la petrolera como forma de ejecución del fallo que lo condena a pagar más de US$ 16.000 millones. El dictamen ignora la inmunidad soberana y la legalidad interna del país, y se basa en una interpretación forzada de una cláusula estatutaria redactada para impedir el regreso del Estado a la conducción de YPF. La medida, inédita incluso en la jurisprudencia estadounidense, fue solicitada por el fondo Burford Capital, “fondo buitre” especializado en litigar contra Estados a través de sociedades quebradas. La reacción del gobierno argentino ha oscilado entre la apelación judicial y la sobreactuación política, mientras el país enfrenta el riesgo concreto de perder su activo energético más importante.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, firmó una orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de sus acciones en la petrolera al Bank of New York Mellon, como forma de ejecución parcial del fallo que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar más de US$ 16.000 millones por la nacionalización inconsulta de la empresa en 2012. El nuevo fallo establece un plazo de 14 días para la transferencia efectiva de esos activos estratégicos.

Ante el hecho, el presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales con una andanada de ataques políticos y contradicciones. Por un lado, informó que los abogados del Estado apelarán la resolución, decisión alineada con la estrategia judicial que han sostenido sucesivos gobiernos argentinos pero, por otro lado, centró su intervención pública en cargar contra Axel Kicillof, a quien responsabilizó directamente por el desenlace. “Un fallo contra Kicillof”, “un burro eunuco”, “el inútil soviético”, “culpable directo de esta situación”. Sin mencionar que la Argentina la estatización la ordena el Poder Ejecutivo nacional, previa declaración de interés y que luego se convalida mediante ley del Poder Legislativo.

Lo que Milei no parece advertir es que este tipo de declaraciones, lejos de fortalecer la posición argentina, refuerzan los argumentos de los demandantes. En el marco de un juicio contra un Estado, lo que declara su jefe de Estado tiene validez jurídica. Si el presidente admite que un exfuncionario obró de manera indebida, eso puede ser interpretado como una confesión que avala la posición del demandante. En derecho internacional, no hay margen para el sofisma de que el mandatario “tuitea como ciudadano”. Lo que dice el presidente, lo dice la República Argentina.

Racconto

Burford Capital, es un “fondo buitre” que adquiere a bajo costo derechos litigiosos de empresas quebradas para luego iniciar demandas millonarias en su nombre.  En este caso, compró los derechos de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades del Grupo Petersen que habían adquirido el 25% de YPF mediante complejos préstamos bancarios, comprometiéndose a cancelar la deuda con dividendos de la propia empresa.

Pero en 2012 tras la estatización del 51% de YPF en 2012, la administración estatal interrumpió el pago de dividendos, lo que llevó a la quiebra de las sociedades de los Eskenazi y abrió la puerta para que Burford comprara el derecho a litigar, decisión avalada por la Justicia española. Esta maniobra procesal fue cuestionada por el Estado argentino, que tildó de “fraudulenta” la estructura financiera montada para la compra de acciones en YPF, argumentando que el Grupo Petersen nunca aportó capital propio y que, al quebrar, transfirió a un tercero la potestad de demandar al país.

Sin embargo, ese planteo no logró frenar el avance del juicio en los tribunales de Nueva York, donde Burford, conocedor de los mecanismos judiciales y con experiencia en litigios similares —como en el caso Marsans por Aerolíneas Argentinas—, logró imponer su estrategia.

La cifra

Una de las claves del monto millonario al que fue condenado el Estado argentino —más de US$ 16.000 millones— reside en el artículo 7 del Estatuto de YPF, que preveía una obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas si alguien tomaba el control del 51% de la compañía. Ese artículo ofrecía cuatro métodos posibles para calcular el precio de las acciones —opciones A, B, C y D— y establecía que debía aplicarse la fórmula que arrojara el valor más alto. Burford Capital, al iniciar la demanda, reclamó que se utilizara la “Fórmula D”, la más onerosa para el Estado, lo cual fue aceptado por la jueza Loretta Preska.

La jueza no evaluó el caso como un juicio ordinario por daños y perjuicios porque el reclamo de Burford no se basó en un daño económico comprobable, sino en el supuesto incumplimiento de una obligación estatutaria: lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) si alguien tomaba el 51% de YPF. Según esa lógica, no importaba si hubo un daño real, sino si se omitió una obligación contractual que habría generado un beneficio económico para los accionistas. El cálculo no se basó en pérdidas efectivas, sino en cuánto habrían cobrado si la OPA se hubiese realizado con la fórmula más favorable del estatuto, como exigía Burford. Preska adoptó esa interpretación, típica del derecho corporativo estadounidense, donde los compromisos en estatutos societarios pueden generar compensaciones automáticas aunque no haya un daño probado.

Hacete amigo del juez…

El fallo no tiene precedentes en la jurisprudencia estadounidense: las acciones en cuestión no cotizan en Wall Street, están registradas en la Caja de Valores en Buenos Aires y constituyen parte del patrimonio soberano de la República Argentina. La medida propuesta, por lo tanto, se inscribiría en un terreno jurídico inexplorado, al punto que el propio Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos ya ha intervenido formalmente en la causa con dos presentaciones dirigidas a la jueza Preska, manifestando una oposición contundente. En una de ellas, el gobierno norteamericano declara sin ambigüedades: “Estados Unidos reitera su postura de larga data que la propiedad en el extranjero de un estado soberano no está sujeta a la jurisdicción de las cortes estadounidenses”; y agrega que la orden solicitada por los demandantes “violaría las normas bien establecidas en materia de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”.

Es sistema

El sistema judicial estadounidense permite avanzar con la ejecución de una sentencia aún cuando la decisión de primera instancia haya sido apelada. Esta lógica responde a un criterio que busca garantizar la cobrabilidad de los fallos en litigios entre privados.

En el caso de los Estados soberanos, sin embargo, la situación es distinta: los países no desaparecen ni pueden fugarse, y gozan además de inmunidad soberana. Es por eso que, tanto la práctica judicial como la diplomacia estadounidense —expresada en este caso en un pedido explícito del Departamento de Estado— suelen recomendar cautela. No obstante, la magistrada Preska ha decidido avanzar como si se tratase de un pleito entre particulares, consolidando una actitud que muchos en el mundo jurídico califican como la de una “jueza universal”.

El derrotero del caso es complejo y extenso. Luego de que Burford Capital lograra la sentencia de primera instancia en septiembre de 2023, solicitó rápidamente ejecutar el fallo, argumentando que la Argentina es conocida por su reticencia a pagar este tipo de condenas. El 22 de ese mes, pidió autorización para embargar activos argentinos a partir del 16 de octubre, plazo que consideró “razonable”. En respuesta, el Estado argentino, representado por el estudio Sullivan & Cromwell, solicitó la suspensión de la ejecución y denunció el pedido como prematuro, señalando su intención de apelar sin presentar garantía.

Preska, en un fallo de noviembre de 2023, accedió parcialmente. Dispuso que Argentina no debía depositar los US$ 16.100 millones mientras se resolvía la apelación, pero le exigió ofrecer garantías concretas: el 26% de las acciones de YPF y una presunta deuda histórica del Ente Binacional Yacyretá por US$ 2.000 millones. El porcentaje solicitado no fue azaroso: corresponde a la participación del Estado nacional en la empresa, ya que el resto pertenece a las provincias. Argentina no cumplió. En enero de 2024, la jueza autorizó a Burford a avanzar con el “discovery”, es decir, la identificación de activos embargables del Estado argentino.

La situación escaló en enero de 2025, cuando, ante la escasa colaboración del país, Preska emitió una orden judicial más severa, exigiendo información detallada sobre reservas del Banco Central, cuentas diplomáticas y activos públicos. Dio plazo hasta el 28 de febrero, bajo apercibimiento de sanciones. El incumplimiento de ese mandato desembocó en la drástica decisión de la última semana: el Estado argentino deberá transferir el 51% de sus acciones en YPF.

La defensa

La posición del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está debilitada por su propio historial: fue testigo experto contratado por Burford en este mismo juicio, lo que lo obligó a excusarse formalmente. Su apartamiento recuerda el caso de Rodolfo Barra, su antecesor, que también fue apartado por un conflicto de intereses, y pone de relieve la fragilidad institucional con la que Argentina encara el litigio más costoso de su historia. La causa YPF sigue acumulando derrotas. Pero lo más preocupante no es solo lo que dictan los tribunales extranjeros, sino cómo el propio Estado argentino —a través de sus voceros más altos— erosiona su defensa. En litigios de esta magnitud, la desmesura política puede costar millones.

Revisión

La decisión de la jueza Preska vuelve a exponer con crudeza los costos que implica la prórroga de jurisdicción, un mecanismo heredado de la última dictadura militar, profundizado por el menemismo y jamás desactivado por los gobiernos democráticos que le siguieron. Esta cláusula, que habilita a que controversias legales contra la Argentina se diriman en tribunales extranjeros —como en este caso, los del distrito sur de Nueva York—, limita severamente la soberanía jurídica del país y convierte a la justicia estadounidense en árbitro de cuestiones estratégicas nacionales. A ello se suman los Tratados Bilaterales de Inversión, que equiparan a los inversores extranjeros con el Estado argentino y lo llevan a tribunales arbitrales de dudosa imparcialidad, reforzando la posibilidad de que privados demanden al país sin ningún control soberano. Está comprobado que la suscripción al CIADI no atrajo más inversiones.

Esquicios legales

Una de las claves jurídicas del juicio por la estatización de YPF reside en una cláusula estatutaria: si alguien adquiría el 51% de las acciones de la compañía, debía lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, a un valor significativamente superior. Esta disposición, ajena a las reglas del derecho público argentino, no era inocente: fue pensada por los socios privados para impedir que el Estado recuperara el control de la petrolera. Aunque la Argentina no “adquirió” sino que expropió ese paquete accionario en 2012 mediante una ley del Congreso, esta ambigüedad semántica —“adquisición” versus “expropiación”— fue utilizada como resquicio legal por Burford Capital y validada por la jueza Loretta Preska para transformar una decisión soberana en el eje de una condena multimillonaria.

A pesar de que la propia jueza excluyó a YPF como parte del juicio, al considerar que la empresa no fue responsable de la omisión estatal, el fondo buitre buscó reincorporarla como estrategia extorsiva si la Argentina apelaba. Frente a esto, el Estado mantuvo su apelación, y los demandantes cambiaron de táctica: ahora exigen el 51% de las acciones estatales como pago, lo cual fue avalado por Preska. El absurdo se completa cuando se observa que, en Estados Unidos, la justicia otorga primacía a estatutos privados incluso por sobre leyes nacionales, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde el orden legal tiene jerarquía superior. Así, un reglamento redactado para blindar intereses privados terminó siendo el ancla legal para castigar una decisión soberana del Congreso argentino, que cumplió con todos los requisitos constitucionales de una expropiación. Una trampa legal, aceptada por un tribunal extranjero, hoy amenaza con arrebatarle al país su principal activo energético.

Ejecución

Aún si Preska decidiera desoír tanto los sólidos argumentos de la defensa argentina como la posición oficial del Poder Ejecutivo de su propio país, su eventual decisión no podría ejecutarse de inmediato. En primer lugar, porque la Argentina tiene la posibilidad de apelar la medida, lo que automáticamente suspendería sus efectos. Y en segundo término —pero no menos importante— porque una eventual orden de transferencia sería material y jurídicamente inaplicable: la ley de expropiación de YPF, sancionada por el Congreso argentino en 2012, establece de forma categórica que el Estado nacional no puede disponer de sus acciones en la empresa sin una nueva autorización legislativa votada por una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.

Es decir, la cesión que pretende Burford no solo desconoce principios elementales del derecho internacional público como la inmunidad soberana, sino que además colisiona directamente con el orden constitucional argentino, en el que los actos de disposición sobre bienes estratégicos del Estado requieren validación parlamentaria expresa. Así, la iniciativa del fondo buitre, de concretarse, no solo sería una anomalía jurídica sin antecedentes, sino una injerencia inadmisible en las decisiones soberanas de un Estado democrático.

Pampa Energía solicitó la adhesión al régimen de incentivos RIGI para un proyecto estratégico en Vaca Muerta.

La compañía presentó su solicitud para construir una planta de tratamiento de petróleo y gas en su yacimiento Rincón de Aranda, con una inversión de 426 millones de dólares.

Con su entrada en operación prevista para el próximo año, Pampa exportará crudo por el equivalente a 1.200 millones de dólares a partir de 2027, se indicó.

Pampa Energía presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un nuevo proyecto de infraestructura clave para el desarrollo de Rincón de Aranda, su yacimiento de shale oil ubicado en la provincia del Neuquén.

Al respecto, Gustavo Mariani, CEO de Pampa, afirmó: “La construcción de esta planta y su infraestructura asociada es clave para fortalecer nuestra operación en Vaca Muerta. Nos permitirá captar la producción de todo el yacimiento, que tiene una extensión de 240 kilómetros cuadrados, y conectarnos con los sistemas de transporte troncales”.

El proyecto contempla el diseño, la construcción y operación de una Planta Central de Tratamiento (Central Processing Facility – CPF) que permitirá procesar, almacenar y transportar petróleo y gas natural.

Además, incluye la construcción de oleoductos y gasoductos que permitirán vincular la producción con los sistemas troncales existentes, como el Gasoducto Perito Moreno (Ex GPNK) y el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), la instalación de plantas de procesamiento, terminales de almacenamiento y estaciones de bombeo, entre otra infraestructura asociada.

Este proyecto se enmarca en el plan de inversión integral que Pampa Energía está llevando adelante en Rincón de Aranda, donde está invirtiendo 1.500 millones de dólares para multiplicar por diez su producción de petróleo, se destacó.

Con el incremento de 3,5 % promedio país dispuesto por YPF para los combustibles de su marca a partir del 1/7, los nuevos precios de referencia para estaciones de carga ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes: Nafta Súper $ 1.216 por litro; Infinia Nafta $ 1.440; Diesel 500 (común) $ 1.221, y el Diesel Infinia $ 1.409 el litro.

La compañía activó un esquema de precio diferencial en todas las estaciones de servicio del país durante la noche (0 a 6 AM) con descuento del 3 % para pago mediante la APP YPF.

Además, señaló que “la modalidad de autodespacho se extenderá a las 24 horas en aquellas estaciones de servicio habilitadas y tendrá un beneficio adicional del 3 %; llegando a 6 % de descuento durante la noche (3 por franja horaria y 3 por modalidad), abonando con la APP YPF.

Neoenergia una de las empresas una de las eléctricas más grandes de Brasil vendió el control de la hidroeléctrica Baixo Iguaçu a Copel (30%) que era su socia minoritaria. El negocio se cerró por 180 millones de dólares.

La central opera desde el 10 de abril de 2019, y se ubica en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, y tiene una capacidad instalada de 350 megavatios (MW).
Neoenergia (que pertenece a la española Iberdrola) es una de las empresas líderes del sector eléctrico brasileño, con presencia en 19 de los 27 estados del país en los segmentos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

La hidroeléctrica Baixo Iguaçu se ubica en el estado de Paraná. La planta se encuentra entre los municipios de Capanema y Capitão Leônidas Marques. 

Las “Paradas de Planta” en la industria energética constituyen una de las actividades cruciales del sector puesto que cada decisión logística y operativa impacta directamente en la seguridad, los costos y la continuidad del negocio. Durante la parada de 2025 en la Refinería Axion, el enfoque integral de servicios generales llevado a cabo marcó un nuevo estándar de eficiencia, respuesta y control operativo.

En ese marco, el equipo de Servicios Generales de Balko en Campana, desplegó una estrategia integral que logró sostener altos estándares de calidad y eficiencia en un contexto de alta demanda y exigencia operativa. Al respecto consultamos a la Lic. Rocío Vazquez Grau, Líder de Servicios Generales de Balko, quien nos detalla que: “La planificación abarcó desde el equipamiento de módulos y carpas hasta la gestión de viandas, maestranza, limpieza, alojamiento y provisión de agua potable hasta la disponibilidad de electrodomésticos”.

Una de las tareas más sensibles es la gestión del Servicio de Viandas, que debe dar cuenta y respuesta a modificaciones en los niveles de consumos y al seguimiento de la calidad, higiene y conservación de los alimentos. Araceli Andrade, integrante del equipo de Balko, agrega: “Implementamos junto a IT de PAE una plataforma on-line de pedidos ‘ad hoc’ para el evento que agilizó el servicio y con el que realizamos el seguimiento diario y un control de calidad exhaustivo permitiendo optimizar la trazabilidad y minimizar desvíos”.

Los servicios de Facility Management durante el proceso de la parada debe estar sumamente alineada con el equipo staff y gerencial de la planta; asegurando comunicación clara y fluida entre las áreas técnicas, operativas y de mantenimiento. En síntesis, la clave para un servicio exitoso se basa en planificación detallada, capacidad de respuesta y proactividad; en estos pilares Balko reafirma su compromiso con la excelencia operativa, incluso en los escenarios más exigentes.

En un 2025 marcado por la estabilización macroeconómica y la apertura financiera, el sector energético argentino emergió como uno de los principales imanes de inversión, con acciones y emisiones de deuda lideradas por firmas vinculadas a Vaca Muerta. Mientras compañías como YPF, Pampa Energía y Vista cosecharon importantes rendimientos bursátiles y atrajeron capitales en el mercado de bonos, en paralelo se multiplicaron los casos de estrés financiero y reestructuraciones, especialmente entre empresas medianas y de sectores sensibles como el agro y la energía térmica. Esta doble dinámica —expansión de emisiones y aumento de defaults— revela un mercado más exigente y selectivo, donde las oportunidades conviven con riesgos crecientes, y donde la solidez financiera y la capacidad de adaptación se han vuelto condiciones clave para sostener el crecimiento en un entorno aún volátil.

Este año, el sector energético argentino se consolidó como uno de los destinos más atractivos para las inversiones financieras, en buena medida gracias al dinamismo sostenido de Vaca Muerta. En un contexto global de precios volátiles y reacomodamientos geopolíticos, las acciones vinculadas a la energía mostraron desempeños sobresalientes. Según un informe de Economía & Energía, en junio las subas interanuales en dólares destacaron especialmente a YPF (67,5%), Pampa Energía (59,1%) y Vista (16%) entre las petroleras, mientras que fuera de ese núcleo se lucieron Edenor (67,6%), TGS (51,5%) y Central Puerto (29,6%). En el Merval medido en pesos, el ranking lo lideró Metrogas con una suba del 82,9%, seguida por Edenor (52,7%) y YPF (51,5%).

No obstante, al observar los movimientos respecto al mes anterior, se evidencia una corrección generalizada de precios, arrastrada por la inestabilidad de los mercados internacionales. En términos de ADRs en dólares, solo YPF (+0,5%) y Vista (+4,6%) mantuvieron el impulso positivo, mientras que el resto sufrió caídas pronunciadas, destacándose Edenor con un retroceso del 18%. En el Merval, solo YPF logró un alza intermensual en pesos (+0,8%), mientras que compañías como Central Costanera, Edenor y Camuzzi exhibieron fuertes caídas de entre el 16% y el 20%. Estos vaivenes subrayan la sensibilidad del sector a factores macroeconómicos y a expectativas de corto plazo, incluso en un marco de fundamentos sólidos en términos de producción y expansión.

De cara al mediano y largo plazo, analistas financieros como Adcap mantienen una visión optimista, especialmente sobre empresas con fuerte presencia en el negocio no convencional y en infraestructura estratégica. Destacan a YPF como una oportunidad de reposicionamiento, con un “target price” de 50 dólares por ADR (hoy en US$ 33), sustentado en su apuesta por el shale oil, la disciplina financiera y su incursión en proyectos de GNL. También resaltan a Vista (target: US$ 84) por su proyección dentro de Vaca Muerta, y a Pampa por su diversificación entre segmentos regulados y desregulados, así como por su participación en proyectos de exportación de gas. En transporte y distribución, sobresale TGS por su potencial ampliación del gasoducto Perito Moreno y un proyecto en Bahía Blanca, mientras que Transener y Ecogas se perfilan como oportunidades por mejoras regulatorias y valorizaciones aún rezagadas. En síntesis, pese a las oscilaciones coyunturales, la energía argentina sigue atrayendo capital por su proyección estructural y su papel central en la matriz exportadora futura.

Crecen las emisiones de deuda en Argentina, pero también los defaults empresariales

A pesar de que el gobierno de Javier Milei adoptó medidas pro-mercado que estabilizaron parcialmente la macroeconomía y mejoraron el entorno crediticio, un número creciente de empresas argentinas enfrenta crisis financieras que las llevan a reestructuraciones, cesaciones de pagos o procedimientos concursales.

Según datos del mercado, 2024 registró el mayor volumen de emisión de Obligaciones Negociables (ON) y fideicomisos financieros de la última década, y todo indica que 2025 podría superar ese récord. Sin embargo, como advierte Moody’s, esta expansión se da en un contexto de menor liquidez en el mercado de capitales local, acompañado de mayores costos de financiamiento, lo que ha deteriorado la calidad crediticia de varios corporativos, especialmente en los tramos medio y bajo del espectro de riesgo.

Las dificultades han alcanzado a empresas de sectores clave. En el agro, Los Surcos ingresó en procedimiento preventivo de crisis, mientras que Los Grobo activó el mismo mecanismo para su controlada Agrofina, y buscó una alianza con la brasileña Amaggi para resistir la presión sobre sus márgenes. En el sector energético, el Grupo Albanesi, que representa el 17% de la generación termoeléctrica del país, entró en conflicto tras los incumplimientos de sus coemisoras Generación Mediterránea y Central Roca, afectados por la demora en pagos de CAMMESA.

A esto se suma Aconcagua Energía, una joven petrolera que suspendió su salida a los mercados internacionales y debió reestructurar pasivos. La crisis también alcanzó a Celulosa, que incumplió sus vencimientos de mayo y explora la incorporación de nuevos socios para reforzar su liquidez. Estos episodios han incrementado la cautela de los inversores, que ahora orientan sus preferencias hacia emisores de mayor calidad crediticia, lo cual reduce la demanda de deuda para empresas con ratings inferiores al rango A.

No obstante, los analistas mantienen un optimismo prudente. El entorno macro es más favorable para operar, aunque exige una gestión de liquidez más estricta, sobre todo para pymes que enfrentan un mercado más competitivo y segmentado. Moody’s Local Argentina, subraya el impacto negativo que tiene la apreciación del tipo de cambio sobre los instrumentos dólar-linked y la selectividad creciente del mercado. Por su parte, Juan Tripier y Juan Pablo Herrero, de PwC Argentina, señalan que no hay evidencia de un efecto contagio generalizado, y que los defaults responden más bien a casos puntuales. En lo que va de 2025, las emisiones acumuladas ascienden a US$7.700 millones en ON y US$700 millones en fideicomisos financieros, con fuerte protagonismo del sector Oil & Gas —YPF, Pampa Energía, Vista, Tecpetrol y Pluspetrol— y del sistema financiero (Galicia, Macro, Supervielle). De cara al segundo semestre, los expertos anticipan mayor volatilidad por el ciclo electoral y sugieren que las empresas refuercen su disciplina financiera: achicar costos, revisar inversiones y apoyarse en el flujo interno ante la ausencia de condiciones crediticias más benignas.

Argentina avanza hacia un perfil exportador en energía con un superávit creciente impulsado por Vaca Muerta, el GNL y menores importaciones. Sin embargo, esta promesa de equilibrio externo convive con un rojo alarmante en la cuenta corriente, marcado por la salida de dólares vía turismo y rentas. El país enfrenta el desafío de consolidar su estrategia energética en un contexto macroeconómico frágil y una transición verde en vía muerta.

La Argentina está logrando generar divisas netas por exportación energética(gracias a Vaca Muerta, exportaciones de gas y petróleo, y menores importaciones). La cuenta nacional “energía” en términos monetarios muestra un sólido superávit. En marzo de 2025, la balanza comercial energética arrojó un saldo positivo de US$ 527 millones(exportaciones: US$ 753 M; importaciones: US$ 226 M). En el primer bimestre de 2025, el superávit acumulado ascendió a US$ 1.321 millones, con US$ 1. ( exportaciones de US$ 847 M y una demanda importadora de US$ 230 M) . Según un artículo oficial, el primer cuatrimestre arrojó US$ 2.684 millones de saldo positivo (exportaciones por US$ 3.634 M versus importaciones por US$ 950 M). Además, se proyecta que el superávit energético para todo 2025 podría alcanzar entre US$ 5.000 M y US$ 8.000 M, según Reuters.

Contracara

El gobierno de Javier Milei esperaba encontrar en la energía una plataforma de relanzamiento internacional y una promesa de superávit externo sostenido. Pero la cuenta corriente dio un golpe de realidad: el déficit es de US$ 5.191 millones en el primer trimestre de 2025, frente a un superávit de US$ 176 millones en igual período de 2024, lo que implica un deterioro interanual de más de US$ 5.300 millones. El rojo se explica principalmente por un déficit récord en servicios de US$ 4.502 millones —con turismo al exterior por US$ 3.464 millones— y por pagos netos de rentas e intereses al exterior por US$ 3.333 millones. Aunque la balanza comercial de bienes fue superavitaria en US$ 2.060 millones, no alcanzó para compensar los déficits en los otros rubros.

Este fue el primer gran déficit externo desde que asumió Milei y duplicó lo estimado por el FMI para todo el año. La causa principal fue la apreciación real del peso, que impulsó el consumo de servicios en el exterior y las importaciones. El gobierno considera que el desbalance es “razonable y sano” en una economía en crecimiento (~6 % anual) y asegura que puede financiarse con ingreso de capitales y apoyo del FMI. Sin embargo, el desequilibrio externo revela una vulnerabilidad persistente, que pone presión sobre la balanza financiera.

La salida de dólares, entre otros rubros, por vía del turismo,especialmente por el consumo con tarjeta de argentinos en el exterior, “dólares turismo” registró en los primeros 16 meses (enero 2024 – abril 2025) un déficit acumulado de aproximadamente US$ 9.300 millones. Solo en abril de 2025, los egresos por “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” ascendieron a unos US$ 1.125 millones, mientras que los ingresos por turismo receptivo fueron de US$ 263 millones. Durante el primer trimestre de 2025, el saldo fue deficitario en US$ 3.464 millones, lo que representa un incremento de US$ 2.755 millones respecto al mismo período de 2024.

Un pacto energético con Europa: GNL desde Vaca Muerta

El 7 de junio, en el marco de su visita oficial a Roma, el presidente Milei y la premier italiana Giorgia Meloni oficiaron de testigos de honor de un acuerdo entre YPF y la compañía energética italiana ENI. El convenio contempla el desarrollo de un ambicioso proyecto para exportar GNL desde los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta hacia los mercados europeos, en un contexto global donde la seguridad energética se ha vuelto prioridad geopolítica.

El esquema prevé la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro (no está claro su financiamiento) y la instalación de dos plantas flotantes de licuefacción que serían ensambladas en astilleros chinos. La meta es alcanzar, hacia 2028, una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL, el equivalente al 40% de la producción nacional de gas actual. El volumen proyectado tiene un potencial de ingresos cercano a los US$ 5.000 millones anuales, consolidando un perfil exportador de largo aliento. La operación permitiría además vincular a la Argentina con los mercados europeos en condiciones de largo plazo, ofreciendo a Europa una fuente de gas alternativa en medio de su desenganche energético respecto de Rusia.

Una oportunidad estructural: superávit energético y cambio de régimen

La maduración de los desarrollos en Vaca Muerta ya había comenzado a traducirse en números elocuentes: en 2024, el país registró un superávit energético récord de US$ 5.668 millones, cifra inédita en décadas. Para 2025, se proyecta un saldo aún más abultado, del orden de los US$ 8.000 millones, en gran parte gracias a las exportaciones de gas a países vecinos como Chile y Brasil, además del ahorro por sustitución de importaciones.

Consciente del potencial transformador del sector, el gobierno ha anunciado que a partir de 2026 implementará una nueva metodología para la fijación de precios de exportación de gas natural, con el objetivo de hacerlos más competitivos. Actualmente, los precios se fijan en base al crudo Brent, lo que encarece el gas argentino en relación con otros productores. La intención oficial es desvincular esos precios del Brent y alinearlos con los del mercado interno regulado por el Plan Gas, lo que podría implicar una reducción del orden del 20% para exportaciones regionales. Esta medida apunta a consolidar el vínculo con compradores estratégicos como Brasil, que ya ha manifestado su interés en cerrar contratos de largo plazo para abastecer sus termoeléctricas.

Renovables en vilo

En paralelo a esta expansión del gas como vector estratégico, el sector de las energías renovables atraviesa una zona de penumbra normativa. La Ley 27.191 —sancionada en 2015 y que estableció un régimen de fomento con metas concretas— expira a fines de 2025. La norma obligaba a que el 20% del consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables antes de diciembre de ese año. A mediados de 2025, sin embargo, ese umbral apenas roza el 15 a 16% de la matriz eléctrica, y no existen señales claras de una prórroga o una nueva ley que continúe el esquema de incentivos.

Pese al impulso que la ley brindó en la última década —con más de 7.100 MWinstalados entre eólica, solar y biomasa—, los proyectos en carpeta comienzan a ralentizarse ante la falta de un horizonte normativo estable. Las empresas del sector, tanto locales como internacionales, observan con preocupación el riesgo de una discontinudad legal que podría desalentar nuevas inversiones. La paradoja no es menor: mientras el gas natural se proyecta como una palanca geopolítica, las energías limpias enfrentan un futuro incierto.

Infraestructura eléctrica: obras y deudas del pasado

El gobierno también ha puesto en marcha una serie de 15 obras prioritarias en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), destinadas a ampliar y modernizar la red de transporte eléctrico de alta tensión. La iniciativa busca resolver cuellos de botella históricos, especialmente en zonas de alta producción renovable que no pueden despachar toda su energía por limitaciones técnicas. Las obras son financiadas mediante inversión privada, con participación de CAMMESA y la Secretaría de Energía, y forman parte de un plan más amplio de “normalización” del sistema energético nacional.

Una visión de largo plazo aún incompleta

El dinamismo del sector energético argentino en este último tramo de junio deja entrever una voluntad gubernamental de insertar al país como actor relevante en el mercado energético global, particularmente en el negocio del GNL. Pero esa apuesta aún convive con fragilidades internas: una transición energética sin marco legal claro, una estructura de subsidios todavía presente y una infraestructura que, aunque en expansión, sigue arrastrando rezagos acumulados.

A corto plazo, las decisiones que se tomen en torno a la prórroga o reformulación de la Ley de Renovables, la reglamentación de los nuevos precios de exportación y las inversiones vinculadas al proyecto YPF–ENI serán determinantes para definir si la Argentina puede sostener una política energética equilibrada entre su vocación exportadora, la diversificación de fuentes y la sostenibilidad ambiental.

La secretaría de Energía, en la órbita del ministerio de Economía, publicó las resoluciones 280/2025; 281/2025 y 282/2025 que ajustan a la suba (entre 1 y 3 %) las tarifas pautadas para el rubro del gas y la electricidad.

La R-280 establece nuevos precios a partir de julio para remunerar la generación termoeléctrica y el transporte de electricidad en alta tensión en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado Mayorista Electrico del Sistema de Tierra del Fuego (MMESTDF).

La R-281 actualiza a la suba los precios de la energía, de la potencia y del transporte en alta tensión para cada distribuidor troncal entre el 1 de julio y el 31 de octubre (Programa Estacional de Invierno) para el MEM.

Comprende a los usuarios Residenciales N1, N2 y N3, siendo que los N2 y N3 mantienen un “consumo base” bonificado, debiendo pagar la tarifa plena por lo que exceda el consumo base.

También comprende la suba tarfaria a Grandes Usuarios de Distribuidores (GUDI); a la demanda general NO residencial , y al alumbrado público.

La R-282 actualiza a la suba desde el 1 de julio el Precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para ser trasladado al servicio de Distribución.

A modo de referencia cabe señalar que para el área a cargo de MetroGAS el PIST será de U$S 3,004 el Millón de BTU tanto para usuarios residenciales N1, N2 y N3,como patra usuarios del servicio general P (servicio no doméstico no contractualizado).

Estas resoluciones responden a decisiones del Ministerio de Economía, que procura una reducción del gasto público y la reducción progresiva de los subsidios generalizados hacia subsidios focalizados.

Los ajustes entonces impactarán en los usuarios residenciales, las distribuidoras y subdistribuidoras de gas, en las cooperativas eléctricas y empresas del MEM y el MEM del Sistema Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei anunció a través de X que el gobierno nacional apelará el fallo de la Jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, que ordenó a la Argentina ceder el 51 % de las acciones de YPF en manos del Estado a los “fondos buitres”, en parte de pago a los Fondos (buitres) que reclaman en un juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Milei aprovechó la ocación del (oportuno ?) fallo y Preska podría resultar co-protagonista de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires donde el oficialismo se apresta a librar una batalla política clave contra el peronismo procurando proyectar el futuro de su fuerza política (LLA) en el ámbito bonaerense, que tiene por gobernador y principal contrincante a Axel Kicillof.

Entonces, Milei escribió: UN FALLO CONTRA KICILLOF. “Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK.
Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires.
Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales.
Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina.
PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”

En el marco de la campaña electoral Milei ha insistido con una batería de insultos y descalificaciones contra el gobernador de Buenos Aires, reelecto en 2023.

Aspectos del fallo

La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los “fondos buitres”. Es en parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

El fallo de Preska conocido este lunes (30/6) responde a una demanda judicial que hicieron los fondos Burford y Eton Capital para cobrar el monto establecido en una sentencia de 2023 en primera instancia que determinó el pago de U$S 16.100 millones.

Preska le exigió a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Y determinó “instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.

Preska había rechazado en marzo el pedido para investigar cuáles fueron los términos en que fue nacionalizada la compañía pretrolera. En 2012 una Ley de Congreso aprobó la expropiación del 51 % de las acciones de YPF por entonces en manos de Repsol. el 49 % restante esta en manos de privados e YPF se rige por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.

La jueza estadounidense sostuvo que “La propiedad de un Estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”.

“El uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito”, señala el fallo.

El tribunal sostuvo que las acciones pueden ser transferidas, a pesar de la restricción del Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, en virtud de la las “Constancia de Acciones” que fueron emitidas y que confirman que son totalmente transferibles.

Preska indicó que no hay un “verdadero conflicto” entre la ley argentina y lo solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir (obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo).

Luego de conocerse el fallo judicial, las acciones de YPF empezaron a bajar. En Wall Street cedieron 7 % y a nivel local registraron una baja de 5 % a las 15 ($ 38.100).

YPF anunció que, a partir del 1 de julio, implementa en todas sus estaciones de servicio una nueva modalidad de precios diferenciados por ciclos de demanda diarios, y regionales para sus combustibles.

“Este esquema, que busca ofrecer a los clientes una experiencia más flexible e innovadora, es posible gracias al cambio tecnológico que representa el nuevo Real Time Intelligence Center Comercial y la puesta en funcionamiento de los primeros cinco pilotos de autodespacho que YPF lanzó la semana pasada”, explicó la compañía de mayor participación en el mercado local.

Y describió que “desde mañana, se realizará una actualización de precios que contempla una variación (aumento) promedio del 3,5 %, tomando los parámetros ya conocidos como precio internacional del petróleo, tipo de cambio, impuestos a los combustibles y precios de los biocombustibles”.

“Asimismo, se implantará un precio diferencial en todas las estaciones de servicio del país durante la noche (0 a 6 AM) con descuento del 3 % para pago mediante la APP YPF”, puntualizó.

Además, señaló que “la modalidad de autodespacho se extenderá a las 24 horas en aquellas estaciones de servicio habilitadas y tendrá un beneficio adicional del 3 %; llegando a 6 % de descuento durante la noche (3 por franja horaria y 3 por modalidad), abonando con la APP YPF”.

La compañía añadió que “está trabajando intensamente en la adecuación del servicio de autodespacho en nuevas estaciones de servicio de todo el país con la firme intención de llegar a cubrir el 50 % de las mismas en los próximos meses en función de la adopción y preferencia de nuestros clientes, exceptuando las provincias de La Pampa, Jujuy y Buenos Aires, debido a que las legislaciones locales lo prohíben”.

La petrolera que preside Horacio Marin sostiene que “Este nuevo esquema de precios bajo modalidad y franjas horarias busca consolidar un cambio cultural en la forma en que se gestionan los precios de los combustibles en la Argentina. El nuevo enfoque promueve el protagonismo del cliente, que ahora podrá beneficiarse activamente eligiendo cómo, cuándo y dónde cargar combustible”.

Resta saber cómo comunicará YPF sus variaciones de precios generales (más acá de los descuentos por horario y modalidad de carga) en tanto es la compañía líder y testigo en el mercado local de las naftas y gasoils.

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones clase D de YPF como parte del pago del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012.

La magistrada resolvió que el Estado deberá trasladar esas acciones a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, y que luego se transfieran a los beneficiarios del juicio, encabezados por los fondos Petersen y Eton Park. La orden se enmarca en la ejecución de una sentencia previa que estableció una indemnización de aproximadamente 16.100 millones de dólares a favor de los demandantes, aún impaga.

La medida se apoya en las normas procesales del Estado de Nueva York y en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EE.UU. (FSIA), que habilita este tipo de ejecuciones cuando los activos estatales son utilizados con fines comerciales en Estados Unidos, como fue el caso de YPF a través de su cotización en la bolsa de Nueva York (NYSE) y la emisión de deuda bajo legislación estadounidense.

Antecedentes del conflicto

En 1993, Argentina privatizó YPF mediante una oferta pública internacional y modificó los estatutos de la compañía para incluir una cláusula de oferta pública obligatoria (sección 7) en caso de que un nuevo accionista tomara el control. Esto protegía a los inversores minoritarios en caso de una futura nacionalización.

En abril de 2012, el Estado argentino intervino la compañía y expropió el 51% de las acciones clase D pertenecientes a Repsol, pero sin lanzar una oferta pública a los accionistas restantes, entre ellos Petersen Energía y Eton Park. Esto, según los fallos, constituyó una violación de los estatutos.

En 2014, Repsol fue compensada por el Estado con un acuerdo por 5.000 millones de dólares, pero los fondos Petersen y Eton Park iniciaron una demanda por separado en Nueva York, reclamando por el incumplimiento del régimen de oferta pública.

En septiembre de 2023, Preska dictó sentencia a favor de los demandantes. El Estado argentino apeló el fallo, pero la ejecución del mismo avanza mientras no haya una suspensión formal.

Reacciones y consecuencias

La decisión judicial tuvo un impacto inmediato en los mercados: las acciones de YPF cayeron más del 1,4% en Wall Street y cerca del 3% en el mercado local. El índice Merval, que había iniciado la jornada en alza, también revirtió la tendencia y terminó en baja.

Pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado un escrito a favor de la posición argentina, la jueza Preska concluyó que el Estado utilizó las acciones para ejercer control comercial directo sobre YPF en el mercado estadounidense, lo que hace a esos activos ejecutables según la legislación aplicable.

• El primer ciclo de talleres alcanzó a 90 jóvenes en La Plata. El objetivo es acompañar a estudiantes en su inserción laboral, derribando estereotipos y ampliando oportunidades.

Camuzzi –la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina– en alianza con Fundación Reciduca, llevó adelante el cierre del primer ciclo de PotenciaTE. El nuevo programa de empleabilidad con perspectiva de equidad, busca brindar herramientas concretas a estudiantes de escuelas técnicas para facilitar y potenciar su acceso al mundo del trabajo.

La iniciativa se implementó en las Escuelas Técnicas N° 1 y N° 7 de La Plata, donde 90 jóvenes participaron de tres encuentros presenciales. A lo largo de los talleres, se trabajó sobre la identificación de sesgos, la construcción de construir currículums con valor diferencial, el uso de herramientas de búsqueda laboral y la práctica de entrevistas individuales y grupales.

“El disparador de este programa fue una pregunta que nos venimos haciendo internamente desde hace años: ¿por qué hay tan pocas mujeres técnicas en la industria? Detectamos que las barreras comienzan incluso antes del proceso de selección: son pocas las que llegan a postularse.” añadió Virginia Ferrer, Jefa de Relaciones Institucionales de Camuzzi. Los datos son contundentes: según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), solo el 12% de las mujeres que egresan de una secundaria técnica trabajan de lo que estudiaron. “PotenciaTE nace para trabajar desde la raíz de esa desigualdad y acompañar a jóvenes, tanto mujeres como varones, a dar sus primeros pasos laborales derribando estereotipos”, señaló.

El programa apunta a alcanzar a 180 jóvenes a lo largo del año, combinando talleres vivenciales con espacios de reflexión sobre la brecha de género en sectores industriales, los sesgos culturales y el derecho a un trabajo sin discriminación.

En esta primera edición de PotenciaTE, Fundación Reciduca estuvo a cargo del diseño e implementación de los talleres presenciales, apoyándose en la experiencia que sostiene en todos sus programas en torno al desarrollo personal. Desde una propuesta que prioriza el acompañamiento cercano y la construcción de confianza, se trabajó con los y las jóvenes en el fortalecimiento de la autoestima y en el acceso a herramientas concretas para mejorar sus oportunidades de empleabilidad.

“Desde Reciduca creemos que cada joven merece la posibilidad de imaginar y construir su proyecto de vida. PotenciaTE es una oportunidad para acercar herramientas clave para el armado del CV, la búsqueda laboral y la entrevista laborales. A través de espacios de intercambio con profesionales, los estudiantes pudieron explorar inquietudes, ejercitar habilidades y fortalecer su preparación para dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo. Estamos felices de volver a trabajar juntos con empresas que comparten nuestro objetivo como Camuzzi: darle la oportunidad a más jóvenes de una vida con proyectos¨ comentó Nicolas Federico, Director Ejecutivo de Fundación Reciduca

Durante el encuentro de cierre, los y las estudiantes participaron de dinámicas junto al equipo de Captación de Talento de Camuzzi y el equipo Educativo de la fundación; donde realizaron juegos de rol, entrevistas simuladas y actividades colaborativas en equipo.

PotenciaTE forma parte del compromiso de las acciones de Camuzzi para construir un entorno laboral más inclusivo, diverso y con igualdad de oportunidades; especialmente en rubros históricamente masculinizados como el técnico-industrial.

Acerca de la compañía

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 56.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.000.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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 Gerencia de Relaciones Institucionales

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Acerca de Fundación Reciduca

Fundación Reciduca con más de 23 años de trayectoria promueve que jóvenes en situación de vulnerabilidad finalicen la escuela secundaria y logren una vida con proyectos. A través de una propuesta integral que articula formación en habilidades socioemocionales, prácticas en empresas, educación ambiental y acompañamiento personalizado, el 85% de quienes participan logran terminar sus estudios.

TotalEnergies acordó comprar la totalidad del capital social de CEPSA Suriname S. L., filial de Moeve, en Surinam. Se trata de una participación del 25% en el Bloque 53 frente a las costas de Surinam.

Como resultado, TotalEnergies se unirá como socio en la licencia a APA (operador del 45%) y Petronas (30%).
Esta desinversión sucede a la venta de activos en 2024 de E&P de Moeve en Colombia y Perú, y 2023 en Abu Dabi.

La operación está en línea con la estrategia de transformación Positive Motion que ha trazado la compañía de cara a 2030. El objetivo es dar el paso en esta década a una compañía donde más del 50% de su EBITDA provenga de actividades sostenibles, como el hidrógeno verde y sus derivados o los biocombustibles de segunda generación.