Las principales productoras de petróleo y gas presentaron al Gobierno un conjunto de propuestas para ampliar el alcance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y adecuarlo a las necesidades de proyectos de largo plazo vinculados al desarrollo de hidrocarburos de Vaca Muerta, la infraestructura de transporte y la futura capacidad de exportación de GNL.

El planteo se apoya en un diagnóstico compartido por el sector: sin un marco fiscal y regulatorio estable por más de una década, la Argentina no podrá capturar el volumen de inversiones que requiere la expansión del shale.

El punto de partida es el estado actual del RIGI. Según cifras oficiales expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una presentación pública, el Gobierno ya aprobó 13 proyectos bajo el régimen por alrededor de 28.000 millones de dólares y mantiene en evaluación otros 22 por unos 80.000 millones.

La ventana de ingreso al régimen fue prorrogada hasta 2027 mediante el Decreto 105/2026, y la Secretaría de Energía incorporó proyectos de petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares.

Sobre esa base, las empresas del sector hidrocarburífero plantearon la necesidad de extender el horizonte temporal del régimen y ajustar su diseño para proyectos integrados que combinan exploración, producción, transporte y exportación.

La propuesta incluye tres ejes: ampliar el plazo de estabilidad fiscal, revisar la carga tributaria aplicable a las exportaciones de hidrocarburos y asegurar un esquema regulatorio previsible para inversiones que superan los diez años de maduración.

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El documento técnico que circula entre funcionarios y equipos económicos proyecta dos escenarios de inversión hasta 2035. En el escenario “expansivo”, la inversión acumulada alcanzaría unos 151.000 millones de dólares. En el escenario “acelerado”, la cifra trepa a casi 197.600 millones.

Ambos requieren un entorno competitivo a escala internacional, con reglas estables y un esquema tributario que no penalice la exportación de crudo, gas o GNL. La industria sostiene que la carga fiscal actual —incluidas las retenciones— reduce la competitividad frente a otros polos de producción no convencional.

El potencial exportador es uno de los argumentos centrales. Con el desarrollo pleno del shale y la infraestructura asociada —gasoductos, oleoductos, ampliaciones portuarias y plantas de licuefacción—, la balanza comercial energética podría pasar de un nivel cercano a los 27.000 millones de dólares a más de 50.000 millones hacia 2035, según estimaciones oficiales de la Secretaría de Energía.

Solo en capacidad de licuefacción, los proyectos en carpeta podrían sumar cerca de 24 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, lo que posicionaría a la Argentina como un exportador relevante en el Atlántico Sur.

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La discusión no se limita al plano fiscal. Las empresas también plantean la necesidad de un marco regulatorio que permita estructurar contratos de largo plazo, asegurar acceso a divisas para repago de inversiones y garantizar estabilidad en los criterios de transporte y despacho. La experiencia reciente —con cambios en la asignación de capacidad de transporte y variaciones en los precios estacionales del gas— es señalada como un factor que incrementa la incertidumbre para proyectos de gran escala.

Del lado del Gobierno, la evaluación combina objetivos de competitividad con restricciones fiscales. La eliminación o reducción de retenciones implica resignar ingresos en un contexto de consolidación fiscal, mientras que la ampliación del RIGI para un sector con alto potencial exportador requiere un equilibrio entre incentivos y recaudación. Las provincias productoras también siguen de cerca la discusión, dado que cualquier modificación en la estructura tributaria impacta en regalías e ingresos locales.

La agenda planteada por la industria se inscribe en un momento en que el Gobierno busca consolidar un marco de inversión de largo plazo y acelerar la llegada de capitales a sectores estratégicos. La definición sobre el alcance final del RIGI para petróleo y gas será determinante para ordenar expectativas y establecer un sendero de desarrollo que combine inversión, exportaciones y estabilidad macroeconómica.

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