YPF acelera la venta de Metrogas mientras el Gobierno demora la definición clave que condiciona el valor del activo

YPF avanzó en el proceso para desprenderse de su participación del 70% en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, en una operación que reconfigurará el mapa energético y financiero del sector.

Tres grupos empresarios compiten por el control de la compañía, pero el avance de la transacción depende de un punto que aún no está resuelto: la formalización por parte del Gobierno de la extensión de la licencia de la distribuidora hasta 2047. El trámite avanzó en el plano técnico, pero todavía no existe resolución política ni publicación oficial en el Boletín Oficial.

La concesión actual vence en diciembre de 2027 y su prórroga requiere dictamen de la Procuración del Tesoro y resolución del ENARGAS. El organismo regulador ya realizó la audiencia pública correspondiente y elevó el expediente, pero la decisión final sigue pendiente.

Sin esa formalización, el valor de Metrogas se reduce de manera significativa: consultoras que siguen la operación estiman que la falta de extensión podría recortar entre 40% y 50% el precio que YPF aspira a obtener. Citi, que lidera la operación, ya distribuyó información financiera a los interesados, pero el proceso no puede cerrarse sin la definición del Gobierno.

Metrogas es un activo estratégico por su escala y por la estabilidad que recuperó tras la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025–2030, que ordenó ingresos y mejoró la ecuación económica del sector. La empresa atiende a más de 2,4 millones de usuarios en el AMBA, concentra cerca del 28% del mercado nacional y opera en la zona de mayor densidad y estabilidad de demanda del país.

Sus ventas anuales superan los 800 millones de dólares y su EBITDA ronda los 150 millones, según información distribuida a los potenciales compradores.

Tres grupos avanzan en la puja. El primero está integrado por el Grupo Neuss, Mubadala Capital y SIA Capital, una alianza que combina capital local con fondos internacionales de gran escala. El segundo es Central Puerto, que busca integrar distribución a su portafolio de generación y midstream.

El tercero corresponde a un grupo que no fue identificado públicamente, pero que según fuentes del mercado incluye actores con presencia en distribución eléctrica y fondos internacionales que ya firmaron acuerdos de confidencialidad. Cualquiera de los interesados deberá lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones, dado que YPF controla el 70% pero el capital restante está en manos de ANSES, Integra Gas Distribution y el mercado.

La venta se produce en un contexto donde YPF busca concentrar recursos en su negocio principal —la producción de petróleo y gas— y reducir exposición en actividades reguladas con retornos más bajos. La compañía estatal necesita liquidez para financiar su plan de inversiones en Vaca Muerta y en proyectos de infraestructura asociados al crecimiento del shale.

Metrogas, con su ecuación económica estabilizada y su escala consolidada, se convirtió en un activo vendible en un momento donde el Gobierno impulsa una mayor participación privada en sectores regulados.

El proceso, sin embargo, no está exento de riesgos. La reasignación de capacidad de transporte realizada por la Secretaría de Energía —la primera en 20 años— modificó la estructura de costos de las distribuidoras. Metrogas debió contratar capacidad en dólares en el Gasoducto Perito Moreno y ceder capacidad previamente contratada en pesos a Ecogas, lo que alteró su ecuación operativa.

Además, el mercado mayorista enfrenta tensiones por la definición del precio del gas para el invierno, lo que agrega incertidumbre al negocio regulado.

Para los interesados, la clave es la previsibilidad. La extensión de la licencia, la estabilidad del marco tarifario y la continuidad de la RQT son condiciones necesarias para cerrar la operación. Para el Gobierno, la venta representa una señal de normalización del sector y de reducción de la participación estatal en actividades reguladas. Para YPF, es una oportunidad de fortalecer su balance y concentrarse en su core upstream.

La definición podría llegar en las próximas semanas. La operación no solo reconfigurará el mapa de la distribución de gas, sino que también marcará el tono de la relación entre el Estado, los reguladores y los inversores en un año donde cada decisión energética tiene impacto macroeconómico.

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