Powertis, empresa del Grupo Soltec, fue una de las nueve empresas que resultó ganadora en la pasada subasta a largo plazo de energías renovables de Colombia. Lo hizo a precios de 129,9 y a 138 pesos por kWh.

Bajo el nombre de Arrayanes, la compañía adjudicó 530.079 kWh/día, seleccionados todos en el bloque 2, que serán generados a través de su emprendimiento Manglares, de 99,9 MW (135 MWp).

“Nosotros somos una empresa seria, vamos a cumplir y en 2023 vamos a estar entregando energía. A lo mejor no es de esa planta, porque quizá no nos dé el tiempo para la construcción, pero nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso”, aseguró Juan Carlos Ruíz, Gerente de Powertis para Colombia.

En esa línea, el directivo resaltó que el Grupo Soltec tiene grandes expectativas sobre Colombia, al punto que se proponen al 2025 contar con 1 GW de proyectos de energías renovables en ese país en diferentes etapas, desde desarrollo hasta en operación comercial.

Pero para ello, Ruíz señaló que el Estado debería dar algunas señales más ambiciosas. Por un lado, la planificación de subasta de energías renovables a mayor plazo de inicio de construcción plazo, teniendo en cuenta que para la subasta del 2019 el período de construcción fue de 3 años (enero del 2022) y la de este 2021 es de tan solo 1 año).

“Pensamos que es bueno para toda la matriz eléctrica colombiana que haya una planificación a largo plazo de la incorporación de renovables no convencionales”, sostuvo.

Además, el Gerente de Powertis propuso que los beneficios tributarios de la Ley 1715 puedan aplicar a un rango mayor de jugadores. “Sería interesante que se pudieran aplicar las desgravaciones que hace el Gobierno a la fase de desarrollo, porque realmente estimularía mucho más la velocidad y la capacidad de inversión para hacer las cosas más rápido”, opinó.

También sugirió que “sería muy importante que se redujeran los tiempos” burocráticos para el acceso a tales beneficios, teniendo en cuenta que muchas veces se dan demoras en respuestas de informes y solicitudes necesarias para aplicarlos.

“Todo el mundo quiere que las plantas estén en operación en menor tiempo posible, el consumidor, el gobierno y el productor; ese es el objetivo final”, indicó Ruiz y aseveró que con iniciativas como Manglares no sólo bajarán el precio de la energía para los usuarios, sino que generarán puestos de empleo.

La 26° Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), la cumbre que realizó este año la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reafirmó la necesidad de que los países desarrollados presten asistencia financiera a los más vulnerables.

¿Cuánto dinero sería necesario? Si nos remontamos al 2009, en el Acuerdo de Copenhague las Partes suscribieron por fondos anuales de 100 mil millones de dólares estadounidenses destinados a países en desarrollo a partir de esta década.

“En el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, los países desarrollados se comprometen al objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares de los EE.UU. anuales para el año 2020 con el fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo”, explicita el punto 8 del Acuerdo de Copenhague (COP15, 2019).

Sin embargo, esto aún no se ha cumplido y países de regiones como la nuestra encuentran complicaciones para financiar proyectos de mitigación, adaptación, desarrollo y transferencia de tecnología con el fin de lograr los objetivos comprometidos en la Convención.

Al respecto, Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, compartió con Energía Estratégica su lectura al respecto.

“El financiamiento climático es uno de los grandes desafíos que presentamos, particularmente en un contexto tan vulnerable como el de América Latina”, introdujo el viceministro Galarza.

Y continuó: “con preocupación, vemos que el compromiso de los 100.000 millones de dólares para financiamiento climático no se ha cumplido”.

De allí que “exigir mayor compromiso y una revisión de la cifra” fue la proclamación que subrayó el referente de Colombia. Y no es menor indicar que esta fue compartida durante la COP26 por otros miembros de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC), grupo formal de negociación del que Colombia hace de parte bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas.

Ahora bien, el viceministro Galarza reforzó la idea de que la actualización de la cifra no debe darse por imposición, sino que debe estar fundamentada:

“La cifra no puede ser una cifra caprichosa sacada del sombrero. Tiene que ser sustanciada por los estudios que, como el sexto reporte del IPCC -entre muchos otros-, han demostrado la grave crisis que vivimos”

“Por eso, esperamos un aumento exponencial de esa cifra para que garanticemos lo suficientes mecanismos para proteger todo nuestros recursos de América Latina”, indicó.

Por ahora, los esfuerzos serían insuficientes. No sólo los 100 mil millones de dólares anuales saben a poco. La regeneración que requiere el planeta, que precisaría de una ambición mayor, hoy se enfrenta a mayores complicaciones ante el advenimiento de la pandemia.

En tal sentido, las Naciones Unidas reconocieron que “las graves repercusiones fiscales de la pandemia del COVID-19 limitan la capacidad de muchos países en desarrollo para invertir en la recuperación y en la acción climática”.

E institutos como WRI alertan que “la tasa de crecimiento de la financiación climática se está desacelerando en general, en un momento en que necesita seguir creciendo para cumplir con el objetivo de $100 mil millones”.

Una financiación “mayor, nueva y adicional, previsible y adecuada”, tal como propusieron las partes en Copenhague y reforzaron en París, aún sería necesaria de implementar tras Glasgow.

Las energías renovables y la movilidad sostenible están en el centro de la escena de la política costarricense. En estos sectores recae parte importante de la responsabilidad para guiar al país en el cumplimiento de su compromiso con la carbono neutralidad. 

Al respecto, es necesario remarcar que Costa Rica ha sabido continuar como política de Estado aquella misión. El primer Programa País de Carbono Neutralidad 1.0, que data del 2012, fue impulsado por la entonces presidenta Laura Chinchilla y consolidó una base importante para dirigir los esfuerzos del país en la eliminación del carbono.

Una actualización de aquel primer programa se llevó a cabo en el 2017. El Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, afinó detalles de lo que se desarrolló en la versión del 2012 y con el paso de los años lo siguieron complementando nuevas propuestas sectoriales. 

El Gobierno actual no se queda atrás. Planteó y ejecutó medidas adicionales y plazos más ambiciosos que posicionan hoy a Costa Rica como uno de los líderes en sostenibilidad energética y climática.  

Cómo no recordar que hace tres años atrás, Carlos Alvarado Quesada y Claudia Dobles Camargo se subían a un bus a hidrógeno verde para liderar junto al nuevo gabinete una caravana de bicicletas camino a la asunción presidencial (ver).

Y cómo no remarcar la reciente distinción del Premio Earthshot que recibieron junto a Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, en reconocimiento a sus contribuciones al medio ambiente protegiendo y restaurando la naturaleza (ver).

Más recientemente, en la COP26 de Glasgow, fueron reconocidos internacionalmente por aquel liderazgo y el incremento de sus metas climáticas con las energías renovables y la movilidad eléctrica como estandarte. 

Allí, Energía Estratégica encontró a la pareja presidencial que accedió a brindar una entrevista exclusiva para los lectores de este medio latinoamericano. 

Inicialmente, el presidente Carlos Alvarado Quesada animó a que más naciones se comprometan con la descarbonización de sus economías y a sus pares latinoamericanos señaló la urgencia de trabajar sobre políticas socioambientales. De allí, indicó que un paradigma que tenemos que colocar como dominante en la región es el de desarrollo sostenible. 

“En América Latina lo que debemos reforzar como convicción es que no hay un antagonismo entre la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad o políticas importantes de crecimiento económico y social con todo lo que tiene que ver con la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad”.

Al respecto, subrayó: “El desarrollo sostenible bien entendido reduce la pobreza, la desigualdad y nos garantiza un planeta a todas y a todos no solo en el presente, sino para nuestros hijos, nuestras hijas y para nuestros nietos”. 

Empresarios celebran el proyecto de ley para recursos distribuidos renovables en Costa Rica

Para la primera dama se trata de un esfuerzo que debe nacer de uno pero que solo se logra en conjunto. 

“Costa Rica lidera con el ejemplo y nuestro ejemplo ha sido trazar una ruta que sea adaptada al contexto que nosotros tenemos pero también a nuestra matriz energética y adónde teníamos que priorizar las acciones”. 

“Nuestro mensaje es incentivar a otros gobiernos a que hagan su hoja de ruta. Cada hoja de ruta es distinta, cada país tiene un contexto diferente, pero creo que todos definitivamente podemos contribuir si tenemos la visión de que tenemos que lograr los objetivos”, declaró Claudia Dobles Camargo.

Costa Rica se ha venido caracterizando por una apuesta a la generación de electricidad limpia. Y en estos momentos podemos decir que prácticamente el 99,5% de su generación eléctrica es renovable.

Con conocimiento sobre el tema Camargo mencionó que en la región Chorotega hay una gran participación y aún un mayor potencial de proyectos de energías renovables, como eólica, geotérmica, solar, hidráulica, entre otras.

Pero aquello no sería suficiente. Por lo que la primera dama señaló que están trabajando con el sector privado para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aún hay en demasía. 

Ganan las renovables en Costa Rica y su presidente plantea prohibir la actividad petrolera

“Irónicamente, nuestra matriz energética aún sigue teniendo una huella de carbono importante. Sobre todo en algunos sectores como es el sector transporte. Y es ahí donde hemos querido priorizar acciones para poder realmente llegar a nuestros objetivos de descarbonizar nuestra economía al 2050”.

Mencionando las medidas puntuales que está impulsando el gobierno, el presidente completó: 

“Lo que hemos hecho durante los últimos años ha sido incrementar los puestos de electrocarga y bajar los impuestos a los vehículos eléctricos. Así, nos hemos convertido en el principal país que tiene carros eléctricos per cápita”. 

Tras ese logro, el presidente tiene en vistas elevar los esfuerzos para conseguir la implementación de movilidad sostenible en todo ámbito de Costa Rica. 

“Estamos en el diseño del proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano, un proyecto de 82 km de un tren que movilizaría las principales poblaciones del país mediante energía meramente limpia y renovable”.

“Así como la modernización de las rutas del transporte público esto va a reducir dramáticamente nuestra huella de carbono, pero además con una energía que producimos nosotros mismos y que es limpia y renovable”.

Al respecto, se puede remarcar que en Costa Rica el transporte público modalidad bus es concesionado. Por lo cual, según reveló la primera dama están trabajando con el sector privado para poder conseguir la estructuración financiera adecuada para que se haga la transición a gran escala en el transporte público. “Eso es nuestro gran reto ahora”, señaló.

Con incentivos, Costa Rica da el ejemplo a la región regulando hidrógeno verde

Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, adelantó que el Gobierno llevará adelante una nueva ley de promoción general del hidrógeno. Y se estima que será similar al proyecto de ley de movilidad sustentable, presentado a mediados de octubre, es decir, con incentivos para la cadena de valor del vector energético.

“Pensamos en seguir una estrategia una vez consensuado el proyecto de ley. Y que, con otras iniciativas, considerar este régimen y establecer un esquema de promoción para que el H2 sea una economía que, al igual que la electromovilidad, fomente la creación de valor y nos ayude a tener una senda de transición energética sostenible, agregó Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.

“Estamos viendo la necesidad de trabajar en un marco conceptual de desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones, esto incluye tanto al verde como el azul, el cual podría ser una vía para avanzar en el mercado interno”, continuó este último funcionario. 

De todos modos, cabe mencionar que meses atrás la Plataforma H2 Argentina presentó su propuesta para actualizar la ley del Hidrógeno (promulgada en 2006) al Congreso de la Nación, aunque aún está en comisiones y a la espera de una decisión legislativa. 

Pero en este nuevo régimen que busca impulsar el gobierno también se aspira a identificar los actores claves de la cadena, quiénes demandan hidrógeno y a qué precio. “Relevaremos objetivos y ambiciones de países y asociaciones, se establecerá una matriz de asociatividad e inclusión de los puntos de contacto con nuestra visión nacional”, vaticinó Gorgal.

“Estamos desarrollando la exportación, un capítulo de financiamiento, de cooperación internacional, el papel de los principales impulsores mundiales de la inserción del H2. Y, a la par, se analizan los mecanismos para generar un marco de asociación internacional entre la administración nacional y el ámbito público-privado y el sistema científico-tecnológico”, añadió. 

A ello se le debe sumar que, según explicó el funcionario, se pretende hacer una serie de estudios de los costos de producción del hidrógeno en sus diversas formas, costos logísticos hacia potenciales mercados internacionales demandantes y aquellos relacionados al régimen legal vigente y las necesidades de su ajuste para “facilitar las inversiones en ese campo”. 

Por otro lado, una de las posibilidades que se analiza es inyectar hidrógeno en la red de gas natural. “Es un piloto concreto que Argentina podría implementar en el corto plazo, con un impacto directo en la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel nacional, y sin comprometer económicamente el desarrollo del país”, sostuvo Gorgal.

Mientras que también dejó entrever que hay intenciones de avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático ya que, desde la cartera de financiamiento internacional, “existen cerca de 230 proyectos por aproximadamente USD 30.000.000.000 y casi la mitad, tienen que ver con ello”. 

“Entendemos que para los próximos años, debemos centrarnos en una estrategia de financiamiento internacional donde el cambio climático sea un eje transversal que esté presente en cada uno de los proyectos que estructuremos”. 

“En lo que respecta a la transición energética, trabajamos junto a la Secretaría de Energía en implementar o estructurar proyectos de financiamiento que apoyen el desarrollo de las líneas de transmisión eléctrica, ya que son un factor determinante para poder extender la instalación de parque eólicos y solares a lo largo y ancho del país”, concluyó el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.

El gobierno estadounidense mostró su preocupación por el uso y fomento de fuentes de energía contaminantes en México y señaló que las metas de descarbonización deben ser “prioridades compartidas” entre ambos países.

“Hicimos saber a nuestras contrapartes mexicanos acerca de nuestras preocupaciones sobre promover el uso de tecnologías más caras por encima de las tecnologías más baratas y que ésto hará más difícil alcanzar las metas climáticas”, dijo Ned Price, vocero del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

Price también destacó la relevancia del sector privado para que México logre la independencia energética mediante la sustentabilidad:  «México es un país soberano y tomará decisiones sobre su sector energético, pero abogamos por procesos de adquisiciones abiertos y transparentes. Confiamos en que el país cumplirá con sus compromisos internacionales en ese sentido».

“Y también hemos comunicado a nuestros socios mexicanos que el sector privado tiene un papel importante que desempeñar ayudando al gobierno a lograr sus objetivos de fortalecer la independencia energética de México, mientras avanzamos con una agenda verde, un sector de energía verde, en la promoción de la prosperidad económica al mismo tiempo”, aseguró durante una conferencia de prensa.

Por otro lado, funcionario estadounidense reconoció que Washington es «respetuoso» de las decisiones soberanas de México y confían que cumplirá con sus compromisos internacionales, tales como Acuerdo de París o el T-MEC.

Incluso añadió que existe una buena relación entre ambos gobiernos para entablar conversaciones francas en áreas donde existan desacuerdos.

Cabe recordar que la respuesta del vocero del Departamento de Estado surgió se dio luego de una serie de cartas enviadas por diferentes actores de Estados Unidos, entre ellos legisladores y gobernadores, sobre la política energética que México ha tomado en el último tiempo.

Y uno de los estandartes de la administración actual mexicana es la reforma constitucional eléctrica que se propuso semanas atrás, además de reiteradas decisiones y declaraciones contra las inversiones privadas y renovables, sumado a la búsqueda de que la Comisión Federal de Electricidad controle el 54% del mercado energético del país.

La administración Biden aprobó hoy un proyecto eólico marino de Rhode Island, allanando el camino para el primer proyecto renovable a escala de servicios públicos en aguas de EE. UU.

El proyecto South Fork Wind es la segunda empresa costa afuera del país en obtener una aprobación federal, luego de la aprobación del desarrollo Vineyard Wind frente a Martha’s Vineyard a principios de este año.

Pero mientras que el proyecto Vineyard de 62 aerogeneradores comenzó la construcción a principios de este mes, la matriz South Fork más modesta de 12 turbinas, desarrollada por Ørsted A / S de Dinamarca y Eversource Energy de Nueva Inglaterra, puede ser la primera en terminar la construcción y comenzar a enviar viento. poder de regreso al continente.

La energía eólica marina es un componente clave de la transición de la administración de Biden hacia la energía libre de carbono. Se ha comprometido a desplegar 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030 para ayudar al país a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a mediados de siglo. Con ese fin, ha dicho que planea aprobar permisos para 16 propuestas de energía eólica marina al final del primer mandato de Biden.

“No tenemos tiempo que perder cultivando e invirtiendo en una economía de energía limpia que nos pueda sostener por generaciones”, dijo la secretaria del Interior, Deb Haaland, en un comunicado. “Hace apenas un año, no había proyectos eólicos marinos a gran escala aprobados en las aguas federales de los Estados Unidos. Hoy hay dos, con varios más en el horizonte ”.

El proyecto South Fork planeado de 132 megavatios generaría suficiente energía para soportar 70,000 hogares en Nueva York. Se ubicará a 35 millas al este de Montauk Point, Nueva York, y a 19 millas al sureste de Block Island, Rhode Island, donde el primer proyecto piloto de energía eólica marina, el parque eólico de cinco turbinas Block Island, comenzó a producir energía en 2015.

Ørsted espera que South Fork elimine los permisos y comience la construcción a principios del próximo año y comience a operar a fines de 2023.

«Con el logro de este hito crítico de permisos federales, se espera que la construcción de este parque eólico histórico comience en las próximas semanas y meses», dijo David Hardy, director ejecutivo de Ørsted Offshore North America.

Además de ser una prioridad para la administración, la energía eólica marina ha hechizado a los legisladores del noreste, que se han comprometido cada vez más a facilitar la energía eólica marina como parte de sus objetivos climáticos y de descarbonización.

“La industria eólica marina creará miles de empleos sindicales, reducirá la contaminación del aire y combatirá el cambio climático, la mayor amenaza existencial que enfrentan nuestras comunidades en Long Island”, dijo la representante Kathleen Rice (demócrata por Nueva York) en un comunicado.

Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y Carolina del Norte se encuentran entre los estados con ambiciosos objetivos de energía eólica marina consagrados a la ley. Cada uno está compitiendo por la oportunidad económica encerrada en la rápida construcción de una flota eólica marina de EE. UU.

El Departamento del Interior ha estimado que se podrían levantar alrededor de 2.000 turbinas durante la próxima década, en comparación con siete que actualmente giran en alta mar.

La mano de obra sindical también se ha posicionado para levantar los primeros parques eólicos marinos, y Ørsted se ha comprometido a utilizar mano de obra sindical siempre que sea posible.

«La energía eólica marina se considera la semilla del trabajo en el desarrollo de una economía equitativa que se extiende mucho más allá de la costa», dijo Matthew Aracich, presidente del Consejo de Oficios de Construcción y Edificación de los condados de Nassau y Suffolk, en un comunicado hoy. “La resolución [de la Oficina de Administración de Energía Oceánica] sobre South Fork Wind prepara el escenario para un período de prosperidad que abarca toda una generación.

Pero, la historia de amor con la energía eólica marina también ha generado controversia.

Solarvatio es una empresa nacida en Oaxaca de Juárez, México, que además de desarrollar proyectos solares y construirlos, son fabricantes de paneles fotovoltaicos, los cuales cuentan con el aval de la Certificación SOLARVATIO UL 1703 y la IEC 61215.

Uno de los fuertes de la empresa tiene que ver con la electrificación rural. En el país norteamericano ya han hecho instalaciones en más de 100 comunidades, de la mano con Comisión Federal de Electricidad.

Durante el evento físico «Latam Future Energy Colombia», realizado a fines de octubre pasado, Rosario Reyes López, Gerenta General de Solarvatio, anticipó que durante el 2022 lanzarán su expansión hacia Sudamérica. Y adelantó que en Colombia podrían dar el primer paso.

La directiva observó que en ese país hay una decisión fuerte del Estado por impulsar la aplicación de soluciones de energía fotovoltaicas y en atender a poblaciones aisladas con soluciones híbridas (paneles solares fotovoltaicos con almacenamiento de baterías), toda una especialidad de Solarvatio.

Reyes López contó que están terminando de desarrollar una granja solar de 450 kWp con almacenamiento de baterías, que les proporcionará electricidad a más 770 viviendas en la Localidad de Santa María del Mar.
Además, aseguró que a pesar de la pandemia, lograron ejecutar un proyecto de sistemas híbridos para 1.800 viviendas, que licitó la Comisión Federal de Electricidad de México.

“Teníamos un período de ejecución de 100 días, y en septiembre pasado logramos concluir el 100% del proyecto”, destacó Reyes López.

Fabricación de paneles

Por otra parte, la Gerenta General de Solarvatio confió que en estos momentos están certificando a través de UL una familia de paneles de 72 celdas y además trabajando en el lanzamiento de dos nuevos módulos fotovoltaicos, uno de 545 W y otro de 600 W, que también busca certificar a través de Underwriters Laboratories (UL).

Este evento será parte del ciclo que comenzó en Buenos Aires, y promete extenderse a distintas provincias del país.

De acuerdo al cronograma, EFERGÍA y Huawei darán a conocer sus soluciones de la mano de expertos en energía solar fotovoltaica mediante charlas para instaladores e integradores de la industria.

En esta oportunidad, también habrá un apartado especial para Bombeo Solar de la mano de Nastec, empresa italiana líder en el mercado.

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REGISTRO SIN COSTO

EFERGÍA es distribuidor oficial de Huawei Solar en Argentina.

Uno de los drivers principales que generó impactos en los precios no sólo de los productos vinculados a las fuentes de energías renovables, fue el aumento en los costos logísticos.

José Antonio Moreno, Director de Logística para Sudamérica de Noatum Logistic, empresa con 17 años de experiencia en soluciones de logística y transporte, explicó que en 2019 un contenedor desde China a Colombia podía costar 1.000 dólares. “Ahora este transporte está cerca de los 16.000 a 17.000 dólares”, comparó.

Del mismo modo, un barco con cargamento de equipos extradimensionados podía costar de 65 a 70 dólares la tonelada por m2; “ahora se está pagando cerca de los 120 dólares”, advirtió.

En una entrevista durante el evento físico «Latam Future Energy Colombia», realizado en Bogotá los días 27 y 28 de octubre, Moreno, junto a Juan Alonso Checa, Director Regional para Latinoamérica de Noatum Logistic, calcularon que durante el 2022 los precios para las operaciones logísticas seguirán siendo altas.

“La situación va a ser muy similar (a la del 2021), pero con la dificultad que los puertos están congestionados, no hay contenedores, los servicios están rotando constantemente”, indicó Moreno.

Por su parte, Checa detalló que este estado de situación corresponde al COVID y se debe a factores como la carencia de personal para atender los barcos, lo que, entre otras cosas, provoca un “incremento de los ciclos logísticos”, que hacen más lentos los desembarcos.

Señaló que un contenedor demoraba entre 80 a 85 días, desde su carga en China y su descarga en Los Ángeles. “Hoy día estamos hablando de plazos de 200 a 300 días”, graficó.

“Esto se va a ir solucionando en la manera de que el COVID se vaya atenuando y que los países de grandes volúmenes, como China, cuenten con un mayor flujo logístico tanto de camiones, de barcos, de operaciones portuarias”, sopesó Checa.

En esa línea, los directivos adelantaron que desde Noatum Logistic cuentan con experiencia que garantiza mayor eficiencia dentro de este contexto. Dentro de Latinoamérica, actualmente la empresa opera en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Próximamente desembarcarán en Ecuador y Bolivia.

Un nuevo puerto en Colombia

En La Guajira, como el polo energético renovable más importante de Colombia, se espera que hacia el año 2025 entren en funcionamiento, por lo menos, más de 1.000 MW eólicos.

Pero uno de los problemas de ese Departamento es que, de los dos puertos habilitados, ambos en manos de empresas privadas, sólo el Puerto Brisa es el que puede recibir equipos extradimensionados (turbinas, palas, torres).

Esta terminal portuaria es más pequeña que la otra que se ubica en la zona: el puerto Bolívar, que además es más estratégica que Brisa, porque se encuentra más cercana a los parques eólicos y cuenta con mejor infraestructura.

Sin embargo, la empresa carbonífera Cerrejón, propietaria de Bolívar, ha manifestado que, por lo pronto, este muelle será utilizado de manera exclusiva por la compañía, no permitiendo su uso para proyectos renovables.

Ante este panorama, el Gobierno de Colombia está analizando la construcción de un nuevo puerto en La Guajira. Los expertos de Noatum Logistic destacaron esta iniciativa.

A través de un comunicado, el Gobierno dio cuenta que «el Presidente Piñera reconoce y agradece profundamente la valiosa y fecunda labor desarrollada por Carolina Schmidt, bajo cuya gestión Chile presidió la Conferencia de las Naciones Unidas COP25, alcanzando importantes consensos para proteger el medio ambiente y luchar contra la crisis climática».

«Durante su gestión Chile impulsó acciones concretas y ambiciosas para la implementación del Acuerdo de París, y promovió con convicción y eficacia iniciativas como la Alianza de Ambición Climática por la Carbono Neutralidad, la protección de los océanos, los bosques, los ecosistemas y la integridad ambiental», destacaron desde La Moneda.

Además, se informó que el puesto dejado por Schmidt será ocupado por el ahora ex subsecretario de la cartrera, Javier Naranjo. Mientras que en ese cargo quedará el jefe de División de Calidad del Aire y Cambio Climático, Marcelo Fernández.

«Tiene una amplia experiencia en derecho administrativo y ambiental y fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos», detalló el Gobierno sobre Naranjo.

En el caso de Fernández se detalló que «creó la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente y participó de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)».

Currículum

El nuevo ministro Javier Naranjo es abogado de la Universidad Andrés Bello y posee un magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Además, tiene una amplia experiencia en derecho administrativo y ambiental, y fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos.

El nuevo subsecretario Marcelo Fernández es ingeniero civil industria de la Universidad de Chile, con 25 años de experiencia gestión medioambiental.

Creó la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente y participó de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) publicó el Código de Red 2.0 (CDR), instrumento necesario para la mejora y el buen funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, así como el proyecto de resolución correspondiente. 

Y si bien aún resta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que esté en marcha, el mismo es una actualización y respuesta a más de cuatro mil preguntas o solicitudes de aclaraciones que se dieron en la consulta pública de la segunda versión lanzada en 2019.

“En líneas generales es un documento positivo. No hay una base ideológica, sino realmente técnica. Ahora sí está detrás la confiabilidad del sistema y no un asunto ideológico”, señaló Carlos Flores, experto en el sector energético, en diálogo con Energía Estratégica. 

“Le da más armas al CENACE para lograr los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Y en ese camino pudiera ser que los proyectos de renovables y cualquier otro que se pretenda interconectar a la red, esté obligado a construir una infraestructura eléctrica mayor o a invertir más para poder interconectarse”.

Sin embargo, Carlos Flores notó un detalle que podría modificar las reglas del juego a futuro, aunque no en el Código de Red sino en el proyecto de resolución, aquel documento que emitiría la Comisión Reguladora de Energía dando validez a CDR.

Puntualmente entre los considerando decimoctavo y decimonoveno se detalla que “se realizarán las acciones necesarias para derogar el trámite con homoclave CRE-15-022, asociado con la solicitud de permiso de generación de energía eléctrica”. 

“No está claro, pero se interpreta como que estarían limitando la posibilidad de que nuevas centrales de generación puedan tener un permiso. Es decir que nadie que no tenga uno en la actualidad pueda desarrollar y construir una central a futuro”.

“Y si se confirma, sería una clara desventaja y un impacto muy negativo para los privados, porque se presume que la Comisión Federal de Electricidad no necesitaría ese permiso pues simplemente hasta ahora encontró la manera de sacarle la vuelta a otras obligaciones”, apuntó. Aunque el especialista es optimista sobre ese tema y se inclina hacia el lado de que fue un error en el número del trámite o en la expresión para modificar algo particular.

De todos modos, aclaró que si bien este documento es el rector regulatorio del SEN, no está por encima de la Ley de la Industria Eléctrica ni de su reglamento, donde establece la necesidad de pedir permisos de generación. “Eso quiere decir que cualquiera que quisiera obtener un permiso de generación, lo pudiera seguir haciendo”, afirmó. 

¿Qué implica esto? Continuar con el trámite por escrito libre, asegurándose de cumplir con todo lo debido. Y en caso de que la CRE contestara negativamente, ello podría derivar en juicios de amparo indirecto por omisión, porque, según explicó el experto del sector, “la CRE estaría desatendiendo una obligación establecida en la Ley y estos juicios serían muy fácilmente ganables para los privados”. 

El mercado reaccionó muy positivamente a esta oferta, con una demanda que superó los USD 900 millones, lo cual representa un exceso de suscripción que triplica el monto colocado.

La emisión atrajo el interés de administradores de activos de calidad con sede en América del Norte, Europa, Medio Oriente y África.

Con este financiamiento EGE Haina retorna a los mercados internacionales de capital con la emisión más competitiva lograda en el extranjero por una compañía nacional.

Además, es la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de una empresa nacional, tanto en el mercado local como en el mercado internacional.

Los fondos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento de los bonos locales, el pago de dividendos a los accionistas y para fines corporativos generales.

Mediante esta transacción, la empresa extenderá el perfil de vencimiento de su deuda existente, al tiempo que reducirá sus costos por intereses para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos renovables.

El compromiso de EGE Haina con la sostenibilidad condujo a la empresa a crear un Marco de Financiamientos Vinculados a la Sostenibilidad, basado en el objetivo de la compañía de lograr una capacidad instalada renovable de 526.5 MW para el 31 de diciembre de 2026.

Esa potencia equivale a un incremento de 200% con relación a la línea base del 31 de diciembre de 2020, un objetivo calificado de ambicioso por Sustainalytics, proveedor de segunda opinión (SPO) del marco.

Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, indicó que “esta operación financiera reviste importancia estratégica para la empresa, pues respalda su amplio plan de crecimiento orientado a la sostenibilidad, a través de la instalación en el país a 2030 de 1,400 MW adicionales por medio de centrales de energías renovables y a gas natural”.

De 2011 a 2021, con una inversión superior a USD 825 millones, la empresa duplicó su capacidad efectiva de generación eléctrica, la hizo más eficiente y logró la diversificación de su matriz, que hoy incluye 35% de energía eólica y solar fotovoltaica, el mayor porcentaje de su capacidad instalada, seguida de gas natural (26%). El resto lo componen los combustibles líquidos y el carbón mineral.

Esta diversificación ha permitido a EGE Haina en un período de una década reducir a la mitad la emisión de dióxido de carbono por cada kilovatio hora que genera.

Citi, Scotiabank y JP Morgan fueron los bancos a cargo de esta emisión, que tuvo una calificación crediticia de Ba3 de Moody y BB- de Fitch, en línea con la calificación soberana de la República Dominicana.

La Organización Latinoamericana de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo sostienen su postura sobre la importancia de la integración energética a nivel regional y durante la Semana de la Energía dieron detalles de los avances de los programas y sistemas implementados. 

Para el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), el cual que engloba a seis países, casi 500.000 kilómetros cuadrados y cincuenta millones de habitantes, Arturo Alarcón, especialista senior de energía del BID, anticipó que se tiene prevista la construcción de un segundo circuito.

Y según explicó, “ampliará la capacidad hasta 600 MW – el primero permitió intercambios de 300 MW – incrementará la cantidad de energía que se comercializa y optimizará mucho más los procesos”. 

“El segundo punto es la interconexión Colombia – Panamá, la cual es clave porque eventualmente podría ayudar a lograr una integración desde México hasta Argentina”. 

“Se avanza con el estudio de impacto ambiental en el tramo marino y los terrestres de cada país, a la par de la armonización regulatoria. Y se pretende concluirlo a finales del próximo año e iniciar la construcción a partir del 2023”, agregó.

Por otro lado, Alexandra Planas, especialista senior en energía del BID, señaló que los próximos pasos de la hoja de ruta Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) son los siguientes:

Reglamentación (se aguarda aprobación a fin del 2021) y su adopción por parte de la CAN. A la vez que los países adecúen su normativa interna a las decisiones y reglamentos. 
El establecimiento del coordinador regional, donde Colombia será el primero a través de XM y se encuentran en la búsqueda de financiamiento para continuar con ello. 

A esto se debe sumar la construcción de la infraestructura que “permitirá el funcionamiento del mercado andino de corto plazo”. Y las “prioridades” son los 636 kilómetros de la línea de extra alta tensión Ecuador – Perú (500 kV), que va desde la subestación en El Chorrillo (Guayaquil, Ecuador) hasta la subestación La Niña (Piura, Perú). 

En este caso la capacidad máxima de transmisión sería de 1500 MW, bajo una inversión estimada de USD 850.000.000, y se prevé la aprobación del préstamo para la misma se dé para marzo de 2022. 

“En Perú se está definiendo la ubicación de la subestación en Piura y, una vez ello, podría avanzar con el proceso de licitación del programa. En tanto, en Ecuador creemos que en los próximos dos o tres meses tendremos un avance concreto en la definición de proyectos y un cronograma definitivo”, complementó José Ramón Gómez, especialista senior del BID. 

Mientras que el otro hecho relevante de la hoja de ruta del SINEA es “avanzar en los estudios de interconexiones Perú – Chile (220 kV entre Tacna y Arica) y estudio de alternativas de interconexión entre Chile y Bolivia”, según comentó Planas. 

Por último, en lo que respecta al Sistema de Integración Energética del Sur (SIESUR), desde el BID aclararon que se está llevando a cabo un estudio de impacto de la volatilidad del tipo de cambio sobre las transacciones entre los países, así como una hoja de ruta para los próximos diez años. 

“Será para fijar los objetivos de desarrollo de infraestructura y aprovechar las ya existentes, como así también en lo referido a ajustes o ecuaciones regulatorias como operativas para incrementar los intercambios y transacciones eléctricas entre países”, comentó Carlos Echevarría, especialista senior en energía del BID.

“Vemos como un reto promover todavía mayor infraestructura eléctrica en la región. A futuro hay una enorme potencialidad de que los intercambios se sigan multiplicando. Paraguay puede multiplicar x5 sus exportaciones al 2025, Chile x6, Uruguay puede triplicarlas”, añadió Guillermo Koutoudjian, director interino de Integración y Seguridad Energética de OLADE.

Un reporte elaborado por la División de Desarrollo de Proyectos de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos
de Ministerio de Energía revela las cifras más relevantes alcanzadas por el sector en base a octubre 2021.

De acuerdo a informe, la Capacidad Total Instalada en operación del país alcanzó los 27.282 MW al mes de octubre de 2021, de los cuales el 54% está constituido por fuentes renovables, y el 31% por ERNC (CEN, 2021; CNE, 2021a; Ministerio de Energía 2021).

• Considerando los proyectos actualmente en fase de prueba, así como aquellos proyectos en construcción que prevén su conexión a la matriz nacional durante este año, se espera que a diciembre de 2021 la Capacidad Total Instalada del país alcance los 29.882 MW, de los cuales alrededor del 64,5% estará constituido por fuentes renovables (Ministerio de Energía, 2021).

Renovables

• El gráfico de la lámina siguiente muestra la evolución de la Capacidad Instalada de Renovables en la matriz nacional entre marzo de 2007 y octubre de 2021, así como su proyección a diciembre de 2021.

Durante el mes de octubre de 2021 iniciaron su operación 6 nuevas centrales. La suma de ambos grupos son equivalentes a 177 MW (CEN, 2021; Ministerio de Energía, 2021).

En lo que respecta a la capacidad (MW) de estas centrales, la tecnología preponderante es la EÓLICA, la cual representa el 85% (151 MW).

Al 31 de octubre de 2021, 46 centrales a lo largo del país se encuentran en fase de pruebas, las cuales representan 2.234 MW (CEN, 2021; Ministerio de Energía, 2021).

En lo que respecta a la capacidad (MW) de estas centrales, las tecnologías que destacan corresponden a la eólica con el 43% (967 MW) y la Solar con el 42% (935 MW).

Desde su apertura, se han fabricado más de 3.000 nuevos aerogeneradores de la marca Indar en las instalaciones de 114.000 pies cuadrados, y la empresa ha suministrado 2GW de inversores solares para el mercado estadounidense.

Durante la última década, la división de Servicios también ha prestado apoyo a las diferentes unidades de negocio en Estados Unidos y ha colaborado con los clientes de energía eólica y solar ofreciendo una amplia variedad de servicios: resolución de problemas, puesta en marcha, inspecciones EOW, QA/QC, servicios de palas, formación, mantenimiento preventivo/correctivo, operaciones en altura, piezas de repuesto y servicios completos de O&M.

La actividad de Ingeteam en las renovables continúa en aumento en el país norteamericano. Destaca, en el estado de California, un proyecto de almacenamiento de energía en baterías, cuyo objetivo es estudiar si la energía limpia distribuida compensaría la creciente demanda de electricidad en la zona.

Los inversores de baterías suministrados por la compañía son capaces de almacenar 20MWh durante 4 horas. En este mismo estado, la Unidad de Negocio Submersible Motors & Pumps de Indar perteneciente al Grupo Ingeteam, ha suministrado una motobomba sumergible a la desalinizadora Charles E. Meyer que llevará agua de alta mar hasta 100.0000 hogares californianos.

El sistema de bombeo, instalado en pleno lecho marino, asegura un 30% de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santa Bárbara.

La experiencia de Indar en soluciones de bombeo también ha permitido solventar el problema de sequía que afecta al Lago Mead, el mayor embalse artificial de Estados Unidos que abastece de agua a zonas de Nevada, Arizona y California.

En los últimos años, este embalse se ha visto afectado por la sequía y su nivel de agua ha alcanzado mínimos históricos. Gracias a las bombas sumergibles, instaladas a 40 metros de profundidad, se ha podido extraer agua desde la zona más profunda del lago.

"Debemos este hito a la acertada visión de nuestra dirección ejecutiva, al apoyo de las instituciones locales y de los equipos de desarrollo económico, y a la dedicación de todo nuestro personal de Ingeteam.

Y lo que es más importante, agradecemos a nuestros clientes que hayan depositado su confianza en nuestra empresa, sus productos y servicios", afirmaba Nohra Nasr, Vicepresidente y Director General de Energía Solar Fotovoltaica y BESS de Ingeteam Inc.

Adolfo Rebollo, Consejero Delegado de Ingeteam S.A., añadía: "Hoy contemplamos nuestros logros con orgullo y motivación para continuar con nuestra misión y objetivos de mantener nuestro estatus entre los principales pioneros de la industria renovable en todo el mundo y en Estados Unidos.

Estamos plenamente comprometidos con las energías limpias y con la creación de empleo y la fabricación en los Estados Unidos.

Doy las gracias a todos los que han contribuido al éxito de nuestra implantación en los Estados Unidos. Nos sentimos como en casa en Milwaukee".

México debe establecer un marco estructural para las energías renovables, pues de lo contrario el país dejará de ser un destino para la inversión, dijo este viernes Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México.

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono), y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión», advirtió el directivo durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Es preciso recordar que en abril pasado el gigante automotriz estadounidense anunció una inversión de más de 1,000 millones de dólares en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, para empezar a producir vehículos eléctricos a partir de 2023. Y la planta mexicana se convertiría en el quinto sitio de manufactura de General Motors, en Norteamérica, en producir vehículos de esta índole.

En tanto que la compañía prevé arrancar la producción de baterías y componentes eléctricos a partir del segundo semestre de 2021, dos años antes de iniciar la producción de los primeros vehículos eléctricos.

«Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazos», aseguró. «Como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa y México deja de ser un destino importante», agregó.

Estas declaraciones se dan en un contexto de incertidumbre donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca aprobar una reforma constitucional para el sector eléctrico en el cual la Comisión Federal de Electricidad tendría una mayor participación del mercado, precisamente de, al menos 54% contra un 46% para los privados. Además de que se eliminaría la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras medidas.

El lanzamiento oficial del Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía se llevó a cabo durante la Semana de la Energía 2021.

Durante la sesión plenaria dedicada al «Desarrollo energético sostenible», los disertantes Leonardo Beltran y Andrea Heins explicaron en qué consiste la plataforma.

Según indicaron, se trata del punto de referencia para los datos y la generación de conocimiento sobre el sector energético en América Latina y el Caribe.

En detalle, persigue tres principales objetivos:

Integrar la información sobre energía de América Latina y el Caribe en un único lugar, de manera que los usuarios puedan obtener datos de manera fácil, rápida, intuitiva, interactiva y transparente;
Impulsar y democratizar el acceso a datos e información sobre energía, que aceleren la generación de conocimiento, sirviendo como apoyo para promover la innovación, crear nuevos modelos de negocio, generar políticas públicas efectivas, detectar tendencias, ahorrar costes y tiempo, dando respuesta a problemas actuales, y, en definitiva, para contribuir al progreso energético sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de las personas.
Propiciar la interacción y el diálogo entre los actores del sector energético de la región, de forma que se comparta, impulse, promueva, estimule y facilite la investigación regional, generando la difusión cruzada de experiencias y la discusión de posibles soluciones a los desafíos energéticos regionales.

De allí que se defina al Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía como HUB de Energía:

“El HUB de Energía es un punto de encuentro digital que recopila, integra, difunde e impulsa la generación de datos e información sobre el sector energético de América Latina y el Caribe en un solo lugar”.

Inicialmente, el proyecto se desarrolló en tres etapas:

Relevamiento y análisis de los sistemas de gestión de energía, sus resultados y las experiencias y buenas prácticas
Elaboración de hoja de ruta para proponer alternativas y recomendaciones que permitan multiplicar de manera sistémica el alcance de los programas identificados
Desarrollo del Observatorio Regional de Sistemas de Gestión de la Energía

Ahora, esta iniciativa presentada por la OLADE y el BID ya cuenta con actores de trascendencia global como socios tales como IRENA, Sustainable Energy for All, Ariae y la CEPAL, además de las dos entidades ya mencionadas.

No es menor esta colaboración. Según subraya OLADE, la matriz de consumo energético global ha ido incrementándose significativamente y su composición estructural ha ido cambiando debido a su diversificación. Con lo cual, “se han multiplicado los datos generados de forma exponencial”.

De allí es que la sistematización que estos aliados lograron en esta plataforma obtenga mayor valor ante la diversidad de fuentes oficiales y alternativas de donde se toma cada dato. Sin lugar a dudas, esto permite una mayor transparencia e inmediatez al momento de acceder a datos del sector energético de orden nacional y regional en América Latina y el Caribe.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, inauguró el sábado pasado  los parques eólicos Duna y Huambos que Grenergy ubicados en Chota, provincia de Cajamarca, centrales renovables de la compañía española productora de energía especialista en el desarrollo, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y eólicos.

En un acto institucional, el presidente recorrió las instalaciones del proyecto que cuenta con una potencia instalada de 36,8 MW e inyectará una producción de energía anual estimada de 165.000 MWh al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional; el cual ha contado con los contratistas Siemens Gamesa y CJR como encargados de la tecnología y obra civil, así como con CAF, ICO y SINIA (Banco Sabadell) como bancos financiadores.

Ambos parques están situados a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y son los primeros en instalarse y operarse en la Sierra de Perú, un lugar geográficamente estratégico por sus condiciones meteorológicas excepcionales para la generación de este tipo de energía, ya que disfruta de alrededor de 5.000 horas netas de viento al año.

Precisamente, la puesta en marcha de Duna y Huambos se enmarca en el ambicioso plan del Estado peruano de reducir sus emisiones un 40% para el año 2030 y queda alineado con el objetivo de la nueva Política Nacional del Ambiente al 2030, de incrementar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional hasta el 64% a 2030. Estos objetivos están en sintonía con el compromiso recientemente trasladado por el Presidente Pedro Castillo en el comunicado enviado a la Cumbre del Clima de Glasgow de “proteger la naturaleza, impulsar una economía inclusiva, baja en carbono y resiliente al cambio climático”.

Compromiso con el desarrollo de la comunidad local

Comprometida con la sostenibilidad en su sentido más amplio, la compañía vela por que el impacto causado por sus proyectos se traduzca también en apoyo al desarrollo local a través de la creación de empleo y el impulso de iniciativas sociales basadas en la evaluación de necesidades de cada zona (financiación de un comedor, iluminación de un campo deportivo, abastecimiento de mascarillas para la población, donación de juguetes a niños, etc.)

Además, su compromiso a largo plazo con la comunidad local se materializa en un convenio de donación anual de parte de las ventas de energía para fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona; ingresos recurrentes durante toda la vida del proyecto, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella -alrededor de unas 10.000 personas ubicadas en el distrito de Huambos-.

Según David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, “Duna y Huambos es el primer gran proyecto de Grenergy en el Perú, y esperemos que, con el conveniente apoyo de un gobierno comprometido con el medio ambiente y la competitividad del pais, vengan otros muy pronto”.

Continúan las repercusiones de la 26° Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), la cumbre que realizó este año en Glasgow la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Entre los temas que generaron debate sobre el acuerdo firmado el 13 de noviembre del 2021 se destaca un cambio no menor al definir pasar de “eliminación” a “reducción progresiva” del carbón.

¿Qué significa esto? ¿Se demora la transición energética? ¿Qué participación tendrá cada fuente de generación eléctrica? Fueron algunas dudas que siguen resonando.

Tom Howes, director de energía y medio ambiente de la Agencia Internacional de Energía (IEA) dialogó con Energía Estratégica acerca del rol que tendrán las energías de fuentes renovables y las de combustibles fósiles al 2050.

Desde el análisis del referente de la IEA, la transición energética es “una promesa enorme” que afecta a todos los sectores de la economía y, en el sector eléctrico, particularmente en las economías desarrolladas, se esperaría ver un mayor llamado a la acción.

Ahora bien, la transición no implicaría aún una completa descarbonización por lo que aún las fuentes fósiles tendrían una participación en las matrices.

“Esperamos ver una descarbonización más avanzada, donde el sector eléctrico esté usando muchas más renovables (…) y obteniendo hasta el 89% dependiendo del país del que estamos hablando”, consideró Tom Howes.

De allí, valoró que en el sector eléctrico “es más fácil incorporar energías renovables” que en otros sectores donde el contexto lleva a pensar una transición más lenta y mencionó como ejemplos al sector de transporte y la industria de la aviación.

“Todavía hay un rol para los combustibles fósiles pero en una base decreciente. Por lo que, el marco de tiempo es un poco más lento en algunas industrias. Así que sí, todavía se usarán los combustibles fósiles como carbón y gas, pero disminuirán a medida que los sectores aprendan a usar los combustibles bajos en carbono”.

Ahora bien, también valoró que el impacto de los combustibles fósiles será menor a medida que se introduzcan otras tecnologías bajas en carbono.

“Podemos usar la captura y almacenamiento de carbono y luego usar combustibles fósiles que también se descarbonizaron, tenemos el hidrógeno azul, por ejemplo”.

Entonces, no sólo se tratará de medidas políticas sino que también dependerá de cuán rápido se adapten a las tecnologías las distintas industrias que utilizan los combustibles en su actividad.

Si aquello ocurre, para Tom Howes, director de energía y medio ambiente de la IEA: “la conclusión es que terminaremos en cero emisiones netas”.
“2050 terminará con una economía dominada por la producción de energía renovable a través de la electricidad”, reforzó.

En el marco del evento físico «Latam Future Energy Colombia», realizado en Bogotá los días 27 y 28 de octubre, Daniel Arango Uribe, Director de Energía y Recursos Naturales de Bancolombia, hizo una rápida evaluación de los resultados de la subasta de energías renovables, cuyos resultados se dieron a conocer justo antes del mega evento: el 26 de octubre.

El precio promedio de los 4.595,67 MWh/día adjudicados a 9 empresas, que construirán 11 proyectos solares fotovoltaicos por 796,3 MW, fue de 155 pesos colombianos por kWh, casi un 60% más alto que los 95,65 pesos por kWh que resultaron de la convocatoria anterior.

Un análisis rápido podría suponer que, a mayor precio de la energía, el proyecto se vuelve más tentador para ser financiado por los bancos.

Sin embargo, Arango advierte que “los incrementos de precios corresponden también a incrementos de costos”.

El directivo se refiere a la disparada de precios que hubo no sólo para los equipos solares fotovoltaicos, con subas en torno al 50% respecto a momentos pre pandémicos, sino también al alza en los costos del transporte, que han llegado a cuadriplicarse. Todo esto impacta sobre el capex.

Además, el referente en Energía de Bancolombia, agrega que el compromiso de ingreso en operaciones de los proyectos, fijada para enero del 2023, es ambiciosa.

Desde la banca suponen que varios de los emprendimientos no llegarán a entregar la energía comprometida en esa fecha, por lo que deberán celebrar algún tipo de contrato de cobertura. Un aspecto más que se suma al flujo de caja de los futuros parques solares.

En efecto, Arango resume: “Hay un mayor costo asociado a los proyectos”. “Esa ecuación de mayor costo y mayor ingreso es la que tenemos que analizar”, indica.

¿Cuánto de equity y cuánto de deuda?

“A esa pregunta nos las hacen siempre los clientes”, confió con una sonrisa el Director de Energía y Recursos Naturales de Bancolombia.

Señaló que la estructura que suelen solicitar es: que la empresa invierta un 30% del proyecto con equity financing (financiamiento con capital propio) y el 70% restante sea financiable con un crédito bancaria (deuda).

Arango indicó que, en la subasta del 2019, el financiamiento otorgado rondó entre el 60 y el 70 por ciento de los proyectos. En total, Bancolombia estructuró Project Finance por 130 MWp, aseguró el directivo.

El Programa de Desarrollo de la Industria Solar Térmica propone una implementación mediada por acuerdos de participación entre la Nación, provincias y municipios, así como con otros Ministerios, articulados con la participación de empresas, cooperativas y mutuales que fabrican en forma local, instalan o comercializan equipos de esta índole para calentamiento de agua sanitaria.

En este marco tres meses atrás se firmó convenio entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que promueve la incorporación de estos sistemas en los planes de vivienda, entre ellos en las 120.000 viviendas del Programa Casa Propia.

Pablo Bertinat, de la UTN Rosario y coordinador del programa, brindó una entrevista exclusiva con Energía Estratégica y aseguró que “se acordó que la mayoría de las 120.000 viviendas que se construirán en los próximos tres años tenga calefones solares de fabricación nacional”. 

“Es un programa que crece rápidamente y esperamos que en los próximos meses de un salto muy fuerte. Para poner en contexto, el año pasado se fabricaron cerca de 5.000 sistemas y esperamos que en el primer año del proyecto ese número sea cercano a los 30.000, para luego despegar», agregó. 

El Programa es coordinado en conjunto con la Subgerencia Operativa de Energía y Movilidad del INTI donde se espera completar laboratorios de ensayos y acompañar el proceso de mejora de la producción.

Entre los primeros pasos ya se desarrolló una capacitación para más de 300 funcionarios del MDTyH e Institutos Provinciales de Vivienda del país para preparar a los profesionales en lo que respecta a diseño e incorporación de los equipos, especificaciones técnicas, desarrollos de pliegos y características de las instalaciones.

Y según comentó el especialista, actualmente en muchas provincias se están licitando los programas de vivienda con los sistemas solares térmicos de fabricación nacional ya incluídos. 

“Por otro lado, se trabaja en el apoyo a la Cámara Argentina de Fabricantes de Equipos Solares Térmicos (CAFEEST), empresas a las que ya se aplicó financiamiento por más de $50.000.000 a través de PRODEPRO y otras herramientas para mejorar e incrementar la producción”. 

En el marco del Programa se configuró en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) e InnovaT una mesa de trabajo con investigadores de diversas Universidades y centros de manera de dar apoyo al Programa.

“Se espera también dar impulso a la demanda privada de calefones solares de fabricación nacional pensando básicamente en los más de cuatro millones de hogares que no tienen acceso a las redes de gas’,’ explicó Bertinat.

Se trabaja también en el desarrollo por parte del sector privado para mejorar la oferta nacional de equipos auxiliares para las instalaciones solares térmicas como controladores, termotanques eléctricos de alta eficiencia y otros. 

Y en aquellos sectores donde no hay red de gas la población mayoritariamente usa electricidad para calentar el agua, el ahorro tarifario anual previsto es cercano a $24.000 para cada hogar. En el contexto de Casa Propia implica una transferencia total anual a los hogares de $3.500.000.000. 

Mientras que en el sector externo, sólo a través de lo planeado en el marco de Casa Propia, a partir de la sustitución de la importación de equipos por aquellos de fabricación nacional, se espera que el ahorro sea cercano a USD 5.600.000; en tanto que la disminución de las necesidades de importación de energía generarían un ahorro de aproximadamente USD 20.000.000 por año.

Por otro lado, sólo en el sector de fabricación el desarrollo de la primera etapa implicaría 800 puestos de trabajo directo, a los cuales se debe sumar el trabajo de instaladores, comercialización, mantenimiento, etc.

Cabe recordar que el Programa prevé una inversión por parte del estado de más de 8.000 millones de pesos en tres años y un saldo fiscal positivo del programa a partir del quinto año por los ahorros que produce.

Los próximos pasos estiman la profundización del apoyo a los fabricantes nacionales así como la capacitación de instaladores en las diferentes provincias; a la par que a futuro se espera que su implementación reduzca la emisión de gases de efecto invernadero en más de 105.000 toneladas por año.