Los casos globales confirmados de COVID-19 sobrepasan los 15 millones y, entretanto, el Ártico ruso registró una temperatura récord de 38 grados centígrados. Aunque los funcionarios de gobierno instan a las personas a cubrir nariz y boca, lavarse las manos y a distanciarse físicamente entre sí, de lo que no podemos distanciarnos es de la emergencia climática.
Impulsada por el aumento de la temperatura del océano, se pronostica que la temporada de huracanes en el Atlántico de 2020 será muy activa, con al menos cuatro huracanes de categoría 3 o superior. Y, mientras América Latina y el Caribe se enfrenta al COVID-19, Bahamas, además de combatir el virus, continúa su reconstrucción casi un año después de que el huracán Dorian dejara daños por un valor superior a los US$ 3 mil millones. Lo que es peor, el costo de los impactos del cambio climático, incluyendo huracanes, inundaciones y sequías de mayor intensidad, podría alcanzar los US$ 100 mil millones por año para 2050.
Con la necesidad de enfrentar ambas emergencias a corto y largo plazo simultáneamente, la región no puede esperar a que termine la emergencia del COVID-19 para planificar una recuperación sostenible.
No podemos “volver a la normalidad”
No podemos “volver a la normalidad”. Sobre todo, y en primer lugar, porque el mundo previo a la pandemia fue en gran medida el problema, y probablemente causó la aparición del virus y su rápida propagación.
Había altos niveles de desigualdad y bajos niveles de inclusión social. Nuestra relación destructiva con la naturaleza hizo que hubiese mayor probabilidad de una pandemia, y que las zoonosis, enfermedades transmitidas a los humanos por los animales, fuesen cada vez más frecuentes.
Además, es probable que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire esté contribuyendo de manera importante a las muertes por COVID-19. Las principales ciudades latinoamericanas han sufrido por la mala calidad del aire, lo que seguramente acentúa el riesgo de los ciudadanos vulnerables durante la pandemia.
América Latina es el más reciente epicentro mundial de la pandemia, con una cifra regional de muertes que supera los 150.000. La economía de la región podría contraerse en más del 9 por ciento en 2020 debido al confinamiento y a la baja en los precios del petróleo y de los productos básicos, la reducción de las remesas y el turismo, así como a la salida de capital.
Se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y 23 millones de empleos informales, y 2,7 millones de pequeñas empresas podrían cerrar. Esta tragedia podría exacerbar la volátil situación política. Millones de ciudadanos tomaron las calles a fines de 2019 exigiendo mejores servicios públicos, el fin de la desigualdad y más protección contra los desastres.
Es hora de una recuperación sostenible
La pandemia requiere una recuperación que proteja vidas, genere empleos y fortalezca el sistema contra futuras pandemias y desastres climáticos.
Los gobiernos han trabajado para proporcionar una respuesta inmediata para proteger vidas y medios de subsistencia, proporcionando liquidez y mejorando el acceso al crédito con el fin de reducir los despidos y el cierre de empresas. Sin embargo, deben continuar protegiendo a los vulnerables a través de programas de transferencia de efectivo para evitar que los ciudadanos vuelvan a caer en la pobreza.
La precaria situación social de América Latina requiere poner la resiliencia social y ambiental en el corazón de una recuperación sostenible.
Dadas las severas restricciones fiscales, la región no puede depender únicamente del estímulo fiscal como en crisis anteriores. Los gobiernos locales y federales, los bancos multilaterales de desarrollo y el sector privado deben unirse para desarrollar una cartera de proyectos de infraestructura sostenible que se pueda implementar de forma inmediata, que requiera mano de obra extensiva y que haga que las personas vuelvan a trabajar rápidamente.
Estos proyectos incluyen la expansión de la energía renovable, la modernización de edificios para que sean energéticamente eficientes y el uso de soluciones basadas en la naturaleza para restaurar los hábitats.
La evidencia muestra claramente que las políticas de estímulo a largo plazo amigables con el clima pueden ser muy efectivas para lograr efectos multiplicadores, como conducir a una mayor innovación e inversión, y generar beneficios colaterales, incluyendo más inclusión social y menos contaminación del aire y el agua.
Nuestra respuesta también determinará nuestro destino en este planeta, puesto que el tiempo disponible para hacer frente a las emergencias climáticas y ecológicas se evapora rápidamente.
Las estrategias de descarbonización pueden guiar la recuperación
Las estrategias de descarbonización a largo plazo que exige el Acuerdo de París son vitales para nuestra recuperación. Varios países, como Costa Rica y el Reino Unido, las están utilizando para dirigir sus economías hacia cero emisiones netas para 2050.
Nuestro trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo con varios países latinoamericanos muestra cómo estas estrategias son esenciales para garantizar una transición justa hacia cero emisiones netas, y ayudar a los países a evitar encerrarse en vías de desarrollo intensivas en carbono y contaminantes, lo que crearía riesgos financieros más adelante.
Estas estrategias pueden desempeñar un rol esencial para ayudar a los gobiernos, bancos e inversionistas a identificar y planificar el despliegue de infraestructura sostenible y de paquetes de políticas de energía, transporte y agricultura.
También pueden ayudar a garantizar que los fondos públicos eviten rescatar a industrias contaminantes. Las condiciones de los rescates deben incluir compromisos por parte de las empresas de reducción de emisiones, mejoramiento de la eficiencia energética, mayor énfasis en la capacitación, y divulgación del riesgo climático.
Las estrategias, construidas en consulta con los interlocutores sociales, pueden ayudar a los gobiernos a anticipar y facilitar la creación de empleo e identificar sectores, tales como el de combustibles fósiles y la ganadería, que podrían verse afectados negativamente.
Costa Rica ya está aplicando dicha estrategia, utilizando su plan nacional de descarbonización para seleccionar proyectos listos para ser implementados y crear empleos, incluyendo en el transporte público eléctrico y con las soluciones basadas en la naturaleza para la agricultura.
Nuestra experiencia trabajando con Costa Rica muestra que los bancos de desarrollo pueden desempeñar un papel clave en el diseño de estrategias a largo plazo y de planes de implementación a través del diseño de políticas y el involucramiento de los grupos de interés, pero también ayudando a apalancar financiamiento.
Los beneficios de una recuperación sostenible y de buscar cero emisiones netas son impresionantes, especialmente para ahorrar recursos a medida que la deuda se acumula y el margen fiscal disminuye, en particular ahora en el contexto de la pandemia.
La región podría lograr ahorros anuales de US$ 621 mil millones para 2050 si los sectores de energía y transporte de la región alcanzan cero emisiones netas. Esto también crearía 7,7 millones de nuevos empleos permanentes.
Con la energía solar y eólica ahora más barata que los combustibles fósiles en muchos países, es tiempo de deshacerse de los combustibles fósiles, que conllevan un riesgo de activos abandonados en la región equivalente a US$ 90 mil millones solo en el sector de energía.
El inmenso capital natural de América Latina y el Caribe también ofrece oportunidades. Las soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo los proyectos de restauración de manglares y de reforestación, pueden generar empleos y aprovechar la inversión del sector privado, al tiempo que protegen los ecosistemas y crean resiliencia.
Las ciudades de Lima, Bogotá, Medellín y Ciudad de México también están trabajando para construir un futuro mejor al expandir las ciclorrutas y cerrar temporalmente las calles para permitir el distanciamiento social y promover espacios urbanos más saludables.
En Medellín, Colombia, las autoridades de la ciudad están presionando para una recuperación sostenible con planes para duplicar la cantidad de líneas de transporte público interconectadas durante la próxima década, y simultáneamente buscan reducir las emisiones de carbono en un 20 por ciento para 2030. La ciudad también está trabajando para proporcionar 50.000 bicicletas eléctricas para que los residentes las alquilen a un precio asequible.
Para los propietarios de pequeñas empresas, los trabajadores informales y los que trabajan en el turismo, estas medidas podrían resultar importantes para recuperar las oportunidades comerciales.
Pero los cierres temporales de las vías no son suficientes. Necesitamos hacer que estos cambios se mantengan a largo plazo. Con la baja en los precios del petróleo, la eliminación cautelosa de los subsidios a los combustibles fósiles podría liberar los escasos fondos públicos y redirigirlos a los hogares pobres, a la vez que se reduce la contaminación del aire.
Un mayor financiamiento por parte del sector privado será clave. Los bonos verdes son un instrumento importante para movilizar financiamiento del sector privado que respalde inversiones sostenibles en infraestructura. Los éxitos recientes en América Latina y el Caribe, donde los bonos verdes alcanzaron aproximadamente US$ 14 mil millones en 2019, deben continuar.
Ahora es el momento. Hay un fuerte apoyo público global para una recuperación sostenible y 39 entidades diferentes, incluyendo la Unión Europea, gobiernos y ciudades, han propuesto o adoptado planes regionales, nacionales y subnacionales para una recuperación sostenible.
Debemos aprovechar este impulso. Muchos países también tienen otras experiencias que evidencian cómo las estrategias a largo plazo pueden acompañar una transición justa hacia cero emisiones netas. El uso de estas estrategias para guiar una recuperación sostenible puede asegurar que no solo garanticemos una recuperación a corto plazo, sino que también construyamos un futuro más inclusivo y sostenible para enfrentar la emergencia climática.
